Los peores expedientes de regulación de empleo que sufre Andalucía no son los fraudulentos, que también, sino los normales y corrientes, los que en los últimos años han intentado aliviar el luto del paro rampante y de los puestos de trabajo caídos en acto de servicio por muchas causas. Al sur, quisimos construir una autonomía de primera con unas estructuras económicas tan medievales en el sector primario como globalizadas en la industria que treinta años después de iniciar el proceso autonómico nos devuelven prácticamente al mismo escenario de mano sobre mano, precariedad y rabia obrera. Sólo que ya sin muchas esperanzas.

Ese es el peor ERE, pero, encima, están los otros, los manchados definitivamente por la corrupción y las irregularidades. No son todos, vale: las estimaciones hablan de unos 130 casos de incorporación ilegal a los ERE, de entre seis mil trabajadores prejubilados con todas las de la ley a través de este controvertido procedimiento, entre 2001 y 2010. Pero lo mismo da que da lo mismo: aquel saqueo infame de las cuentas del paro tuvo la misma catadura ética que el acto de arrebatarle un mendrugo a un mendigo. Y, para colmo, muchos de los que se vieron legalmente prejubilados por aquellos expedientes, se encuentran ahora en suspensión de desempleo y subsidio hasta que se esclarezca toda esta trama.

La magistrada entiende que el marco jurídico instaurado por la administración está viciado desde su propio germen y que las denominadas "transferencias de financiación" contempladas en el mismo, fueron cómplices necesarias para la opacidad de este procedimiento. Habrá que ver también hasta donde llega esta línea de investigación porque, de proseguir con el camino iniciado, la jueza no sólo tendría que ser capaz de imputar a la Junta de Andalucía, a sus consejeros y directivos, sino a la mayoría de los parlamentarios que aprobaron este mecanismo. Choque entre poderes democráticos, a la vista. Montesquieu, al borde de la esquizofrenia.

Hace unos días, se sentaba ante el banquillo la que fuese consejera de Economía y Hacienda durante el periodo que se investiga. Magdalena Alvarez compitió en tamaño y calidad de trolly con la magistrada pero, en reiteradas ocasiones durante su comparecencia, insistió en ofrecer todos los datos y documentos posibles sobre la materia de su gestión, pero no así sobre las competencias de Empleo, que concernían desde su punto de vista a otros consejeros, alguno de los cuales como José Antonio Viera, sigue sin merecer su imputación. Tras la argumentación de la imputada no sólo latía la percepción de que de aplicar a rajatabla esta línea de acusación, esta causa vendría a suponer algo así como que en la comisión de un asesinato, se pretendiera imputar a los fabricantes del arma del crimen. También pesaba lo suyo la certeza de que algunos de sus colaboradores, con un perfil político inferior o simplemente burocrático, se enfrentaban a fianzas que no podían pagar salvo por muerte financiera, con sueldos reducidos al salario mínimo, bienes o cuentas embargados y una familia entera que tenía que cambiar de calidad de vida: adiós, por ejemplo, a los estudios universitarios de los hijos en universidades lejanas.

Si resulta especialmente llamativa la cifra de 117 millones de euros, de responsabilidad civil, impuesta a un directivo de Vitalia, no lo es menos la fianza personal que pesa sobre Antonio Lozano, uno de aquellos cargos de perfil técnico que se han visto imputados: 43 millones de euros por el simple supuesto de que pudo impedir administrativamente un delito y no llegó a hacerlo. Esa fue la misma cuantía que el juez Ruz impuso inicialmente a Luis Barcenas, en función del volumen de sus cuentas que, en absoluto, se corresponden con la de Lozano o las de otros cargos de Hacienda que habrán de sentarse sorpresivamente en el banquillo de los acusados, si prospera finalmente su imputación. ¿Cuando ocurrirá eso? ¿Dentro de diez años como en el caso de Carlos Fabra? ¿Qué habrá ocurrido, para entonces, con la vida de muchos de los acusados si finalmente no resultan culpables?

La justicia lenta no es justicia. Mercedes Alaya se enfrenta concienzudamente a un caso complejo --más allá de otras investigaciones que se siguen desde su juzgado--. Y dado que ella ya rechazó la presencia de jueces de refuerzo, debería tener al menos todos los recursos técnicos y de personal que sean posibles para agilizar su pesquisa, con independencia de que la instrucción en su totalidad o parte de la misma se le vaya de las manos si finalmente, y como parece lógico por la secuencia de los acontecimientos, deba imputar a algunos aforados. De seguir así, lo mismo no sólo iban a prescribir los supuestos que se imputaban a los hermanos de la ministra Fátima Bañez, cuya exculpación por fecha de caducidad causó un sonoro escándalo hace unos días, reforzando la tesis de que la jueza pudiera estar favoreciendo en esta indagación a los intereses del Partido Popular.

A estas alturas de la película, lo cierto de todo esto es que, en la comunidad que acumula el mayor índice de paro del país, un amplio número de truhanes estuvo malversando una importante pasta gansa destinada a paliar el desempleo o, mejor dicho, a amortiguar el impacto de los despidos. ¿Cuál fue la suma defraudada? Comisiones bajo cuerda aparte, habrá que comprobarlo fehacientemente cuando termine la instrucción y, sobre todo, cuando haya una sentencia firme respecto a todo este embrollo. Sin embargo, hoy por hoy, los cálculos más optimistas nos hablan de unos 150 millones de euros, con cargo a la partida 31-L, el fondo de los ERE, dotada inicialmente con 647 millones de euros y que a partir de 2011 --cuando ya se habían constatado las irregularidades existentes-- hubo de ampliarse a 1.271 millones, por una serie de compromisos adquiridos y que no tuvieron como consecuencia, necesariamente, procedimientos irregulares. Aunque habrá que ver si esto es así, a la luz del sumario que instruye la jueza Mercedes Alaya y que esta semana llevó hasta el juzgado número 6 de los de Sevilla a varios sindicalistas y empresarios. ¿Cuando les tocará el turno, si es que lo hace, a algunos prestigiosos bufetes que sirvieron como intermediarios de la trama y que figuran en algunas piezas del abultado sumario? Principalmente, el de Garrigues y el de Villasís, que han negado la mayor, la del enriquecimiento ilícito que se les presumía por algunas intermediaciones en los polémicos expedientes.

Hay otra escalofriante paradoja como telón de fondo de ese paisaje de corruptelas, anomalías e irregularidades. En el momento histórico en el que más falta hace el sindicalismo y la política, algunos afiliados y cargos de UGT, CCOO y PSOE, aparecen imputados en una trama que contribuye sobremanera a incrementar el desafecto de un sector de la izquierda hacia algunas organizaciones en las que históricamente han confiado.

¿Qué hacer? Aun comprendiendo la dinámica sindical y las presiones mediante piquete que tan buen resultado suelen dar en las huelgas, no parece que la respuesta más aconsejable ante las imputaciones judiciales fuere, como ha ocurrido esta semana, la de abroncar a la jueza Mercedes Alaya; máxime con resabios tan machistas como las alusiones a su apariencia física. Los sindicatos deberían haber aprendido la lección del PSOE, si es que este la ha aprendido realmente, y al menos aparentar que se pone en marcha una exhaustiva investigación interna, o facilitar todos los documentos posibles para que la Justicia prosiga su trabajo. Esto es, que no cabe meter la cabeza bajo el ala, ni marear la perdiz, ni reducir las presunciones delictivas a cuatro golfos, cuando el conteo ya va por 130 imputaciones.

Cierto es que no parece muy adecuado y recuerda a tiempos tan pretéritos como antidemocráticos que las fuerzas de seguridad esposen a unos sindicalistas que habrán de ser puestos en libertad --aunque con cargos-- al día siguiente. Pero el abucheo contra la jueza no sólo puede y debe rechazarse --así lo hicieron desde la Fiscalía a la presidenta de la Junta, Susana Díaz-- como una presión inadmisible contra su persona y la investigación en curso. Lo cierto es que juega incluso en contra de quienes promovieron tan sorprendente movilización, ya que terminó provocando empatía hacia Mercedes Alaya. Esa reacción social llegó incluso hasta quienes se muestran tan críticos con su gestión de todo este affaire, que presumen incluso de que los tecnicismos que puedan argumentar con sensatez las defensas, a la hora de la verdad, conviertan buena parte de este sumario en papel mojado.

Sería preocupante que el denominado Caso ERE se quede tan sólo en una causa mediática contra los socialistas andaluces, que ya ha finiquitado por cierto la carrera política de muchos de sus líderes, o contra los representantes sindicales encausados o los que vayan a encausar. A los andaluces en paro suele preocuparles sencillamente encontrar un curro, pero seguro que les sienta a cuerno quemado que los golfos, sean cuatro o sean cien pero sean quienes sean, salgan de rositas. Tampoco les agradaría, como a ningún hijo de vecino, que no pueda recuperarse el dinero defraudado. Ambos finales infelices resultarían un nuevo duro golpe para esa Andalucía que sufre una decepción tras otra, y a veces sin la frágil cataplasma de un ERE, cada vez que aparecen los datos de la encuesta de población activa.