Es norma generalizada que los políticos imputados por algún delito reiteren su deseo de aclarar ante el juez su situación embarazosa, "para así demostrar su inocencia". No ven el momento de hacer resplandecer la verdad. Pero sus abogados no están por la labor. Los políticos presuntamente implicados son buenos, pero sus malvados abogados, ávidos de dinero fácil, inexplicablemente acaban convenciéndoles de que atascar los juzgados de recursos para dilatar la sentencia es lo mejor para su hacienda y honor. Y si de paso, mediante ingeniería procesal, consiguen que los delitos prescriban, pues miel sobre hojuelas.

Buenos ejemplos de ello son Francisco Camps y Carlos Fabra, ese "ciudadano ejemplar", según palabras de Mariano Rajoy. El primero está pendiente de un asuntillo de unos trajes de nada que podrían constituir un delito de cohecho impropio... impropio de un ciudadano ejemplar. El segundo, gracias a los desobedientes abogados que le impiden dar cuentas inmediatamente ante el juez por sus presuntos delitos, ha conseguido, hace ya seis meses, que la Audiencia de Castellón declarase prescritos cuatro de los cinco delitos fiscales que se le imputaban. Con ello, injustamente sus abogados le han impedido lavar su honor de toda sospecha, impaciente de aclarar todavía su imputación por otros supuestos delitos fiscales, de tráfico de influencias y cohecho.

Faltan horas para saber si el juez Flors abre juicio oral a Camps y otros compañeros del PP implicados en la misma causa gürteliana. Están todos deseando lavar su honor, pero son rehenes de las técnicas dilatorias de sus abogados. Extraño caso en el que hay abogados, pero no hay derecho.