Se ha reanudado el juicio interruptus que el juez Grande-Marlaska había cerrado en falso sobre la responsabilidad de la cúpula militar española en la contratación del tristemente célebre Yak-42, que acabó siendo un féretro volante para 62 militares españoles.

Imagino las ganas, las pocas ganas, con que Grande Marlaska retoma el caso, con la cabeza agachada, obligado por sus colegas de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le acusaron de haber actuado de forma "injusta, contradictoria e incorrectamente" por haber archivado la investigación sobre las presuntas irregularidades en la contratación del avión.

Pero con ganas o no, el señor juez y el núcleo duro del Partido Popular que por aquellos tiempos ominosos nos malgobernaba van a tener que escuchar durante unos días un rosario de reproches de alguno de los militares sobre los que se pretende hacer recaer lo que no parece otra cosa que una desacertada y mentirosa decisión exclusivamente política.

El héroe de Perejil, Federico Trillo, ministro entonces de Defensa, se ha acogido a la prerrogativa de declarar por escrito para evitar así enfrentarse a la mirada de sus ex subordinados a los que quiere traspasar el marrón. Digo que será por eso, y no por abundar en la precisión de su declaración, pues precisión, lo que se dice precisión, no es una de las virtudes que le adornan, a tenor del fiasco de las identificaciones de los cadáveres de los militares.

Mientras José Bono, el sucesor de Trillo, insistía ante la prensa en que el vuelo "no era legal", los primeros generales que declararon hoy todavía sufren el síndrome de Estocolmo, agradecidos a quien les nombró (si no es algo peor). El ex jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Luis Alejandre Sintes, declaraba ante el juez que desconocía que se hubieran producido irregularidades en la contratación del avión. ¿A que al final la culpa de todo es del sargento mayor que estampó el sello sin preguntar antes?

Al que vimos con un cabreo monumental, que puede dejar el de Bono en una tormenta en un vaso de agua cuando declare ante le juez, fue al comandante Bendala, uno de los testigos, quien llegó a decir ante la prensa que Trillo miente más que reza (hazaña difícil de superar para un supernumerario del Opus Dei), aunque con otras palabras: "Trillo, para mí, nunca ha dicho la verdad, se ha escudado en terceras personas y nunca ha defendido a los militares ni a los familiares".

Horas después, el todavía candidato al Congreso por Alicante se hacía la víctima en un mitin de campaña (¿la víctima número 63 del Yak-42?) y se lamentaba de que el fiscal general del Estado se dedique a estas bobadas de perseguir a quienes con su negligencia hayan provocado la muerte de 62 ciudadanos españoles, en lugar de perseguir a los delincuentes y a los terroristas. Sería un gesto de generosidad inusitado hacia los generales que tuvo a su mando si no fuera porque en realidad ese amor repentino por sus subordinados (los que quedan vivos, claro) forma parte de la estrategia de eludir responsabilidades, las responsabilidades políticas, las que todavía están intactas pero que deberemos cobrarle el 9 de marzo a lo más tardar.

Porque ya que habla de perseguir delincuentes, parece que el látigo implacable del ejército marroquí no se entera de que precisamente de eso se trata en esta otra película de terror que dirige Grande-Marlaska: de saber si Federico Trillo es un delincuente supernumerario.