Opinion · Otras miradas

70 a 1: una cuestión de justicia

El Tribunal Supremo se reunirá el próximo 24 de abril para posicionarse sobre el derecho a la sanidad pública de los padres y madres extranjeros de ciudadanos españoles y europeos, lo que se conoce como reagrupación familiar en régimen comunitario.

Por ello, el Colectivo de Afectadas por el INSS ha lanzado la campaña «70 a 1» en la que recuerdan que más de 70 sentencias les dan la razón frente solo un fallo en contra.

n este sentido, las afectadas entienden que no cabe otra posibilidad que el Tribunal Supremo dé la razón a los jueces que están fallando a favor de las familias afectadas y que esa sentencia inste al INSS a abandonar las denegaciones ilegales de tarjeta a este colectivo. “Lo contrario sería una condena para muchas familias que no pueden costearse carísimos seguros privados, sino una desautorización del criterio de docenas de jueces de tribunales de primera instancia y de Tribunales Superiores Autonómicos de toda España”, afirman desde Yo Sí Sanidad Universal.

Con decenas de sentencias ganadas a sus espaldas, los afectados por la exclusión sanitaria del Gobierno han lanzado esta campaña, que ironiza sobre las trabas impuestas por la Seguridad Social a su acceso sanitario. De hecho, el INSS sigue negando la tarjeta a un colectivo cuando existen más de 70 sentencias en toda España que dice que dicha práctica es ilegal y reconocen el derecho de las afectadas al sistema sanitario. Es decir, tal y como dicen desde el colectivo “vulneran no sólo el derecho a la salud, sino la propia ley”.

Esta obstaculización burocrática a colectivos especialmente vulnerables atenta contra derechos básicos. Ambos colectivos quieren denunciar, por una parte, la existencia de exclusión sanitaria, y “la mentira de un gobierno socialista que dice haber devuelto la universalidad. ¿Cómo podemos denominar al hecho de que personas que residen legalmente en territorio español, se ven excluidas del sistema sanitario?”, se preguntan.

“Pese a tener que enfrentar una fase más de este duro proceso judicial este pronunciamiento podría acabar por fin con estas actuaciones ilegales por parte del INSS, haciendo posible por fin la obtención de tarjeta sanitaria a los padres y madres que vienen a reunirse con sus hijas e hijos en España”, señalan desde el colectivo.

En todos estos casos, se está dejando abierta la puerta de la arbitrariedad administrativa. De hecho, a pesar del anuncio del nuevo Gobierno de acabar con el decreto que excluía a las personas migrantes de la sanidad, la situación sigue siendo complicada para estas personas. De esta forma, el INNS deniega de forma ilegal y arbitraria la tarjeta sanitaria a personas que viven en España con un permiso de residencia. Por ello, y tal y como denuncian desde el colectivo de Afectadas, se estaría incumpliendo la legalidad vigente y aseguran que desde el Real Decreto 16/2012 se lleva vulnerando “el derecho a la protección de la salud de miles de personas”. Por todo ello, diría que todas estas prácticas vulneran los derechos humanos, y en este caso el derecho a la salud recogido en el artículo 43 de la Constitución: Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

Este tipo de actuaciones hablarían del tipo de sociedad que queremos construir, ya que estamos excluyendo a los colectivos más vulnerables, poniéndoles trabas y la zancadilla por algo que les correspondería por ley, como se ha demostrado de manera notable.

Mientras la Seguridad Social deniega la tarjeta sanitaria a estos familiares, padres y madres de hijos españoles, las sentencias les dan la razón. ¿Qué sentido tiene hacer pasar por ese calvario a todas ellas?, ¿no es una forma de amedrentar y de complicar las cosas a colectivos especialmente vulnerables?, ¿no es ya lo suficiente duro tener cáncer o cualquier otro problema de salud para que además te pongan más palos en las ruedas?

Existe también una manera de mirar la realidad, consecuencia directa del neoliberalismo, que consiste ver a los demás como enemigos con los que competir. El racismo, la homofobia, el machismo, todo ello consecuencia de años de recortes y de capitalismo feroz, de una educación de competencia entre iguales, del penúltimo contra el último; hace que estos casos no se perciban como propios, sino como casos que no nos afectan directamente.

El individualismo, la falta de empatía y redes de apoyo, espacios vecinales donde compartir este tipo de sentires, nos convierten en seres egoístas refugiados en el “sálvese quien pueda”. Además, la situación de desmantelamiento de la Sanidad Pública tras años de recortes y expolio, sitúan a la ciudadanía en una situación de indefensión y pánico. Ya no puedes pensar en quien está en el último de la fila, porque no cuentas ni con los medios para salvarte tú mismo. Sin embargo, cometemos un grave error si no tenemos en consideración todos estos casos, si se siguen cometiendo injusticias a la hora de tratar a quienes lo necesitan.

Esperemos que en el Tribunal Supremo prime el sentido común, la humanidad y los derechos humanos. El próximo 24 de abril nos jugamos mucho como sociedad. Si pierden las afectadas, perdemos todas.