La pandemia originada por el coronavirus, además de ser un problema sanitario de primera índole, va a traer una crisis económica, superior y diferente a la de 2008. Algunos mitos neoliberales que imperan desde hace cuatro décadas, se tambalean. El Banco de Gran Bretaña financiará directamente a su Gobierno sin límites y la Unión Europea está flexibilizando su postura respecto a la posibilidad de endeudarse, aunque está lejos de tomar las medidas necesarias para el momento actual.

El Estado debe endeudarse para tener recursos con los que hacer frente a los gastos sanitarios y proteger a los más débiles, pero también para desarrollar políticas que permitan estimular la economía y ayudar a trabajadores, familias, autónomos o pymes, aunque sería bueno repensar el actual modelo.

Para ello, el Estado deberá tener recursos, y no podemos pedirle que ‘subvencione’ a todas las empresas, condone todos los impuestos y haga un milagro como el de ‘los panes y los peces’ sin plantearnos de donde deben venir los ingresos. Además del endeudamiento y de una política fiscal progresiva –‘que pague quién más tiene’, como expresa el artículo 31 de la Constitución-, deben  utilizarse todos los recursos posibles.

Hace 35 años, siguiendo la estela neoliberal que recorría el ‘mundo occidental’, el Gobierno del PSOE empezó a privatizar parte del sector público; los gobiernos alternos de PSOE y PP privatizaban las empresas más rentables. Se trataba de ‘socializar las pérdidas y privatizar las ganancias’, sin embargo, ahora que vienen mal dadas, todo el mundo se acuerda del Estado.

El Transnational Institute (TNI), un instituto de investigación internacional que trabaja por un mundo más democrático, justo y sostenible, publicó en febrero de 2016 ‘La industria de la privatización en Europa’, un estudio que pone de manifiesto entre sus conclusiones que la privatización en Europa ha impulsado un aumento de la corrupción, con demasiados casos de nepotismo y de conflicto de interés, y señalando que la lógica que esgrimen los defensores de la privatización no se corresponde con las pruebas.

En España, el estudio analiza la privatización de AENA, producida justo un año antes, en febrero de 2015, e impulsada por José Manuel Vargas, presidente de AENA por entonces, bajo las bendiciones de Ana Pastor, ministra de Fomento y de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

El Estado malvendió el 49% de AENA por 4.263 millones de euros. En sólo cinco años ha repartido entre los accionistas 2.057 millones; a ese ritmo, en pocos años más, los ‘inversores’ habrán recuperado todo lo pagado mucho antes de lo previsto. Cuando las acciones salieron a la venta se calculó que se tardarían entre 16 y 26 pagas para recuperar lo invertido. Solo el primer día de cotización en Bolsa, tras salir a un precio de 58 euros por acción, pasaron a valer 70 euros, un 20,7% más. Eso supuso una pérdida para el Estado de cerca de 1.000 millones de euros.

Pero es que, además de los beneficios que reparte AENA, otras operaciones han permitido a los accionistas aumentar sus ganancias. Por ejemplo, The Childrens Fund Investment (TCI) -un fondo considerado ‘buitre’-,  fundado por Christopher Anthony Horn, adquirió un paquete del 11% por 985 millones de euros, para luego vender parte de ello en dos colocaciones, por las que según han detallado los medios de comunicación ha ingresado ya 890 millones de euros.

AENA logró entre 2013 y 2019 un total de 6.192,7 millones de euros de beneficios netos y los últimos datos señalan que estaba a punto de repartir cerca de 600 millones de euros entre los accionistas, la mayoría de ellos ‘fondos buitre’.

Pero hay más, con el RD 8/2020 de 17 de marzo, el Gobierno estableció medidas para evitar efectos negativos en el empleo y la viabilidad empresarial derivados de la suspensión de contratos públicos. Sin embargo, gracias al artículo 34.6.d, AENA se queda fuera, pese a ser la empresa con más beneficios del sector público. El 3 de abril, Juan Díez de los Ríos de San Juan, presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (ASPEL); Vicente Sánchez, secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de CC.OO; Javier Sigüenza, secretario general de la Asociación de Empresas de Mantenimiento Integral y Servicios Energéticos (AMI); Miguel Ángel Cilleros, secretario general de la Fesmc-UGT, y José Luis Antolín, presidente de la  Asociación Nacional de Empresas de Asistencia en Movilidad Aeroportuaria (ANEAMA) remitían una carta al ministro de Transporte, José Luis Ábalos, y al presidente de AENA, Maurici Lucena, solicitando la derogación de dicho artículo, que pone en riesgo 10.000 puestos de trabajo.

Pero AENA, pese a los datos señalados, ni tan siquiera mantiene a sus empleados. El pasado 1 de abril debían de incorporarse alrededor de 40 trabajadores fijos discontinuos repartidos entre los aeropuertos estacionales de Reus, Ibiza y Menorca. Se ha aplazado su contratación hasta el 1 de junio, pero sin más garantías a día de hoy, ya que ahora o no cobran prestación o si lo hacen es a cargo del SEPE, es decir, la pagamos todos. ¿Alguien puede creer que AENA, con una plantilla de 8.000 trabajadores, no puede asumir contratar a 40 trabajadores más durante siete meses?

La cotización de AENA bajó hasta los 91 euros el 16 de marzo, primer día del confinamiento. El pasado 17 de abril ya se había recuperado hasta los 122,4 euros. Se puede decir que tiene una buena posición financiera  y de liquidez, con una disponibilidad de caja de 2.425 millones de euros. A ello se le añade que puede realizar emisiones de hasta 900 millones a través del programa de Euro Commercial Paper (ECP).

Los aeropuertos son un sector esencial y estratégico en nuestro país, no solo para la cohesión territorial y la movilidad de los habitantes de los archipiélagos y las ciudades autónoma, sino también para el sector turístico, fundamental en nuestra economía.

El artículo 128 de la Constitución dice que ‘Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. (...) Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales (...) y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general’. Bruselas hizo una propuesta a los socios miembros para poder rescatar con dinero público compañías afectadas por la crisis que provoca la pandemia, llegando a la nacionalización. No sería deseable que se rescaten empresas con dinero público para luego volverlas a malvender.

AENA Sociedad Mercantil Estatal, Sociedad Anónima (AENA S.M.E. S.A.) debería de volver a donde partió y ser AENA, totalmente pública, poniendo sus recursos al servicio del interés general y no al del Consejo de Administración, ni de accionistas preocupados solo por tener una alta rentabilidad. No estamos sobrados de recursos para a la vez al interés general y al particular o privado. El Estado debería intervenir cuanto antes al gestor aeroportuario y poner sus activos primero al servicio del empleo, pero también de la movilidad de las personas y del turismo como sector estratégico. La oportunidad es única y ya toca ‘socializar los beneficios y privatizar las deudas’.