La cuarta ronda del Pacto de Toledo contiene, no solo por lo que dice sino también por lo que omite –por ejemplo, el mantenimiento de la reforma de las pensiones de 2011 y del factor de sostenibilidad, solo suspendido hasta el 2023-, numerosos elementos regresivos sobre las pensiones públicas a la vez que propone reforzar las pensiones privadas.

En su reciente comparecencia en el Congreso de los Diputados, el ministro J.L. Escrivá ha anunciado la intención del Gobierno español de empeorar las Recomendaciones del Pacto en varios aspectos, modificando ligeramente sus propuestas iniciales para hacerlas algo más "digeribles".  Aquí vamos a analizar las que irían en una primera fase, dejando para más adelante las del segundo bloque.

El Pacto de Toledo ha planteado la vuelta al criterio del IPC anual para la revalorización de las pensiones. El Gobierno español pretende sustituir el método de la previsión de inflación por el IPC del año anterior. Hasta ahora, en los escasos años en que la inflación real era inferior a la prevista, tenía lugar un pequeño aumento del poder adquisitivo de las pensiones. Para evitarlo, cuando la inflación sea negativa las pensiones quedarán congeladas, con la única excepción de las pensiones mínimas, y la diferencia será absorbida en los tres años siguientes. Ello supone cerrar toda posibilidad de mejorar el poder adquisitivo de las pensiones y, también, de recuperar lo perdido entre el 2013 y el 2017 (cuando se aplicó el 0,25%). Mientras que el Pacto propone la "mejora y preservación de las pensiones mínimas", en los años 2020 y 2021 éstas han aumentado en la misma cuantía (el 0,9%) que el conjunto de las pensiones, lo que supone un cambio con la práctica de aumentarlas en cuantía superior. Se ignora de esta forma la reivindicación del movimiento pensionista de fijar su importe en 1.080 euros, conforme a los criterios de la Carta Social Europea.

Con el fin de alargar la edad efectiva de jubilación, en estos momentos de 64,6 años, para que coincida con la edad legal, el Ministro ha defendido, contra toda evidencia y basado en la utilización de datos al margen de cualquier rigor científico, que la mayor participación de los mayores en el mercado de trabajo aumenta las oportunidades de empleo de los jóvenes, negando la causalidad obvia entre el retraso en la edad de jubilación y las dificultades de la gente joven para entrar y consolidarse en el mundo laboral. Basarse en el dato de países con mayores tasas de empleo senior que tienen, a la vez, menos desempleo, sin hacer referencia a sus menores tasas de paro, mayor crecimiento y características de su mercado laboral, olvidándose al mismo tiempo, del caso del Estado español donde, entre 2010 y 2019, la tasa de actividad de las y los trabajadores mayores pasó del 45% al 57% mientras que el desempleo juvenil se dobló, pasando del 23% al 45%, va más allá de la simple frivolidad para convertirse en una falsificación interesada.

Para alcanzar el objetivo de aumento de la edad efectiva de jubilación propone un sistema de incentivos y desincentivos. Así, prohibir que se fije la jubilación forzosa en los convenios colectivos. Un cambio de las penalizaciones en las jubilaciones anticipadas voluntarias en función del tiempo de anticipación, que pasará a computarse no por trimestres sino por meses. Gran parte de quienes se jubilan a pesar de los recortes han sufrido condiciones de trabajo muy duras (a veces durante más tiempo que el necesario para cobrar la pensión con un porcentaje del 100%) y no se encuentran con fuerzas para seguir en actividad. Mientras que el Pacto de Toledo fijaba un plazo de tres meses para presentar un estudio sobre la jubilación anticipada sin penalizaciones para quienes hubiesen trabajado 40 o más años, se atrasa hasta el 2022 la entrega del mismo, sin compromiso además de aceptar esa reivindicación del movimiento pensionista. Los recortes desde ya, las posibles mejoras para el futuro.  Por otra parte, propone que el coeficiente reductor se aplique no sobre la base reguladora sino sobre el salario, a fin de que los salarios más altos vean reducida su pensión.

Otro elemento es el aumento de la cuantía de los "premios" por demorar la jubilación, mediante un aumento de los porcentajes actuales y de una indemnización por año de atraso que puede alcanzar más de doce mil euros en el caso de las pensiones más altas. Se pretende así, que la mayor compensación por demorar la jubilación de los salarios más altos vaya acompañada de una mayor penalización de los mismos si se jubilan anticipadamente. Esta medida favorecería a quienes tienen trabajos menos duros y a quienes ya tienen incentivo de permanencia si perciben un salario más elevado que la pensión máxima. De aprobarse supondría otro obstáculo para el acceso al empleo de las y los jóvenes, lo que acentúa su regresividad. También aquí, queda en mera constatación la referencia del mismo Pacto de Toledo sobre "las crecientes dificultades que las personas jóvenes encuentran para ocupar y conservar un puesto de trabajo".

Cada día que pasa sin garantizar un sistema público de pensiones dignas y suficientes se reducen sus cuantías y se acelera la puesta en práctica de los recortes provenientes de la reforma de 2011. Cada día que pasa sin derogar las reformas tanto laborales como de pensiones aumentan la precariedad, la desigualdad y la pobreza. La garantía para conseguir nuestras reivindicaciones es la movilización y por ello tal como ha propuesto el Movimiento de Pensionistas de Euskalherria hay que impulsar una amplia respuesta el próximo mes de mayo para garantizar el sistema público de pensiones. Desde las plataformas de pensionistas de los diferentes pueblos del Estado tenemos que coincidir en la fecha para exigir al Gobierno y al Congreso y también a los gobiernos y parlamentos autonómicos que garanticen pensiones decentes para todas y todos. El movimiento pensionista de cada pueblo del Estado debe decidir el modelo de movilización y la forma de gestionarla para que sea un éxito. La fortaleza de esta propuesta no está en la uniformidad del movimiento pensionista de todos los pueblos sino en la acción compartida desde el respeto a la autonomía y a la pluralidad de cada uno de ellos.

Gobierne quien gobierne las pensiones públicas se defienden.