Esta mañana, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha planteado considerar al concebido no nacido (nasciturus, en jerga jurídica) como un miembro más de la unidad familiar a efectos de solicitar plaza escolar o tramitar el título de familia numerosa.

Esta propuesta ha sorprendido a muchas personas, por diversas razones. En primer lugar, por lo improvisada que parece: Díaz Ayuso ha reconocido que "no tiene claro y sopesará" qué ocurrirá si el bebé finalmente no nace, lo cual es algo que "no ha pensado". En segundo lugar, porque, al igual que otras propuestas que ha hecho el PP en los últimos meses, parece que relega a la mujer a un papel de paridoras. Y, por último, por su falta de originalidad. Y es que ojalá me equivoque, pero intuyo que se está inspirando en leyes muy restrictivas aprobadas recientemente en otros países.

En Estados Unidos, los estados de Dakota del Norte, Iowa, Mississippi y Kentucky cuentan con legislación novedosa que prohíbe practicar un aborto una vez transcurridas seis semanas desde la fecundación del óvulo. La semana pasada, el estado de Georgia aprobó una norma en este sentido y Missouri, Tennesse y Ohio han anunciado que harán lo propio.

La norma aprobada en Georgia no sólo prohíbe el aborto a las seis semanas (un periodo temporal en el que muchas mujeres todavía no son conscientes de su embarazo), sino que además prevé algo muy parecido a lo propuesto por Díaz Ayuso: cualquier hijo no nacido, desde su concepción, forma parte de la población del estado. Esto permite a sus padres recibir ayudas sociales y a acogerse a deducciones fiscales antes de su nacimiento.

"Si no queréis compareceros por las mujeres, compareceros de sus gestores", dijo la cómica Samantha Bee. "Ahora van a tener que grapar sus tests de embarazo a las declaraciones de la renta".

El estado de Georgia, por cierto, es actualmente el que cuenta con la tasa de mortalidad en partos más alta del país. Según diferentes estudios, más del 60% de las muertes se podrían haber prevenido con un sistema de salud ginecológica más efectivo. Pero acabar con esto no ha sido la prioridad del legislador, ni del ejecutivo, en ningún caso.

El umbral de las seis semanas se ha escogido por parte de los estados más conservadores porque se supone que es el momento en el que comienza a latir el corazón del feto. La nueva oleada de leyes antiabortistas se denomina Heartbeat Ban ("Prohibición del Latido"). Quizás yerre, pero sospecho que la Ley de Maternidad que promete el PP que aprobará se podría asemejar a ellas.

Todas estas leyes forman parte de un brutal ataque conservador por conseguir que el Tribunal Supremo estadounidense revoque su doctrina de Roe v. Wade, en la que reconoció el derecho al aborto en 1973.

Por aquel entonces, el tema del aborto se discutía desde puntos de vista más médicos que políticos. En la sentencia de Roe v. Wade intervinieron jueces nombrados por Nixon, Ronald Reagan firmó una ley permitiendo el aborto en algunas circunstancias cuando era gobernador de California y George Bush padre se opuso a modificar la Constitución para prohibir el aborto.

Nada de esto es posible hoy en día. Cualquier republicano que quiera medrar en el partido tiene que oponerse frontalmente a esta práctica y hacer todo lo posible por lograr su ilegalización. Y en este sentido, Trump, que en nada se comporta como un cristiano pero que a pesar de ello cuenta con el apoyo de los más fundamentalistas, nominó el verano pasado a Brett Kavanaugh para ocupar la plaza vacante que llevaba arrastrando al Tribunal Supremo.

Su nombramiento fue polémico, al verse rodeado de varias acusaciones de abusos sexuales, pero finalmente se confirmó en octubre. Esto, en teoría, otorga una mayoría suficiente de 5 contra 4 a los conservadores para revocar Roe v. Wade, dependiendo de lo que que votara John Roberts.

Volviendo a la propuesta de Díaz Ayuso, una muy similar a la que ha hecho hoy fue aprobada por el PP en la Comunidad Valenciana en 2009, pasando los fetos a contar como hijos a la hora de conseguir plaza en guarderías, colegios e institutos financiados con fondos públicos, así como para obtener la calificación de familia numerosa. Fue avalada por el Tribunal Constitucional en 2016, pero el pleno de las Cortes Valencianas derogó la ley en 2017, al considerar que constituía "una discriminación y una tutorización" de las mujeres.

Esperemos que su opinión al respecto no haya variado.