Da igual que se trate de musulmanes, cristianos o judíos. Que procedan de Oriente, del Sur o sean autóctonos. Contra los abusos de cualquier pelaje, la mejor receta es la ciudadanía.

Los secuestros de mujeres en hogares españoles son una triste realidad, afortunadamente muy minoritaria, pero contra la que hay que luchar con el mismo tesón con que el que se persigue la erradicación de la violencia de género. No hay disculpa multicultural para las prácticas que denigran a la mujer. Y no hay el más mínimo racismo en denunciar aspectos culturales que laminan los derechos fundamentales que consagra nuestra Constitución y preservan nuestras leyes.

Son sólo rémoras del pasado aún vigentes en algunas sociedades, pero que no son tolerables en la nuestra. A España le ha costado mucho sacudirse el ramalazo machista que impregnaba la sociedad nacionalcatólica como para quedar impasible ahora ante machismos procedentes de otras religiones.

La condición de ciudadano, que permite participar de la decisiones políticas y sociales del entorno en que uno vive, debería ser de quita y pon. Para adquirirla, tanto foráneos como nacionales deberíamos probar que la merecemos. Que conocemos los derechos fundamentales que nos da la ley y nos comprometemos a respetarlos.

La práctica de atropellos, como encerrar a una joven hasta casarla a la fuerza, maltratar a una mujer, explotar a trabajadores o servirse de los niños para obtener placer sexual o rentabilidad económica, por poner algunos ejemplos execrables, debería conducir a sus autores –extranjeros o no– a la pérdida de la ciudadanía, sin que ello menoscabe la aplicación de la condena que para esos delitos prevé el Código Penal.