Es frecuente que un inculpado alegue en el juicio que mientras apretaba el cuello de su víctima "no era consciente de lo que estaba haciendo". Hemos asistido a uno muy reciente donde, por suerte, el juez no ha considerado atenuante la supuesta enajenación del homicida a la hora de asfixiar a su ex mujer. La experiencia demuestra que muchos beben o se drogan para perder la consciencia y aumentar la agresividad, en definitiva, para envalentonarse. Dirán los expertos que esa circunstancia está prevista por la ley, pues si el imputado se emborracha o se droga adrede para cometer el delito, ya no se considera eximente. Es difícil averiguar las intenciones de un agresor que bebe y, a continuación, mata.

La experiencia y las estadísticas marcan una estrecha relación entre el alcohol y la violencia machista. Más de un 40% de dichas agresiones se producen en estado etílico y el 47% de los maltratadotes abusa habitualmente del alcohol. Motivos más que suficientes para que su consumo sea considerado agravante. Incluso, a mi modo de ver, convendría que los legisladores reflexionaran más y mejor para hacerlo extensivo a otros delitos y no sólo a los que perpetra un hombre contra una mujer. Entiendo que un conductor bebido o drogado está cometiendo un delito contra la seguridad vial, aunque llegue a su destino sin dañarse a sí mismo o a los demás. Lo que no concibo es que un peatón que, en similares circunstancias etílicas, arremete violentamente contra alguien, se le aplique una ley mucho más compasiva y benévola. Y, menos aún, concibo que a Gabriela Bravo, portavoz del Poder Judicial, le parezca "peligroso" el endurecimiento de estas penas.