El pasado 6 de julio pudimos leer en un medio de comunicación el siguiente titular: Defensa expulsa a un militar que daba un euro a su hijastra de 13 años a cambio de ‘masajes’. En el cuerpo de la noticia se explicaba que el subteniente Francisco Javier S. R. había sido condenado el 2 de marzo de 2015 por la Audiencia de Sevilla a ocho años y seis meses de prisión por abusos sexuales continuados (besos, masajes, felaciones) entre 2009 y 2010 a su hijastra de 13 años de edad. La sentencia también condenaba al militar al pago de 60.000 euros de indemnización a la víctima por las secuelas.

Consecuencia de esta sentencia judicial el ministerio de Defensa abrió un expediente disciplinario y expulsó del Ejército al recién condenado pederasta. Este recurrió a la Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo al entender que lo ocurrido fue al margen de sus quehaceres profesionales y la resolución del alto tribunal militar, según la propia noticia antes mencionada, concluyó que el "buen comportamiento" en su trabajo alegado por el militar "no compensa ni atempera la gravedad de su conducta" ni "sirve para aminorar la indignididad y descrédito que los hechos comportan".

Al leer la información reseñada, unas 350 palabras sin ningún tipo de contexto, cualquiera pudiera pensar que el ministerio de Defensa expulsa a aquellos militares que son condenados por algún delito. Más aún, se podría pensar que en el ministerio de Defensa existe tolerancia cero con los acosos y agresiones sexuales. Nada más lejos de la realidad.

Entonces, ¿por qué se ha expulsado al subteniente pederasta?

El ministerio de Defensa ha expulsado al militar porque no tiene más remedio. Este militar ha sido condenado por un delito doloso a más de tres años de prisión y ello, legalmente hablando, obliga a expulsarle. En ocasiones, cuando no existe o no ha existido confirmación en el pasado de las condenas, muchos militares pudieron seguir en sus puestos gracias a esta descoordinación. Y en ocasiones, me consta, el ministerio de Defensa ha hecho lo posible por no enterarse de estas condenas. Pero, si como es el caso, tiene notificación expresa de una condena de este calibre, no le queda más remedio que expulsar al condenado. Siempre y cuando la condena sea firme.

Las claves de la expulsión

El primer elemento clave de la expulsión ha sido que el proceso haya sido juzgado por la jurisdicción ordinaria, en este caso la Audiencia de Sevilla. En el caso de haberse llevado el caso por la jurisdicción militar, la tasa de condenas es solo del 12,5% de los casos. Y la mayoría de estos, especialmente los oficiales, siguen en sus puestos después de ser condenados al gozar del privilegio de un Código Penal Militar, pactado por PP y PSOE, que les permite continuar en sus puestos siempre que las condenas sean inferiores o iguales a los tres años de prisión. Este privilegio ha provocado que las Fuerzas Armadas se hayan convertido en un paraíso para delincuentes, ya que en ella habitan más de un centenar.

La segunda cuestión fundamental es la propia justicia militar. Carente por completo de independencia e imparcialidad, no cabe duda que no sería suficiente con reformar el Código Penal Militar para eliminar el privilegiado artículo que permite a los oficiales seguir en las Fuerzas Armadas cuando son condenados hasta tres años de prisión. Porque la justicia militar ha demostrado su voluntad de proteger los delitos de los mandos, especialmente, oficiales, ya que el artículo mencionado no es de obligado cumplimiento. Solo una posibilidad que debería usarse en casos muy justificados y ha terminado por convertirse en norma.

De modificar el Código Penal Militar sin reformar por completo la justicia militar, podríamos encontrarnos con un descenso del número de casos juzgados y un aumento de los procesos que terminan archivados o sin condenas. Es decir, modificar el Código Penal Militar sin garantizar una justicia ajena al mundo militar (como en Alemania, que no existe la jurisdicción militar) solo conduciría a empeorar la situación.

Defensa sigue protegiendo a los acosadores y agresores sexuales

Por tanto, aunque la información referida ofrezca la visión de un ministerio de Defensa que expulsa de sus filas a los acosadores y agresores sexuales, así como a los pederastas, nada más lejos de la realidad. A la espera de las reformas que permitan terminar con la impunidad, la arbitrariedad y la injusticia que imperan en los cuarteles, de momento la institución más valorada por los españoles se ha convertido en un paraíso para delincuentes.

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra y autor de 'El libro negro del Ejército español'.