Opinion · Un paso al frente

Las escandalosas cifras sobre el acoso sexual en las Fuerzas Armadas

Aterrador. Ese es el escenario al que se enfrenta una mujer (o un hombre) cuando decide dar el paso de denunciar acoso sexual en las Fuerzas Armadas.

El acoso sexual como tal no existía en el mundo militar hasta la entrada en vigor del nuevo Código Penal Militar en enero de 2015. Hasta ese momento se tenía constancia de 174 denuncias producidas entre 2004 y 2015 por todos los tipos de acoso, no solo sexual. De esas denuncias consta que el 63% fueron archivadas y solo el 12,5% se resolvieron con una condena.

Si el nivel de denuncias durante esos doce años resulta muy exiguo en comparación a otros países (menos de 15 denuncias anuales cuando Canadá ha emitido un informe que advierte de unos 1.000 acosos o agresiones sexuales anuales), la escasez de condenas (el 12,5%) no se muestra menos alarmante. En el trasfondo de estos datos se puede percibir sin mucha dificultad la impunidad de los acosadores y agresores sexuales y la desolación y el tormento de las denunciantes. Especialmente, si añadimos a los datos anteriores que la mayoría de los condenados incluidos dentro de ese 12,5% continuaron sus carreras profesionales sin mayor contrariedad y con ascensos incluidos. Ejemplos de esta impunidad son el capitán condenado por 28 agresiones sexuales, todo un récord; el teniente coronel condenado por dos; el capitán condenado por una agresión sexual en Alborán; etc.

Si ese era el lúgubre panorama hasta el año 2015, lo ocurrido en estos dos años solo puede calificarse como espeluznante. Para empezar, el número de denuncias por acoso o agresión sexual se ha disparado desde las dos denuncias del año 2015 a las 20 denuncias en el año 2016 y más del doble al año siguiente (42 en 2017). En solo dos años las denuncias se han multiplicado por veinte y suponen, sumando las denuncias de ambos años, casi el 40% de las 174 producidas por todos los tipos de acoso en los doce años anteriores (2004 a 2015) y las mismas que las quejas registradas entre 2003 y 2013 por cuestiones sexuales (62).

Se trata de unos datos de una gravedad manifiesta que ratifican lo que muchos llevamos años denunciando: el régimen militar se encargaba (y se encarga) de silenciar las denuncias de acoso sexual (y de cualquier otro tipo) para que estas no salieran a la luz. Y a día de hoy pocos pueden dudar de la efectividad del sistema en este aspecto, pues basta comparar las 2 denuncias de 2015 con las 42 de 2017. Esta ocultación sistémica del acoso sexual debería ser investigada en profundidad pues tras las cifras se encuentran víctimas, generalmente mujeres, que han vivido auténticos calvarios. La mayoría de las víctimas sufrieron acoso laboral para expulsarlas del sistema, silenciarlas y/o aislarlas.

La justicia y la cúpula militar, responsables

Con todo, los datos más preocupantes los ofrece la justicia y la cúpula militar. La primera de ellas ha cerrado ya un total de ocho de las denuncias realizadas en 2016 y 2017 sin ni una sola condena (2 sobreseídos, 1 archivado, 3 remitidos a la autoridad disciplinaria y 2 absueltos). Resulta tan revelador como tétrico que de los ocho casos en los que se ha pronunciado la justicia militar ni uno solo haya merecido condena.

Recordemos un par de casos del último año: la militar que denunció una violación en Ceuta y el tribunal militar, en contra del criterio del fiscal militar, que solicitaba seis años de prisión, absolvió al denunciado. O la absolución del capitán, también en contra del criterio del fiscal militar que en este caso solicitaba siete meses de prisión. Este último caso llegó a la Sala V de lo Militar del Tribunal Supremo, el cual, como viene siendo habitual, ratificó la absolución. Aunque, todo hay que decirlo, al menos en esta ocasión se produjo con un voto particular. Para mayor vejación de la víctima, al regresar al cuartel se tuvo que enfrentar a un arresto de 30 días por falsa denuncia (ninguno de los magistrados, jueces, fiscales o abogados) consideró en ningún caso la denuncia falsa (de hecho el fiscal solicitó condena).

La cúpula militar no lo ha hecho mejor. De los 30 expedientes disciplinarios abiertos durante 2016 y 2017 (4 y 26) ha concluido la mitad (15) terminando en sanción disciplinaria solo 3 (1 en 2016 y 2 en 2017). Esto es, solo se ha sancionado el 10% de los expedientes totales y el 20% de los expedientes resueltos.

El monstruo de Cospedal: las UPAs

Y todavía las estadísticas nos ofrecen una última sombra: si bien las denuncias han pasado de 20 en el año 2016 a 42 en el año 2017 lo cierto es que el número de denuncias penales se ha sostenido en 16 ambos años. Lo que ha sucedido ha sido que han aumentado los expedientes disciplinarios, los que son resueltos por los propios mandos militares en un escenario de escasas garantías jurídicas. El aumento, por tanto, de 4 expedientes disciplinarios en 2016 hasta 26 en 2017, pasando de representar un 20% de todas las denuncias a un 62% de estas, se puede deber en gran medida a una creación de Maria Dolores de Cospedal: las UPAs (Unidades de Protección frente al Acoso).

Estas UPAs afirmaron en marzo de 2018 haber recibido unas 130 llamadas y haber tramitado 46 denuncias, de las que obviamente la mayoría fueron encauzadas a expedientes disciplinarios. Con ello, estas UPAs han privado de garantías jurídicas a las víctimas y han permitido que las resoluciones se produzcan de manera ‘interna’ y menos dañina para los acosadores y agresores sexuales. Y también, claro está, para la Institución. No olvidemos que los propios juzgados pueden derivar un proceso penal a administrativo cuando lo consideren oportuno.

Eliminar la justicia militar, imprescindible

En este contexto, solo cabe pensar en las víctimas y en la falta de motivación que van a encontrar para denunciar sabiendo la tasa tan baja de condenas y sanciones existente y el acoso laboral al que se tendrán que enfrentar posteriormente. Con intentos de arresto por falsa denuncia incluidos.

Toda vez que el ministerio de Defensa y el Gobierno, esto es, Margarita Robles y Pedro Sánchez, no se deciden a regenerar las Fuerzas Armadas y eliminar la justicia militar (y por supuesto las UPAs o Unidades de Protección frente al Acoso), como por otra parte han hecho la mayoría de los países europeos, el problema no encontrará una fácil solución.

La cuestión es sencilla: los militares no deben investigar ni juzgar a militares . Y mientras no se comprenda y se asuma este principio, los militares acosadores y agresores sexuales, y de cualquier otro tipo, seguirán campando a sus anchas por los cuarteles y las víctimas seguirán teniendo miedo hasta de ser víctimas.

 

Luis Gonzalo Segura, exteniente del Ejército de Tierra y autor de ‘El libro negro del Ejército español’.