Hace cuatro días, en este espacio, se destacaba la prudencia de Mariano Rajoy en el caso de los cooperantes Vilalta y Pascual. A diferencia de lo ocurrido con el secuestro del atunero Alakrana, esta vez el líder del PP parecía renuente a usar un acontecimiento dramático como arma de contienda política. Fue un espejismo. Ayer, sólo un día después del funeral de los dos guardias civiles y el traductor asesinados en Afganistán, Rajoy volvió a la estrategia del todo vale y dirigió su artillería contra Zapatero por cuenta de la liberación de los cooperantes y la presencia española en Afganistán.

Un jefe de la oposición tiene el derecho, incluso el deber, de vigilar la acción del Ejecutivo. Sin embargo, en ciertas circunstancias extremas, lo mínimo que se espera es que actúe con responsabilidad. En el caso de los cooperantes, Rajoy puede abrir el debate que desee, pero sin ocultar deliberadamente que otros países, incluida la Francia de Sarkozy, también suelen pagar por la liberación de sus ciudadanos en territorios difíciles. En cuanto a Afganistán, la obsesión casi pueril de Rajoy es que Zapatero "diga a los españoles que no estamos en una misión humanitaria, sino en un conflicto bélico", con el fin de desmontar el discurso pacifista del PSOE y establecer analogías con Irak, aventura ilegal que el PP pagó en las urnas. Las tropas españolas se encuentran en Afganistán en una misión de la ONU denominada "de asistencia para la seguridad" y su despliegue se aprobó en 2001 bajo el mandato del PP. Lo que se impone ahora no es un debate semántico sobre la naturaleza de la misión, sino una reflexión seria sobre si la operación militar en su conjunto tiene sentido.