Si de algo no se puede acusar a este Gobierno es de permanecer cruzado de brazos ante la crisis económica. El Ejecutivo ha adoptado de manera paulatina medidas en los más diversos ámbitos y, por lo visto, prevé seguir por esa senda, según informó ayer la ministra de Economía, Elena Salgado, al término de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que presidió de manera excepcional el jefe del Ejecutivo. Lo que sí resulta discutible es si las decisiones que se toman son las más acertadas y las más justas para reactivar la economía y garantizar al mismo tiempo el mayor equilibrio social posible. En ese sentido, la comparecencia de Salgado ante los medios de comunicación deja la sensación de que el Gobierno ha optado definitivamente por cumplir los dictados de la ortodoxia y abandonar –o aplazar sine die– la búsqueda de fórmulas imaginativas para distribuir de manera más justa la carga de la crisis entre la población.

Dos días después de que se endureciera en el Senado la reforma laboral, la vicepresidenta anunció la voluntad del Ejecutivo de reformar antes de fin de año el sistema de pensiones mediante el aumento del periodo para el cálculo de la prestación y el incremento de la vida laboral para acceder a ella. No habrá, en cambio, un giro significativo en la política fiscal para gravar más a las grandes fortunas, ni la restitución del Impuesto de Patrimonio, ni la imposición de gravámenes especiales a las transacciones financieras. La propia ministra insistió en minimizar el impacto que un posible retoque fiscal pueda tener en los capítulos de ingresos y gastos. No sea que se molesten los mercados.