Después de aprobar en mayo una ley en sentido contrario, el Gobierno anunció ayer que permitirá a los municipios endeudarse en 2011, siempre que la deuda del consistorio no supere el 75% de sus ingresos corrientes. En la rectificación del Ejecutivo han confluido al menos tres motivos: la presión de los ayuntamientos, que se encuentran –unos más que otros– en una situación de estrechez económica difícilmente superable sin el recurso del crédito; la ligera mejoría del déficit y la deuda del Estado, que permite abrir un poco más el grifo del gasto; y –último, pero no menos importante– la celebración de las elecciones municipales el próximo año. No hay que ser un experto en estrategia electoral para saber que unos ayuntamientos asfixiados económicamente pueden revolver a los ciudadanos contra el Gobierno que les ha apretado el cinturón.

Según los cálculos del Ministerio de Economía, tres cuartas partes de los ayuntamientos cumplen el requisito para endeudarse, en mayor o menor cuantía. Doce de las 52 capitales de provincia quedarían excluidas, porque su deuda supera ya el 75% de sus ingresos. De ellas, siete están gobernadas por el PP –entre ellas los bastiones de Madrid y Valencia– , tres por los socialistas, una por UPN y otra por IU. Los administradores conservadores, con Ruiz-Gallardón a la cabeza, difícilmente podrán culpar de sus males al Ejecutivo central. Por el contrario, deberían hacer un acto de contricción y reconocer que el viejo principio de que la derecha gestiona mejor que la izquierda carece muchas veces de constatación empírica.