Decir que la Justicia es ciega constituye, a veces, más la expresión de un deseo que la constatación de una realidad. La aplicación del derecho ofrece con frecuencia márgenes más o menos amplios para la interpretación, y en esos espacios suele manifestarse, ya sea de manera deliberada o inconsciente, la ideología del juez. Este principio resulta especialmente válido para el Tribunal Constitucional, órgano responsable de determinar si las leyes y otras normas se ajustan a la Constitución. Los ciudadanos ya están habituados a que los medios de comunicación distingan en el tribunal un bloque "progresista" y otro "conservador", que, salvo notables excepciones, acostumbran a votar en bloque en función de sus afinidades con los partidos que los han propuesto para el cargo.

Desde 2007, el tribunal vive una situación anómala por la negativa descarada del PP a renovar a cuatro magistrados a los que les ha expirado el mandato. En noviembre próximo vencerá el periodo a otros cuatro. El partido de Rajoy sabe que, en virtud de la actual artitmética parlamentaria, se rompería claramente en favor de los progresistas el equilibrio de fuerzas del tribunal, que debe decidir, entre otras materias, sobre la Ley del Aborto y la de los matrimonios gays. Resulta impensable que el PP vaya a atender el clamor de todos los grupos que ayer, en el Senado, le exigieron levantar el bloqueo a la renovación del Constitucional. Los conservadores, que tanto han acusado al Gobierno de intentar controlar el alto tribunal, tienen secuestrado su funcionamiento mediante un fraude de ley inaceptable en términos democráticos.