El acuerdo del Gobierno francés con la banca privada de su país para que esta participe en el segundo rescate a Grecia tuvo ayer un efecto inmediato: alivió la feroz ofensiva que los especuladores mantenían contra el euro, ataque que había disparado la prima de riesgo española. Y es posible que el gesto contribuya a mejorar, aunque sea tenuemente, el clima político para que el Parlamento griego apruebe por amplia mayoría el paquete de ajustes que la UE y el FMI le exigen para desembolsarle la denominada "ayuda" de 110.000 millones de euros. Sin embargo, esos aspectos aparentemente positivos de la iniciativa francesa no ocultan el hecho de que, en el fondo, se trata de un parche más dentro de la frenética huida hacia adelante en que se están convirtiendo los esfuerzos para contener la crisis griega y su eventual expansión por la eurozona. La losa que los acreedores ponen sobre el pueblo griego –despidos masivos, recortes brutales, privatizaciones a mansalva– es inhumana e injusta, como es el discurso de que los ciudadanos tienen buena parte de la culpa de la crisis por haber vivido "por encima de sus posibilidades". La realidad es que durante años los ciudadanos fueron sometidos por los bancos, con el beneplácito de los gobernantes de turno, a un incesante bombardeo de crédito fácil. Los bancos franceses y alemanes son los principales tenedores de deuda griega, y como tales deberían aceptar con humildad su complicidad en la debacle de ese país asumiendo, por ejemplo, una condonación parcial de la obligación. Y, más a largo plazo, los políticos deberían asumir de una vez por todas que la unión monetaria está condenada al fracaso sin una unión política.