Opinión · Pensamiento crítico

La urgente necesidad de un gobierno de coalición de izquierdas

Vicenç Navarro
Autor del libro ‘Ataque a la democracia y al bienestar. Crítica al pensamiento económico dominante’

La respuesta a la pregunta “¿Por qué es necesario un gobierno de coalición de izquierdas en el país?” es fácil de ver, pues no es difícil entender qué es lo que los gobiernos españoles han estado haciendo mal durante estos últimos diez años. Las políticas económicas y sociales impuestas (y digo impuestas pues no estaban en los programas electorales de los partidos gobernantes) por el gobierno Zapatero (durante la segunda parte de su mandato, entre 2008 y 2011) y por el gobierno Rajoy (2011-2018) provocaron una crisis social de enormes dimensiones (que se refleja, entre otros indicadores, en que la mayoría de jóvenes en España no vivirán mejor que sus padres) que, en contra de lo que se anuncia por parte del establishment político-mediático del país, no se está resolviendo. En realidad, la temporalidad en los contratos ha continuado aumentando, siendo ya el doble en 2017 de la existente en el resto de la UE-15, el grupo de países con mayor desarrollo económico de la Unión Europea.

Causas del deterioro de la situación económica y social durante la Gran Recesión

Para entender las causas de este gran deterioro hay que saber que lo que ocurre en el mercado de trabajo en un país (incluyendo la distribución de las rentas derivadas del trabajo) es de una enorme importancia para entender qué está pasando en la economía. En realidad, las políticas públicas aplicadas por aquellos gobiernos (reformas laborales regresivas y recortes de gasto y empleo público como consecuencia de las políticas de austeridad) causaron un gran descenso de la masa salarial (es decir, de la cantidad de dinero que la gente recibe a través de los salarios, lo cual depende del nivel de los salarios y del número de personas asalariadas). Este descenso, a su vez, provocó un gran retroceso de la demanda doméstica, lo que creó dos problemas económicos graves. Uno fue el gran descenso del crecimiento económico, pues la demanda doméstica es uno de sus mayores determinantes. Y el otro problema fue el gran endeudamiento de las familias y del sector público, con el consiguiente incremento del capital financiero (y del sector bancario dentro de él) que, a fin de aumentar su rentabilidad, hizo crecer de forma exponencial sus inversiones de carácter especulativo, creando las burbujas cuya explosión originó la crisis financiera, algo que fue también facilitado por la desregulación de tal actividad financiera. Y esta situación no ha variado. De hecho, el Banco de España acaba de alertar de un nuevo crecimiento del crédito al consumo, que puede considerarse un efecto de la caída de la capacidad adquisitiva de la población. Este y otros muchos datos cuestionan la tan promovida supuesta recuperación.

El continuo deterioro del Estado del Bienestar en España

Por otra parte, las políticas de austeridad del gasto público social en los servicios del Estado del bienestar, tales como sanidad, educación, vivienda, servicios sociales, escuelas de infancia y servicios de atención a la dependencia, entre otros, así como en las transferencias públicas como las pensiones (cuya capacidad adquisitiva ha disminuido) han contribuido (junto con el crecimiento de las rentas del capital a costa del descenso de las rentas del trabajo) a un aumento muy notable de las desigualdades sociales, alcanzándose una polarización social de las más acentuadas de la Unión Europea, lo que perjudica enormemente la cohesión social, incrementando las tensiones sociales en todas sus dimensiones (incluyendo las territoriales). Un indicador de estas desigualdades es que la diferencia en el nivel de ingresos salariales entre el decil superior –el 10% más rico- del país y la mayoría de la población asalariada (más del 50% de asalariados) ha aumentado entre 2008 y 2017.

El descrédito de tales políticas neoliberales

Hoy comienza a existir una percepción generalizada, incluso en sectores del establishment político-mediático de los países a los dos lados del Atlántico Norte, de que no solo tales políticas eran innecesarias, sino que fueron fuertemente perjudiciales para la calidad de vida de las clases populares, así como para el desarrollo económico del país. Se está reconociendo con ello que gran parte de esas políticas fueron dañinas para el bienestar de la mayoría de la población, así como para el buen hacer de la economía. Hay muchos ejemplos de este reconocimiento: por ponerles nombre, el señor Jean-Claude Juncker (presidente de la Comisión Europea) ha hecho una autocrítica de las políticas de austeridad que él mismo promocionó y que, por ejemplo, en Grecia, han tenido consecuencias devastadoras para el bienestar de las clases populares; la señora Laurence Boone (economista jefe de la OCDE) ha señalado que la bajada de los salarios contribuyó al deterioro económico de España y que el incremento del salario mínimo a 900 euros, en lugar de destruir empleo, ha contribuido a “un crecimiento más inclusivo”; y la señora Christine Lagarde (directora del Fondo Monetario Internacional, el Vaticano del pensamiento neoliberal) ha indicado que la bajada de los salarios está retrasando la necesaria recuperación económica. En resumidas cuentas, el desastre de tales políticas está siendo reconocido incluso por personalidades importantes del establishment neoliberal. Este reconocimiento, sin embargo, no ha llegado todavía al establishment político-mediático español.

Es urgente y necesario revertir estas políticas neoliberales en España

Hay una gran necesidad de revertir estas políticas neoliberales, aumentando la capacidad adquisitiva de los salarios (y de las pensiones), así como el número de asalariados, corrigiendo a su vez las desigualdades de género mediante la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en igualdad efectiva de condiciones con el hombre. Con este objetivo es esencial promover aquellos servicios que faciliten dicha integración y la corresponsabilidad en las tareas domésticas y de cuidados, estableciendo como derechos universales el acceso a los servicios de cuidado, incluyendo las escuelas de infancia, servicios domiciliarios y otros servicios de atención a la dependencia, entre otros.

Ello requiere aumentar el gasto público social a fin de alcanzar los niveles de gasto y de empleo que tienen otros países de semejante nivel de desarrollo económico al nuestro. El gasto social en España es mucho menor de lo que le correspondería por su nivel de desarrollo económico (ya antes de la crisis España se gastaba 60.000 millones de euros menos de lo que le hubiera correspondido por  su nivel de desarrollo) y tiene un enorme déficit de personas empleadas en los servicios públicos del Estado del bienestar (solo uno de cada 10 adultos trabaja en tales servicios, mientras que en Suecia es de 1 de cada 5). Si la tasa española de personas empleadas en sanidad, educación, servicios sociales y otros fuera la que existe en Suecia, se crearían suficientes puestos de trabajo para eliminar prácticamente el desempleo en este país.

Los necesarios cambios de la estructura económica

Es también urgente hacer los cambios estructurales en la economía, favoreciendo la reconversión del sistema energético español, lo que podría crear 600.000 empleos netos solo en energías renovables y tecnologías verdes, y permitiría a España alcanzar un nivel de desarrollo energético comparable al de otros países de semejante nivel de desarrollo económico. Se requeriría también una apuesta por el sector del automóvil eléctrico y un impulso de la red ferroviaria, con una red poliédrica y policéntrica en vez de radial como existe actualmente en el sistema de transporte español, centrado en la capital del Reino. Existe, insisto, una necesidad urgente de cambiar el sistema radial hacia uno poliédrico y policéntrico que permita y facilite el desarrollo de las periferias. Por otro lado, se deberían anular también las concesiones públicas de las autopistas a agentes privados.

Otras medidas deberían incluir la rehabilitación de al menos 500.000 viviendas al año para mejorar su eficiencia energética, lo que reduciría la factura de la luz e impulsaría el sector de la construcción, decaído hoy en España. Y, muy importante, y a fin de resolver los grandes problemas de acceso al crédito, se requiere el establecimiento de una institución bancaria pública para facilitar los cambios aquí recomendados, así como para resolver la escasez de crédito que afecta a grandes sectores de la sociedad y al mundo de la pequeña empresa.

La urgente necesidad de aprobar un programa profundamente reformista y factible, y de establecer un gobierno de izquierdas de coalición

Estas y otras muchas medidas son urgentes y necesarias. Ahora bien, una condición necesaria para realizar estos cambios es un compromiso por parte del gobierno español para desarrollar una ambiciosa agenda de transformación de las políticas públicas en los próximos 4 años. Ni que decir tiene que el desarrollo de tal programa requeriría varias legislaturas. Pero es urgente que se inicie ya en estos próximos cuatro años. No se puede hacer una transformación así con medidas coyunturales mediante diferentes pactos con las distintas fuerzas políticas del amplio espectro político español. De ahí la necesidad de establecer esta alianza estable (que ya se inició con la negociación de los presupuestos de 2019, que fueron enormemente populares, lo que explica el gran crecimiento de la popularidad del PSOE, que ha revertido, como consecuencia, su anterior declive electoral).

Este cambio no habría ocurrido sin la ayuda de Unidas Podemos (UP), que fue determinante en la formulación de las propuestas que, aunque necesarias, son todavía insuficientes. Esta alianza debería convertirse en un gobierno de coalición que garantizara la estabilidad entre dos fuerzas políticas (el PSOE y Unidas Podemos) que comparten el compromiso de establecer estas reformas que serían imposibles mediante alianzas con partidos como Ciudadanos, que defiende unas políticas que han sido responsables de la creación de la crisis. Una condición para establecer dicho gobierno es la aprobación de un programa de acción. Sin ello, la incorporación del espacio de Unidas Podemos a él sería un mero intento de coaptación.

La respuesta hostil del establishment financiero y económico y del político-mediático al que influyen

No veo ninguna alternativa a esta alianza del PSOE con Unidas Podemos. Y según el CIS, la mayoría de ciudadanos son conscientes de ello y prefieren que esta alianza que se propone se lleve a cabo, pues ven la presencia de Unidas Podemos en el gobierno como garantía de que dichas reformas se llevarán a cabo. Es comprensible y predecible, pues, que los establishment financieros y económicos estén en contra de esta alianza.

Pero no es comprensible que a esta hostilidad de las derechas se unan algunas voces de izquierdas que intentan desacreditar a la dirección de UP precisamente en el momento de explorar esta posible alianza. Puede que haya habido errores de enfoque, y que algunas observaciones de dirigentes de Podemos hayan sido interpretadas erróneamente como un deseo de tener sillas en el Consejo de Ministros. De ahí que sea también fundamental que se establezca un programa de reformas profundas y factibles (todas ellas se realizan exitosamente ya en otros países de semejante nivel de desarrollo económico al español) como una condición para la conformación de un gobierno de coalición, pues tal coalición es la única garantía de que se desarrollen y lleven a cabo.

Hay que darse cuenta de que la historia de los gobiernos en España ha sido la historia de las promesas incumplidas. Y ya vimos los incumplimientos del gobierno Sánchez en relación con los pactos con UP, incumplimientos que fueron más allá de la aprobación de los presupuestos y que incluyeron también la ausencia de regulación de los precios del alquiler, la no revalorización de las pensiones con el IPC o la no retirada de las medallas a Billy el niño, entre muchos otros. Por cierto, que también ha habido incumplimientos en Portugal, donde el Partido Socialista gobernante se ha saltado a la torera muchos elementos del pacto con las otras fuerzas de izquierdas.

El daño causado por el sectarismo de izquierdas

Ni que decir tiene que es importante y necesario que haya un debate sobre cada uno de los puntos de esta propuesta. Es lógico y necesario que se debata si, una vez conseguido el acuerdo de programa (en caso de que se llegase a ello), es bueno entrar o no en el gobierno.

Ahora bien, sí que creo que es un gran error que precisamente en este momento, en el que se iniciará una negociación, se esté cuestionando la autoridad del secretario general, Pablo Iglesias, pues ello debilita la postura de Unidas Podemos en esta negociación. La tendencia a personificar la política y a asociar todos los fracasos o todos los éxitos con una persona es profundamente errónea y perjudicial, además de injusta y ofensiva hacia todos los votantes, simpatizantes y militantes de UP, pues olvida el enorme esfuerzo realizado por miles y miles de personas –militantes/simpatizantes– que condujo a tener 3,7 millones de votantes que desean que se haga lo que ahora estas voces quieren dificultar. El resultado decepcionante del 26 de mayo no niega lo conseguido el 28 de abril, y esto es lo que no quieren admitir las derechas y algunas voces de izquierdas que están intentando desacreditar el único proyecto de cambio que hoy existe en el país. Doy la bienvenida al debate, pero en el momento que sea mejor para todos y con un tono distinto a la agresividad que caracteriza a los medios hacia la coalición Unidas Podemos. Se hace un enorme daño a las clases populares de este país cuando uno de los pocos instrumentos que las defienden sufre intentos de ser destruido por parte de las derechas con la ayuda de algunas izquierdas. Así de claro.