CARMEN MAGALLÓN
Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz (SIP)
En medio de la vorágine de la crisis que parece engullirlo todo, desde los puestos de trabajo hasta el ánimo colectivo, pasando por aspectos importantes del Estado del bienestar, reconforta ver que un grupo numeroso de asociaciones de vecinos, a las que une un nombre que denota un bien que valoran, “la Paz”, acaba de celebrar en Zaragoza su II Encuentro estatal. Llegaron de varias comunidades autónomas –son más de 70 las asociaciones que comparten este nombre– con el fin de preparar proyectos comunes, aprobar un manifiesto y pasar un día de convivencia, con música y comida.
Alguien puede pensar que se trata de un evento cotidiano, poco importante. Para mí es un ejemplo de dignidad popular, a subrayar con doble trazo, el que dan estos vecinos. Lo simboliza el canto a Mandela y la libertad que entona el coro del barrio anfitrión, con voces de todas las edades. Con el cinturón apretado, en el paro unos y con la hipoteca al cuello otros, viven el día a día alimentados por los valores de la unidad por abajo, la única en la que pueden apoyarse. Y, mientras los tiburones financieros siguen haciendo su agosto con sus redes de engaño, en las que quedan atrapados muchos sueños, ellos y ellas dan ejemplo de solidaridad. Pues, además del recibo de la luz o los transportes públicos, la corrupción y los destrozos del medio ambiente causados por un urbanismo especulador, les preocupa la inexistencia de paz en el mundo, el sitio de Gaza, los muertos y refugiados de Kirguizistán.
Saben, lo han escrito en su manifiesto, que la paz no casa con las injusticias, que no hay paz sin desarrollo, sin derechos humanos, sin de-
sarme, sin una democracia auténtica. Saben que la paz exige una lucha enérgica para cambiar el estado de cosas actual, y que la injusticia no es como una tormenta, ya que erradicarla está en manos humanas. Necesitamos, dicen, unión e inteligencia colectiva, sin desánimo, pues en los tiempos difíciles pueden crecer los cambios necesarios.
Alivia pensar que también en las crisis la gente canta, come y se ama. ¿Por qué no habría de reseñarse, si es el aliento que aún puede mantenernos? En las páginas de este periódico, el escritor Saïd El Kadaoui, citaba recientemente al Premio Nobel de literatura Wole Soyinka para decir que ‘la dignidad es la otra cara de la libertad’. Y la libertad, seguramente porque nos hace reconocernos como humanos, siempre reconforta.
RAMÓN COTARELO
Catedrático de Ciencias Políticas
Nadie parece haber predicho la que, por acuerdo general, es la peor crisis del capitalismo desde 1929. Los expertos estaban demasiado ocupados tratando de comprender la mundialización y de beneficiarse de ella. Son los mismos expertos que, paradójicamente, formulan hoy las recetas de recuperación basadas en el principio de que la crisis la paguen los que más la sufren. Argumentaron que era necesario refundar el capitalismo, propósito incomprensible dicho por quienes lo gestionan, y añadieron que hay que acabar con el capitalismo de casino, concepto que tampoco es meridiano. Entre tanto, recetas de recuperación.
En realidad no hay escapes nacionales de la crisis porque la economía se ha mundializado. Otra paradoja: no es la clase obrera la que se ha internacionalizado; ha sido el capital. Con la globalización, que es económica y financiera, pero no jurídica ni política, el capital se ha independizado del poder de los estados que, sin embargo, siguen siendo las únicas instancias capaces de formular normas vinculantes, ya que el orden internacional carece de toda capacidad coactiva.
La única solución a una crisis planetaria es una instancia jurídica y política planetaria, perspectiva que ni se avizora en el horizonte. En el ínterin, allí en donde gobierna, la izquierda tiene que resignarse a gestionar los intereses del capital porque carece de poder para doblegarlo. En la izquierda de esta izquierda se aduce que el Gobierno se ha rendido ya del todo al capital y va a cargarse los restos del Estado del bienestar. Es paradójico que hoy defiendan el Estado del bienestar quienes ayer lo criticaban por ser un instrumento de desmovilización obrera. Y que la derecha salga diciendo que es el partido de los trabajadores ya es portentoso.
Penúltima paradoja: los sindicatos, hasta ahora dialogantes, se ven obligados a convocar una huelga general, arma decisiva de la clase obrera, a tres meses vista, como las letras de cambio. Porque, con más de cuatro millones de parados de ejército industrial de reserva, que decía Marx, no está la caja para dispendios. En tres meses puede haber pasado de todo. Que los sindicatos y los empresarios por fin se pongan de acuerdo o que el Gobierno, cediendo al PP, imponga el tijeretazo por decreto y también por ley aparte, con lo que, de aprobarse esta, la huelga general no se hará contra el Gobierno, sino contra el Parlamento.
JORGE CALERO
Catedrático de Economía Aplicada
El Estado del bienestar es especialmente sensible a las fases del ciclo económico. Se ha llegado a afirmar que sólo en un contexto de fuerte crecimiento económico sostenido puede mantenerse un Estado del bienestar. Siendo tal afirmación, a mi juicio exagerada, proporciona al menos una pista acerca de la fragilidad del Estado del bienestar ante la crisis económica.
Dos factores contribuyen a esta fragilidad:
El primero y más evidente, la crisis fiscal, producida por el incremento de algunos gastos públicos (en protección social y en apoyo a los sectores económicos en crisis), combinado con la contracción de los ingresos fiscales.
El segundo, la identificación del Estado del bienestar como un “lastre” para el crecimiento económico tan necesario para crear empleo, especialmente en un contexto en el que muchos de los países competidores carecen de Estado del
bienestar.
De los dos factores de fragilidad mencionados, el primero es técnico y no admite mucha controversia. En cambio, el segundo tiene un fuerte componente ideológico y está lejos de ser un fenómeno comprobado. Antes al contrario, más que un lastre al crecimiento, el Estado del bienestar puede ser considerado precisamente como piedra angular de un modelo de crecimiento deseable.
Más allá de las funciones relacionadas con la equidad y la cohesión social, el papel de los estados del bienestar avanzados en el crecimiento económico debe ser reconocido y valorado.
El Estado del bienestar favorece el crecimiento económico, quizás no un crecimiento económico explosivo y poco sostenible (derivado de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo o los recursos naturales), sino uno basado en la mejora del capital humano, el incremento de la productividad y una distribución de la renta poco desigual, que permita una elevada capacidad de consumo.
Visiones cortoplacistas, en un contexto de crisis, pueden conducir a decisiones erróneas de las que tengamos que arrepentirnos en el medio y largo plazo. Cada recorte, cada adelgazamiento deben ser analizados con detalle y evaluadas sus consecuencias con más rigor del que se ha tenido en los últimos meses.
RAMÓN COTARELO
Catedrático de Ciencias Políticas
Tiempos terribles para el Gobierno. Con una metáfora marítima, está atravesando mar revuelta con riesgo de naufragio. Hasta los analistas de su onda piden cambio de tripulación, lo que no es prudente, según la máxima ignaciana de los tiempos de zozobra. Vaya final para la planetaria presidencia española de la UE. Los de la cuerda contraria quieren elecciones anticipadas o que los corchetes se lleven a Zapatero a galeras; un presidente sobre el que llueven vituperios sin tasa. Así, cuanto más batido aparece el Gobierno, más se debilita la posición exterior de España ante los amos del mercado; cuanto más se debilita la posición de España, más se bate aquí al Gobierno. Si, como parece, hay reforma laboral por decretazo, será de ver qué actitud adopta la derecha, autora de otro decretazo por igual motivo.
Para esto está el Parlamento, sobre todo con un Gobierno que no tiene mayoría absoluta y necesita aliados. Si no los consigue en asuntos de calado puede plantear la cuestión de confianza, que se gana con mayoría simple, pero tiene el inconveniente de su valor simbólico: si el Ejecutivo la gana sólo con los votos de su grupo, escenifica su aislamiento y no garantiza su efectividad. Por eso no la habrá, ya que, para el Gobierno, cada votación es una cuestión de confianza. En la de los Presupuestos Generales del Estado se juega la clave de las elecciones anticipadas bastante más que en pedirlas a todas horas.
Junto a la cuestión de confianza aparece la moción de censura. El problema es que requiere mayoría absoluta en contra del Gobierno y a favor de un candidato alternativo y hoy eso no es probable porque la principal fuerza de la oposición está más aislada que el Gobierno y es más débil que este. Y carece de sentido sustituir un Gobierno débil y aislado por otro más débil y más aislado. El PP suscita prevención entre las demás fuerzas políticas por no exponer su programa, por sus formas frecuentemente contrarias a la corrección democrática y respeto del adversario y porque el escándalo Gürtel, le guste o no, condiciona su futuro a medio plazo. Así las cosas, cualquier vaticinio sobre los resultados de las elecciones generales de 2012 es pura palabrería.
Por ejemplo, ¿por qué no va a pensar la mayoría que, si es inevitable hacer política económica de derecha, lo mejor es que la haga la izquierda que tiene más complejo de culpa?
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Economista
Es una mala costumbre de los gobernadores del Banco de España preocuparse de aquello que no les concierne, al tiempo que abandonan sus cometidos. El actual gobernador se ha pasado dos años pontificando acerca del mercado de trabajo, exigiendo la reforma del sistema de pensiones, abogando por la reducción de los salarios –desde luego, no el suyo que, amparándose en la tradición, se resistía a hacer público– y reclamando la reducción del déficit público, pero se ha olvidado de sanear el sistema financiero.
Del mismo modo que se negó la crisis, se han ocultado también los problemas de nuestras entidades financieras; no obstante, la prueba de su existencia es que el crédito durante todo esto tiempo no ha llegado adecuadamente a las empresas y a los particulares. El Gobierno cambió la normativa concursal con el fin de que promotoras y constructoras no tuvieran que reconocer pérdidas potenciales y el Banco de España ha permitido a las entidades financieras mantener en el balance sin provisionar determinados activos contabilizados a un valor muy inferior al real. Se dio lugar así a que surgieran empresas y bancos zombis, entidades con graves dificultades económicas que sólo mantienen una apariencia de normalidad, pero que no pueden funcionar correctamente y que han estrangulado a la economía.
El gobernador del Banco de España, tan duro con trabajadores, pensionistas y funcionarios, ha sido incapaz de oponerse a los intereses de las sociedades inmobiliarias, de los banqueros y de las élites políticas de las comunidades autónomas. En este momento, con dos años de retraso –se ha perdido un tiempo precioso–, no tiene más remedio que obligar a las entidades financieras a sanear sus cuentas, con lo que muchas de ellas, parece ser que principalmente cajas, tendrán que mostrar su auténtica situación y ser reflotadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB); es decir, con el dinero de todos los contribuyentes.
Ahora bien, si son saneadas con recursos del Estado, deberían permanecer en el Estado formando una gran banca pública cuya necesidad ha quedado patente en esta crisis, en la que el Gobierno ha tenido que echar mano de un organismo como el ICO, absolutamente incapacitado para los fines que se le pretendían asignar. Hay que temer, sin embargo, conociendo la ideología del señor gobernador, que los planes sean otros y que se pretenda más bien convertir a las cajas en bancos para que pasen cuanto antes a manos privadas.
JUAN FRANCISCO MARTÍN SECO
Economista
Aun cuando en los momentos actuales –en los que aún nos encontramos lejos de la recuperación económica– una política fiscal restrictiva no sea la más conveniente, a España quizás no le quede más remedio que aplicarla, presionada por Alemania, los halcones de la Comisión Europea y por los llamados mercados. Bien es verdad que tanto el Gobierno español como los de otros países con idénticos problemas podrían haber mantenido una postura más enérgica frente a los defensores de los expedientes por déficits excesivos y, desde luego, no deberían haber asumido el discurso bobalicón de que “sanear las cuentas públicas es vital para impulsar la recuperación”.
En cualquier caso, lo que parece estar fuera de toda discusión es que para instrumentar una política restrictiva son múltiples las posibilidades a utilizar; cada una de ellas con efectos y resultados diferentes. El Gobierno se ha adentrado por el peor camino, tal vez con el objetivo de alcanzar el mayor número de apoyos de la derecha. Ante la disyuntiva de reducir gastos o subir impuestos, se está escogiendo principalmente la primera opción. Es más, se llega al contrasentido de que, mientras se rechaza cualquier tipo de medida que comporte el mínimo incremento de gasto público, se aceptan múltiples desgravaciones fiscales, como si la disminución de ingresos no tuviese ningún efecto sobre el déficit público. Incluso se propone liberar parcialmente a los empresarios de la indemnización de los despidos, por la vía de traspasar su coste al Estado, o se plantea reducir las cotizaciones sociales.
Sin embargo, la realidad es que el enorme aumento que ha sufrido el déficit público obedece más a la caída de los ingresos que a la expansión del gasto, por lo que a la hora de intentar sanear las cuentas públicas habría que considerar en primer lugar los impuestos, y concretamente el fraude fiscal, ya que el descenso de la producción y del consumo no pueden explicar en su totalidad la brutal minoración de la recaudación. Si de subir impuestos se trata, el Gobierno, en lugar de escoger el IVA, debería haberse orientado a los directos (impuesto de patrimonio, rentas de capital, tarifa del IRPF) cuya subida, amén de tener efectos positivos sobre la equidad, desincentiva la actividad económica en menor medida que la elevación de los indirectos o que la reducción del gasto público, al tener las rentas altas una mayor propensión al ahorro.
JOSÉ MANUEL NAREDO
Economista y estadístico
El espectacular repunte del ahorro de los hogares es uno de los datos más llamativos que ofrecen las Cuentas Financieras de 2009 que acaba de sacar el Banco de España. Este dato pulveriza las enseñanzas de los manuales, que acostumbran a asociar el aumento del ahorro al de la renta, y denota el escaso efecto que han tenido los empeños de animar el consumo de los hogares “para salir de la crisis”. Para comprender lo que ocurre hay que darse cuenta de que la economía española había desplazado su centro de gravedad desde esa economía de la producción y del consumo que enseñan los manuales, hacia una economía de la adquisición de riqueza mediante prácticas especulativas. No fue la insuficiencia de la demanda lo que deprimió la coyuntura económica, sino el pinchazo de una enorme burbuja inmobiliaria.
La perspectiva de revalorización de los inmuebles que venía impulsando a los hogares a endeudarse para invertir “en ladrillo” motivó comportamientos insostenibles que ahora se han venido abajo. Por una parte la revalorización inmobiliaria, unida a la trepidante actividad constructiva, animó con plusvalías e ingresos el consumo y el endeudamiento de los hogares hasta extremos antes desconocidos. Por otra, la inversión “en ladrillo” absorbió el ahorro financiero de los hogares y forzó su endeudamiento mudando en necesidad su tradicional capacidad de financiación, al hacer que, en los años que van de 2003 a 2007, los hogares por primera vez solicitaran más financiación de la que aportaban al sistema económico. Pero la caída de los precios inmobiliarios y de la actividad económica, ocasionó minusvalías y recortes en los ingresos que forzaron a los hogares a adoptar una actitud defensiva. Con una tasa de paro que se aproxima al 20 %, con menores ingresos salariales, con medidas que amenazan con recortar derechos y subir impuestos, los hogares optaron cuerdamente por prepararse para un futuro difícil (elevando su tasa de ahorro a niveles desconocidos en los últimos decenios) a la vez que el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, al recortar drásticamente la fracción de ese ahorro invertida “en ladrillo”, aumentó su ahorro financiero hasta cotas sin precedentes. Así, la recuperación de su capacidad de financiación no es fruto de la opulencia, sino de la crisis, que invita más a la frugalidad que al despilfarro, pese al empeño contrario de políticas llamadas “anticíclicas”.
CARLOS TAIBO
De entre las ilusiones ópticas que se hacen valer en los últimos tiempos entre nosotros hay una que despunta: la que nos sugiere que, una vez dejadas atrás la crisis y la recesión en curso, mal que bien veremos reaparecer el escenario anterior a una y otra, esto es, el escenario de un crecimiento económico bonancible.
Semejante percepción ignora, claro, una de las consecuencias principales derivadas de la acumulación de crisis de orden dispar a la que asistimos. Y es que, junto a la crisis que hemos dado en etiquetar de financiera, hay, en la trastienda, otras mucho más graves. Una de ellas es, sin duda, el cambio climático que, cada vez más agudo y más fácil de percibir en sus diferentes manifestaciones, constituye una realidad que no parece llamada a tener efecto saludable alguno. Otra la configura el encarecimiento, inevitable en el medio y en el largo plazo, de la mayoría de las materias primas energéticas que empleamos. Y una tercera –por dejar las cosas ahí y esquivar una lista más larga– la proporciona el mantenido expolio de los recursos humanos y materiales de los países pobres, expolio en el que sigue asentándose buena parte de nuestra riqueza.
Aun cuando los efectos de la crisis financiera puedan quedar atrás –convengamos en que es difícil que, hablando en serio, tal cosa ocurra en plenitud–, se impone recordar que los de las demás no sólo pervivirán sino que, más aún, habrán experimentado una inquietante aceleración, con lo cual el escenario será visiblemente peor que el que se registraba antes de 2007. Si hay que tomarle el pulso a lo que tenemos entre manos, bastará con echar una ojeada a las estimaciones que instancias públicas y privadas realizan, con periódica regularidad, en lo que atañe a las sumas que será preciso destinar a la lucha contra el cambio climático: a medida que los meses van pasando, los recursos que será necesario invertir para restaurar precarios equilibrios son visiblemente mayores.
En esas condiciones, y volvamos al argumento principal, pensar que pronto recuperaremos el escenario propio de la bonanza anterior a 2007 es, sin más, equivocarse, y lo es –repitamos lo que antes adelantamos– incluso en el caso, improbable, de que la crisis financiera, por sí sola, no deje insorteables legados negativos. No está de más agregar algo –eso sí– en relación con la última de las crisis que antes sugerimos que se hallan en la trastienda. Tenemos por fuerza que preguntarnos si podemos seguir mirando el mundo desde nuestra eurocéntrica y personalísima percepción, en abierta y orgullosa ignorancia de los problemas de otros. O, por decirlo de otra manera, hora es de preguntarse si resulta razonable aplicar –como lo hemos hecho siempre– la lógica del sálvese quien pueda, aun a sabiendas de los efectos dramáticos que tiene sobre los países del sur. Sobran las razones para concluir, en cualquier caso, que muchos de los habitantes de estos últimos añorarían compartir con nosotros, siquiera fuera unas pocas horas, el peor de los momentos de esta crisis que a nuestros ojos presenta perfiles pavorosos.
Carlos Taibo es profesor de Ciencia Política
