JOSÉ MANUEL ALBARES
Los acontecimientos que se suceden en el Magreb y Oriente Próximo han puesto de relieve que la política importa. Importa porque la libertad y la garantía de los derechos humanos son la base para el contrato social en cualquier lugar del mundo. Importa igualmente porque el crecimiento económico, si no se acompaña de redistribución, genera inestabilidad. También nos han recordado que, más allá de personas y liderazgos concretos, los actores de los grandes cambios son las sociedades civiles. El epicentro de los alzamientos populares en Túnez, Egipto o Libia no son inexistentes o debilitadas oposiciones o grupos islamistas, sino las propias sociedades de esos países.
Lo que la ciudadanía de Túnez, Egipto o Libia ha expresado estos días es que lo político es clave en cualquier sociedad y que no es posible diferenciar entre reformas políticas y económicas. Ambas están estrechamente ligadas e interrelacionadas y es profundamente erróneo pensar que tienen lógicas y tiempos distintos. Si la gobernanza de cualquier país responde a un sistema político-económico dado, esto es aún más cierto allí donde la corrupción y el enriquecimiento de unos pocos oprime por partida doble, política y económicamente, a la mayoría. Tunecinos, egipcios y libios han dejado claro que buscan el cambio político para poder alcanzar algo tan básico como la libertad y unos derechos mínimos, pero también para conseguir mejoras en sus condiciones de vida. Si el aglutinador de estos movimientos está siendo la libertad, el detonante ha sido el desempleo que afecta a todos pero mayoritariamente a los jóvenes. Son ellos, apoyándose en Facebook y Twitter, los que están inclinando la balanza en el pulso al poder.
Una lección más de estas jornadas es que los regímenes sin libertad política, además de ilegítimos, son ineficaces y, por ambos motivos, generan inestabilidad independientemente de sus tasas de crecimiento. Las “autocracias modernizadoras” no existen, ni son posibles los “milagros económicos” sin libertad. La razón última de estos movimientos populares ha sido mucho más la desigualdad que la pobreza. Hay sociedades pobres, porque su suelo y subsuelo no les han permitido dejar de serlo, que son estables. La pobreza que genera tensión política en la zona es aquella que proviene de la disparidad insalvable de oportunidades políticas y económicas. Esa desigualdad se ha vuelto insoportable al tornarse intergeneracional transmitiéndose de padres a hijos. A medio plazo, no puede haber sociedades estables si no se respetan los mínimos derechos fundamentales. La única realpolitik posible es la que asegura una verdadera estabilidad basada en el respeto de la ciudadanía y no la que confunde la paz social con una mezcla de autocensura y represión. Los que han causado finalmente este estallido de inestabilidad son unos regímenes que muchas veces han sido vistos como los grandes garantes de un supuesto orden y estabilidad frente a riesgos que acechaban desde el Sur.
El hecho de que los alzamientos populares en estos países no tengan cabezas explícitas que los lideren hace complejo determinar cuáles son sus prioridades y reivindicaciones más acuciantes. Algunos quieren ver en ello amenazas que esperan su momento y agendas ocultas de radicalismos islámicos. Ningún hecho ni declaración lo demuestra hasta ahora. Al contrario, si alguna aspiración ha quedado patente es a la libertad, mucho más que la aspiración a la democracia, que necesitará de un movimiento más estructurado que el actual. Además, es palpable que la reivindicación profunda no está siendo de cualquier tipo de libertad, sino una que respete la dignidad de todos los ciudadanos y frene los abusos del poder contra la sociedad civil. Sobre ese tipo de libertad puede y debe venir la democracia. Al fin y al cabo, la libertad es el grado cero de la democracia, su elemento fundador.
Túnez y Egipto han entrado ya en una transición incipiente. Tal vez Libia pueda hacerlo en breve. Transición no significa necesariamente democracia, sino cambio. Por eso es fundamental no quedarse cruzados de brazos como si estuviéramos asistiendo a una inesperada competición en la que sólo nos resta conocer el resultado, sea cual sea.
Cuando el rumor de las movilizaciones y los enfrentamientos se apague, aparecerá el futuro. El suyo y el nuestro. La geografía, la historia y los lazos de todo tipo que nos unen así lo marcan. También aparecerán los miedos, porque, como en todo proceso de cambio, habrá que asumir riesgos. La democracia en estos países no vendrá desde fuera. Serán esas sociedades civiles que se han echado a la calle las que determinen su dirección. Seguro, habrá altos y bajos y momentos críticos como los hubo en nuestra propia Transición. Sin embargo, sí podemos acompañar y confiar en los amplios grupos que aspiran allí a democratizar plenamente sus países. Estos días no hemos oído gritos a favor de Al Qaeda y contra Occidente como en los últimos años se auguraba si los líderes caídos de-
saparecían. Lo que hemos visto es que las sociedades de esos países son mucho más parecidas a nosotros de lo que eran sus dirigentes y que sus aspiraciones coinciden en buena medida con las nuestras ¿Dejaremos pasar esta inesperada oportunidad?
José Manuel Albares es diplomático
Ilustración de Federico Yankelevich
SAÏD EL KADOUI
Un policía confisca las frutas y legumbres que un joven vende en la calle para subsistir. El joven tiene una licenciatura pero sabe que no se vive del aire. Dado que no encuentra un trabajo acorde a sus estudios y ambiciones, trabaja de vendedor ambulante. ¿Cuántos jóvenes árabes deben de encontrarse en esta misma situación? ¿Cuántos de ellos habrán sufrido en su piel la humillación del poder arbitrario? La policía de una dictadura siempre es temible. Nada se puede hacer contra ella si no se está dispuesto a pagar un precio muy alto. Mohamed Bouazizi dijo basta. Se quemó a lo bonzo, murió varios días después y su indignación se extendió como la pólvora. Entonces buena parte de la sociedad tunecina, encabezada especialmente por jóvenes, muchos de los cuales sobradamente preparados académicamente e infravalorados por las élites que gobernaban el país, también dijo basta y salió a la calle.
Faltaría a la verdad si no dijera que me embarga la emoción y me conmueve comprobar que la injusticia puede combatirse y no ser aceptada como algo inevitable ad aeternum. No sé qué final tendrá esta historia pero, suceda lo que suceda, era necesario decir basta. Seguramente la sociedad tunecina ganará mucho en autoestima: ha sido capaz de echar a un dictador de forma ejemplar. Hay que lamentar, y mucho, las víctimas producidas por la represión sufrida y espero que Mohamed Bouazizi acabe pasando a la historia como la persona que dio rienda suelta a la sed de libertad del pueblo tunecino y contribuya a dignificar la memoria de todos los que murieron reivindicándola.
Esta es la primera revolución democrática de un país árabe después de la descolonización. ¿Se puede pensar que pueda ser extensible a otros países vecinos y, en general, a todos los países árabes? Cada país tiene también sus especificidades que merecen ser atendidas. La más importante de Túnez, en mi opinión, es su sistema educativo, inspirado claramente por los valores del mundo moderno. No sucede lo mismo en el resto de países árabes. Pero, sin duda, buena parte de las condiciones que han generado la revuelta (y que se resumirían en una palabra que muchos articulistas han utilizado para describir a esta dictadura: la cleptocracia) están bien arraigadas en buena parte de estos países, si no en todos. Utilizando la terminología de Hicham Ben Abdallah El Aloui, los países árabes se dividen en tres categorías. Primero estarían los regímenes “cerrados” (Libia, Siria, etc.) donde no se pierde el tiempo aparentando pluralismo. Después estarían los regímenes “híbridos” (Argelia, Egipto, Jordania, Marruecos, Sudan y Yemen) y finalmente los regímenes “abiertos”, cuyo único caso era, según el autor, Mauritania. Teniendo en cuenta que esto lo afirmaba en un artículo aparecido el mes de abril del año 2008, deduzco que ahora, tras el golpe de Estado perpetrado en este país en el mes de agosto de aquel año, el único régimen que catalogaba de abierto se cae del cartel.
Dentro de este contexto pétreo y desolador, el ejemplo tunecino es esperanzador. Parece obvio que la gente no se va a resignar a vivir bajo el yugo de la arbitrariedad y la falta de oportunidades eternamente. Y ya estamos viendo los primeros conatos de una posible revuelta más amplia. En Jordania, Egipto, Argelia e incluso en Libia, donde Muammar el Gadafi prestó su apoyo sin ambages al hasta ahora presidente tunecino, ya han empezado
a producirse algunas protestas.
El psicoanalista egipcio Moustapha Safouan sostiene que todo régimen de poder absoluto reposa sobre tres prácticas que le son consustanciales: la corrupción (sobradamente conocida y ahora evidenciada por los cables de Wikileaks), la represión y la censura. Lo decisivo, afirma, es que nuestros déspotas de hoy no pueden ejercer sus actos de represión con toda la seguridad que les proporcionaba la censura. Gracias a la revolución electrónica, el mundo puede observar en directo aquello que está sucediendo.
Esta es, a mi juicio, la gran razón que puede hacer pensar en un efecto, si no dominó –porque no creo que sea algo inmediato– sí mimético en otros países árabes.
Otra lección que la gente puede extraer de esta revolución tunecina es que si se quieren cambios, solamente pueden ser generados desde la propia sociedad. De Europa ha quedado más que probado que no van a obtener ayuda. Las libertades, los derechos, la igualdad de oportunidades y, en definitiva, la democracia, la quiere para sus adentros –algunos de estos logros en peligro actualmente, por cierto–, pero no necesariamente fuera de sus fronteras. Al contrario, su actuación ha puesto en evidencia que lo que espera del Sur del Mediterráneo es tener repúblicas bananeras haciéndole el trabajo sucio.
Todo esto ha evidenciado la revuelta de Túnez. Sólo deseo que tenga un final feliz. Y este no puede ser otro que la instauración de un Gobierno democrático. Y para los que crean que la democracia no es compatible con el Islam y los árabes, quiero recordarles las palabras que un parlamentario italiano le dijo a Moncef Marzouki, uno de los históricos opositores al régimen que anunció su candidatura a las futuras elecciones tunecinas el día 17 de enero, según recogía el rotativo francés Le Nouvel Observateur. Tras comentarle su desagrado por esta visión un tanto despectiva con el mundo árabe, el parlamentario le explicó que él recordaba cómo antaño algunos ingleses discutían de forma muy seria la incompatibilidad entre la “latinidad” y la democracia. Observad todos esos españoles, portugueses e italianos, decían. No es por azar que viven bajo una dictadura. ¡Ah, la historia!
Saïd el Kadaoui es psicólogo y escritor
Ilustración de Patrick Thomas
RAFAEL BUSTOS
A la velocidad a la que se suceden los acontecimientos en el país vecino y dado lo inesperado de los cambios
–nadie se los esperaba, y menos en Túnez–, es difícil analizar y dar recomendaciones que tengan validez más allá de algunos días o incluso de algunas horas.
Sin miedo a caer en la obsolescencia, se pueden afirmar dos cosas. La primera es que se ha producido el descabezamiento de un régimen autoritario, no su desmantelamiento. Es importante tener esto claro, porque las posibilidades de que triunfe un cambio democrático dependen de que se comprenda adecuadamente en qué situación está el país. Por mucho que los medios pongan el acento en la “autocracia”, en la “satrapía” o en la “tiranía”, expresiones que connotan el poder omnímodo de una sola persona, lo cierto es que el régimen tunecino era un sistema autoritario bastante sofisticado, casi una “dictadura perfecta”, pues en él se combinaban acertadamente el poder del partido dominante, Reagrupación Constitucional Democrática (RCD), de la policía y la Administración, con el manto protector de una ideología modernizante y laica, atractiva para Europa, y un modelo económico alabado por las instituciones internacionales. No olvidemos los cumplidos de gobernantes franceses y españoles hacia este sistema, tan estable e inamovible hasta ayer mismo.
El régimen no ha caído todavía y se resistirá a hacerlo, como lo demuestran los pillajes y tiroteos que se vienen produciendo, obra de milicias y de la guardia presidencial. Aunque Ben Alí, su odiada esposa y varios familiares se han marchado del país y algunos ayudantes directos del dictador han sido detenidos, muchos otros preferirán sembrar el caos antes que perder su posición y privilegios. No olvidemos tampoco que el partido ultradominante del ex presidente, el RCD, contaba con tres millones de militantes y simpatizantes en un país de apenas diez. Tampoco las fuerzas democratizadoras están bien organizadas, porque la larga dictadura laminó los partidos y todas las asociaciones contestatarias. Por eso, el anuncio de elecciones presidenciales en el plazo máximo de 60 días, de acuerdo con la Constitución vigente y las draconianas normas electorales, complica más que allana el cambio democrático. Haría falta evidentemente mucho más tiempo, o mejor, comenzar por la disolución de un Parlamento oficialista hasta la médula y la convocatoria de elecciones constituyentes. Pero recordemos que el régimen no ha caído todavía, hay que desmontarlo.
La segunda afirmación que podemos hacer es que estos cambios y revueltas populares se han producido sin ayuda externa aparente y, casi nos atreveríamos a decir, a pesar de los apoyos internacionales y europeos con los que contaba Ben Alí. La UE y sus gobiernos se felicitaban hasta el día anterior al vuelco del 14 de enero de las medidas tranquilizadoras anunciadas por Ben Alí. Dicho de otra manera, la falta de valentía de nuestros gobernantes no ha contribuido en nada al éxito de esta revuelta democrática que muchos árabes contemplan ahora con admiración. Es más, tratándose de un movimiento laico en una sociedad donde la oposición islamista ha sido brutalmente eliminada, las autoridades europeas carecían esta vez de excusa para no condenar a Túnez, exigiendo que las reclamaciones populares fueran atendidas y se respetaran los derechos humanos. Al volver a anteponer la estabilidad de su socio privilegiado al clamor popular, nuestros gobiernos han enviado un pobre y desalentador mensaje de lo que Europa está dispuesta a hacer. Pero todavía se puede rectificar.
Como decimos, Túnez se encuentra en un momento crucial. El cambio político iniciado puede avanzar o retroceder fatalmente. También puede enquistarse y derivar en más violencia (recordemos Argelia). Hasta ahora se han dado algunos pasos acertados y el ejército está asumiendo un papel de pacificador y mediador. Precisamente es porque determinados sectores del régimen han decidido abandonar a Ben Alí, como el ejército, los abogados y el sindicato principal, por lo que han tenido éxito estas movilizaciones. Algo que, al menos de momento, no se puede esperar en Argelia o Egipto. Pero hay obstáculos importantes que superar. El Gobierno de unidad nacional, dominado por el RCD, no va a incorporar a la oposición ilegalizada o en el exilio, la más importante, limitándose a ofrecer tres carteras a la oposición tolerada. Salvo cambio, las elecciones presidenciales tendrán lugar antes de 60 días y, con la ley actual, ningún candidato que no cuente con el apoyo del RCD o de los partidos oficialistas podrá presentarse. Hacen falta 30 firmas de diputados o alcaldes, y todos ellos salvo dos son del RCD o de partidos oficialistas. Es lógico que en estos momentos el Gobierno y el presidente interinos se guíen por las normas vigentes tal y como las interpreta el Consejo Constitucional, pero más pronto que tarde habrán de dotarse de una nueva legalidad que facilite el camino a la democracia.
Los países europeos ya no pueden pretender ecuanimidad entre el régimen y los manifestantes ni buscar una estabilidad que ha desaparecido. Mientras Alemania y EEUU convocaron al embajador de Túnez para analizar la situación en las últimas horas de Ben Alí en el poder, España o Francia, mucho más afectadas, permanecían inmóviles. Ahora, la situación ha cambiado radicalmente y es el momento de apostar decididamente por la vía democrática. Esto supone analizar la situación cuidadosamente, pero también sancionar cualquier deriva o intento de vuelta al pasado. Implica identificar a los actores verdaderamente reformadores y a los reaccionarios, asesorar en el proceso, respaldarlo financieramente si hace falta (medios para el ejército, abastecimiento, etc.) y pedir tiempo para
que las nuevas instituciones y prácticas democráticas se consoliden.
Rafael Bustos es Coordinador para Magreb-Oriente Medio en la Fundación Alternativas
Ilustración de Miguel Ordoñez
TRINIDAD JIMÉNEZ
El 12 de enero del pasado año Haití sufrió un terremoto que ha provocado una de las peores crisis humanitarias conocidas hasta la fecha. Fue una catástrofe de dimensiones sin precedentes, no sólo porque no es la primera vez que este país padece los efectos de huracanes, tormentas y otros desastres naturales, sino también porque Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, marcado por una enorme desigualdad y por una situación de crisis económica, social y política. Es verdad que los efectos devastadores del terremoto de Haití hubieran sido menores en un país con unas infraestructuras más adecuadas, unas condiciones de vida más dignas y una planificación que amortiguara la violencia del seísmo. En Haití te golpea la pobreza, pero también te admira la increíble capacidad para la lucha diaria por la vida de sus gentes que se esfuerzan por seguir adelante contra viento y marea.
El terremoto en Haití generó en España un impresionante movimiento de solidaridad. Desde el Gobierno hasta las ONG de desarrollo, pasando por comunidades autónomas, ayuntamientos, universidades y miles de ciudadanos anónimos, nuestro país se volcó en la ayuda de emergencia durante varias semanas. Sin duda, la solidaridad del pueblo español se vio reflejada en nuestro compromiso con América Latina y en nuestra presencia en el país caribeño: España es el tercer donante de ayuda internacional desde hace años y el primero de la Unión Europea. El hecho de contar con una Oficina Técnica de Cooperación, que coordina los proyectos de las numerosas ONG españolas presentes en el país, nos ha permitido canalizar esa solidaridad. España ya ha destinado un total de 170 millones de euros, que se financian con los impuestos de todos, y han sido utilizados en Haití para reparto de alimentos, proyectos de agua y de saneamiento, rehabilitación de escuelas, mejora de la atención sanitaria o programas de empleo. A esta ayuda pública habría que sumar los 106 millones de euros de donaciones, tanto de empresas privadas como de ciudadanos particulares.
Mucha gente se pregunta si la cooperación de España llega realmente a las víctimas de Haití, si los fondos de ayuda sirven para la reconstrucción del devastado país y si el esfuerzo de solidaridad vale la pena. Me parece especialmente importante subrayar que la ayuda llega; que los controles para verificar el destino de los fondos son exhaustivos tanto por parte de organismos internacionales como de España; y que Haití viviría una situación mucho más grave sin la cooperación de los países donantes. Es cierto que la vida cotidiana para la mayoría de los cerca de 10 millones de habitantes de Haití es aún desesperada: cientos de miles de personas viven en campamentos de refugiados y el reciente brote de cólera ha agravado la situación sanitaria de la población. Pero también es cierto que la actividad escolar se ha reanudado y que los niños comen en los centros educativos; que muchas pequeñas empresas y autónomos han vuelto a abrir sus negocios en Puerto Príncipe; que la cooperación internacional presta servicios públicos básicos como la distribución de agua potable; y que se ha reforzado la atención sanitaria. En este sentido, en respuesta a la epidemia de cólera, España ha hecho cinco envíos de material sanitario que en total suman ya cerca de 95 toneladas.
A todos nos preocupan la lentitud en la reconstrucción y las dificultades para lograr con rapidez unas condiciones de vida dignas para los haitianos. Todos compartimos un mismo objetivo pero, sin duda, tenemos que llevarlo a cabo de la mano de los haitianos, de sus dirigentes políticos y sociales, de su Gobierno y de sus instituciones, si queremos que el proceso de reconstrucción sea sólido, sostenible y exitoso. Se trata de una tarea para una década y no para unos meses.
Por ello, cuando hoy se cumple un año del terremoto de Haití, quiero reafirmar que el compromiso del Gobierno y de la sociedad española es firme y sigue en pie.
También quiero reconocer especialmente la labor que realizan las decenas de cooperantes españoles desplazados en ese país caribeño y que están resultando imprescindibles para hacer llegar la ayuda a todos los que la necesitan, así como la colaboración que están prestando las comunidades autónomas y los ayuntamientos aportando recursos y personal.
Haití figura entre los países prioritarios para la cooperación en América Latina y vamos a continuar apoyando los esfuerzos para la reconstrucción del país. Se trata de un gran desafío para la cooperación española porque es uno de los países más pobres del mundo, pero las nuevas generaciones de haitianos se merecen un futuro mejor. Y España estará a su lado.
Trinidad Jiménez es Ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación.
Ilustración de Gallardo
ERIKA RODRÍGUEZ
Mientras los europeos se han asomado a 2011 con más temores que certezas en materia económica, una gran parte de los latinoamericanos verá 2010 y 2011 como dos de sus mejores años. América Latina no sólo no sufrió lo peor de la crisis, sino que en 2010 ya consiguió recuperar el crecimiento anterior a la misma, que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) estima en el 6%, el más alto desde 2004. Para 2011, por su parte, el organismo es más austero y proyecta que el crecimiento de la región disminuirá al 4,2%. Aun así, en el marco de la desvencijada economía global, las proyecciones son halagüeñas.
La resistencia de América Latina a la crisis se explica en que esta vez la región siguió una actitud macroeconómica previsora y contracíclica que se sumó al aumento continuado de la demanda de materias primas en los últimos años y a la subida de los precios del petróleo y los minerales.
El aumento en la participación de las materias primas en las exportaciones en América del Sur, México, República Dominicana y los países de la Comunidad del Caribe
(CARICOM) ha hecho que el primer decenio del siglo XXI sea el de la “reprimarización”, una vuelta a la explotación de los recursos naturales en una región que cuenta con el 15% de las reservas de petróleo, gran cantidad de minerales, un cuarto de la tierra cultivable y el 30% del total del agua dulce del planeta.
De hecho, lo extraño es que a finales de los noventa, los productos primarios representaran únicamente el 26% de las exportaciones, cuando en los años sesenta y setenta fueron casi el 70% de las mismas y hoy en día son más del 55%. Esta caída y recuperación se explican en el aumento de los precios de los principales productos: petróleo, cobre, soja, café, banano, hierro y acero, directamente relacionado con el crecimiento de la economía china, que se ha convertido en el primer destino para las exportaciones de Brasil y Chile y en el segundo para las de Argentina, Costa Rica, Cuba y Perú. Para valorar la importancia de los recursos naturales, baste decir que el 90% de los latinoamericanos vive en países que son exportadores netos de bienes primarios. Pero como no todo lo que brilla es oro, la región ya ha perdido varias veces la oportunidad de aprovechar sus recursos para alcanzar el desarrollo. Pese a su riqueza natural y crecimiento económico, sigue siendo la más desigual del mundo.
Aunque los presidentes parezcan confiados en la tasa de crecimiento y en que el producto de las exportaciones soporte el grueso del gasto social, hay muchos motivos para la cautela. Hace falta obrar con prudencia, basándose tanto en la experiencia de otros periodos de auge –cuya oportunidad terminó desvaneciéndose– como en las debilidades de un modelo productivo tan susceptible a las variaciones de la economía internacional.
El marcado dinamismo de las exportaciones de materias primas no se ha visto acompañado por un crecimiento igualmente dinámico de los servicios asociados en materia de logística, mercadeo y biotecnología, entre otros. Además, los sectores primarios son de escaso valor agregado y con remuneraciones al trabajo muy bajas e inestables, por lo que no necesariamente repercuten en mejoras en el consumo interno y la calidad de vida de los trabajadores. Estos sectores también sufren más fuertemente la volatilidad de los precios y el deterioro de los términos de intercambio, lo cual los hace altamente susceptibles en un mundo que se debate en lo que se ha denominado la “guerra de divisas”.
Por otro lado, aunque se ha desplazado el esquema de producción Norte-Sur por uno Sur-Sur es posible volver a caer en modelos económicos tipo centro-periferia, esta vez con China en el eje, lo cual no representaría más que un retroceso en el posicionamiento económico global de la región. Finalmente, con la reprimarización, América Latina está colocando mayor presión sobre su base de recursos naturales, intensificando sus costes ecológicos y ambientales.
Convertir el auge de las materias primas en una oportunidad o caer en la “maldición de los recursos” está, ahora más que nunca, en manos de los gobiernos latinoamericanos. Es indispensable aprovechar el aumento de los recursos para afianzar un gasto social que fundamente transformaciones estructurales, evitando quedarse en políticas de subsidios masivos y asistencialismos que, a la larga, no traen más que
desestabilización una vez que se terminan los recursos para sostener los subsidios. Una fiscalidad sana y progresiva es una de las metas más importantes. Hace falta enlazar la producción primaria con el desarrollo de servicios asociados y con la innovación necesaria para aprovechar plenamente las ventajas comparativas y evitar el coste medioambiental.
Es también importante consolidar el comercio regional –en el que tienen un peso del 80% las exportaciones de manufacturas provenientes de pequeñas y medianas empresas, que son las grandes generadoras de empleo de calidad– y, finalmente, manteniendo las políticas macroeconómicas austeras y previsoras. América Latina no puede olvidar ni la tendencia cíclica de la economía ni la fragilidad del sistema económico global, tanto por las variaciones en el mercado de divisas como por la posibilidad de una nueva crisis financiera.
Para 2011, los gobiernos latinoamericanos deberían hacer una larga lista de buenos propósitos, y aprovechar que se han roto los paradigmas y que esta vez pueden ser los protagonistas de un giro en la larga historia de oportunidades perdidas de la región, para, de una vez por todas, transformar los indicadores económicos en verdaderas mejoras sociales.
Erika Rodríguez es Coordinadora del Panel América Latina OPEX de la Fundación Alternativas.
Ilustración de Iker Ayestarán
BORJA LASHERAS y ANTONIO ORTIZ
Los contornos del futuro orden internacional son aún borrosos. Pero será seguramente un mundo multipolar o no-polar, donde coexistirán potencias de influencia dispar y donde la competición geopolítica será central. La crisis económica y financiera acelera tendencias estratégicas de fondo. Así, el estancamiento político, económico y social de Europa, al que se añaden los errores estratégicos de la Administración Bush, precipitan el desplazamiento del centro de gravedad económico y político hacia Asia y el Pacífico. La reciente gira de Obama por Asia reviste casi más importancia para la política exterior estadounidense que las cumbres con los socios europeos de la OTAN y la UE en Lisboa. Un mayor compromiso en Afganistán es requisito para la celebración misma de las cumbres: habrá viajes de Obama a Europa a cambio de tropas (trips for troops).
Hace poco, en plena hegemonía estadounidense, cercenar el momento unipolar era una necesidad para corregir lo que Paul Kennedy llamaba la desproporción imperial, el hubris de EEUU. Sin embargo, la actual evolución hacia un orden multipolar no parece reforzar el multilateralismo, ni impulsar acuerdos colectivos frente a nuevos desafíos globales. La reciente cumbre del G-20 en Seúl es un caso elocuente. Más allá de lo económico, la inapetencia por el multilateralismo se manifiesta en otros ámbitos. Las organizaciones con responsabilidades de seguridad y defensa –ONU, UE, OTAN u OSCE– elaboran por su cuenta parecidas listas de amenazas y desafíos, pero no existe un verdadero consenso entre sus miembros acerca de las prioridades. Crecen las diferencias políticas en la agenda de seguridad, incluso ante amenazas sistémicas como la nuclear. El criterio de éxito colectivo ya no es la modificación de la conducta de los transgresores, sino el proceso formal: basta con que órganos como el Consejo de Seguridad alcancen alguna decisión, independientemente de su impacto. Cuando los riesgos o los intereses no son tan obvios, como conflictos en estados fallidos o violaciones masivas de los derechos humanos –en Somalia o Congo–, las posibilidades de acciones conjuntas son aún menores.
El multilateralismo parece estar en retirada. Entramos en una etapa de renovado proteccionismo estratégico, agudizado por la crisis económica. La política exterior se renacionaliza frente a la concertación en las instituciones internacionales. La Unión Europea vive una seria crisis de solidaridad, reflejada en las profundas divisiones a la hora de acordar mecanismos para salvar al euro de las especulaciones financieras.
En este contexto, foros como el G-20 aparecen como alternativa a los órganos institucionales clásicos. A ello contribuye el hecho de que el sistema multilateral, centrado en la ONU, resulta ineficaz para prevenir violaciones de las reglas básicas de juego, adolece de falta de legitimidad por el déficit democrático de muchos de sus miembros y carece de medios para responder adecuadamente a las necesidades de gobernanza global, marcadas por desafíos transversales como el cambio climático o las pandemias. El resultado es, por un lado, un sistema institucional heredado de la Segunda Guerra Mundial, con síntomas de quiebra, y, por otro, un incipiente pero inestable orden basado en el clásico equilibrio de poderes en torno a una o dos potencias globales (EEUU y China), varios aspirantes (como la UE), una multitud de potencias regionales y alianzas variopintas.
Sin embargo, la cumbre de Seúl (o la del cambio climático en Copenhague) nos muestra los límites de una pseudogobernanza global basada en equilibrios de poder, con un enfoque reactivo y coyuntural, cuando resulta necesario generar acuerdos sostenibles en cuestiones vitales. El propio G-20
simboliza las dificultades de un orden multipolar. Tras un momento de gloria ante la extraordinaria crisis financiera de 2008, encalla hoy por esa misma lógica de poder y la disparidad de intereses entre sus miembros. Algo parecido sucede en el ámbito de la seguridad. La falta de percepción de una amenaza estructural tras el final de la Guerra Fría lleva a una fragmentación de la seguridad europea. El resultado es la deriva estratégica de la OTAN y el estancamiento de los mecanismos para desarrollar la política de defensa europea que introdujo el Tratado de Lisboa frente a acuerdos bilaterales como los firmados recientemente entre Francia y Reino Unido.
Es necesario reformar instituciones como el FMI o el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero objetivos como la paz y la estabilidad exigen algo más que cambios cosméticos para dar cabida a potencias emergentes. El mundo del siglo XXI es demasiado interdependiente y complejo para ser reorganizado exclusivamente en claves de soberanía. Un multilateralismo moderno exige un nuevo marco de cooperación que, además de los ine-
vitables equilibrios de poder, tenga en cuenta la diversidad de los desafíos actuales y la necesidad de reafirmar un modelo normativo sobre una base democrática y de respeto a los derechos humanos.
Los estados europeos, individualmente, tienen mucho que perder en este orden multipolar. Pero la UE, como proyecto pos-soberano, tendría ventajas comparativas si aprovecha de manera creativa los desafíos que plantea la crisis económica. Tony Judt hablaba de la incapacidad de los gobernantes actuales de concebir la política más allá de un estrecho economicismo. Desgraciadamente, este parece ser el criterio de análisis estratégico de las nuevas instituciones de Bruselas. La ambición de Europa no puede ser la mera suma de las ambiciones particulares de sus estados. Es necesario un interés colectivo europeo para moldear el entorno global, avanzando en algunas opciones con verdadero impacto geopolítico, como la integración de Turquía.
En este otoño de cumbres multilaterales –Seúl, Lisboa (OTAN y UE), Astana (OSCE)–, a Europa le interesa que el mundo multipolar sea también multilateral. Para ello se necesita una verdadera visión política sobre la gobernanza global y no sólo juegos de póquer para mantenerse en la foto del día, como vienen haciendo los gobiernos europeos desde que estalló la crisis.
Borja Lasheras es investigador del panel de expertos de la Fundación Alternativas.
Antonio Ortiz es miembro de la misión de la Unión Europea en Ramala.
Ilustración de José Luis Merino.
GERARDO PISARELLO
JAUME ASENS
En medio de una fuerte contestación social a su política económica, Nicolas Sarkozy echó mano de la expulsión de miles de familias gitanas para mostrar una imagen de Gobierno duro y de orden. Desde algunos sectores se pensó que la reacción inicial de la comisaria europea Viviane Reding podía suponer una inflexión en la política de la Unión Europea en la materia. A medida que pasan los días, nada parece abonar semejante optimismo. En tiempos de crisis, tanto Bruselas como los propios gobiernos europeos parecen más dispuestos a tolerar la utilización de la población gitana o de los migrantes como chivos expiatorios que a impulsar una alternativa genuinamente garantista enfocada hacia los derechos de las personas más vulnerables.
En realidad, Sarkozy coloca a la Unión Europea ante el espejo y no miente cuando afirma que su política, lejos de ser excepcional, se inspira en prácticas y normas similares a otras ya existentes. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, de hecho, lleva años denunciando en sus informes discriminaciones masivas contra personas de etnia gitana no sólo en Francia, sino también en otros países de la región como Reino Unido o Alemania. Y lo mismo ocurre con el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa o con el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuya jurisprudencia sobre vulneración de derechos habitacionales a la población romaní no ha hecho sino crecer en las últimas décadas.
Aunque estas amonestaciones y sentencias han sido de gran importancia para mostrar no sólo la injusticia, sino la ilegalidad de estos fenómenos, pocas veces han llevado a los gobiernos involucrados a modificar sus políticas. De hecho, muchos dirigentes europeos han reconocido sin sonrojo que si las expulsiones francesas no hubieran recaído sobre gitanos de origen búlgaro o rumano, sino sobre gitanos o inmigrantes extra-comunitarios, el escándalo hubiera sido mucho menor.
Buena prueba de ello es que el Gobierno de Silvio Berlusconi –uno de los principales valedores de Sarkozy– lleva tiempo ordenando allanamientos masivos contra campamentos de gitanos migrantes. Cuando lo hizo por primera vez en 2008 en ciudades como Roma, Milán o Nápoles, estos allanamientos acabaron con la expulsión de centenares de romaníes albaneses y balcánicos. La permisividad comunitaria animó a Berlusconi a ir incluso más allá. Tipificó la inmigración irregular como un delito y anunció que tomaría huellas dactilares de los gitanos para tenerlos identificados. Sólo la protesta de algunas organizaciones de derechos humanos y de defensa de los sin papeles forzó al Parlamento europeo a exhortarle sin demasiado éxito para que cesara su acoso a la población romaní.
En rigor, la impresión más generalizada es que las instituciones europeas pueden exhibir cierta sensibilidad simbólica frente a actos de xenofobia extremos y mediáticos. Pero no se alteran de igual modo si estos discurren de manera silenciosa y cotidiana. Varios parlamentarios socialistas que en su momento censuraron a Berlusconi y que ahora critican a Sarkozy votaron, por ejemplo, la ominosa Directiva de Retorno que permite extender hasta seis meses (y a veces a 12) el período de retención de inmigrantes en centros de internamiento por el solo hecho de encontrarse en situación de irregularidad administrativa. Incluso en el caso español, muchos de los que hoy ponen el grito en el cielo por las medidas de Sarkozy, aplaudieron como un signo de “realismo” el recorte de derechos que la última reforma de la legislación de extranjería impuso a miles de inmigrantes cuya situación social no difiere en sustancia de la de los gitanos expulsados de Francia. Y son los mismos, en el fondo, que apenas se inmutan cuando las expulsiones tienen lugar lejos del ojo de las cámaras.
Naturalmente, colocar los focos sobre los más vulnerables, presentándolos como los principales culpables de la inseguridad en los barrios, del colapso de los servicios sociales o de la falta de empleo, puede ser un recurso útil para obtener votos o para absolver a los verdaderos responsables de la crisis. Que el Gobierno de Sarkozy, de hecho, impulse la prohibición del burka y coloque a los gitanos en el punto de mira, al tiempo que acomete, sin debate alguno, un recorte de las pensiones en Francia, no debería verse como una simple coincidencia. Que el Partido Popular intente imitarlo, buscando gitanos o migrantes conflictivos bajo las piedras de cara a las elecciones próximas, tampoco.
Tras el revuelo inicial, los ejecutivos europeos –incluido el de Rodríguez Zapatero– han conseguido que la Comisión esta semana decidiera no sancionar a Francia por discriminación. Simplemente le pide que explique cómo traspondrá en los próximos meses una Directiva sobre libre circulación de “ciudadanos comunitarios” aprobada en 2004. Esta salida blanda, que contrasta con la firmeza que las mismas instituciones exhiben cuando imponen programas de ajuste y lecciones de austeridad, ha sido presentada como un triunfo de la legalidad. Analizada con detenimiento, sin embargo, apenas traduce un uso estrecho y oportunista de la misma. Un uso, en todo caso, muy alejado de la mejor tradición garantista, que tuvo su cuna en Europa y que, en materias como la política migratoria y an-
tirracista, está siendo enterrada por una Unión Europea cada vez más alejada de ella.
Gerardo Pisarello y Jaume Asens son Juristas y miembros del Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Barcelona.
Ilustración de Enric Jardí.
JOSEP FONTANA 
En los tiempos en que Margaret Thatcher se enfrentaba al movimiento antinuclear, lanzó una campaña de propaganda con el lema Protect and Survive (Protégete y sobrevive), en el que se decían cosas como “este folleto te explica cómo asegurar tu casa y tu familia contra un ataque nuclear”. Los dirigentes del movimiento contraatacaron transformándolo en Protest and Survive (Protesta y sobrevive), que se convirtió en uno de los grandes lemas de las campañas por la paz y el desarme.
Treinta años después volvemos a estar en una situación parecida, ante una amenaza distinta, pero no menos grave, que pone en peligro nuestra subsistencia y nuestro bienestar. La catástrofe económica de 2008 se produjo al término de 30 años de un proceso creciente de desigualdad que hizo posible que los beneficios de las empresas alcanzaran máximos en 2004. “El otro lado de la cuestión –afirmaba The Economist– es que la parte del trabajo nunca ha sido más baja (…). En los últimos tres años los beneficios empresariales han aumentado en Estados Unidos en un 60%; los ingresos salariales sólo un 10%”. Según cálculos del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, la media de los ingresos de los hogares norteamericanos cayó un 4% entre 2000 y 2008, durante unos años de crecimiento económico.
En mayo de 2009, cuando la catástrofe se había traducido ya en empobrecimiento y paro, un documento firmado por 40 economistas –entre ellos los premios Nobel Kenneth Arrow y Robert Solow– analizaba las consecuencias de lo que Paul Krugman ha llamado la época de “la gran divergencia”, y declaraba: “En ese tiempo, prácticamente todo el crecimiento económico de la nación fue a parar a un reducido número de nortea-
mericanos ricos. Una de las razones de peso que explican este paso que va de una prosperidad ampliamente compartida a una creciente desigualdad es la erosión de la capacidad de los trabajadores para organizarse sindicalmente y negociar colectivamente”.
Parecería lógico que la conclusión a que se hubiera llegado a partir de estos datos fuese la de que había que reformar el sistema para hacerlo más equitativo, con el fin de aumentar la demanda y recuperar el potencial de trabajo que la crisis dejaba fuera de uso. Lejos de ello, los beneficiarios de este reparto desigual se están valiendo del potencial que les otorga el hecho de ser los dueños de los medios de información de masas para practicar un lavado colectivo de cerebro cuya finalidad es convencernos de que los males no se deben a sus errores de gestión y a su codicia, sino a que los gobiernos han gastado demasiado en servicios sociales. Su remedio consiste en dejar intactos los mecanismos que aseguran su enriquecimiento, equilibrar los presupuestos estatales disminuyendo el gasto en educación, sanidad o pensiones, y convencer a la inmensa mayoría de los perjudicados para que se resignen a un futuro con altas tasas de paro y un descenso de sus niveles de vida. Como ha dicho Mark Weisbrot: “Los medios de difusión de masas son, en el siglo XXI, una de las fuerzas más poderosas que bloquean el progreso económico y social. A ellos se debe que decenas de millones de norteamericanos estén convencidos de que los déficits del presupuesto son más importantes que las vidas arruinadas por el paro”.
Más grave resulta aún la complicidad de los gobiernos, que aceptan la situación y se limitan a aplicar medidas cosméticas inofen-
sivas para apaciguar al público. Los mecanismos de formación de opinión que maneja la derecha representan una amenaza que no se atreven a desafiar. En Estados Unidos, donde los medios de Murdoch dirigen el ataque, un personaje tan turbio como Dinesh D’Souza ha publicado en Forbes un artículo, “Cómo piensa Obama”, en que nos desvela el misterio de la política del actual presidente de Estados Unidos: lo que Obama se propone, con medidas como la de ofrecer atención médica a unos 50 millones de norteamericanos que carecen de ella, es seguir las ideas antiimperialistas de su padre, que era un keniata de la tribu luo, con el fin de destruir Estados Unidos.
Más seria aún es la amenaza que representa el populismo ultraconservador del Tea Party, ese aquelarre que Will Bunch ha retratado en The Backlash, que está sostenido y financiado por un grupo de billonarios empeñados no sólo en conservar los privilegios fiscales alcanzados con Bush, sino en avanzar hacia la destrucción de lo poco que queda del Estado del bienestar.
Entre sus patrocinadores principales están los hermanos Charles y David Koch –dos de los hombres más ricos de Estados Unidos, propietarios de industrias altamente contaminantes–, quienes, a través de Americans for Prosperity, financian toda una serie de grupos que combaten la reforma sanitaria, los sindicatos, las medidas para prevenir el cambio climático, etc. Para entender cuál es el mundo que aspiran a crear, baste recordar que en 1980 David Koch se presentó a las elecciones por el Libertarian Party con un programa que proponía la supresión de la Seguridad Social, del FBI, de la CIA, del Departamento de Energía y de las escuelas públicas, entre otras instituciones del Estado.
Este es el futuro con el que nos amenaza la derecha y del que una socialdemocracia en quiebra no es capaz de defendernos. Si aspiramos a sobrevivir, sólo nos queda volver a organizarnos para protestar.
Josep Fontana es historiador.
Ilustración de Federico Yankelevich
JESÚS CUADRADO BAUSELA
Reconozca que es una guerra”. Es toda la doctrina que es capaz de aportar el PP de Rajoy al debate sobre Afganistán; que es una guerra, como la de Irak, por supuesto. El líder del PP no está sólo; le acompañan quienes la consideran una guerra de ocupación, imperialista, como la de Vietnam. Unos y otros le han declarado la guerra a Obama. Unos, por pusilánime, los otros, por belicista. Tanto manual de guerra fría conduce a demasiados tópicos sobre Afganistán. Tópicos que, por necesidades del guión, convierten a los asesinos de pequeñas escolares en una especie de “movimiento de liberación talibán”.
En 1995, en poco más de dos meses, fueron asesinados a machetazos en Ruanda más de 800.000 tutsis y hutus moderados. En dos meses. Y seguimos cómodamente, por televisión, ese espectáculo. ¿Debió la comunidad internacional emplear la fuerza militar? En 2005, en la cumbre mundial de la ONU, al fin, se aprobó el principio de “la responsabilidad de proteger”. Es decir, “la aceptación clara e inequívoca de todos los gobiernos de la responsabilidad colectiva internacional de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad”. En Ruanda en 1995, y hoy en Afganistán. Y frente a los genocidios en marcha en Somalia, en Sudán o en el Congo. ¿Saben quiénes se han estado resistiendo a aprobar ese principio kantiano de solidaridad? Neoconservadores y neomarxistas. No confundir, pues, con guerras de ocupación, la obligación de imponer la paz en aquellas situaciones en las que, como en Ruanda o en el Afganistán de los talibán, “los cielos se abren”.
Quienes califican la misión de “imposición de la paz” de Naciones Unidas en Afganistán como una “guerra de ocupación” necesitan demostrar la oposición de los afganos a los ocupantes, como los vietnamitas en su día, o los propios afganos contra los británicos o contra los soviéticos. Pero ¿qué piensan los afganos? Contamos con muchos encuestas y todas coinciden en un rasgo común: los afganos temen y odian a los talibanes. En el pasado mes de febrero se publicaba el resultado de una encuesta de la BBC, ABC News y de la ARD alemana con un resultado claro. El 90% se opone a los talibán y sólo un 8% los apoya; el 66% culpa a los talibanes y a Al Qaeda de la violencia en el país; el 76% rechaza los ataques a las tropas de la ISAF (Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad). Si a los afganos se les pregunta, como en un estudio reciente de intermón y otras organizaciones, por su recuerdo de la violencia sufrida en estos 30 años, tienen pocas dudas: los peores, los soviéticos, seguidos de cerca por los talibanes. Apenas citan a las tropas de la ISAF. Los afganos saben que sin Estado no hay seguridad, y sin seguridad no hay desarrollo. Ni escuelas a las que puedan asistir las niñas, a las que los valientes patriotas talibanes arrojan ácido a la cara.
Hace unos días se publicaba el último informe sobre “la protección de civiles” de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA). ¿Está aumentando el número de víctimas civiles por acciones de la ISAF? En realidad, lo que UNAMA destaca es un descenso del 30% y un aumento del 53% de víctimas de los ataques terroristas de los talibanes, que, como recoge el propio estudio, son los causantes de la inmensa mayoría. En realidad, como reconocen las ONG que trabajan sobre el terreno, desde que Estados Unidos, con Obama, se ha unido a la estrategia de la ISAF
–que hace de la seguridad de los civiles la máxima prioridad–, los resultados son evidentes y el informe de UNAMA lo avala. Sí, han aumentado las víctimas civiles por acciones terroristas de los talibanes.
¿Ha habido resultados? Tanto a los neoconservadores como a los neomarxistas les suele molestar que se recuerde cuántos niños, y niñas, pueden ir a la escuela, cuántos millones de refugiados han vuelto a casa, cuántos han sido vacunados contra la polio, o cuántos servicios sanitarios han sido posibles gracias a la seguridad que proporciona la ISAF. El ejército no es una “oenege”, que diría Rajoy. Veamos, pues, otros resultados. Si me piden que elija un baremo para medir el éxito de una acción de la comunidad internacional ante un “Estado fallido”, seleccionaría la construcción de su propio sistema de seguridad nacional. Pues bien, en Afganistán había en 2004 menos de 20.000 militares y 5.000 policías afganos, y hoy están desplegados más de 80.000 policías y 134.000 militares nacionales. Sí, hay avances para ir programando ya una retirada progresiva, “provincia a provincia, distrito a distrito”. Como ya se ha hecho en Kabul.
¿Qué alternativa proponen quienes consideran que se trata de una guerra imperialista de ocupación? Proponen que las tropas de la ISAF salgan del país. ¿Y después? Que el dinero que se gasta con la presencia militar allí se dedique a programas de desarrollo. ¿Y quién proporcionará la seguridad para hacerlo posible? Con seriedad, en un mundo de amenazas y riesgos globales, uno de los mayores desafíos de la comunidad internacional es la respuesta coordinada y legitimada a los “estados fallidos” en Afganistán, en Somalia o en el Sahel. Para no equivocarse en este nuevo escenario de seguridad, conviene olvidarse de manuales de otras épocas, inútiles y peligrosos en esta. Y para el futuro de la izquierda, le iría bien no confundir a Afganistán con Irak, a Obama con Bush o a Zapatero con Aznar.
Jesús Cuadrado Bausela es portavoz de Defensa del Grupo Socialista en el Congreso.
Ilustración de Enric Jardí
WOLFGANG KALECK
GONZALO BOYE TUSET
Mientras los europeos de bien disfrutábamos de esas vacaciones a las que nos acostumbró el Estado del bienestar,
Sarkozy, imitando a Berlusconi, deportó a unos 700 gitanos de origen rumano; como en Italia, la excusa fue la supuesta relación entre inmigración y delincuencia. La verdad, sin embargo, dista mucho de ser así y la medida adoptada por el presidente francés no tiene otra explicación que la creciente xenofobia que nos recuerda procesos masivos de expatriación propios de la historia europea más reciente.
En Italia fue la violación de dos mujeres lo que desencadenó las medidas implementadas por
Berlusconi; en Francia, los desórdenes provocados por la muerte de un sin techo fallecido mientras huía de la policía. Hechos aislados que son usados para justificar la idea de inmigrante=delincuente.
La realidad de los sin techo (gens du voyage) en Francia dista mucho de ser la que se nos ha presentado toda vez que existirán unos 400.000 gens du voyage franceses (ninguno de ellos expulsados) de los que sólo 15.000 serán de etnia gitana rumanos; del total de 400.000, equivalen al 0,00025%, cifra que puede considerarse como un error de cálculo que no justifica el trato dado a dicha población, tan europea como
el resto de nosotros, los que estábamos veraneando.
Estas deportaciones, que ahora trascienden por razones de política interna, no son más que la continuación de las realizadas por Francia en 2009 cuando trasladaron forzosamente a 10.000 gitanos rumanos en 44 vuelos. Es decir, estamos ante una política perfectamente establecida y no ante una respuesta histérica a un problema puntual y, justamente por tratarse de una política del Estado francés
–siempre imitable–, es por lo que debemos preocuparnos.
Cuando Rumanía ingresó en la UE, presiones francesas y de otros impusieron periodos de moratoria en materia de libre circulación de personas –contenidas en el artículo 23.2 del Acta de Adhesión de Rumanía y Bulgaria–. Francia es uno de los países que mantiene en vigor el aplazamiento de la plena incorporación rumana al espacio común europeo que, encontrando algún sustento legal, no debería encontrar ni comprensión, ni aceptación ni respeto en el plano de la moral y, sobre todo, de los principios que dicen regir a dicho Estado: libertad, igualdad y fraternidad.
Libertad restringida por la decisión política de Sarkozy al detener o retener, lo mismo da, a un grupo significativo de rumanos (por ser gitanos), deportándolos a su país de origen.
Igualdad brutalmente atacada con este proceso de deportaciones porque sólo afecta a los sin techo de etnia gitana y nacionalidad rumana, no así a la gens du voyage de origen francés o de algún origen más aceptable para el presidente galo.
Fraternidad destrozada porque no hay nada menos amistoso que el trato dado a dicha comunidad en lo que, como ya dicen en Francia, no es más que la “etnitización” de un problema que va mucho más allá del origen de las personas sin techo.
La idea central con la que se nos vendió el concepto de “una Europa sin fronteras” se sustenta en la libre circulación de personas, mercancías y capitales pero, al respecto, no es irrelevante la directiva 38/2004 por la cual se establece una salvedad a dicha libertad ambulatoria amparada en cuestiones de “orden público”, directiva gestada como respuesta a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea en el asunto Donatella Calfa, y base legal sobre la que ha actuado Sarkozy quien, además, cuenta con la comprensión de Basescu, presidente de todos los rumanos… que no sean gitanos.
Dicha directiva, en sus artículos 27 y 28, prohíbe la expulsión de los menores de edad y de quien acredite un arraigo superior a diez años y, para su aplicación, exige el respeto de los principios de proporcionalidad, audiencia y responsabilidad individual del afectado. Nada de esto ha sido respetado por Sarkozy con la oposición de algunos de sus propios diputados como Jean-Pierre Grand e, incluso, las manifestaciones contrarias de amplios colectivos sociales comprensivos de los propios gitanos franceses y aplaudida discretamente en España, por muchos, y, sin disimulos, por el PP de Badalona. Las razones de orden público son aplicables de forma personal, es decir, a cada persona por sus propias actuaciones, pero jamás a colectivos enteros y, mucho menos, por razones étnicas como sucede con los gitanos de origen rumano.
Si realmente la Europa que nos piden ayudar a construir es la de la libre circulación de personas, capitales y mercancías, dicha libertad debe ser extensiva a todos y no sólo a quienes cumplan unos determinados cánones aceptables para los colectivos más reaccionarios de este continente que, cada día más, tiende a repetir errores del pasado reciente; la Europa unida funcionará en la medida que compartamos valores y derechos garantizados para todos, con independencia de la etnia a la que pertenezcamos.
Ante este problema, Alemania debería jugar un papel relevante que su propia historia le demanda en virtud de los casi 500.000 gitanos asesinados durante el nazismo, no debiéndose olvidar que ese exterminio vino precedido de unas campañas de propaganda y actos de discriminación como los actuales; esta vez no podemos permitir que las cosas lleguen tan lejos y el resultado final depende de todos nosotros.
Wolfgang Kaleck es presidente del European Center for Constitutional and Human Rights y Gonzalo Boye Tuset esabogado
Ilustración de Miguel Ordóñez
