La cumbre europea sobre inmigración ha demostrado una vez más la mala conciencia y falta de solidaridad y eficacia de una UE en la que predominan los egoístas intereses nacionales antes que la voluntad de forjar políticas comunes, incluso en el terreno humanitario. Además, ilustró de forma clamorosa –para quien quiera verlo- la responsabilidad de los dirigentes comunitarios en la tragedia que está cubriendo de cadáveres el gran lago que separa el mundo de la miseria y la persecución sectaria del supuesto oasis de prosperidad y esperanza que, para los desheredados y perseguidos de África y Oriente Próximo, representa el Viejo Continente.

Europa cava las tumbas del cementerio marino mediterráneo, que se cuentan ya por miles en esta primavera de muerte. El objetivo de eliminar el efecto llamada llevó a sustituir la Operación Mare Nostrum, centrada en el rescate y con un radio de acción que casi llegaba a las costas africanas, por las de vigilancia Tritón y Poseidón, con menos medios y cobertura geográfica y en las que el propósito de blindar la fortaleza Europa está por encima de salvar vidas. Incluso con el aumento de un 300% de los recursos, estos apenas si alcanzarán los que aportaba Italia en solitario al operativo desmantelado a finales de 2013.

El resultado está a la vista: no solo se ha producido un aumento exponencial del número de muertos en el naufragio de frágiles embarcaciones en las que se hacinan centenares de personas –incluidos niños y mujeres embarazadas-, sino que ha fracasado de forma estrepitosa el intento de disuadirles de jugarse la vida. Con solo la frialdad legal de las cifras, la UE debería haber cambiado drásticamente su política migratoria –o más bien su falta de ella-, pero no ha sido así. Lo triste es que ya no le sorprende a nadie.

La decisión adoptada en la cumbre de aumentar los medios y los fondos para el patrullaje marino llega tarde, es insuficiente y conserva el pecado original de definir la misión como de control, no como de rescate. El argumento exhibido con desfachatez por el polaco Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, de que la asistencia a los náufragos está garantizada por la ley del mar, que obliga a socorrer a los ocupantes de cualquier barco en apuros, supone una escandalosa muestra de cinismo, una más, y no será la última.

Otro tanto cabe decir del hecho de que se mantenga la decisión de que los rescatados sean conducidos a los puertos del país más cercano al naufragio, lo que condena a Grecia, Malta, España y, ahora sobre todo, a Italia a asumir una carga desproporcionada. La barrera que separa Turquía de Grecia y el relativo blindaje de la orilla española gracias sobre todo a la colaboración marroquí (que no saldrá gratis), junto a los millones de huidos de los conflictos de Eritrea, Somalia y sobre todo Siria, han concentrado en la costa norteafricana –de manera singular en Libia- a una masa de desesperados que luego se hacinan en las embarcaciones con rumbo al estrecho de Sicilia.

No tienen un lugar al que regresar –esa es la peor de sus pesadillas-, tampoco pueden quedarse en Libia –donde les acechan mil y una amenazas-, lo que les obliga a jugarse la vida contratando con las mafias un viaje azaroso con perfil de ruleta rusa. Poco importa a esa gente sin alternativa que la Operación Tritón tenga un alcance más limitado que la Mare Nostrum y no se centre en evitar que se ahoguen. Aun así no les queda otra que asumir el riesgo.

La actitud de los veintiocho no ha hecho sino agravar las consecuencias de la tragedia. Las decisiones de la cumbre no tienen por qué alterar en lo esencial las coordenadas del problema, sobre todo porque es de temer que las que puedan suponer algún alivio real tarden en aplicarse y se diluyan con el tiempo. De las cuatro medidas adoptadas, sólo una –el aumento de la vigilancia- tendrá efectos rápidos, aunque limitados. Y es policial, no humanitaria. La lucha contra los traficantes de carne humana, atacar al problema en su raíz y compartir la carga de los refugiados de manera más equitativa son ya harina de otro costal.

Ir al origen supondría, en sentido estricto, resolver las causas de la oleada migratoria, sobre todo de la que no tiene motivos estrictamente económicos, porque sacar a media África de la miseria ni siquiera figura en la agenda europea más lejana. No está en manos de la UE acabar con los conflictos bélicos o sectarios, en alguno de los cuales incluso tiene parte de culpa, no ya tan solo en el de Siria sino también en el de Libia, el gran almacén de centenares de miles de desplazados. El país norteafricano ilustra un tremendo fracaso de la Unión: derribar el régimen dictatorial pero estable de Gadafi dejó tras las bombas un Estado fallido en el que ni siquiera es imposible encontrar hoy un interlocutor válido con el que negociar.

La lucha contra los narcotraficantes exigiría un fuerte dispositivo militar para destruir sus embarcaciones antes que se echasen a la mar, lo que, sin ofrecer garantías de éxito, sería otra discutible muestra de intervencionismo, plantearía  importantes problemas legales, exigiría una autorización expresa de Naciones Unidas y podría tener peligrosas consecuencias, entre ellas la proliferación de daños colaterales, es decir, que pagasen justos por pecadores. Esta actitud olvida además que las mafias no surgen por generación espontánea, sino como resultado de la lógica capitalista de la oferta y la demanda, y que siempre existirá la primera si no desaparece la segunda.

Otra opción sería la de pagar a los países del Norte de África en los que se concentran quienes esperan el gran salto por mantener a estos en campamentos especiales en los que los veintiocho decidirían a quien se concede refugio, lo que excluiría a los emigrantes por motivos económicos. Una fórmula compleja, difícil de aplicar por la turbulenta situación de Libia, muy costosa y que sólo resolvería una parte minoritaria del problema.

En cuanto a la otra decisión oficial de la cumbre, la de compartir la carga, exigiría que la Unión hiciese gala de la virtud que más le falta: la solidaridad. Solo Suecia se ha mostrado hasta ahora sensible a mitigar la tragedia de la inmigración sin prestar atención a hacerlo en la proporción ajustada a su población. Según fuentes de Eurostat, el país escandinavo acoge a 12,2 refugiados por cada 1.000 habitantes, casi el triple que el siguiente en la lista, Holanda (4,5), y cinco veces más que Alemania (2,4) que, no obstante, está en cabeza en cifras absolutas.

Especialmente vergonzosa es la actitud del primer ministro británico, David Cameron, que de forma simultánea al ofrecimiento de un buque de guerra y varios helicópteros para el despliegue de vigilancia dejaba meridianamente claro que en forma alguna aceptará la llegada de más refugiados a su país. Una actitud que se ajusta a la fobia tradicional británica en este sentido y que tiene un motivo adicional en la actualidad: que cualquier muestra de generosidad aumentaría la fuerza del UKIP, el ascendente partido antieuropeo y antiinmigración que podría robar a los tories unos votos preciosos para mantenerse en el poder tras las elecciones del 7 de mayo. Motivos de política interna están igualmente en la base de la actitud egoísta de otras naciones.

Según Merkel, dos tercios de los refugiados en Europa se asientan en cinco países, lo que explica que Alemania y Suecia, aunque con distintas varas de medir en la práctica sobre lo que entienden por solidaridad, exijan una mayor implicación de los que ahora miran hacia otro lado. Como principio, la cumbre comunitaria aceptó este compromiso de equilibrio, pero siempre que se mantenga la voluntariedad, es decir, que cada país quede en libertad de tomar sus propias decisiones. Se trata de un flagrante contrasentido porque, si  no hay obligatoriedad, cada cual podrá hacer de su capa un sayo y los países de la orilla mediterránea de la Unión seguirán siendo los más afectados.

Una convención de 1951 obliga a los Estados a ayudar a los refugiados que llegan a su territorio. La manera de protegerse sin violar este compromiso es evitar que lleguen. Ése es el sentido de la Operación Tritón, cuya lógica muestra que tiene los pies de barro por la incapacidad de bregar con las dimensiones del fenómeno migratorio, acentuado por conflictos como el de Siria, que ha expulsado a tres millones de refugiados al exterior y a nueve millones de desplazados en total, una cifra aterradora, pero que palidece ante la global de casi 50 millones, la mayor desde la II Guerra Mundial.

Ésa es también la lógica de quienes insisten en que sea el país de la primera acogida el que asuma la parte del león de los costos de todo tipo de la crisis migratoria. Curiosa forma de buscar una política común en este terreno y de cumplir con el imperativo internacional de asistir a los refugiados, sobre todo en una comunidad de naciones que no hace tanto soñaba aún con crear los Estados Unidos de Europa y convertirse en el principal referente moral del planeta.