La corrupción que corroe el Partido Popular está a punto de derivar en metástasis, justo en vísperas de la presentación de una moción de censura de Podemos. Los síntomas son bien evidentes. Tanto que el recién designado para dirigir la oficina Anticorrupción del PP, Manuel Cobo, acaba ayer de renunciar, por supuesto, por motivos de salud. No es para menos, el marido de la ministra Cospedal y el ex-ministro de Aznar, Manuel Pimentel, exigen a la Policía una rectificación pública sobre algunos informes de la UDEF que los vinculaba con el cobro de "comisiones provenientes de presumibles actos de corrupción". Simultáneamente, el mismo Luis Bárcenas sale en defensa de Mariano Rajoy, al calificar de despropósito que el presidente del Gobierno se vea obligado a declarar en la Audiencia Nacional, mientras estos días se estrecha el cerco político contra la lideresa heredera Cristina Cifuentes.

Ni que decir tiene que el ministro del Interior, vinculado a Cospedal, no ha perdido ni un minuto en anunciar que va a abrir una auditoría sobre aquellos agentes que elaboraron el texto de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Polícia Nacional sobre Ignacio López del Hierro y de quien fuera ministro de Trabajo en el gobierno de Aznar. Es su obligación, pero llama la atención que el ministro de Interior no defienda, de entrada, el buen quehacer profesional de sus funcionarios policiales. No es muy habitual en el gobierno de Rajoy. Sobre todo cuando estos mismos policías trabajan sometidos bajo una extraordinaria presión, debida a que la organización criminal que investigan está bien ubicada en los aledaños políticos, judiciales, fiscales y mediáticos de la Moncloa. No olvidemos que es la propia presidenta de la Comunidad de Madrid quien también cuestiona el informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

No es casual que ya sean legión en la red los que indican que la derecha castiza ha sustituido su  tradicional grito de ¡Viva la Guardia Civil! por el de ¡Que viene la Guardia Civil! Basta recorrer el mapa mediático, controlado por los cómplices de los corruptos, para constatar el cariño con el que es tratado hoy el coronel Manuel Sánchez Corbi, que dirige la UCO, junto con los descalificativos utilizados para desacreditar a los honestos números de la Benemérita que investigan tanto a los robagallinas como a los chorizos de cuello gubernamental que aparecen en la operación Lezo y en el caso Púnica. Contrasta mucho esta buena investigación profesional de la policía judicial sobre la delincuencia política, con la facilidad que algunos corruptos encuentran para ser bien recibidos en Interior– el hermano de Ignacio González o Rodrigo Rato– por el actual secretario de Estado o el anterior ministro Fernández Díaz.

Si se conociese la distribución exacta de los algo más de 37 millones de euros de publicidad institucional despilfarrados en los medios de comunicación por ocho de los trece ministerios del Gobierno Rajoy– que critican a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tanto como ejercen el papel de abogados de los corruptos descubiertos o por descubrir–, se comprendería bastante bien como se entrelazan sus opacos intereses con los de los investigados. Baste recordar como ayer mismo ha sido cerrada la comisión sobre Interior en el Congreso de los Diputados, sin apenas eco mediático, para entenderlo. Que la propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Santamaría, se niegue a proporcionar hoy esta información dice mucho y nada bueno los sobre altos funcionarios del Estado que no lo defienden.

Es característico de la metástasis que vaya lesionando progresivamente los órganos sanos. Similar a esa incrustación en el poder de una derecha española corrupta, tal y como la define Serge Halimi, director de Le Monde Diplomatique, que pudre, degrada, desacredita y colapsa todos los aparatos del Estado. Lo que ocurre en Justicia e Interior, los dos ministerios encargados de luchar contra la corrupción, evidencia la difícil batalla en la que se ven abocados fiscales, jueces, policías y guardias civiles a espaldas de sus propios ministros, Catalá y Zoido, para intentar sentar hoy en el banquillo de los acusados a quienes deban ser juzgados, caiga quien caiga. O las fuerzas políticas sanas les ayudan o, de hecho, todo el Ministerio del Interior terminará siendo privatizado. Al fin y al cabo nada agrada más a los neoliberales que los policías privados. Si ya hay tantos como policías públicos ¿por qué no privatizarlos a todos?