Justo cuando el gobierno de Sánchez enfila la recta de la estabilidad, tras la aprobación parlamentaria de los Presupuestos, se ve amenazado por la inestabilidad generada por la violencia diaria en algunas calles españolas, preferentemente catalanas. Airados, desafectos y provocadores han formado un cóctel explosivo que estalla en el preciso momento en que la Moncloa elabora la lista de reformas, encabezadas por la que atañe al sistema de pensiones o la reforma laboral, que el Gobierno deberá presentar el 31 de marzo en Bruselas, mientras que el Palau de San Jaume se prepara para recibir al nuevo president de la Generalitat.

Más allá de la retórica al uso de los desestabilizadores, que busca manipular la desazón juvenil como carne de cañón, tres son los objetivos de esta mala copia de aquellos viejos métodos, argumentaciones y propuestas de los que justificaban la violencia. Radicalizar los gobiernos de Madrid y Barcelona, empujarlos a los extremos e impedir todo diálogo político con las respectivas oposiciones. O sea, supeditar el interés de las mayorías al de unas exiguas minorías que pretenden imponer sus condiciones sine qua non a los gobiernos de  Pedro Sánchez y al non nato aún de Pere Aragonés. Es decir, lograr el enfrentamiento entre españoles, entre catalanes, y entre aquellos y estos.

Bien a la vista está que tanto el Gobierno en la Moncloa como el Govern, pendiente de entrar en la Generalitat, se han visto envueltos por el clima fétido que se desprende de este estallido violento. Violencia sin sentido alguno o, lo que es peor, sin más sentido que zancadillear a Pedro Sánchez que acaba de consolidarse como presidente del Gobierno, o poner palos bajos las ruedas a  Aragonés en el momento en que intenta formar gobierno en Cataluña. Lógico puesto que la estabilidad de ambos es lo que persiguen desequilibrar, impedir hoy la más mínima posibilidad de diálogo político. La doble mutua incomodidad del presidente del Gobierno y del president de la Generalitat in pectore es mucho más que evidente.

La probabilidad de un triple pacto institucional, que renueve finalmente el Consejo General del Poder Judicial, a la vez que la RTVE y la Oficina del Defensor del Pueblo, ha debido actuar como acicate desestabilizador. Que tras año y medio de legislatura a cara de perro, Gobierno y oposición puedan anunciar el acuerdo, que ya habían logrado en agosto pasado, es una excelente noticia que tratan de aplastar en el embrión. Sobre todo porque podría cerrar una larga etapa irracional de la política española. Que  todas las instituciones funcionen inquieta a quienes viven de la inestabilidad permanente. Si hoy se logran zonas de negociación, será difícil que no se extiendan mañana.

Acuerdos imprescindibles del Gobierno con la oposición, tanto en Madrid como Barcelona o Vitoria, dado que hasta el verano de 2022 vamos a vivir bajo las turbulencias sociales que pronostica un reciente informe del Fondo Monetario Internacional, basado en un análisis sobre la relación histórica entre las pandemias y las crisis. Máxime cuando se retiren las muletas prusianas con las atravesamos esos campos de minas que son los efectos económico sociales del coronavirus. Un horizonte que será viable, si tanto el centro izquierda como el centro derecha saben organizar bien la racionalidad democrática en claro detrimento de la irracionalidad de los extremos. La violencia de esta semana trágica, pese a que no es más que una caricatura o farsa de la de 1909, es un primer aviso.