Fernando Fernández

Experto en Políticas Agrarias y Desarrollo Rural.

Pocos ciudadanos y ciudadanas sabrán que todos los días llegan al puerto de Dover 1.000 camiones procedentes de España con una carga que en su 35% corresponde a frutas, hortalizas, carne y otros productos perecederos. Seguramente tampoco sepan que 23 barcos con base en el puerto de Vigo pescan en las Islas Malvinas. Analizando estas relaciones desde el enfoque de la soberanía alimentaria, podríamos decir que el Reino Unido produce en la actualidad el 60% de los alimentos que consume, y el resto, proceden fundamentalmente de la Unión Europa, mientras el 70% de lo que produce lo exporta a los propios países de la Unión.

El Acuerdo del Brexit recientemente alcanzado y que se aprobará el próximo 25 de noviembre, fija un periodo transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020 con la intención de que precisamente los sectores económicos afectados puedan recomponer sus relaciones comerciales. Aunque el Acuerdo plantea la posibilidad de extender más allá este periodo de transición, nadie quiere este escenario por lo que tenemos realmente 2 años para ir definiendo los escenarios futuros.

En este momento, se ultima la "Declaración Política" que acompañará al acuerdo y donde se marcarán los elementos clave. Junto a cuestiones como la futura relación comercial del país con la UE, el final de la libertad de movimiento de ciudadanos, la recuperación del control sobre las fronteras, el fin de la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia sobre Reino Unido, o el encaje de Gibraltar, a bien seguro se espera que la declaración incluya el final de la participación en las políticas agrícola y pesquera común que tanto malestar provocan en el ciudadano medio británico. En este sentido, el acuerdo es muy claro respecto a los dos sectores: En pesca, el Reino Unido actuará como un Estado independiente, y podrá suscribir acuerdos pesqueros con la UE y con otros países o bloques. En agricultura y ganadería, el Reino Unido permanece fuera de la PAC. Por lo tanto; el impacto en nuestros sectores agroalimentarios queda supeditado a los acuerdos comerciales en el periodo de transición, y en pesca, a los acuerdos de reciprocidad en el uso de caladeros que logre firmar la Unión Europea con el Reino Unido.

El Reino Unido se ha empezado a mover ambos temas, y nos tememos que se haya movido mucho más de lo que lo hemos hecho nosotros.

En primer lugar y en relación al sector agrario y ganadero.  En enero de 2018, el portal europeo multilingüe EURACTIV, organizó un foro en Westminster específicamente sobre la cuestión agraria, pero muchas de las cuestiones planteadas llegaban demasiado tarde; ¿Cuáles son las mayores amenazas y oportunidades que presenta el Brexit para la cadena de suministro agroalimentaria en toda Europa? ¿Qué debería hacer la industria agroalimentaria de la UE para tener una voz fuerte y unida, y poder influir en las negociaciones del Brexit? ¿Qué regiones de la UE se verían más perjudicadas y cuáles más beneficias por el Brexit? Pero el gobierno británico hizo cuentas rápidamente y al poco de dar comienzo a las negociaciones, se apresuró a decir que por el 80% de lo que aportan actualmente a la PAC – en torno a 3.500 millones de euros al año - pueden financiar su propia Política Agraria. De hecho, ya se conocen algunos de los elementos de lo que será la futura Política Agrícola Británica que vienen recogidos en el informe "Salud y armonía: el futuro de la alimentación, la agricultura y el medio ambiente en un Brexit verde"[1] donde establecen tres objetivos, muy similares a los de la futura PAC, aunque con algunas diferencias significativas en los instrumentos.  La política agrícola británica tras el Brexit, estará descentralizada a favor de las administraciones de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, parece que no tendrá un sistema de pagos directos como el de la PAC y si fortalecerá un nuevo sistema de gestión ambiental de la tierra como piedra angular buscando una agricultura de base mucho más comunitaria y local, valorizando aspectos ligados a los ecosistemas y el medio ambiente

España exporta al Reino Unido alimentos por un valor medio de 3.600 millones de euros al año, mientras que importamos alimentos por un valor de unos 1.200 millones de euros, por lo tanto, nuestro balance siempre es positivo. Los productos que más exportamos son vinos (12,8% del total) productos cárnicos (10%) tomates (12%) cítricos (8,5%) kiwis, frutos rojos y caquis (7,5%) y el resto de hortalizas y frutas (11,5%)

En este contexto, es evidente que los impactos se verán atenuados por el periodo de transición, pero poco a poco llegarán, salvo que el sector tenga capacidad para prepararse. En el Corto Plazo. Las transacciones comerciales en el sector se continuarán produciendo, pero se verán influidas por dos cuestiones, que ya a fecha de hoy se han empezado a notar; La devaluación de la libra frente al euro representa seguro la reducción de las exportaciones procedentes de la zona euro, y por otra parte, la devaluación de la libra significa una disminución del poder adquisitivo de la ciudadanía británica y por lo tanto, buscarán presionar a la baja los precios de los productos que importan y que no pueden producir como frutas, hortalizas, aceite o vino, buscando mercados más baratos que los irlandeses, italianos o españoles. En el medio plazo, el Reino Unido actualmente es deficitario en carne por simple abandono de su sector e importan un 40% de los productos cárnicos que consumen, pero obviamente tiene capacidad de crecimiento. En este contexto se espera que el movimiento de "produce and consume british" se fortalezca tratando de cubrir la demanda interna con su producción y frenando las importaciones. Además, las normas británicas en temas ambientales o de salud son más exigentes que las de la UE, y, por lo tanto, las exportaciones se verán obligadas a adaptarse. Cuestiones como el No, a los organismos genéticamente modificados y su presencia en la alimentación. Quizás el No, a productos con tratamiento autorizados en España como glifosato y otros pesticidas y fertilizantes. Los límites máximos de residuos, el retraso en la homologación de nuevas substancias, o las reglas del etiquetado de acuerdo a la calidad nutricional de los alimentos mucho más exigentes en el Reino Unido, estarán sin duda en el proceso de adaptación de nuestro sector.

En largo plazo, tendríamos que revisar algunos de los acuerdos comerciales. El Reino Unido ha sido uno de los máximos valedores en los procesos de liberalización comercial. Probablemente seguirá con este rumbo y abrirá procesos con otros países o bloques de países, fortaleciendo sus relaciones comerciales históricas. Sin embargo, y en lo que nos afecta; con la adhesión británica en 1973 a la UE se institucionalizaron contingentes específicos para la mantequilla y el cordero de Nueva Zelanda y otros de Israel, Australia, pero lo lógico sería que en estos momentos, todos estos contingentes se limiten y vuelvan a negociarse. Sin embargo, y a pesar de que el sector agrario lo está recordando, nada de todo esto está entre las preocupaciones de los negociadores. Al mismo tiempo, las organizaciones que defiende la agricultura familiar y social reclaman a las autoridades comunitarias una revisión "en profundidad" de los acuerdos agrícolas de libre comercio con terceros países puesto que para el cálculo de contingentes de entrada de productos agrarios y ganaderos al mercado europeo se tuvieron en cuenta los 65 millones de habitantes del Reino Unido y su consumo y, sin embargo, ya no están. Finalmente, si en el periodo de transición se alcanzara un acuerdo en el cual se eliminen los aranceles mutuos entre Reino Unido y el resto de la UE ni tan mal. Pero en la situación descrita, lo normal es que el Reino Unido trate de llegar a acuerdos con otros competidores netos españoles como Sudáfrica, EEUU o Australia para eliminar sus aranceles con ellos. En caso de que no se llegue a este acuerdo el incremento de los aranceles se estima en un 32% para los productos cárnicos, por ejemplo.

En segundo lugar y en relación al sector de la pesca, la negociación no se ha limitado a la disponibilidad de cuotas, sino que se ha ligado al acceso a las aguas y a las condiciones del mercado. Las negociaciones son cruciales para la flota gallega. El vínculo histórico de Galicia con los caladeros de Gran Sol y de Malvinas es tan importante que cualquier retroceso en estas aguas tendría consecuencias nefastas; 80 barcos gallegos faenando en Gran Sol, una veintena en las Malvinas y un saldo comercial de 40 millones al año solo en pescado fresco y congelado. Sin embargo, a diferencia del sector agrario, el sector pesquero si ha logrado colocar el tema entre las primeras prioridades del acuerdo del Brexit. "Oír a Merkel hablar de pesca como sector de la UE ya es todo un éxito". La clave está en que ha sido el único sector que ha sabido unirse por encima de los intereses particulares. La creación de una organización ad hoc "Alianza Pesquera de la Unión Europea", e ir de la mano del equipo que negocia la salida del Reino Unido de la Unión Europea han sido fundamentales.

Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que la importancia que le concede la UE es equiparable a la que le otorga el Reino Unido. Para Londres, pero sobre todo para Edimburgo, la pesca se ha convertido en uno de los termómetros que calculará el éxito de la desconexión, y eso no le viene nada bien a nuestra flota.  De nuevo, el gobierno británico ha puesto su modelo por delante. "Mejoraremos nuestros estándares medioambientales e iremos más allá en la protección del medio natural que compartimos". Resulta además que esta baza es la defendida también por la flota artesanal británica a la que las posibles represalias comerciales no le preocupan puesto que depende del mercado interior británico.

Para la pesca comunitaria, la prioridad negociadora sería; tener un acceso recíproco a los caladeros, que no cambie el sistema de reparto, y que se impongan las mismas reglas de sostenibilidad. Esto ya se ha logrado garantizar en todo el periodo de transición hasta el 31 de diciembre de 2020 sobre la base de un interés común. Un tercio de las capturas europeas proceden de aguas británicas, y las dos terceras partes de la pesca británica se consume en la UE.   Pero igual que en el sector agropecuario, la Unión Europea debe ser capaz de ofrecer un acuerdo interesante también para el Reino Unido, de lo contrario, sería un desastre puesto que, sin lugar a dudas, entrarán otros países como China ávidos de unos recursos pesqueros de un valor superior a los 40.000 M€ al año y con mucha disponibilidad financiera para pagarlo.

Para nuestro país hay una segunda cuestión importante que deberíamos hacer valer en las negociaciones del sector pesquero tras el Brexit. Se trata de la modificación del Principio de Estabilidad Relativa, según el cual, se asigna una porción fija de las cuotas pesqueras[2] a los estados miembros de la UE y en las cuales nuestra flota ha salido históricamente mal parada. Este principio se justificó por las necesidades especiales de tres regiones altamente dependientes de la pesca: Escocia, Groenlandia y la costa de Irlanda, pero cuando sea firme el abandono del Reino Unido de la Unión, sólo quedará Irlanda, pues Groenlandia abandonó la UE en 1982, y, por lo tanto, aquí podríamos tener una oportunidad para compensar los perjuicios históricos para nuestra flota.

Tenemos ya un Acuerdo para el Brexit. El Acuerdo establece las bases en la relación a partir de abril de 2019, pero las incertidumbres que se abren en un horizonte de apenas dos años, para los tres sectores primarios de nuestra economía son enormes. Dependerán de unas relaciones comerciales a construir en las cuales nuestros negociadores siempre acaban por ceder.

[1] Health and Harmony: the future for food, farming and the environment in a Green Brexit. DEFRA 2017

[2] Totales Admisibles de Captura (TAC)