En plena ofensiva del PP y sus medios afines contra el Gobierno por cuenta de la lucha antiterrorista, la pregunta que cabe formularse a estas alturas es si Mariano Rajoy tiene conciencia de lo que hace. Si se ha detenido a reflexionar, aunque sea un segundo, sobre las consecuencias políticas de fondo que pueda tener una acción guiada por la ansiedad incontenible de llegar a la Moncloa. No hay que tener dotes de adivino para saber que el objetivo de la campaña consiste en minar al Ejecutivo y destruir al ministro Rubalcaba, cuyo nombre se baraja entre los posibles sucesores de Zapatero para las elecciones de 2012. Todo vale en esa estrategia: se acusa a policías de colaboración con ETA, se denigra a fiscales, se manipulan las complejidades de un proceso de paz para difamar al Ejecutivo, e incluso se sobreimpresiona el anagrama etarra a unas imágenes de Zapatero y Rubalcaba, como sucedió en Telemadrid. Tal ofensiva tiene un soporte invaluable en el poder judicial.

El martes, la Audiencia Nacional mantuvo la imputación por cooperación con banda terrorista contra un ex director general de la Policía y otros dos agentes cuyas biografías bastarían para desmontar semejante acusación. Ayer, la mayoritaria Asociación de Profesionales de la Magistratura cuestionó la permanencia de José Manuel Gómez Benítez como vocal del Consejo General del Poder Judicial por su supuesta participación como emisario del Ejecutivo en el último proceso de paz. ¿Ha pensado Rajoy en algún momento en la posibilidad de que su estrategia esté favoreciendo, en últimas, a la debilitada ETA, como le reprochó ayer el PSOE?