ETA e independentismo
La primera declaración de ETA de poner fin para siempre a su actividad armada es creíble por su constante declive entre sus antiguos simpatizantes, así como por la presión nacional e internacional. Todos quisiéramos que entregaran también las armas, que se disolvieran, e incluso que se entregaran a la Justicia. Pero hay que ser realistas y reconocer que el paso capital está dado.
A medida que muestren la solidez de su resolución podrán, con creciente legitimidad moral, sin violencia, proponer la independencia. Los que nos oponemos a la independencia de Euskadi no debemos temer que triunfen democráticamente.
Todo referéndum de autodeterminación responsable debe requerir una mayoría cualificada que haga improbable la tentación de recurrir a procedimientos violentos para cambiarlo, como hizo, en sentido contrario, ETA.
José María Grandas Menéndez / Madrid

Déspotas de usar y tirar
para Occidente
Las imágenes de la reciente captura y asesinato del dictador libio Muamar Gadafi me han traído a la memoria el fin del dictador iraquí Sadam Husein. Al primero lo liquidaron en el acto mientras que el segundo fue sometido a un simulacro de juicio antes de ser ahorcado. Parece increíble que en muy poco tiempo pudieran pasar a convertirse en seres capaces de inspirar piedad. No hace mucho tiempo que los gobernantes de algunos países iban a rendirle pleitesía; así ocurrió en España una vez olvidada la presunta intervención del Gobierno libio en atentados terroristas. Pero no hay problema: los petrodólares sirvieron para cicatrizar todas las heridas y Gadafi se convirtió en uno de los nuestros. Sadam Husein también era un fiel aliado de Occidente hasta que se le ocurrió invadir Kuwait, país instalado en un mar de petróleo.
La conclusión que puede sacarse de todo esto es muy sencilla: se trata de dictadores de usar y tirar. Las dictaduras se mantienen mientras sirvan a los intereses de los gobiernos occidentales o mientras beneficien a las grandes corporaciones económicas de los países capitalistas, que son, en definitiva donde reside el auténtico poder, como se ha puesto de manifiesto con la actual crisis.
Antonio Rojas Romero
Sevilla

Contra los asalariados (otra vez)
En lugar de proponer medidas para solucionar el problema del paro y contratar a más trabajadores, solidarizándose así con las personas más necesitadas, la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), presidida por Arturo Fernández, el amigo íntimo de Esperanza Aguirre, nos ofrece unas medidas cuya sola publicación les debería dar vergüenza en un momento como el actual.
Quieren abaratar los despidos, apoyar la educación privada, que se imponga el copago en sanidad, suprimir el Impuesto sobre el Patrimonio, disminuir la representación sindical en las empresas y restringir el derecho de huelga, entre otras barbaridades. Puede que su amiga Aguirre le haya comunicado el programa electoral de su partido, y como
el PP no quiere airear sus propuestas, la CEIM le sirve para difundir sus medidas.

Los trabajadores normales
y los otros
Los convenios colectivos que afectan a los empleados del sector financiero, tanto de banca como de ahorro, se encuentran paralizados desde hace meses. Ambos tropiezan con el mismo problema: la patronal quiere una subida cero en, al menos, los dos próximos años. Resulta paradójico que la, hasta hace poco, principal responsable de la Caja del Mediterráneo (CAM), no afectada por estos convenios, haya solicitado la prestación por desempleo. La persona que hasta hace poco tenía poder para asignarse su propio salario (30.000 euros mensuales) se pone en la cola del INEM, como si fuera una trabajadora normal. Espero que sirva de mensaje para ese colectivo de administradores del capital que lo único que hacen es enriquecerse a costa de los demás, y que vean que ellos también son asalariados.
José Luis Moreno
Madrid

La política catalana y el sistema público de salud
Las recientes maniobras de la política sanitaria en Catalunya modifican nuestro modelo propiciando la gestión y financiación privada. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que los sistemas de titularidad pública (financiación y gestión) son mejores en términos de gasto sanitario, son más eficientes y más equitativos. La gestión empresarial genera mayor gasto y selección de pacientes atendiendo a criterios de beneficio en lugar de necesidad. La fragmentación del sistema facilita la privatización de las partes más rentables, dejando para la gestión pública las áreas de mayor gasto, la atención de las personas mayores y las áreas de menor desarrollo socioeconómico, de poco interés para el negocio. Esta política supone la destrucción de la equidad del sistema y la selección adversa de pacientes atendiendo a criterios de rentabilidad mercantil. Esta gestión se acompaña de la disminución de garantías en la selección pública de personal y prioriza
un modelo de control ideológico y empresarial, adelgazando en la parte más sensible de la calidad asistencial: los recursos humanos.
Marta Carrera Plans
y Roger Bernat Landoni
Associació Catalana en Defensa
de la Sanitat Pública
(Barcelona)