La controvertida reforma de los estatutos de Caja Madrid, que consagra su dependencia política de la Comunidad, será impuesta finalmente a golpe de boletín oficial, aunque la última palabra corresponderá, casi con toda seguridad, a los tribunales de justicia. La asamblea general celebrada el lunes rechazó de plano los cambios planteados por la Consejería de Economía y Hacienda, evidenciando la creciente soledad de ESPERANZA AGUIRRE en su obsesivo deseo de controlar la cuarta entidad financiera española.

La presidenta ha hecho de ese objetivo una cuestión de honor y para alcanzarlo no le duelen prendas ni la penosa imagen que el PP está dando ni desatender las recomendaciones de MARIANO RAJOY e incluso de JOSÉ MARÍA AZNAR para que ceje en su empeño. Mucho menos le importa, a lo que se ve, tener en jaque desde hace meses a Caja Madrid, cuyos gestores deberían disfrutar del sosiego necesario para afrontar con las máximas garantías la delicada situación que la banca atraviesa en todo el mundo.

Esperanza Aguirre sin duda tiene claro que cualquier cosa merece la pena con tal de controlar los 83.000 millones de euros en depósitos de clientes que Caja Madrid custodia y que más que cuadruplican el presupuesto anual del gobierno autónomo. Para ella debe de ser muy difícil sustraerse a la tentación de manejar libremente ese dinero como mejor convenga a sus objetivos políticos, no sólo por lo que se refiere a la Comunidad, sino también en la carrera todavía inconclusa por el liderazgo de la derecha.

Probablemente, Mariano Rajoy tiene plena conciencia de ello y de ahí su soterrado alineamiento con ALBERTO RUIZ GALLARDÓN en la batalla por el control Caja Madrid, de cuyo desenlace puede depender en cierta medida el futuro político de ambos. El alcalde ha desempeñado hasta ahora a fondo el papel de espolón de proa contra las intenciones de Esperanza Aguirre y no parece dispuesto a ponerle las cosas fáciles a la que, a día de hoy, es todavía su mayor rival ante una eventual sucesión en la presidencia nacional del PP.

La factura de Blesa

El asalto a Caja Madrid tiene su origen en la falta de permeabilidad de su presidente a algunas de las indicaciones que se le han hecho en los últimos años desde la Comunidad. Hay dos hitos clave en esos desencuentros: la venta de la participación en Endesa con motivo de la opa de Acciona y Enel, que desencadenó el desalojo definitivo de MANUEL PIZARRO, y la negativa de MIGUEL BLESA a financiar la compra de costosísimos derechos deportivos para su explotación por Telemadrid.

Equilibrio roto

Esperanza Aguirre y su equipo han argumentado con reiteración que la reforma de los estatutos sólo busca actualizar la representación en los órganos de gobierno de Caja Madrid. Sin embargo, el peso de la Comunidad sube tanto que, si la presidenta se sale con la suya, podrá hacer y deshacer a su antojo. Eso entraña el peligro cierto de que se rompa el difícil juego de equilibrios imperante hasta ahora, con la consiguiente amenaza para la paz social.

Juez y parte

En el caso de que los tribunales dieran la razón a la Comunidad, la nueva situación de Caja Madrid encerraría al menos dos graves paradojas. La primera es que estaría controlada por el gobierno autónomo de un territorio de donde ya procede menos de la mitad de sus depósitos. Y la segunda se refiere a las funciones de supervisión, que quedarían en manos de la misma institución bajo cuyos auspicios se gestiona la caja y que, por ende, sería juez y parte a la vez.