Por más que el Gobierno se empeñe en lo contrario, habrá quien vea claras conexiones entre su inopinado recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley regional de cajas de la Comunidad de Madrid y la intervención de Caja de Castilla La Mancha por el Banco de España. La presentación del recurso de inconstitucionalidad, acordada en el Consejo de Ministros del pasado viernes, pone en evidencia el intento de ESPERANZA AGUIRRE de hacerse a toda costa con el control de Caja Madrid y de los 83.000 millones en depósitos que custodia. El obligado rescate de Caja Castilla La Mancha, por otra parte, es un pesado baldón para los socialistas, toda vez que su presidente era hasta el domingo JUAN PEDRO HERNÁNDEZ MOLTÓ, hombre de larga trayectoria en el partido.

La coincidencia temporal de ambas decisiones puede abonar la impresión de que el Gobierno ha querido que, en la convulsa situación por la que atraviesan las cajas de ahorro, cada palo aguante su vela, unos por unos motivos y otros por otros. Así, frente al reproche de que fueron personas vinculadas al PSOE quienes empujaron a Caja Castilla La Mancha al borde del precipicio, siempre cabría oponer el argumento de que algunos líderes del PP son capaces de violentar la Constitución con tal de ganar cuotas de poder, como Esperanza Aguirre ha demostrado sobradamente con su asalto a la cuarta entidad financiera de España.

Contra esta conjetura se puede esgrimir, sin embargo, la secuencia oficial de los hechos. Aunque era bastante previsible, la negativa de Unicaja a cargar con el muerto de Caja Castilla La Mancha no fue comunicada al Banco de España hasta una trascendental reunión que hubo el viernes en Madrid con el propio gobernador, MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ. Ese día y casi a la misma hora, el Gobierno daba por bueno el dictamen del Consejo de Estado sobre la posible inconstitucionalidad de algunos aspectos de la ley de cajas madrileña. Si entre ambas decisiones existió una relación de causa-efecto, probablemente nunca se sabrá; pero sin duda hay ahí un nuevo elemento para la polémica.

¿Y los representantes del PP?

Otro asunto controvertido seguramente será el grado de conocimiento que tenían los representantes del PP en los órganos de gobierno de Caja Castilla La Mancha sobre los serios problemas financieros que ésta afrontaba. Sus dirigentes nacionales, en las primeras manifestaciones públicas que hicieron el domingo, cargaron todas las culpas sobre los socialistas, amparándose en que a ellos correspondía la gestión de la entidad, con Hernández Moltó a la cabeza.

Conexiones personales

Aunque, en efecto, la parte alícuota de responsabilidad sea mayor en el PSOE, no se puede echar en el olvido que en el consejo de administración de la caja se sentaban varias personas de plena confianza del PP. Y en el de su corporación industrial estaba nada menos que IGNACIO LÓPEZ DEL HIERRO, compañero sentimental de la número dos del partido y, a la vez, máxima responsable en Castilla La Mancha: MARÍA DOLORES DE COSPEDAL.

Una dimisión difícilmente exculpatoria

Es verdad que los consejeros del PP, siguiendo instrucciones de la dirección nacional, dimitieron en bloque el pasado mes de febrero como protesta por las negociones que se estaban manteniendo para la eventual fusión con Unicaja. Pero tampoco existen dudas de que el quebranto que la crisis del ladrillo ha endosado a Caja Castilla La Mancha viene de atrás y, por tanto, para sus administradores es muy complicado alegar ignorancia.