Algunas compañías de transporte de viajeros por carretera están que trinan  a causa de la agresiva política comercial que ha inaugurado Renfe, alentada por el Ministerio de Fomento, coincidiendo con la reciente apertura de las nuevas líneas de alta velocidad.

Si los billetes se compran a través de Internet, los ahorros pueden alcanzar el 60%, cosa inusual en una operadora ferroviaria tradicionalmente muy cicatera con los usuarios y que, en casi 66 años de vida, no ha sido capaz de idear en su favor mucho más que los días azules, la tarjeta dorada y la devolución del importe del trayecto en caso de retraso, esto último sólo en circunstancias excepcionales.

Las rebajas anunciadas facilitan que el tren rivalice en larga distancia con el autobús, al que ya no sólo puede sacarle ventaja en tiempo, comodidad y seguridad, sino que está cerca de igualarlo en precio, hasta el punto de que entre Madrid y Valladolid, por ejemplo, la diferencia en AVE ni siquiera llega a los 60 céntimos.

Se entiende así el disgusto de los transportistas, que atraviesan un momento poco boyante, debido a la brutal subida del petróleo, con el barril de Brent rondando los cien dólares y el consecuente encarecimiento de los combustibles, que ha estrechado sus márgenes.

Lo que más les molesta, sin embargo, es que la iniciativa cuente con el respaldo de MAGDALENA ÁLVAREZ, que conoce su situación, pues no en vano tiene sobre la mesa una solicitud profusamente argumentada para que adelante la revisión de tarifas prevista en principio para el mes de abril.

Si el ministerio no atiende sus razones, las empresas afectadas han amenazado con recurrir a las autoridades de la competencia, alegando que Renfe puede ser tan generosa no porque la cuenta de resultados se lo permita, sino por las elevadas ayudas que el Estado le sigue proporcionando año tras año y que en el presente ejercicio ascenderán a unos 2.600 millones.

El Gobierno, de momento, se ha limitado a defender la legalidad de los descuentos por boca del presidente de Renfe, JOSÉ SALGUEIRO. Pero poner los avances del ferrocarril al alcance del mayor número posible de ciudadanos no parece reprobable en ningún caso. Lo injusto sería que, por razones económicas, sólo pudieran disfrutar unos pocos de las costosísimas infraestructuras que entre todos hemos pagado.