Opinión · Crónicas insumisas

El presupuesto fallido y los independentistas

Pere Ortega, Centre Delàs d’Estudis per la Pau

El presupuesto pactado entre el Gobierno del PSOE y Unidos Podemos para este año 2019 ha sido rechazado en el Congreso de Diputados por los votos del PP, Ciudadanos, PDeCat y ERC. Un presupuesto que, desde un punto de vista social, era el más progresista que se había presentado desde la llegada de la democracia a España.

Un presupuesto que proponía entre otras propuestas positivas, el incremento de la recaudación fiscal de un 5,4% mediante el aumento de dos puntos del IRPF a las rentas anuales superiores a 130.000 €; y cuatro puntos superiores a 300.000 €; un aumento de la tributación mínima a las grandes empresas del 15% y un 18% a entidades financieras y de hidrocarburos (algunas de estas grandes empresas tributaban tan sólo un 6%); aumento del impuesto de patrimonio de 1% a fortunas superiores a 10 M€; creación de un impuesto a los servicios digitales; impuesto a las transacciones financieras; aumento de la lucha contra el fraude fiscal. Unos aumentos en la recaudación fiscal que servían, en su mayoría, para incrementar las ayudas sociales. Entre las más importantes: subidas de las pensiones de acuerdo con el IPC; a las pensiones mínimas un 3%; de las ayudas para becas; a la dependencia, aumento salarial de un 1,6% a funcionarios; ayudas contra la violencia de género… O la subida del salario mínimo interprofesional de 735 a 900 euros mensuales. Medidas que en su conjunto pretendían mejorar el consumo de la población más precarizada y ayudar a crear empleo al dotar de mayor capacidad adquisitiva a las rentas más bajas.

Claro que estos presupuestos podrían haber sido mucho mejores, sobre todo en recaudación fiscal y haber pasado a la banda alta entre los países socios en la eurozona. Hoy España está en un lugar intermedio, y tiene una presión fiscal del 35,4%, mientras la media está en un 41,4%. Por lo tanto, aún había bastante recorrido a la hora de subir impuestos, pues estos continúan recayendo sobre las rentas de trabajo en mucho mayor grado que en las de capital. Ahí está lo descrito en el párrafo interior, mientras el IRPF de empleados aporta el 21,3% del PIB, las empresas aportan el 7% y los impuestos a la propiedad un 7,7%. Una disparidad que demuestra lo desproporcionado de un sistema fiscal que beneficia, sobre todo, a los que gozan de mayores rentas en detrimento de los que las tienen bajas y que son la mayoría de la población.

Pero cierto es, que a pesar del optimismo que ofrecía la propuesta de presupuesto de 2019, también se contemplaba un ajuste estructural, pues se preveía un déficit presupuestario de tan sólo un 1,8% del PIB, impuesto desde la Comisión Europea, y que se traduciría forzosamente en recortes. Lo cual no era ninguna buena noticia, pues se tendría que aplicar, sin saber hoy, sobre qué partidas recaería esa reducción. Esta era una cuestión clave y destinada a cumplir con el objetivo de déficit de ese 1,8%, cuando en 2018 se prevé que el déficit final rondará el 2,7%. Esto suponía limitar en mucho la aspiración de paliar el austericidio implantado en años anteriores por parte del Gobierno del Partido Popular, y, por tanto, disminuía el posible éxito social que pretendía el pacto presupuestario entre PSOE y Unidos Podemos.

Y además, ese presupuesto fallido, tenía en el ámbito del Ministerio de Defensa un aspecto muy negativo al contemplar la adquisición de nuevos programas de armas por un importe de 12.100 millones (que dejamos para otro artículo).

El rechazo a los presupuestos obliga al Gobierno de Pedro Sánchez a convocar elecciones legislativas y, por qué no, a la posibilidad de que éstas sean ganadas por el bloque conservador que ya ganó las autonómicas en Andalucía. Y qué Partido Popular, Ciudadanos y VOX implanten un gobierno ultraconservador, considerando la posible presencia de VOX, que dentro o fuera del gobierno presionará para imponer una involución en todos los ámbitos políticos.

La pésima gestión del bloque independentista catalán de no apoyar los presupuestos puede tener consecuencias muy graves para Cataluña, pero también para el resto de España. Pues como se materialice un gobierno con esos partidos, el sufrimiento político, económico y social se incrementará en mayor grado en Cataluña que en España. Pues espanta oír las amenazas y barbaridades que lanzan los líderes del bloque conservador sobre Cataluña. Así, el conflicto catalán, ya de por sí muy complicado, se profundizará y su gestión no será igual en manos del bloque conservador, que en manos de un bloque de centro izquierda. Que por cierto, aunque más difícil, también podría acontecer que tuviera mayoría parlamentaria, e igual que descabalgó del gobierno al PP de Mariano Rajoy, una coalición entre PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCat, PNV, Bildu, Mareas y Compromís podrían frenar la llegada de la derecha al gobierno.

Esperemos que la cultura de la paz ilumine las mentes de la clase política e impidan que mayores violencias y desigualdades se impongan en el Estado español.