Como tantos otros mecanismos democráticos, la reprobación es un misterio ecuménico, más bien un pasatiempo con el que sus señorías se divierten antes de que lleguen las vacaciones y así ir pasando el rato. Para lo que sirve, lo mismo podían ponerse todos a jugar al mus o al Candy Crush, aunque en esta última modalidad de perder el tiempo nadie podría toserle a Celia Villalobos. Dos ministros, el de Justicia y el de Hacienda, han sido reprobados por el Congreso de los Diputados, y el efecto ha sido el mismo que esas cartas de aviso que enviaba el director del colegio a la familia de un alumno díscolo. "Goza de la confianza del presidente" han dicho desde arriba. La misma confianza de la que gozaban Bárcenas, Rato y otros ilustres imputados. Dicho en lenguaje escolar, que a los progenitores la carta del director les importa exactamente una mierda y acaban dándosela al chaval para que se limpie el culo con ella.

Tras tumbar el decreto ley con el que Montoro instauró una amnistía fiscal masiva (IVA, IRPF y lo que ustedes quieran), el Tribunal Constitucional declaró en público lo feo que había estado vulnerar la Constitución para favorecer a un montón de delincuentes. Sin embargo, como eran delincuentes millonarios -una especie ferozmente protegida por el gobierno- la historia ha tardado cinco años en caer del cajón de lo evidente al suelo de lo anticonstitucional, una verdadera hazaña al ralentí que demuestra que en España, aparte de otras muchas leyes, también está en suspenso la Ley de la Gravitación Universal. Y que Newton llega a apellidarse Pérez y, en vez de caerle la manzana en la cocorota, la tiene que atrapar al vuelo con un cazamariposas. Fue una maniobra ministerial al mejor estilo cuatrero que ha supuesto un perjuicio incalculable a la sociedad española, la pérdida de millones de euros para el estado, una inmunda artimaña fiscal declarada ilegal por el tribunal nombrado para estas cuestiones, pero que tampoco va a suponer el menor problema para su autor. A Montoro, la verdad, todo esto se la suda mucho. A él, como si lo reprueban dos veces. "La vida sigue" ha dicho y sólo le ha faltado coger una guitarra.

Lo que sí le ha molestado un poco ha sido la noticia, publicada en ABC, de que aprovechaba el despacho de asesoría que había montado años atrás junto a su hermano para actuar de intermediario entre empresarios y banqueros. "Estoy esperando que alguien se pase de la raya para defender mi honor en los tribunales" ha advertido. "Pero de momento no lo consigo, porque están midiendo el terreno". El honor, ese concepto calderoniano, es el último refugio de Montoro, el reducto antinuclear donde parapetarse de esos malvados periodistas a los que les da por informar de las corruptelas con las que funciona el país y que es mejor que permanezcan ocultas. No le importa un carajo haber amnistiado a una riada de mangantes al tiempo que aplicaba la regulación fiscal al milímetro para destrozar a los escritores y artistas jubilados que siguen cobrando derechos de autor mientras perciben la pensión que les corresponde por haber cotizado por otra actividad durante toda su vida laboral. Qué más puede hacer el gobierno para promocionar la cultura que mantener a los creadores en la miseria, como en los tiempos de Cervantes.

Entre la reprobación general del Congreso, la amnistía fiscal tirada abajo por el Tribunal Constitucional y las sospechas sobre el despacho de asesoría, Montoro está esperando a que alguien se pase de la raya. El problema en este país es que vete a saber dónde está la raya.