Marta Domínguez y sus alrededores han acogido con comprensible satisfacción el auto de la jueza que invalida las escuchas efectuadas a la atleta en relación con la operación Galgo. El escrito, aunque deja frentes abiertos por los que la deportista está imputada, la aleja más de la cárcel, de la posibilidad de ser condenada por un delito de tráfico de sustancias prohibidas.

La decisión de Mercedes Pérez Barrios no aclara si Marta es inocente o no, sólo resuelve que determinadas pruebas aportadas por la Guardia Civil contra ella no serán aceptadas porque fueron obtenidas de una forma irregular (y eso que el procedimiento fue aprobado varias veces por la propia jueza). Los teléfonos de la atleta no debían haber sido intervenidos porque no había indicios previos de que traficara con sustancias dopantes, sólo de que se dopaba. Y como no es un delito tipificado, la justicia establece que ese apoyo de la investigación ni estaba justificado ni era necesario. Muchos han visto en la decisión motivos suficientes para dejar correr el champán, como si los indicios de que la mejor atleta española de todos los tiempos se dopaba ("efectivamente, se pone de manifiesto las sospechas de que Marta fue consumidora de sustancias prohibidas", reza el auto) fueran para tranquilizarse.

Sí permanece como prueba válida en el proceso, la declaración (esta sí, ajustada a derecho) de Alberto García a propósito de que habría suministrado EPO a Marta "para mejorar su rendimiento deportivo". Y aunque este detalle es menor para la jueza, porque no le compete, sí es mayor para quienes un día creyeron y aplaudieron los éxitos de la corredora palentina. Es trascendental, claro, determinar quién actúa o no dentro de la ley. Pero la gente también necesita saber si la gran campeona hizo o no trampa, y si eso sale gratis. Hasta entonces cualquier confeti está de más.