El desconcierto

La investidura ante el test Junqueras

No es el formato de la mesa, ni la fecha de la investidura, ni las filtraciones sobre el contenido político. Es  la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sobre Junqueras el principal obstáculo para la consecución del acuerdo entre el PSOE y ERC que permita la investidura de Sánchez. Las negociaciones se interrumpen por ERC hasta que el mismo presidente, hoy en funciones, haga una primera valoración sobre el varapalo de los magistrados europeos al Tribunal Supremo. Hay que entender que es lo menos que pueden hacer los republicanos justo en vísperas de que mañana sábado se inaugure su XXVIII Congreso. Sin resolver lo que cabe denominar como test Junqueras no cabe esperar la reanudación de la negociación.

No es nada sencillo para la Moncloa enfrentarse al búnker judicial que ha actuado cómodamente desde que el propio Rajoy optó por la judicialización del conflicto político en Cataluña. El corporativismo togado, tocado por sus colegas europeos, intentará darle la vuelta a la decisión de la Sala de Luxemburgo con la clara finalidad de que el eurodiputado preso siga en su celda de Lledoners. Si ayudó a Rajoy en el 155, no va a ayudar hoy a Pedro Sánchez en cuestionar la herencia envenenada de ese artículo. No van, tampoco, a poner al pie de los caballos europeos a los jueces que como Pablo Llarena colaboraron en el cerco judicial a Cataluña, ni al magistrado Manuel Marchena que con su cuestión prejudicial de primeros de julio al TJUE ha allanado el camino a la sentencia favorable e Junqueras.

Si bien el margen de maniobra de Pedro Sánchez es muy escaso, por no decir que casi nulo, la Moncloa puede intervenir a través de la abogacía del Estado. Porque desde la Fiscalía del Supremo, pese a ser un organismo jerárquico dependiente del Estado, ya se ha intervenido pidiendo la pronta inhabilitación de Junqueras. Sin olvidar que dispone de otros recursos como los indulto e incluso la amnistía. Pero es, sobre todo, una política de gestos simbólicos la que sería bien valorada por los republicanos. Si el PSOE insistió siempre en que el soberanismo no podía actuar a espaldas de las instituciones europeas, no cabe ahora una indiferencia socialista sobre una sentencia judicial europea que deja a la Justicia española por los suelos.

A  muy pocas horas de la apertura del vigésimo octavo congreso republicano nada sería más útil, para retomar la negociación sobre la investidura, que Sánchez recordara algo tan sencillo como que las sentencias no solo deben acatarse sino que, sobre todo ahora mismo, cumplirse. Combinar las reuniones negociadoras, que buscan una vía política para el problema catalán, con una vía punitiva que, además, ha sido denunciada por los jueces europeos carecería de sentido. Ahí está la sentencia sobre la inhabilitación del presidente Quim Torra hecha pública a la misma hora que la sentencia sobre Junqueras. Esta contraprogramación del búnker judicial es la mejor prueba de que, como dice Alberto Garzón, el ultranacionalismo les impide cumplir con imparcialidad.

Estamos a minuto y medio de que desde las tres derechas se vuelva a señalar aquel contubernio de Munich que según los franquistas aglutinaba a la Anti–España y, ahora, a todos los enemigos de la soberanía del búnker sobre la Justicia española. Santiago Abascal orienta políticamente una vez más a Pablo Casado e Inés Arrimadas a la hora de defender a unos magistrados desprestigiados profesional y políticamente que, además, deslegitiman al Estado. Llama la atención el profundo silencio del Consejo General del Poder Judicial sobre esta contradicción del Estado de Derecho según se situé más allá o más acá de los Pirineos. Aunque, probablemente, si hablaran más de uno se apuntaría a ese Spexit, abandono de la Unión Europea, que ya propone Vox. Cuestionar la sentencia europea sobre Junqueras es el primer paso.

Negociar mientras te pasan la factura del 155 es un craso error. No de ERC, ni tampoco de Sánchez, que bien se batió el cobre para ser investido en julio, sino de todos quienes bloquearon la investidura y  obligaron a la Moncloa a una nueva convocatoria electoral. Debido a errores propios y a algunas ambiciones ajenas, la  crucial batalla contra el búnker judicial, político y mediático -opuesto frontalmente a encauzar el problema catalán,-se está dando en las peores momentos y en pésimas condiciones. Cronificarlo es condición sine qua non para los estrategas de la involución. Justo a comienzos del siglo XXI, Aznar insistía en que la cuestión nacional vasca y catalana podría ayudar a la derecha a recuperar lo cedido durante la transición a una izquierda y a unos nacionalistas mucho menos fuertes de lo que parecían ser. Insistirá más en esa línea  si constata que Pedro Sánchez no consigue resolver el test Junqueras.