Fernando Luengo
Miembro de la candidatura de Podemos a la Comunidad de Madrid
Blog Otra Economía: https://fernandoluengo.wordpress.com
@fluengoe

La información sobre el número de horas extraordinarias no pagadas publicada por el Instituto Nacional de Estadística -algo más de 2,6 millones en el primer trimestre del año en curso- es una estimación de trazo grueso. El decreto-ley del gobierno socialista que acaba de entrar en vigor introduce un registro que, en principio, permitirá un cálculo más preciso de las mismas.

No entraré aquí a discutir si esta medida tiene un tinte electoralista, si ha estado guiada por la improvisación y la precipitación o si el decreto-ley es el procedimiento más adecuado para su implantación. Me interesan más las cuestiones de sustancia, donde, en mi opinión, hay que poner sobre todo el acento.

Las horas extraordinarias no retribuidas, cuyo número impresiona y sobre las que ya habían llamado la atención las organizaciones sindicales, significa que los trabajadores entregan a las empresas trabajo gratis. Mejora de esta manera la cuenta de resultados, pero ¡ojo! sin que acrediten más competitividad o una gestión más eficiente. Es el resultado de una intensificación de la explotación laboral, estimulándose así una cultura inercial y conservadora.

Desde hace años, las estadísticas oficiales ya reflejan el estancamiento o retroceso de los salarios promedio (un indicador que es una fuente adicional de confusión, dada la enorme y creciente diferencia existente entre los más altos y los más bajos). Si tenemos en cuenta el trabajo regalado a las empresas (bajo presión, no lo olvidemos), la represión salarial es mucho más intensa. Si, además, reparamos en otro factor sobre el que habitualmente se pasa de puntillas -la intensificación de los ritmos laborales, producir más en el mismo tiempo-, entonces dispondremos de un panorama más completo de la precarización de las condiciones laborales dentro de las empresas, precarización que apenas tiene reflejo estadístico.

Por supuesto, estas horas extraordinarias no pagadas no cotizan a la Seguridad Social, lo que supone una importante merma de ingresos en el fondo de pensiones públicas, que se financia precisamente a partir de estas cotizaciones. Hablar de la supuesta insostenibilidad de estas pensiones sin poner el foco en estas prácticas depredadoras de las empresas (y, en general, en la degradación de las relaciones laborales que han propiciado las reformas en los mercados de trabajo promovidas por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español) es simplemente, inaceptable.

El capitalismo que emerge de la crisis, incapaz de generar un crecimiento suficiente, está instalado en la confiscación de renta y riqueza de los trabajadores, del sector público y de la naturaleza. Las horas extraordinarias no pagadas y la permanente presión sobre los salarios son importantes engranajes de este proceso confiscador. Revertirlo, derogando las últimas reformas laborales e introduciendo, con el concurso de los actores sociales, una nueva regulación que respete y promueva los derechos humanos y empodere a los trabajadores. Este es uno de los grandes desafíos que tienen por delante las candidaturas del cambio.