El Gobierno logró ayer salvar por la mínima en el Congreso de los Diputados su reforma laboral, al conseguir la abstención de CiU y el PNV. Como era de prever, el texto ha sufrido modificaciones que han enconado aún más los ánimos de los sindicatos y no sorprendería que fuera objeto de nuevas vueltas de tuerca a su paso por el Senado.

Entre las novedades más polémicas, destaca la facultad que se concede a las empresas para despedir a empleados por causa objetiva (indemnización de 20 días por año) cuando justifique "pérdidas actuales o previstas, o disminución persistente de su nivel de ingresos". También se facilita el despido barato por reiteradas ausencias del trabajo, lo cual podría pasar por una medida justa si se asume que el absentismo es un yacimiento de fraude, pero los sindicatos tienen razones para temer que el objetivo último de la medida consiste en facilitar aun más a los empresarios los recortes de personal.

La reforma laboral contiene, sin duda, algunos apartados positivos, en particular los que pretenden erradicar la temporalidad, una de las mayores lacras del mercado laboral español. Sin embargo, analizada en su conjunto, supone una regresión en los derechos de los trabajadores, como bien se han encargado de reiterar los líderes sindicales. Lo que ahora está por ver son sus efectos. El presidente Zapatero dice estar dispuesto a asumir los costes electorales que le pueda provocar un fracaso de su apuesta. El PP ha votado en contra de una reforma que en condiciones normales aprobaría gustoso, porque su estrategia pasa por mostrarse sensible a la suerte de los trabajadores. ¿Convencerá a alguien?