Casi un mes después de la huelga general del 29-S, UGT y CCOO dejaron ayer muy claro al Gobierno que la paz social no está, ni mucho menos, garantizada, pese al relativo sosiego que ha seguido a aquella protesta. Los sindicatos presentaron un documento que recoge sus principales reivindicaciones y anunciaron una agenda de movilizaciones en las empresas hasta el 15 de diciembre, que tendrá su colofón en la gran manifestación sindical que se celebrará en toda Europa el 18 del mismo mes. En términos generales, los sindicatos reclaman a Zapatero que revierta la reforma laboral, al menos en sus aspectos más lesivos para los trabajadores, y que reoriente su política económica de manera que la lucha contra el déficit no se desarrolle a costa del Estado del bienestar. No se oponen por principio a la reforma del sistema de pensiones, pero plantean que el retraso de la edad de jubilación sea voluntario.

Está por ver qué efecto tendrá esta demostración de fuerza sindical. Resulta significativo que, ayer mismo, el flamante ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, anunciara una prórroga de la prestación de 426 euros durante seis meses a los parados a los que se les extinga su subsidio de desempleo. Un guiño importante para los futuros beneficiarios, pero muy insuficiente para satisfacer las demandas de los sindicatos. La recuperación de (apenas) 260 millones de euros que evasores fiscales mantienen en cuentas suizas constituye una pequeña prueba de que existen vías alternativas para engrosar las arcas públicas antes de recurrir a tijeretazos presupuestarios y recortes de derechos sociales.