En 1998, los partidos suscribieron el Pacto contra el Transfuguismo con el propósito de impedir que los cambios de bando político pudiesen precipitar la caída de los gobiernos locales. El pacto describe el transfuguismo como una "patología" y obliga a los firmantes a rechazar el apoyo de esos enfermos, a los que se confina a un limbo denominado "no inscritos" para evitar que pasen al Grupo Mixto y disfruten de las ayudas económicas correspondientes.

Desconfío por principio de los tránsfugas. Sus actuaciones suelen estar motivadas por ambiciones económicas espurias o por vulgares deseos de venganza. Es probable que a este grupo pertenezca también el caso de Benidorm. Pero, ¿y si se da el caso de un transfuguismo honesto, cuyo voto pueda contribuir a tumbar un gobierno corrupto, inepto o constituido mediante alianzas que contravienen la voluntad de los electores? ¿Debe la oposición desdeñar ese apoyo en términos estrictamente democráticos?

Supongamos, con todo, que el Pacto Antitransfuguismo tiene más aspectos positivos que negativos. El problema es que no ha ido acompañado de otros compromisos para mejorar la calidad del sistema político. Los partidos funcionan cada vez más como engranajes de poder en los que apenas cabe la disensión y romper la disciplina de voto en cualquier materia es causa de apertura de expediente con riesgo de expulsión. Desde esa perspectiva, el acuerdo contra los tránsfugas parece inscribirse más en la pretensión de los partidos de blindarse contra los díscolos mediante una especie de pacto de familia, que en una apuesta sincera por velar por la pureza democrática.

La doctrina del Tribunal Constitucional otorga a los ciudadanos el derecho a que sus representantes no puedan ser cesados por una voluntad distinta a la de sus propios electores. En virtud de este principio, los partidos pueden expulsar de sus filas a los tránsfugas, pero no quitarles el cargo. Esto significa que, aunque impere un sistema electoral de listas cerradas, el poder de los integrantes de la lista emana del pueblo.
Los firmantes del Pacto Antitransfuguismo así lo reconocen, pero, para justificar su acuerdo, alegan que la "práctica" del sistema político reconoce una "especie de mandato imperativo de los partidos sobre parlamentarios o concejales". Una cosa es que se sirvan de este argumento para frenar la acción de los tránsfugas. Otra, que lo utilicen para convertir a los partidos en rebaños de borregos.