Este semana el Gobierno del PP ha aprobado la nueva ley de educación que el próximo Gobierno del PSOE derogará nada más tome posesión. Con la ley del aborto ocurrirá lo mismo. Y algo parecido puede que le espere a la nueva ley de costas. Tales leyes durarán lo que dure el Gobierno que las propugna. ¿Por qué impulsa la derecha leyes que probablemente sean volteadas por el siguiente Gobierno de signo político contrario? Seguramente porque algún cráneo privilegiado la ha debido convencer de que estos tiempos de crisis económica feroz son ideales para que un Gobierno cambie todo cuanto le venga en gana, dado que la gente tiene la cabeza puesta en otras cosas y apenas prestará atención a las tropelías gubernamentales.
Pero, de entre todas las que viene imponiendo, la ley sin duda más significativa políticamente es la de educación. Más incluso que la del aborto. Esta última es antes que nada un anacronismo, un disparate, una antigualla, una bofetada a las mujeres, un absceso inesperado en la castigada piel de la modernidad de un país que siempre tuvo un elevado porcentaje de sus élites que nunca quiso ser moderno. La ley de educación es otra cosa: es la demostración más cruda de que la guerra no ha terminado; pero no la guerra en sentido figurado, sino la guerra en sentido literal, la guerra nuestra, la de toda la vida: la guerra civil.
Esta ley de educación que mete la religión por la puerta grande de los colegios será, naturalmente, un fracaso. El consenso no garantiza el éxito de una reforma educativa, pero la falta de él sí que garantiza su fracaso. Y esta ley no es solo que nazca sin consenso, es que nace despreciando la idea misma el consenso. Es el tipo de ley que demuestra que la guerra civil no ha terminado, que tenemos una derecha para la cual el laicismo o la aconfesionalidad del Estado son moderneces que nada tienen que ver con el ser de España. Es la demostración de la cerril fidelidad de la derecha a sí misma, pues eso es lo que pensaba la derecha hace ochenta años y por lo cual se dedicó desde el minuto uno a conspirar contra la República. Es la misma derecha que nunca aceptará la ley de memoria histórica, cuyo fracaso estrepitoso tiene que ver con muchas cosas, pero la principal de ellas es que la derecha española está íntimamente en desacuerdo con dar cristiana sepultura a los miles de españoles enterrados en las cunetas porque piensa que si los mataron como los mataron y los enterraron como los enterraron es porque se lo merecían. Se lo merecían entonces y se lo merecen ahora.
¿Donde está en España la derecha normal? Pudiera estar, si acaso, en Cataluña y el País Vasco pero es como si no estuviera, puesto que la derecha vasca y la derecha catalana no ejercen de derecha española ni son asimilables a ella, y además están en la cosa patriótica suya, la cual es, a su vez y por otra parte, una demostración más de que la guerra civil no ha terminado. Aparte del económico tenemos un problema histórico, político y sociológico que no hemos resuelto: es el problema de que aquella maldita guerra civil iniciada hace casi un siglo no acaba de terminar de una maldita vez.
Los pobres no tienen piedad con las estadísticas. Eres, digamos, presidente del Gobierno o ministro de Hacienda, tienes unas cifras macroeconómicas niqueladas, tu deuda, tu déficit, tu prima de riesgo, tu envolvente financiera, todos tus parámetros evolucionando como deben evolucionar los parámetros dignos de tal nombre, es decir, proclamando unánimemente que lo peor ya ha pasado y que estamos en la senda de la recuperación, y de pronto llegan los malditos pobres y se cuelan en las estadísticas, más que nada por fastidiar.
He aquí los datos, conocidos ayer: entre 2008 y 2011 la pobreza aumentó un 8%; donde más subió fue en Canarias (21%), Valencia (18%), Andalucía (16%), Aragón (13%) y Cataluña (7%). Es un alivio que los pobres no hayan respetado el color político de las autonomías y hayan aumentado lo mismo en la Valencia derechista que en la Andalucía izquierdista, así nos ahorramos la parte más cerril del debate político consistente en atribuir a la ideología local culpas que radican en la ideología global.
Coincidiendo con esa estadística sobre los pobres, de cuya inoportunidad política ha debido darse cuenta incluso el mismísimo Carlos Floriano, asistimos al debate sobre el reparto territorial de la reducción del déficit público del año que viene. Dado que ya no gobierna Zapatero sino Rajoy, hay presidentes autonómicos de derechas que están de acuerdo con el criterio gubernamental de un déficit autonómico a la carta. No están de acuerdo, por otra parte, con el baremo que se ha de aplicar a cada una para fijar el tope de déficit. El nivel de endeudamiento, dice éste; el grado de cumplimiento del déficit de 2012, defiende aquél; la necesidades de la nación, proclama el de más allá; discriminación positiva para los alumnos más aventajados en ajustar sus cuentas, sostiene el otro; lo que sea salvo favorecer a Cataluña aunque lo necesite más que nadie, propugnan los más ceporros.
Nadie exige ni defiende, sin embargo, que le apliquen el que sería el criterio más humano y más sereno: el criterio de la pobreza misma. Ningún presidente autonómico tiene el coraje de decirle al Gobierno: “Déjeme usted respirar con el puñetero déficit porque en mi territorio hay más pobres que en ningún sitio y si recorto mi gasto social el año que viene habrá todavía más pobres, y no menos, como es mi debe que haya”.
Nadie, claro está, quiere hacer tal cosa. Demasiado arriesgado. Demasiado indecoroso eso de exhibir tu pobreza para pedir ayuda. Eso está bien para los propios pobres, pero no para sus representantes políticos, no vaya a ser que la gente los tome a ellos mismos por pobres. Un político puede defender a los pobres, pero nunca ser pobre él mismo. Ni mucho menos comportarse como tal. ¿Por qué? Por muchas razones, entre las cuales no figura precisamente en último lugar la de que en tal caso los propios pobres nunca lo votarían.
Pero en eso España no es diferente. En realidad se trata de la misma razón por la que ningún país europeo quiere alinearse con quien considera más pobre que él, aunque esa alianza pueda beneficiarlos a todos: Francia no quiere ser Italia, Italia no quiere ser España, España no quiere ser Portugal, Portugal no quiere ser Grecia, Grecia no quiere ser Grecia. Todavía no se han dado cuenta, los muy estúpidos, o todavía no se atreven a admitir, los muy cobardes, que todos son lo mismo.
La semana pasada hubo noticia bomba a propósito de una carta de Europa sobre el decreto de vivienda del Gobierno bolchevique de Andalucía. Pero eso fue la semana pasada, y hoy es hoy. Y lo que hoy sabemos es que ni la carta era una carta, ni la bomba era una bomba, ni la noticia era noticia. Todo era ficción en esa exclusiva filtrada por el Gobierno español a la agencia de noticias Efe. Era ficción la carta, la bomba, la noticia y el Gobierno bolchevique. Y era ficción, por supuesto, hasta Europa misma, gobernada por una ficción llamada Comisión Europea al mando de la cual hay un presidente ficticio llamado Durao Barroso, el cual, junto a la propia Comisión, está a su vez ficticiamente sometido a una ficción aún mayor llamada Parlamento Europeo.
Recordemos al desocupado lector el par de cosas que contiene el dichoso decreto y que, en opinión de algunos, pueden hundir el sector financiero y el sector inmobiliario, que al parecer no estaban hundidos: 1. Expropiación del uso de la vivienda a los bancos y abono de un alquiler a los mismos en casos de desahucio con riesgo de exclusión social. Y 2. Multas de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que no saquen sus viviendas al mercado de alquiler en las zonas con demanda de ellas.
De manera que no llegó carta alguna. Lo que llegó, según hemos sabido finalmente, fue un escueto correo electrónico de Bruselas pidiendo a Madrid más información sobre el decreto andaluz, del que la derecha política, mediática y financiera viene diciendo desde el minuto uno que se trata de un decreto bolivariano diseñado para expropiarle impunemente los pisos a la pobre banca, víctima a su vez de tantas y tantas familias desalmadas que, no pudiendo pagar la hipoteca que con tan desvergonzada alegría solicitaron antaño, pretenden hogaño cargar su irresponsabilidad sobre las castigadas espaldas del sistema financiero.
Mientras tanto sólo resta esperar a que, tras evaluar detenidamente la preocupante deriva venezolana que ha tomado la pobre Andalucía, los cráneos privilegiados del Norte emitan su esperado dictamen. La única duda es: ¿nos lo harán llegar en forma de carta o en formato email? ¿Será una comunicación oficial con todos sus sellos, sus firmas y sus avíos o será un vaporoso email que parezca decir algo sin decir en realidad nada? Conociendo el paño europeo lo más probable es que ocurra esto último. Si ocurre lo primero diremos lo que diría Raphael, que a veces llegan cartas. Si ocurre lo segundo, diremos lo que siempre dice Rajoy: O no.
Andamos de segundo aniversario del 15-M y no sabemos muy bien qué balance hacer. Una síntesis aceptable de lo conseguido sería decir que el balance material es escuálido pero el balance espiritual es notable. El 15-M no ha conseguido cosas concretas y palpables pero sí ha logrado que se hable con intensidad de cosas de las que apenas se había hablado hasta entonces. El principal triunfo del 15-M es que a estas alturas nadie puede honestamente dejar de admitir que sus promotores tenían razón. No en todo, pero sí en casi todo. No en todas sus respuestas, pero sí en todas sus preguntas. No en su medicina, pero sí en su diagnóstico.
Los muchachos y muchachas del 15-M tenían y tienen razón en muchas cosas, lo único que ocurre es que la crisis económica es un viento huracanado que no permite oír otra cosa que el propio viento. La transparencia de la vida pública, las deficiencias de la representatividad política, la ausencia de controles institucionales, la esclerosis de los partidos, la impotencia de los sindicatos, el desmedido poder del dinero: estas y otras cuestiones planteadas por aquella flor de un día que fue el 15-M (flor revolucionaria sí, pero flor apenas de un día) siguen siendo igual de importantes que entonces, pero la galerna de la crisis impide prestarles atención, pues cómo dedicarse a acometer reformas en la nave cuando las vías de agua abiertas en ella amenazan con hundirla para siempre.
La derecha simula despreciar al 15-M, pero en realidad le tiene pánico. Por eso ha extremado tanto y con tan aplicado cinismo la presión policial sobre los manifestantes de todo tipo y la criminalización de sus acciones. La derecha respira con alivio al comprobar cómo, dos años después, el 15-M se diluye en una nebulosa incapaz de intimidar a nadie. La derecha hace como el que 15-M está muerto, pero no lo está. Vino sin saber cómo y se fue sin saber cómo: imposible, por tanto, predecir si volverá y, si es así, con cuánta extensión, intensidad y furia lo hará.
La victoria del 15-M no depende tanto de él mismo como de la izquierda política convencional, pues sólo ésta puede convertir los éxitos espirituales del movimiento en éxitos propiamente materiales, es decir, en nuevas prácticas, nuevas conductas y nuevas exigencias de esa izquierda consigo misma; y también en nuevas leyes, nuevas instituciones, nuevos controles, nuevas propuestas. Sólo si el Partido Socialista e Izquierda Unida se toman en serio el 15-M éste comenzará a dar frutos palpables y efectivos. Izquierda Unida ya lo está haciendo en buena medida, pero no así el Partido Socialista, que ni siquiera ha comprendido del todo cuánto se juega en este envite. Mientras IU se juega su crecimiento y proyección futura, pero en ningún caso su desaparición, el PSOE se juega su propia supervivencia como PSOE, es decir, como partido de referencia de la democracia española. Para el 15-M sería sin duda muy conveniente que el PSOE le hiciera caso. Para el PSOE no sólo es conveniente, para el PSOE es cuestión de vida o muerte hacerle caso al 15-M.
Elena y Emilio. Cortés y Botín. Elena Cortés y Emilio Botín. La roja y el millonario. David y Goliat. La política y la banca. El 99% y el 1%. La que tiene el poder y el que tiene el dinero. La que cree que tiene el poder y el que sabe que tiene el dinero. La consejera comunista y el banquero anarquista (Pessoa ya conjeturó que, de algún modo, todos los banqueros lo son).
A propósito del decreto-ley sobre vivienda, que ayer convalidó el Parlamento de Andalucía con la abstención pero no el voto en contra del PP, el presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha dicho que la iniciativa de la Junta de Andalucía le parece “muy mal, fatal” y que “ese tipo de medidas no ayuda en absoluto a la economía española”. Otros banqueros, así como la derecha política han hecho también previsiones ruinosas a cuenta de la aplicación del decreto, cuya medida más radical consiste, por cierto, en multar a los bancos e inmobiliarias que tengan viviendas vacías en lugares donde haya demanda y en la expropiación del uso durante dos años de casas ocupadas por familias desahuciadas en especial situación de desamparo. En fin, que el decreto tampoco es equiparable exactamente a la toma del Palacio de Invierno.
A propósito de su propia iniciativa, la consejera Cortés dijo ayer en el Parlamento: “La construcción cae por el pinchazo del ladrillo, se crea el banco malo, hay millones de casas vacías… ¿y es este decreto ley el que va a acabar con el sector?”. Se puede decir más largo, pero no mejor. Los tipos directamente responsables de la burbuja inmobiliaria con la cual ganaron decenas de miles de millones de euros y cuyo pinchazo ha llevado a todo un país a la ruina, esos tipos son los mismos que insisten en darnos lecciones sobre lo que es bueno o lo que es malo para la economía. Por supuesto, cuando dicen “la” economía quieren en realidad decir “su” economía. Si a ellos les va mal lo que va mal es la economía, pero no por su culpa, sino por culpa de la gente, que vivía por encima de sus posibilidades. Mientras que si a la gente misma le va mal lo que va mal son las tasas de morosidad y por supuesto la culpa es del Estado, además de serlo de la gente, pero eso no hace falta ni decirlo.
Todo está a punto para la batalla. Las armas están a punto. David enarbola sus leyes y Goliat su dinero. Elena exhibe su rojerío y Emilio se exhibe a sí mismo. Aunque no lo parezca, puede que estemos ante una batalla crucial: tan crucial que si el decreto de la Junta fuera efectivo y solucionara no todos pero sí algunos de los problemas de la vivienda en Andalucía, y lo consiguiera además sin hundir la economía mundial, sería la primera maldita vez desde que estalló la crisis que la política le ganaba por fin una batalla al dinero. Y lograr esa primera victoria podría cambiar muchas cosas, la principal de ellas que David empezaría a confiar en esa modesta honda suya que es la política y Goliat empezaría a dudar de esa imponente fuerza suya que es el dinero.
Lo más importante que ha ocurrido políticamente en Andalucía en el último año no ha sido tanto que haya gobernado la izquierda como que no haya gobernado la derecha. A primera vista puede parecer lo mismo, pero no lo es. Sobre este primer año de gobierno del Partido Socialista e Izquierda Unida ha sobrevolado incesantemente la idea de ‘lo que habría hecho el PP’ si en la primavera de 2012 hubiera obtenido la mayoría absoluta que casi todos le augurábamos. Al Gobierno de coalición que preside Griñán no lo está salvando tanto lo que él mismo ha hecho por sus propios medios como el contraste de sus menguadas hazañas con las barbaridades que habría cometido la derecha si hubiera gobernado.
Al Gobierno andaluz lo salva no tanto lo que ha hecho como lo que se ha negado a hacer; no tanto que haya creado empleo público como que haya frenado su destrucción; no tanto que haya mejorado la sanidad universal y gratuita como que no la haya deteriorado; no tanto que haya contratado nuevos profesores como que haya despedido a los menos posibles.
Pero todas esas cosas, que en realidad no son muy distintas de las que durante tres decenios ha venido haciendo el Partido Socialista en Andalucía, han tenido en este año transcurrido una importancia capital precisamente por la dolorosa viveza con que contrastan con las políticas practicadas por la derecha en comunidades como Valencia o Madrid o por el propio Gobierno de España. En estos malos tiempos hemos dejado de pedirle a nuestro Gobierno autonómico que gane batallas: nos conformamos con que las empate. No le reclamamos que mejore el Estado del Bienestar, sino que no lo estropee. En estos momentos no queremos más Estado del Bienestar, simplemente queremos el mismo.
Si la persistente sombra de ‘lo que habría hecho el PP’ no hubiera operado como referente central en la memoria colectiva de los andaluces, la gestión del Gobierno de izquierdas, famélico dueño de unas arcas exhaustas, apenas habría merecido un escuálido aprobado. Es aquella espesa sombra lo que engrandece esta diluida gestión. El Gobierno de España está perpetrando tantos incumplimientos y violando tantas promesas, y los Gobiernos de Valencia o Madrid están despreciando tanto y tan impunemente tantos derechos de tanta gente que, sin pretenderlo, han salvado a los ojos de la gente este primer año de la coalición andaluza. No está claro, sin embargo, que lo que ha servido para el primer año sirva también para el segundo. Y del tercero ni hablamos. Hoy, en política, aguantar vivo un año cuenta al menos como cinco, aguantar dos años cuenta como diez y aguantar tres años… aguantar vivo tres años ni se sabe. De hecho, nadie hasta ahora lo ha conseguido.
Vuelven las huestes jornaleras andaluzas por donde solían, regresan a la ocupación de fincas públicas para exigir la utilidad social y laboral de un bien que es patrimonio de todos. Vuelven a lo de antaño y se olvidan, por fortuna para todos, de aquella arriesgada novedad táctica que fue la entrada abrupta en los hipermercados a llevarse comida para los pobres y que contribuyó mucho más a desacreditar la causa jornalera que a legitimarla a los ojos de la gente.
Los seguidores de Juan Manuel Sánchez Gordillo y Diego Cañamero han protagonizado esta semana la ocupación pacífica de la finca sevillana Las Turquillas, propiedad del Ministerio de Defensa. Los jornaleros han conseguido salir en los telediarios, sí, pero no deberían hacerse muchas ilusiones por ello: hoy día cualquier que se lo proponga acaba saliendo en los telediarios. La frustrada ocupación del Sindicato Andaluz de Trabajadores tendrá alcance, eficacia y sentido sólo si el Parlamento de Andalucía es capaz de hacer su trabajo complementando con su acción institucional la acción insurreccional de los jornaleros. ¿Cómo? Lo primero de todo, preguntando. Obligando al Ministerio de Defensa que explique ante una comisión de la Cámara andaluza si los jornaleros tienen o no tienen razón: es decir, preguntando si las 1.200 hectáreas de la finca están infrautilizadas, si en ellas se puede hacer algo más que criar burros y caballos o sembrar cereales que apenas generan jornales, si es posible ceder una parte de la finca a jornaleros en paro para que la exploten…
Y no solo eso, si el Parlamento de Andalucía funcionara como debe funcionar podría también hacer lo siguiente: crear un grupo de diputados con representación de los tres partidos, fletar un autobús y visitar durante unos días la finca Las Turquillas para ver con sus propios ojos si se le saca todo el rendimiento que se le puede sacar o si, como sostienen los jornaleros, podría generar decenas de miles de jornales al año. Cuando la gente empiece a ver que su Parlamento hace cosas como esa es seguro que empezará a estar orgullosa de él.
Durante mucho tiempo ocupar fincas fue un ejercicio tal vez revolucionario, pero también retórico. En los noventa Gordillo y los suyos ocuparon una finca de Mario Conde y la acción revolucionaria acabó con el banquero invitándolos a almorzar debajo de un chaparro. La manera de que esta ocupación de Las Turquillas no se quede en mero folclore revolucionario es instando al Parlamento a hacer lo que tiene que hacer: averiguar la verdad económica de esa finca y hacer que el Gobierno de España obre en consecuencia. Puede que, en efecto, solo sirva para criar burros y caballos, pero si es así queremos saberlo. Y la manera más fiable de saberlo es haciendo que el Parlamento de Andalucía viaje a la finca, la ocupe por unos días, averigüe qué puede hacerse con ella y exija a Defensa que lo haga. Esa ocupación sí que sería revolucionaria. Casi tanto como la otra. Y con un poco de suerte hasta saldría también en los telediarios.
Todo empezó cuando alguien nos hizo creer que no éramos trabajadores, sino otra cosa. En realidad tampoco hizo falta que nos insistieran mucho. Afuera había demasiadas cosas que comprar y teníamos derecho a ellas. Hablo de los periodistas, de los maestros, de los sanitarios, de los oficinistas, del hoy menguado pero en otro tiempo inmenso ejército del sector servicios. Trabajadores eran los de las fábricas, los del mono azul, los pringados, los fracasados, los que compraban en el Carrefour o en el Lidl porque no podían comprar en el Hipercor solo porque era un poco más caro, trabajadores eran los que nunca podrían ser otra cosa. Y ni siquiera. También ellos, también los pocos de ellos que quedaban trabajando en las fábricas que aún no habían sido deslocalizadas acabaron creyendo que ya no eran trabajadores, sino una cosa en apariencia mucho más fina llamada clase media baja. De pronto no había trabajadores. Ni había clases populares. Solo clases medias. Medias altas, medias-medias y medias bajas, pero siempre medias.
De hecho, la propia palabra trabajadores desapareció hace mucho tiempo del vocabulario de organizaciones como el Partido Socialista, cuyos dirigentes, además o tal vez por eso, hace mucho tiempo que dejaron de vivir en los mismos barrios que sus votantes o de comprar en los mismos sitios que aquellos a quienes decían representar.
¿Qué diferencia hay entre un trabajador y un miembro de la clase media? En que el primero es un trabajador y lo sabe y el segundo también lo es pero no lo sabe. En que el primero siempre estará dispuesto a hacer una huelga y hasta una huelga salvaje si hace falta, mientras que el segundo piensa que las huelgas no son cosa suya. Un trabajador, por ejemplo, siente como propio el Día Internacional del Trabajo, hace lo que puede por acudir a las manifestaciones y respeta a los sindicatos, quiere que lo hagan mejor de lo que lo hacen, pero los respeta. En el peor de los casos, un trabajador piensa de los sindicatos algo parecido a lo que pensaba el niño protagonista de la película Camino de Perdición: “Tal vez no era el mejor hombre del mundo, pero era mi padre”. Un trabajador medianamente fiel a sí mismo piensa que estos sindicatos de ahora tal vez no sean los mejores del mundo, pero son sus sindicatos.
Un ciudadano de la clase media, sin embargo, mira por encima del hombro el 1 de Mayo y se pasa el día maldiciendo de los sindicatos, hasta el punto de llegar a pensar que la clase media a la que él cree pertenecer viviría mucho mejor sin esos parásitos que lo único que hacen es vivir de los impuestos que él paga. La clase media se ha sumado durante años con tanta fruición al descrédito ciego y feroz de los sindicatos promovido por la derecha que ahora, cuando empieza a sospechar que nunca fue lo que le habían hecho creer que era, no tiene a quién acudir para que la comprenda, la defienda y la ayude a conservar el trabajo, los derechos, la dignidad y el futuro.
El mal llamado banco malo no era en realidad tan malo, particularmente para sus altos ejecutivos, que en su primer mes de trabajo ganaron unos 33.000 euros cada uno. No, no has leído mal, pío lector: 33.000. Tres, tres, cero, cero, cero. Como recordatorio, ahí va la explicación del catedrático Juan Torres sobre lo que es este invento: “El banco malo es una expresión que ya por sí misma confunde a la gente porque no es un banco (una institución que maneja depósitos y concede préstamos) sino un fondo, con forma de sociedad participada por el Estado y por el capital privado, que lo que hará será otra cosa: comprar los activos de los bancos que hoy día son de difícil o imposible cobro o que los bancos no consiguen colocar en el mercado (inmuebles, solares, etc.) para tratar de ir vendiéndolos a lo largo de los próximos diez años”.
La presidenta de la llamada Sareb, Belén Romana, ganó en diciembre pasado 32.916 euros y su director general, Walter de Luna, 32.083. Y eso que prácticamente no habían empezado a trabajar, como quien dice. Durante mucho tiempo, varias décadas en realidad, discutir la legitimidad de un sueldo de 400.000 euros al año estaba mal visto o era un acto de demagogia, propio de gente desinformada que no conocía la complejidad y el riesgo que entrañaba un trabajo tan bien pagado. Hoy seguimos sin conocer esa complejidad y ese riesgo, pero nos hemos vuelto más bordes. Bueno, en verdad quienes nos han vuelto más bordes son precisamente los financieros que ganaban de medio millón al para arriba.
Hoy ya nos da igual que nos llamen demagógicos por discutir que una sociedad creada con el impulso del Gobierno y con participación mayoritaria de capital público pague a su directivos 33.000 euros al mes. Hoy queremos saber por qué les pagan eso y qué han hecho para ganárselos. Y lo queremos saber, entre otras cosas, porque buena parte de nuestros problemas actuales provienen de no haber preguntado antes por qué diablos cobraban lo que cobraban unos tipos que nos han llevado a todos a la ruina (a todos menos a ellos mismos, se entiende).
¿Se pueden encontrar hoy en el mercado profesionales solventes capaces de vender a buen precio la morralla inmobiliaria de la banca sin que tengamos que pagarles 33.000 euros al mes? ¿No podríamos encontrarlos por 15.000, por 10.000 o incluso por menos? ¿No podríamos? Sí que podríamos. Quienes no podrían encontrarlos son quienes los han buscado. ¿Por qué? Porque quienes han buscado a esos expertos para pagarles esos sueldos provienen del mismo mundo social y profesional que ellos, y naturalmente no están dispuestos a tirar piedras contra su propio tejado rebajando los sueldos que creen merecer. ¿Es todo esto demagogia o simplemente es verdad? Digamos que los tiempos cambian y la verdad y la demagogia cambian con ellos. Digamos que lo que diez años atrás era demagogia hoy ha pasado a ser verdad y lo que entonces era verdad no es que hoy sea demagogia, es que es simplemente mentira.
Los defectos de forma son la gatera del edificio judicial por la cual suelen los ricos eludir una condena severa o simplemente una condena a secas. Naturalmente, los defectos de forma no están al alcance de todo el mundo: sólo al de quienes pueden pagarse un buen abogado capaz de encontrar esa gatera para indicársela a su cliente y que este pueda escapar del lance judicial si no completamente ileso, sí al menos razonablemente entero.
El último rico que va a escaparse por la gatera de los defectos de forma es el torero Ortega Cano, condenado en primera instancia por una juez de Sevilla a dos años y medio de cárcel por el atropello mortal de un inocente cuando circulaba a velocidades temerarias por una carretera secundaria. El fiscal y la acusación particular pedían cuatro años porque daban por seguro que el procesado también pagaría por conducir borracho. En verdad, nadie creyó a Ortega Cano durante el juicio cuando afirmó que esa noche apenas se mojó los labios con champán. Y había buenas razones para no creerle: las pruebas de alcoholemia habían determinado que triplicaba la tasa permitida de alcohol en sangre. Su defensa, sin embargo, sostuvo que no se había respetado la cadena de custodia de las muestras sanguíneas y la juez le ha comprado esa mercancía. Está por ver si se la compra también la Audiencia de Sevilla, que verá los recursos presentados por las partes.
En términos jurídicos la mandanga sobre la cadena de custodia puede que no sea estrictamente un defecto de forma, pero sí es desde luego una gatera. Una gatera que ni siquiera lograron cegar testimonios tan contundentes, y reconocidos como hecho probado en la sentencia, como el de vecinos de Burguillos que esa noche, media hora antes del accidente, llamaron alarmados al 112 para denunciar la “conducción desordenada” del coche conducido por Ortega Cano. El sentido común dice que el torero había bebido, y mucho, esa noche, pero la ley dice que la extracción y custodia de la sangre del involuntario homicida no se ajustaron a los protocolos correspondientes.
Vale. Bien. Es legítimo. Se acepta pulpo como animal de compañía. Pero si la justicia consiste, como dicen los norteamericanos, en un cincuenta por ciento de aplicación de la ley y en un cincuenta por ciento de sentido común, en esta sentencia inicial de Ortega Cano se echa de menos este segundo cincuenta por ciento. ¿Y adónde habría ido a parar ese dichoso cincuenta por ciento? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es por dónde se ha escapado: se ha escapado por la gatera.
