Había previsto unas vacaciones de columnista, pero algunos acontecimientos recientes me dificultan mantener el silencio auto-impuesto.
35 años después de que lo cantara The Clash, es oficial. London’s burning. Una vez más, sin embargo, ‘los mercados’ y su teóricamente temido ‘lunes negro’ han dejado en segunda fila las cosas importantes. Pero vayamos por partes, ni que sea telegráficamente.
Los hechos
El Jueves 5 de agosto, Mark Duggan, de 29 años y padre de 4 hijos, muere por el disparo de un policía en el norte de Londres. El sábado a las 5 de la tarde, y cuando aún no habían podido ni acceder al cuerpo ni obtener ninguna explicación oficial, la familia de la víctima, con conocidos y miembros de la comunidad, se dirigen en manifestación a la comisaría del barrio para exigir que alguien les reciba. Cinco horas después, siguen en el lugar sin respuestas, y un trabajador social avisa a la policía de que si nadie les recibe antes de que se haga de noche, la cosa se puede poner fea. En un momento determinado, una chica de 16 años se acerca a la policía para pedir explicaciones, pero es apartada con violencia. Parece que esto es lo que desata la primera revuelta, que dura toda la noche del sábado y acaba con coches, autobuses y edificios incendiados.
Desde entonces, las revueltas se extienden. Por encima de divisiones étnicas, religiosas o cualquier otra línea ficticia cacareada en los últimos años, la brecha que aparece es, sobre todo, generacional. El lunes por la noche, por ejemplo, unos jóvenes atacan la mezquita del este de Londres (aunque son repelidos por los fieles, que protegen el edificio y les echan al grito de ‘cómo os atrevéis’), y muchos testigos hablan de que la gran mayoría de los protagonistas de los actos violentos son blancos.
Sin querer extenderme mucho, sí creo que hay algunos datos que hay que poner sobre la mesa para comprender lo que está pasando.
El contexto
- El 31 de julio de 2011 el Guardian publicaba un vídeo sobre la situación en Haringey (donde empezaron los disturbios) entrevistando a jóvenes sobre la situación en el barrio después del cierre de los centros comunitarios para jóvenes (consecuencia de una reducción presupuestaria del 75%). Todos coincidían en que su situación era ya de una vulnerabilidad y pobreza extrema, sin perspectivas laborales y en un entorno desestructurado y violento. El último entrevistado sentenciaba: ‘Habrá revueltas’. No hacían falta expertos, pues: el barrio lo estaba anunciando a gritos.
- Desde 1998, 333 personas han muerto mientras estaban en dependencias policiales o bajo custodia policial. Ningún policía ni responsable político ha sido jamás condenado por ninguno de estos hechos. En los últimos años, casos como el de Charles de Menezes, asesinado a sangre fría por la policía en el metro por ‘presunto’ terrorista, y de Ian Tomlinson, que murió de un ataque al corazón después de una carga policial, sólo salieron a la luz gracias a las personas y los medios de comunicación que aportaron pruebas de la falsedad del relato policial. En el caso de Mark Duggan, la versión policial, hasta ayer, era que él había disparado primero. Hoy sabemos que el único otro tiro que había en la escena del caso procedía también de un arma policial.
- La violencia callejera y el pillaje no son patrimonio de jóvenes de zonas marginales. Las situaciones de violencia y caos atraen a personas de todos los perfiles (una de las revueltas contra la policía más importantes de los últimos años en nuestro país ocurrió en Pozuelo de Alarcón, el municipio con más renta per cápita de Madrid). No hay, pues, necesariamente mensaje político ni de protesta en el looting. Lo que sí hay es un síntoma inequívoco de desarticulación social. En el caso de Londres, emerge también un sentimiento anti-policial generalizado alimentado en algunos casos por motivos legítimos (mencionados en el punto anterior), pero también por una cultura popular de violencia y enfrentamiento (los jóvenes llaman a la policía ‘feds’, como si fueran agentes del FBI y Londres fuera Los Angeles).
- Paralelamente, la policía londinense se encuentra en un estado de desmoralización extrema. A los escándalos policiales (los casos recientes mencionados, a los que se suma la corrupción destapada por el escándalo del News of The World y la dimisión de altos cargos) se suman reducciones salariales del 25%, amenazas de despidos y una creciente indignación por la situación del país que acerca a muchos agentes a las posiciones de aquellos contra quienes se les ordena actuar. Adicionalmente, la fijación de los últimos años por parte de los mandos policiales y políticos por centrar la atención en posibles terroristas y movimientos sociales legítimos, ha generalizado las redadas en zonas pobres y las tácticas agresivas en las manifestaciones, dejando a las fuerzas de seguridad peor preparadas para afrontar problemas reales de orden público como los actuales.
Aunque gran parte del vandalismo de estas horas en Londres no es político ni defendible, las revueltas son la cara previsible de las políticas de austeridad. Para poder prever este tipo de acontecimientos, sin embargo, hay que tener memoria: memoria de la historia de la humanidad, memoria de los eventos y dinámicas sociales, felices y desgraciadas, que nos han llevado hasta aquí. Para gestionar la crisis hay que saber que aparte de políticos y mercados, en este mundo hay gente. Gente que, mira tú por donde, dice basta. Y, en ausencia de esperanza, en ausencia de proyecto colectivo, en la ausencia de un relato compartido de construcción de un futuro mejor, la rabia y la destrucción actúan como única catarsis posible. Quién no tiene nada que perder, no pierde nada saltándose todas las normas.
Pero los hechos de Londres no sólo ponen sobre la mesa el éxito de las políticas de austeridad y recortes en la desarticulación social de las comunidades y la pauperización de los más débiles, sinó también que la catarsis colectiva puede tener muchos rostros. Uno de ellos es el de Londres. Pero otro es el del 15m. Con todas sus contradicciones, traspiés e ingenuidad, el 15m lleva tres meses reconstruyendo lo ‘desconstruido’, articulando un proyecto colectivo de esperanza que hace posible que la respuesta a la crisis y a la pésima gestión de la crisis no pase por quemar bancos y comisarias, sino por debatir alternativas en las plazas y luchar por devolverle la cordura al mundo y la kratos a la democracia.
Quien quiera negar que hoy las asambleas en las plazas son lo que separa a este país del abismo, o miente, o manipula o, sencillamente, no se entera.
Prever las cosas está de moda. Si tuviera hijos yo creo que no les recomendaría ir a la universidad, sino que les mandaría a hacer prácticas a esos programas de tarot que echan de madrugada.
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No hay más que ver la fortuna de Noubiel Roubini, que en 2005 dijo que las cosas pintaban mal para la economía, nadie le hizo caso, y ahora es el gurú de cabecera de muchos –a pesar de haber anunciado en 2008 que EEUU saldría de la recesión en 2009 (ejem…).
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Son muchos los que se han dado cuenta de esta fetichización de los Nostradamus del siglo XXI, y con las revueltas de Oriente Medio algunos compiten por mostrar sus capacidades pitoniso-predictivas. Uno de ellos es Richard Florida, que ha lanzado el ‘Index of Potential Unrest’ para contribuir a identificar los factores que permitirían identificar el potencial revolucionario antes de que este estallara. Aunque limitado, como mínimo su análisis tiene interés.
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Pero el que más se ha lucido (de nuevo) es Thomas L. Friedman, que después de devolvernos a tiempos pre-copernicanos con su libro The World is Flat, hace unos días planteaba las cuatro ‘fuerzas-no-tan-obvias’ que explican los acontecimientos recientes en Egipto. Entre ellos, el ‘Obama factor’, Google-Earth y los Juegos Olímpicos de Beijing. ¿Club de la Comedia? No, el New York Times. Y el tío tiene tres Premios Pulitzer. No voy a dedicarme a contestar a su iluminado análisis porque ya lo han hecho muchos, entre ellos una tal Sarah Carr, que lo borda.
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Lo que me trae de cabeza es el tema este de la predicción. La obsesión por adelantarse a los acontecimientos. Las habilidades sobrenaturales como baza personal y política. Esto que empezamos a ver en todos los ámbitos hace tiempo que es lo habitual en políticas de seguridad: la promesa política de poder ‘evitar’ la inseguridad, y la expectativa ciudadana de vivir sin riesgo ni sorpresas.
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El último ejemplo es el de un atraco a un comercio con violencia (y muerte) en el centro de Barcelona. Casi todas las fuerzas políticas piden ‘más policía’. Vale, ¿pero para qué? ¿Para qué sirven diez policías en cada esquina ante un perturbado con ‘problemas personales’? Y si se consiguió detener al presunto asesino esa misma noche, ¿en qué ha fallado la policía?
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Me temo que lo que se espera es que los diez policías en cada esquina ‘detecten’ al posible delincuente e intervengan antes de que ocurra nada. Para eso mejor contratar a la Pitonisa Lola, ¿no? O como mínimo darles alguna asignatura de lectura de bolas de cristal, digo yo.
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Si a alguien le preocuparan los atracos con arma de fuego, lo que propondría serían políticas activas de control de tenencia de armas, por ejemplo. Y si a alguien le preocupara la violencia, pondría sobre la mesa que la ecuación más desigualdad igual a más violencia se cumple todas y cada vez.
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Pero claro, esto sería plantear políticas responsables. Y para qué ir de responsable cuando se puede vivir del pitoniso business.
Escribía hace unos meses sobre la creciente dificultar de distinguir entre lo que en inglés llaman “Homeland Security” (la seguridad interior, vinculada a los grandes riesgos, tipo terrorismo) y la “community safety” (la seguridad del día a día, la vinculada a la policía de proximidad y a la calidad de vida) en políticas públicas de seguridad.
Especialmente desde el 11-s, las fronteras entre los dos términos se han ido esfumando, a como mínimo haciéndose borrosas. De repente, miedos “exteriores” justifican controles cotidianos, y los mecanismos cotidianos de seguridad se centran en el “otro” como amenaza nacional en potencia.
En parte todos somos cómplices de esta situación: sea por cómo hemos digerido los grandes atentados del siglo XXI (en esta parte del mundo), o por el énfasis mediático global en la relación terrorismo-migración-inseguridad, muchas veces nuestros miedos cruzan esa frontera entre “security” and “safety” y reproducen las dinámicas preventivas y basadas en el profiling tan en boga actualmente.
Pero una cosa es que un ciudadano/a, en una conversación de bar, mezcle la inmigración con el terrorismo con la pobreza con el velo, y la otra es que lo hagan los responsables de las políticas de seguridad, que conscientes de que este tipo de asociaciones de ideas atentan contra derechos básicos (presunción de inocencia, sin ir más lejos), entran en el juego de confundir términos.
El caso reciente de la ciudad británica de Birmingham es paradigmático: hace unas semanas, la policía instaló más de 200 cámaras de videovigilancia para combatir “la delincuencia, el desorden y los comportamientos antisociales” en algunos de los suburbios de la ciudad con un mayor porcentaje de población musulmana. Estos fueron los objetivos que se les comunicaron a los pocos representantes de las zonas a los que se les informó de la iniciativa policial, hasta que hace unos días The Guardianhizo público que los 3 millones de libras de financiación del proyecto provenían del fondo de Terrorismo y Temas Relacionados. Es decir, que el objetivo no era proteger a los habitantes de esos barrios de la pequeña delincuencia, sino proteger al resto del país de esos ciudadanos, terroristas potenciales por su confesión religiosa y lugar de residencia.
De nuevo, la distancia entre los objetivos declarados y los reales de las políticas securitarias se convierte en un abismo que entierra garantías democráticas, principios fundamentales, exigencias mínimas de responsabilidad política y la necesidad de justificar los altos costes de unas políticas que, hasta la fecha, han demostrado ser incapaces de hacernos sentir más seguros.
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P.D.
Algunas actualizaciones de posts anteriores:
Nuevas notícias sobre el mosquito anti-jóvenes, aquí
Análisis de Statewatch del programa lib-dem sobre vigilancia en Gran Bretaña, aquí
Me sumo con un cierto retraso al debate sobre la recién aprobada ley en Arizona que establece que la policía puede pedir los papeles a cualquier persona que parezca sospechosa de estar en situación irregular si ésta ya está siendo objeto de una intervención policial (tipo: “párese ud. que va a 180km/h, y ya que estamos muéstreme los papeles”).
Me parece fantástico el revuelo que ha generado la ley, sobre todo por poner sobre la mesa el temor a que este tipo de planteamientos puedan fomentar la utilización de estereotipos raciales (racial profiling) por parte de la policía a la hora de decidir a quién se le pide la documentación.
Lo que me preocupa es que este acto colectivo de llevarnos las manos a la cabeza por las barbaridades que se hacen allá a lo lejos nos sirva de excusa para no ver cómo está el patio por aquí. Porque, siento romper el espejismo autocomplaciente, el racial profiling es el pan de cada día en los procedimientos policiales de la vieja Europa. Y no lo digo yo, sino el Open Society Institute de George Soros, que el año pasado publicó un imprescindible informe sobre racial profiling en la Unión Europea que concluía que ésta es una práctica generalizada (además de ineficaz y discriminatoria).
En España, por ejemplo, ciertos grupos étnicos tienen hasta diez veces más probabilidades de ser parados por la policía, a pesar de que el porcentaje de intervenciones de este tipo que consiguen descubrir alguna infracción es muy bajo: en el caso de Fuenlabrada, uno de los pocos municipios que estuvo dispuesto a colaborar con el proyecto, el porcentaje de “éxito” en las intervenciones era del 6%, es decir, el 94% de las personas interpeladas lo eran por nada y para nada (mientras que con la introducción de hojas de servicio que obligaban a los agentes a explicitar el motivo de la demanda de documentación, este tipo de actuaciones se redujeron en un 70%, pero la tasa de éxito subió al 26%).
Así que sí, lo de Arizona es terrible. Pero lo revelador es que, en el contexto europeo, la precaución que incluye la nueva ley del Estado del Gran Cañón de pedir los papeles a quien “parezca” culpable de algo sólo cuando antes exista otra cosa que motive la intervención policial parece hasta garantista!
Espero que no le hubieran cogido cariño a la expresión “policía de proximidad”, porque ya está out. Lo que se lleva ahora es el “quality of life policing“: la policía que no sólo sirve y protege, sino que garantiza con su actuación la calidad de vida de todos los seres de bien.
El problema está en definir no ya qué es la calidad de vida, sinó dónde acaba la mía y empieza la tuya, y viceversa. Para unos el derecho a manifestarse puede ser calidad de vida; para otros, una disrupción inaceptable de la cotidianidad urbana. Para unos poderse tumbar en un banco público a tomar el sol puede ser calidad de vida; para otros, uso indebido e intensivo del espacio público; para unos, besarse en una playa puede ser calidad de vida; para otros, escándalo público.
Este es el atolladero en el que nos hemos metido cuando hemos decidido que existe un sólo civismo, unos únicos valores válidos y una sola definición de lo que es “calidad de vida”, y nos hemos empeñado en aplicarlo a través de sanciones, ordenanzas y policías. En la negociación informal de lo aceptable y lo inaceptable que se produce de forma habitual en los espacios públicos, hemos decidido introducir unas normas que se supone que representan verdades superiores sobre lo que está bien y está mal, pero sin ni siquiera preocupanos por aplicarlas con una mínima coherencia que permitiera, como mínimo, la seguridad jurídica del ciudadano/a.
Así, acabamos con episodios esperpénticos como el de este fin de semana en Salou, donde 8,000 jóvenes ingleses se disponen a pasar la Semana Santa bebiendo y haciendo campeonatos de Playgirls (participante dixit). Las imágenes y las declaraciones de los participantes hablan por sí solas. Pero 8,000 borrachos saltando sobre el mobiliario urbano, cruzando calles sin mirar, vomitando por las esquinas y buscando sexo fácil no parecen afectar a la calidad de vida de los habitantes de Salou. El inspector jefe de la policía local, por ejemplo, afirma no tener “datos que nos lleven a pensar que la situación se pueda salir de madre”, mientras un vecino declara a la televisión que no le parece mal, que “es su cultura y es su manera de ser”.
Mientras tanto, George Monbiot escribe en The Guardian sobre una nueva tendencia policial en busca de la calidad de vida: recomendar a los consistorios locales que no se celebren festivales hippies, porque parece que ensucian. Él lo llama “morality policing“.
Más allá de lo que pueden ser extremos, la verdad es que el día a día del control policial de los comportamientos en el espacio público es, como mínimo, problemático. En parte porque refuerza estereotipos y desigualdades (el turista del norte borracho vale, el sin-techo con el Don Simón no vale), como refleja brillantemente un artículo aparecido hoy en The New York Times: en los últimos meses, la policía de Key West ha recibido fondos para ampliar su plantilla y dedicarse exclusivamente al quality of life policing. Por lo tanto, las personas sin techo que han hecho de la playa su casa (directamente en la arena o dentro de sus coches) han recibido en los últimos tres meses el doble de denuncias que el año pasado. Problema: Key West es un lugar de fin de fiesta para muchos turistas, y escenas como esta y esta son habituales. Pero el jefe de la policía lo tiene claro: el problema son “los vagabundos”, “esa gente que está en la calle, molestando la calidad de vida o la experiencia de los visitantes, los residentes y los negocios” (cualquier parecido con Salou es pura coincidencia).
La estigmatización que denuncian los sin techo de Key West no es un tema cualquiera: ¿no intervino también la estigmatización en la distribución de las imágenes de los bomberos en Francia? ¿Cómo se defiende uno del profiling? ¿Y cómo es que de repente es la víctima la que tiene que demostrar su desprotección ante leyes que se aplican arbitrariamente y no la policía quien tiene que probar que su aplicación de la normativa es igual para todos?
Yo, por si acaso, la próxima vez que salga por Salou voy a ir con una chocolatina Godiva en el bolsillo, que parece que en Key West es prueba irrefutable de tu derecho a dormir la mona en la acera. Los vagabundos no saben apreciar el buen chocolate, faltaría más.
El domingo, la policía francesa tuvo que admitir que el vídeo de los presuntos etarras difundido horas antes no reproducía más que la salida del super de cinco bomberos catalanes. El error ha puesto sobre la mesa cuestiones importantes, como la idoneidad de difundir de forma masiva imágenes captadas por cámaras de videovigilancia bajo el pretexto de la colaboración ciudadana.
Pero ¿es creíble que la identificación de los protagonistas del video fuera el objetivo de su distribución? En el momento en que las imágenes son facilitadas a todos los medios sin respetar no ya el derecho a la intimidad y a la propia imagen, sino la presunción de inocencia, la posibilidad de que esa distribución formara parte de una estrategia de investigación policial se revela remota. A dos días de las elecciones galas y en plena apuesta del UMP de Sarkozy por la mano dura en temas de seguridad, las imágenes parecen responder más bien a una estrategia de comunicación y relaciones públicas, a la voluntad de aparentar eficacia policial y política.
Este privilegio del show por encima de la verdadera resolución de problemas no cesa de ganar terreno, sobre todo en el ámbito de las políticas de seguridad -tanto las vinculadas al terrorismo como las relacionadas con la seguridad ciudadana. Ante la amenaza de la extrema derecha, la derecha (y la no-tan-derecha) se apunta a políticas de escaparate que prometen imposibles: garantizar, y rápido, que todo(s) está(mos) bajo control, y que el que no lo está lo pagará caro.
Las consecuencias de esta deriva nos explotan a la cara de forma cada vez más frecuente. Las políticas de control social y mano dura se basan en el que “si no tienes nada que esconder, no tienes nada que temer”. ¿Qué tenían que esconder los bomberos del Carrefour? ¿Y Joseba Fernández, identificado la semana pasada por la agencia EFE también como terrorista? ¿Y todas las personas que, por error, han sido víctimas de estas políticas de escaparate en un contexto de endurecimiento del código penal y de la capacidad sancionadora y de intervención de las fuerzas de seguridad (públicas y privadas)?
En el afán por transmitir eficacia, estamos viendo en toda Europa como se apuesta por políticas de seguridad que disparan primero y preguntan después (literal y metafóricamente), que reproducen y amplifican prejuicios (¿cinco personas con traje y corbata, o con menos pinta de ‘sureños’ hubieran sido juzgados tan rápidamente?) y que apuestan por (carísimas) soluciones técnicas a problemas sociales (videovigilancia, escáneres, almacenamiento de datos).
En el caso de esta fin de semana, las promesas de estas políticas han vuelto a mostrarse no sólo absurdas, sino contraproducentes. Según Scotland Yard, sólo una de cada mil cámaras de videovigilancia contribuye a posteriori a la resolución de un crimen. Alguien tendría ahora que decirnos cuántas veces ya la creencia de que una imagen vale más que mil palabras nos ha hecho pisotear los derechos de personas inocentes.
