MARINA NAVARRO
Desde hoy y hasta el miércoles, más de 140 jefes de Estado y de Gobierno asisten a la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio que Naciones Unidas organiza en Nueva York en el marco de la Asamblea General. De este encuentro se espera que salga un plan de reactivación que ayude a impulsar la lucha contra la pobreza extrema en los próximos cinco años.
Los preparativos de esta importante cita coincidían con la publicación, la pasada semana, de una nueva encuesta del Eurobarómetro: nueve de cada diez europeos considera muy importante la ayuda al desarrollo y está a favor de mantenerla o ampliarla. Para la ciudadanía europea, a pesar de la crisis, la solidaridad no está en recesión y los líderes que hoy se dan cita en Nueva York deberían considerar estos datos como un claro mandato para seguir firme y decididamente trabajando para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Mileno (ODM).
También el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, ha manifestado que “las promesas se hacen para cumplirlas” con la intención de remarcar que esta cumbre debe rescatar el espíritu y entusiasmo del año 2000 –cuando se acordaron los ODM– y fijar medidas concretas para dar el impulso necesario para estas metas en los próximos cinco años.
Con un horizonte fijado en 2015, los Objetivos de Desarrollo del Milenio buscan reducir la pobreza y el hambre, garantizar la educación primaria universal, la igualdad de género, evitar las muertes de madres y niños, hacer frente a enfermedades como el
sida o la malaria, mejorar el medio ambiente y fomentar una alianza mundial por el desarrollo. Pero, a menos de cinco años de esta fecha límite, los avances logrados se ven amenazados por una crisis económica sin precedentes, menos oportunidades comerciales para los países en desarrollo y reducciones de la ayuda de los países donantes. Se calcula que, desde 2009, hay 100 millones de personas más viviendo en la pobreza extrema en el mundo, mientras que desde 1990 a 2005 se había conseguido disminuir esta cifra en 400 millones. Además, los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes y pueden tener un impacto devastador –tanto en países ricos como pobres–.
La actual crisis no puede ser una excusa para no responder ante la urgencia de fomentar un desarrollo sostenible y reducir la pobreza. Resulta inadmisible la lentitud con la que se ha logrado mejorar la vida de los sectores de la población más pobres y vulnerables, y el efecto que la crisis económica, climática y alimentaria ha tenido en sus vidas.
Los ODM han demostrado ser una herramienta eficaz para mejorar las vidas de las personas y existen ejemplos concretos de países que han conseguido avanzar significativamente en su consecución. Son precisamente estas buenas prácticas en las que se deben inspirar los debates y medidas que salgan de esta cumbre. Países como Malawi, por ejemplo, que en cinco años ha logrado pasar de una situación de hambruna a cosechas excedentarias gracias a unas instituciones gubernamentales eficaces, al apoyo de las organizaciones internacionales y a una renovación tecnológica. O como Burundi, Ghana, Mozambique y Tanzania, que han conseguido alcanzar la educación primaria universal tras eliminar los derechos de matrícula en los distritos más desfavorecidos con los recursos adicionales derivados de la cancelación de su deuda externa. Pasando también por Eritrea, que pudo iniciar un intenso programa de salud encaminado a reducir la mortalidad infantil en el país gracias a los recursos y al apoyo proporcionado por los países ricos y organizaciones de las Naciones Unidas. En tres años, de 1999 a 2002, el número de niños vacunados en el país aumentó de un 9,6% a un 76%.
Todos estos ejemplos demuestran que cuando la comunidad internacional apoya las políticas de desarrollo puestas en marcha por los países pobres, cuando existe voluntad política, el éxito es posible. Por ello, esta cumbre es de vital importancia.
El rol de los países desarrollados, incluido el de España y el de la Unión Europea, como primer donante mundial, es determinante en esta semana. Cabe recordar que existen compromisos ya contraídos para aumentar la cantidad y la eficacia de la ayuda al desarrollo y para mejorar el acceso a los mercados para las exportaciones de los países pobres. Según Naciones Unidas, sólo con el 1% de los recursos aportados para el rescate de las entidades financieras en 2009 podría erradicarse el hambre en el mundo. Pero sólo Dinamarca, Luxemburgo, Noruega, los Países Bajos y Suecia han alcanzado o superado el objetivo del 0,7% y hasta ahora, la ayuda para los países más pobres está muy por debajo de la meta fijada para 2010.
No es pues posible defraudar a los miles de millones de personas que esperan que la comunidad internacional cumpla con su promesa de acabar con la pobreza extrema antes de 2015. Alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio es factible si existe la voluntad política y se movilizan los recursos necesarios para ello. Confiamos en que se haga realidad.
* La Campaña del Milenio de Naciones Unidas es una entidad impulsora de la iniciativa ¡Haz ruido por los Objetivos de Desarrollo del Milenio!, apoyada por todas las organizaciones vinculadas a la ONU en España: ACNUR, ART-PNUD, FAO, OIT, OMT, Oficina de Naciones Unidas para la Década del Agua, UNICEF España, UNIFEM España (parte de ONU Mujeres), UNRIC y UNRWA
Marina Navarro es coordinadora en España de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas
Ilustración de Javier Jaén
SORAYA RODRÍGUEZ
El pasado 12 de mayo, el presidente del Gobierno anunció un paquete de medidas de ajuste para la contención del déficit público que incluye un recorte de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) de 800 millones de euros en los años 2010 y 2011. Una decisión de este calado merece una explicación amplia y transparente. Desde el año 2004, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho un esfuerzo sin precedentes en la comunidad internacional de donantes por incrementar esta ayuda, con resultados muy claros. En el año 2003 se destinaba a esta partida un total de 1.735 millones de euros, equivalente entonces al 0,23% de nuestra Renta Nacional Bruta (RNB). En 2009, pasamos al 0,47% de la RNB, con un total de 4.820 millones de euros.
Conviene tener en cuenta que el incremento de la AOD responde no solamente a un compromiso ético, sino a un nuevo enfoque de las relaciones internacionales, en el que se reconoce que la pobreza no sólo afecta a los que la padecen, sino a todos. Este enfoque deja atrás las políticas internacionales defensivas, centradas en la protección beligerante de los intereses nacionales a corto plazo, para buscar objetivos comunes de mejora a largo plazo, donde la cooperación se convierte en una pieza clave de la acción exterior del Estado. Año tras año, se han realizado importantes esfuerzos presupuestarios para acompañar esta convicción y este nuevo enfoque. Palabras acompañadas por hechos.
En los días siguientes al recorte, algunas crónicas periodísticas aseguraban que para el presidente del Gobierno el ajuste en AOD fue como cortarse el brazo. Podría ser una buena imagen para reflejar su compromiso personal y político con la cooperación, incluso en el año 2009 –ya en una situación de austeridad presupuestaria–, cuando se optó por mantener la ayuda. Sin esa convicción decidida, esto no hubiera sido posible. Sólo ahora, cuando los gobiernos europeos se han visto obligados a adoptar un conjunto de medidas de reducción de déficits nacionales que garanticen la estabilidad de la zona euro y sienten las bases de un crecimiento sostenible, se ha optado por frenar el crecimiento de la ayuda.
Este recorte equivale al 7,5% de la AOD española en los próximos dos años y nos permite, por tanto, mantener nuestras principales apuestas. La ayuda humanitaria, en primer lugar, incluyendo el compromiso con la reconstrucción de Haití, donde España era el tercer donante mundial ya antes del terremoto, no se verá afectada. Asimismo se mantienen los programas bilaterales de ayuda, que gestiona la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), así como los convenios plurianuales firmados con las ONG especializadas en desarrollo. El recorte afectará, fundamentalmente, a las contribuciones voluntarias de España a organismos internacionales, que reciben aportaciones de otros donantes y, que por tanto, cuentan con margen para acusar una reducción gradual. Se trata de una de las partidas que más han crecido en los últimos años. Cabe recordar que España es actualmente el octavo donante de Naciones Unidas por lo que, a pesar del recorte, mantendremos un papel activo e influyente en el seno de sus organismos.
Sin embargo, una reducción de 800 millones implica necesariamente aplazar el compromiso de alcanzar el 0,7% de la RNB en 2012. En el año 2007, cuando el Gobierno, junto con las ONG y los grupos parlamentarios, apostó por alcanzar el 0,7 en 2012, España crecía al doble de la media europea y creaba más empleo que ningún otro país de nuestro entorno. En el actual contexto, se impone fijar una nueva meta para llegar al 0,7%, al igual que el resto de nuestros socios europeos: en 2015.
Por otra parte, estoy de acuerdo con los que afirman que un periodo de crisis puede convertirse en una oportunidad. Es el momento, pues, de volver a afirmar nuestra apuesta por la calidad de la ayuda, en línea con el trabajo que venimos realizando desde hace años. La reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo, actualmente en el Congreso y reclamada durante años por la sociedad civil; así como los esfuerzos de la AECID por rentabilizar al máximo nuestra cooperación, representan algunos ejemplos en este sentido de mejora en la calidad de la ayuda. Resulta también de enorme importancia coordinar las actuaciones en el seno de la Unión Europea para evitar duplicidades, ya que algunos estudios señalan que estas medidas nos podrían permitir ahorrar entre 3.000 y 6.000 millones de euros al año. Ha llegado el momento también de dar impulso a la coherencia de todas las políticas públicas con el desarrollo internacional. En esta línea, durante la Presidencia de la Unión Europea, España ha puesto encima de la mesa el debate sobre la evasión fiscal –por cada dólar dedicado a la AOD, entre ocho y diez dólares salen ilícitamente de los países receptores a paraísos fiscales– y la necesidad de movilizar recursos internos en los países más pobres con la creación de sistemas fiscales más eficientes. Conviene subrayar que la lucha contra la pobreza no es sólo una cuestión de falta de recursos, sino de carencia de derechos.
A cinco años de la meta fijada por Naciones Unidas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la mejora en la calidad y la coherencia en las políticas de desarrollo significan factores clave y un objetivo al que España no renuncia en modo alguno. Por ello, adquieren mayor relevancia los esfuerzos de la cooperación española por plantear proyectos que puedan cambiar las estructuras sobre las que se sustenta la pobreza y que fomenten la participación democrática, el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la creación de un tejido empresarial y productivo. En cualquier caso, el compromiso del Gobierno con un mundo más equitativo y más solidario no se recorta.
Soraya Rodríguez es secretaria de Estado de Cooperación Internacional
Ilustración de Javier Olivares
MERCHE VALLS, GEMMA TARAFA Y DANIEL GÓMEZ
La esperada reforma de los principales mecanismos de supuesta ayuda al desarrollo –en la práctica, generadores de deuda–, que estos días se tramita en las Cortes Generales, todavía no garantiza suficientemente que los recursos públicos de la cooperación española puedan dejar de destinarse a proyectos o empresas que violen los derechos humanos (DDHH), corrompan o tengan un fuerte impacto sobre el medio ambiente. Asimismo, esta reforma incrementará aun más la deuda externa de los países empobrecidos al aumentar el porcentaje de créditos incluidos en la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
En efecto, tanto el Proyecto de Ley de reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la Empresa Española (FIEM), como el Proyecto de Ley del Fondo de Promoción del Desarrollo (FONPRODE), no ofrecen una salida al problema de la deuda externa, sino que lo aumentan, al incluir instrumentos crediticios sin garantías de que no se generará una nueva deuda ilegítima, como ha sucedido en el pasado. Así, según denuncia la campaña ¿Quién debe a Quién?, “pese a prometer grandes cambios, la reforma no es tal; se crean nuevos instrumentos para no cambiar nada en absoluto. El Gobierno simplemente propone más de lo mismo”.
Las dos herramientas a reformar son el Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y la cobertura de riesgo empresarial de la Compañía Española de Seguros de Créditos a la Exportación (CESCE). Ambos son mecanismos de apoyo a la internacionalización empresarial y generan la casi totalidad de la deuda externa de la que el Estado español es acreedor. Esta reforma es fruto de la presión de los movimientos y organizaciones sociales que han denunciado el uso de estos instrumentos como generadores de deudas ilegítimas en los países del Sur.
Así, los créditos del FAD se crearon para impulsar la internacionalización de las empresas españolas a través de la concesión de créditos blandos o donaciones, con la condición que los países receptores utilizasen dichos recursos para la compra de bienes y servicios de empresas españolas. Según el Observatorio de la Deuda en la Globalización, “este tipo de créditos ha financiado numerosos proyectos que sólo han servido para engrosar las cuentas bancarias de los dirigentes y empresarios partícipes, han apoyado dictaduras o regímenes no democráticos, se han destinado a proyectos social y medioambientalmente dañinos en los países receptores o han atentado contra los derechos fundamentales de los pueblos que hoy los están pagando. Es decir, se trata de deudas de cobro ilegítimo”. Un ejemplo de ello es el 100% de la deuda reclamada a Chad. Tiene su origen en dos créditos que sirvieron para rehabilitar y ampliar un hotel de lujo en un país que se encuentra entre los diez más empobrecidos del planeta. También se han denunciado proyectos inconclusos con desviaciones de fondos, pagos de comisiones y evidencias de corrupción en Nicaragua y El Salvador o la venta de armas a Angola, Somalia e Indonesia.
Por otro lado, CESCE nace como una empresa pública (actualmente de capital mixto) para asegurar las exportaciones españolas en aquellos países considerados con alto riesgo político. Una alternativa para aquellas empresas españolas que dudan en hacer negocio en países políticamente inestables. Lo que mayoritariamente se está asegurando son los créditos que permiten realizar las exportaciones. Se genera deuda externa pública cuando la operación comercial resulta fallida. En este caso, CESCE paga a la empresa exportadora española y reclama la deuda originada por este impago a la administración del país donde se realizó la importación (debido a una cláusula de garantía soberana por la cual el país receptor avala las importaciones). Así, la deuda privada pasa a ser pública. La aplastante falta de transparencia de CESCE no ha impedido que salgan a la luz algunos de los proyectos asegurados en países del Sur con gran impacto social y medioambiental, como el de las Tres gargantas en China. En Irak, CESCE continúa reclamando la cantidad de cien millones de euros, adquiridos por Sadam Hussein, una deuda con origen odioso que debería ser cancelada. Por todo ello, ¿Quién debe a Quién? exige que las nuevas leyes deben contemplar la garantía de que en ningún caso los créditos comerciales del FIEM puedan computar como AOD, ya que su objeto único es el fomento de la internacionalización de las empresas españolas. Además, se debe evitar que los países de menor renta que el Estado español, con procesos de sobreendeudamiento, puedan ser receptores de crédito a fin de no incrementar su deuda y, por tanto, de limitar las posibilidades de invertir en su propio desarrollo. Asimismo, deben contemplar el establecimiento de mecanismos públicos de control, seguimiento y evaluación independiente de cada uno de los proyectos, garantizando la regulación de obligado cumplimiento en materia de transparencia, participación y rendición de cuentas.
Por otro lado, deben asegurar la imposibilidad de que se otorguen créditos o seguros a operaciones que no salvaguarden los DDHH de ninguna forma. Por último, deben contemplar la realización de auditorías integrales de deuda, a fin de conocer el origen legítimo del cobro de las mismas, como ya se han realizado en Ecuador o Noruega. Con ello, conseguiríamos una reforma en la que se priorizasen los DDHH por encima de cualquier interés económico.
Merche Valls, Gemma Tarafa y Daniel Gómez forman parte de la campaña ‘¿Quién debe a Quién?’ por la abolición de la deuda
Ilustración de Javier Olivares
AITOR ZABALGOGEAZKOA
A finales de abril entraron en su recta final las negociaciones para el nuevo Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea e India, con vistas a cerrar el tratado antes de finales de año. Conocemos pocos detalles porque se han desarrollado fundamentalmente a puerta cerrada, pero lo poco que ha trascendido en los últimos meses sobre las disposiciones relativas a las patentes farmacéuticas resulta extremadamente preocupante, ya que podría tener consecuencias en las vidas de millones de pacientes en los países en desarrollo.
La UE está presionando a India para que acepte disposiciones relativas a la propiedad intelectual que, de ser aceptadas, restringirían considerablemente la producción y exportación de genéricos indios, en especial ampliando el tiempo de vida de las patentes más allá de los 20 años actuales y permitiendo la sistematización de las incautaciones por funcionarios europeos de genéricos indios en tránsito hacia terceros países. El impacto de tales disposiciones sería global, ya que India se ha convertido en la farmacia de los países pobres.
Y es esto lo que está en juego en estas negociaciones que se celebran en Bruselas y Nueva Delhi, tan lejos de los centros de salud a los que acuden los pacientes sin recursos: el acceso a medicamentos esenciales allí donde más necesarios son, y en particular el de millones de enfermos de VIH/sida a terapias asequibles, tal y como ha venido siendo posible desde que, en 2001, saliera al mercado la primera triterapia a base de genéricos indios al precio de un dólar al día, 30 veces más barata que las formulaciones de marca disponibles entonces.
Esta competencia forzó la reducción del precio en más de un 99% en los siguientes años. Sin ella, ninguno de los sistemas de salud, agencias especializadas y organizaciones que hoy tratan a pacientes sin recursos podrían haber ampliado sus cohortes a los volúmenes actuales. El 92% de los pacientes con VIH en tratamiento en los países en desarrollo reciben genéricos, y en su inmensa mayoría son indios: lo son entre el 70% y el 80% de los fármacos utilizados o financiados por el Fondo Global contra el Sida de la ONU, el Banco Mundial, la Fundación Clinton o el Programa Presidencial de Emergencia de Asistencia para el Sida (PEPFAR, en sus siglas en inglés) de EEUU, y el 80% de los utilizados por Médicos sin Fronteras.
Para el sector farmacéutico, la cuestión está clara: la competencia de los genéricos fuerza reducciones de precios. Y desde la perspectiva médico-humanitaria, la cuestión es precisamente la misma: la reducción de precios, y con ella la posibilidad de que los medicamentos esenciales sean asequibles para millones de pacientes pobres, los mismos pacientes que de todas formas la industria farmacéutica no considera mercado.
Ya nos hemos acostumbrado a que los gigantes farmacéuticos, los gobiernos de los países donde tienen sus sedes e influencias (y los pasillos de Bruselas son buena muestra de su capacidad de lobby), e incluso la prensa económica, se rasguen las vestiduras cada vez que asoma el debate sobre el genérico indio. La supuesta debilidad del sistema de propiedad intelectual, que en teoría impulsa la innovación, no se corresponde con la realidad: no sólo la última década ha sido la del refuerzo de patentes, sino que además han sido años de desprecio de la I+D por las enfermedades que afectan a la parte pobre del planeta.
En 2001, la Declaración de Doha, adoptada por la Organización Mundial de Comercio, establecía que los beneficios económicos no deben estar por delante de la salud pública. Doha completaba las flexibilidades previstas en los Acuerdos ADPIC sobre Aspectos del Comercio relacionados con la Propiedad Intelectual. La Ley india de Patentes de 2005 cumplía con ambos, abriendo la posibilidad de registrar medicamentos con patentes de 20 años, pero estableciendo salvaguardas para evitar registros abusivos de fármacos que no suponen una innovación.
Los intentos de las farmacéuticas de erosionar en los tribunales estas salvaguardas son constantes. Aún tenemos fresca en la memoria la demanda presentada por Novartis contra la Ley india, cuya constitucionalidad sigue ahora discutiéndose ante el Tribunal Supremo de ese país.
Pero lo que cuesta conseguir en los tribunales se está imponiendo a golpe de tratado comercial: los acuerdos de libre comercio negociados por la UE y Estados Unidos con países en desarrollo han impuesto estándares más rigurosos que los previstos en los ADPIC, ampliando los monopolios de las farmacéuticas europeas y norteamericanas, restringiendo la competencia de genéricos y manteniendo precios prohibitivos. Y ahora, este nuevo tratado que ultiman la UE e India podría ser el golpe de gracia para los genéricos indios.
Tanto la UE como India se comprometieron a cumplir con la Declaración de Doha. En enero, el comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, prometió seguir “muy de cerca” las negociaciones para asegurarse de que “no impidan el libre comercio de medicamentos genéricos”. “Yo me ocuparé personalmente de que así sea”, fueron sus palabras.
Lo poco que se ha filtrado, desde luego, no llama a la esperanza. Desde Médicos Sin Fronteras le hemos pedido al Gobierno español, que ocupa la presidencia de turno de la UE, que vele por que el Acuerdo de Libre Comercio con India no acabe con la producción y exportación de los medicamentos genéricos indios. Medicamentos que, hoy por hoy, no lo olvidemos nunca en el debate, salvan cada día millones de vidas en los países sin recursos.
Aitor Zabalgogeazkoa es director general de Médicos sin Fronteras
Ilustración de Federico Yankelevich
GUSTAVO DUCH GUILLOT
En la reciente Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático, celebrada en Cochabamba (Bolivia), se habló ampliamente de una comunidad muy agredida y maltrecha, y se mostraron hacia ella constantes referencias de solidaridad y mensajes de apoyo. Hablaban, claro, del planeta Tierra, la madre naturaleza o la Pachamama, sinónimos todos de la más grande comunidad de vida conocida.
Lo sabemos pero lo ignoramos. La Tierra es un ser vivo, ahora malherido. Sufre una fiebre constante que, si continúa progresando, puede generarle algunas patologías irreversibles. El aire que respira es cada vez más pobre en oxígeno y así, mal alimentada, envejece precozmente. Sus arterias –los ríos, el mar– están contaminadas e infestadas, lo que le resta energías. Las células que la conforman –especies vegetales y animales– corren el riesgo de desaparecer. Y el ritmo que le exige una de estas especies, la humana, es tan acelerado que –dicen los expertos– en menos de 20 años necesitaría una hermana gemela, un segundo planeta, para ser capaz de seguir ofreciendo y regalando todo lo que hoy le exigimos a golpe de perforadora, arrastrando redes sobre su lecho marino y envenenando su fina capa de piel –la tierra fértil– con químicos muy agresivos.
Conscientes de esta realidad, las más de 35.000 personas reunidas en Cochabamba (mayoritariamente campesinas, indígenas, pescadoras, miembros de organizaciones ambientalistas, de mujeres, de movimientos sociales, etc.) supieron ponerse de acuerdo y sentar las bases de una estrategia común frente al cambio climático, a diferencia de lo ocurrido en Copenhague hace unos pocos meses. Y así ha quedado recogido en el llamado Acuerdo de los Pueblos (www.cmpcc.org).
Entre las propuestas sobresale la iniciativa de consensuar una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Fíjense. Si somos capaces de deconstruir nuestra concepción antropocéntrica, podremos entender y abrazar un planteamiento biocéntrico (según la terminología que define Eduardo Gudynas), donde añadimos a los derechos individuales y colectivos de los seres humanos –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales– los derechos propios de ese otro ser, la naturaleza. Pero, decía, nuestras sociedades occidentales, fundamentalmente, han de hacer un esfuerzo para que se produzca este cambio de registro, pues llevamos muchos siglos considerando la naturaleza como un espacio salvaje que hemos de dominar para, bajo nuestro control, convertirla en una despensa supuestamente inagotable para el disfrute del ser humano. Aquí radica, desde mi punto de vista, una de las virtudes de la declaración: corregir un pensamiento que está en la base de la crisis global actual.
El proyecto de una Declaración de los derechos de la naturaleza ya tiene antecedentes. Para la nueva Constitución de Ecuador, la Pachamama es “donde se reproduce y realiza la vida” y “tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos” (artículo 72).
A partir de esas premisas, la naturaleza pasa a ser ella misma objeto de derechos, tiene valor por sí misma, independientemente de la utilidad o usos que le quiera dar el ser humano y “toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza”. Y de aquí nace otra de las iniciativas surgidas en Cochabamba: el Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental, que podría marcar justiciabilidad en aquellas acciones u omisiones que vulneraran los derechos de la naturaleza.
Como dice Alberto Acosta, una constitución (o, en este caso, una declaración) no hace a una sociedad, sino que es un proyecto político de vida en común que debe ser puesto en vigencia con el concurso activo de la sociedad. La elaboración y supuesta aprobación de esta Declaración se erigiría, y esta sería su segunda gran virtud, como eje orientador –como una nueva ética– para propiciar los cambios estructurales e impulsar las transformaciones que necesita nuestra sociedad global.
Sin capacidad para exponerlos todos, resalta la revisión que forzaría al abandono de las políticas extractivistas en las que andan ahogadas muchas economías de los países del Sur como suministradores de los países ricos, incluido también el caso de Ecuador que, a pesar de todo, sigue promoviendo la explotación de petróleo en la región amazónica, la minería sin sentido o una agricultura dependiente de los agroquímicos. Aunque los seres humanos tenemos derecho a beneficiarnos del ambiente y las riquezas naturales que nos permitan un buen vivir (concepto también indigenista que excluye lujos innecesarios), este derecho debe ser compatible con los conjuntos de vida. No son aceptables extracciones de petróleo si atentan contra comunidades originarias, igual que no son aceptables técnicas agrícolas que acaban con ecosistemas de cualquier orden.
Desde los países andinos surgen propuestas de una capacidad transformadora inmensa, que seguro generarán muchas contradicciones y tensiones frente a la ideología del progreso imperante que asocia desarrollo sólo con crecimiento económico. Incluso puede que parezcan absurdas, como absurdas les parecía a los grupos dominantes la emancipación de los esclavos o la extensión de derechos civiles a los afromericanos, a las mujeres y a los niños y niñas.
Gustavo Duch Guillot es coordinador de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas
Ilustración de Mikel Casal
GUSTAVO DUCH GUILLOT
Hace hoy 14 años, 250 líderes campesinos de La Vía Campesina, en representación de unas 80 organizaciones de todo el planeta, celebraban su segunda asamblea, en Tlaxcala (México), cuando recibieron noticias de Brasil. En el Estado amazónico de Pará, en Eldorado dos Carajás, más de 1.500 mujeres y hombres del MST (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra) tomaron y bloquearon la carretera principal para exigir a los gobiernos federal y estatal que adoptaran medidas urgentes a favor de la reforma agraria (en un país donde el 2% de los propietarios es dueño de más de la mitad de la tierra fértil del país, mientras más de 100.000 familias duermen bajo carpas negras en campamentos de ocupación de tierras). Sobre las cuatro de la tarde, 155 miembros de la Policía Estatal Militar atacaron sin piedad. Asesinaron a 19 personas, 69 resultaron heridas y, de ellas, tres murieron unos días más tarde.
Catorce años después, la matanza orquestada por los grandes propietarios de la región con el consentimiento del Estado sigue sin respuesta. Los disparos en Pará retumbaron en la reunión de Tlaxcala y, desde entonces, cada 17 de abril miles de campesinos y campesinas, y muchas otras personas que apoyan al mundo rural, organizan acciones y eventos para recordar la situación de opresión y marginación que parece que les tiene asignado el sistema capitalista.
Como explica La Vía Campesina en su convocatoria de este año –y pone el ejemplo de Honduras, donde varias personas del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán han sido asesinadas también por su defensa de la tierra que les permite cultivar sus alimentos–,
la represión sobre las organizaciones campesinas no cesa y se repiten, idénticos, muchos 17 de abril por todo el mundo. Pero al abuso del terrateniente se ha sumado el poder hegemónico de las empresas transnacionales sobre toda la cadena alimentaria. Controlan los mercados de las semillas, de los agrotóxicos, de los fertilizantes, del agua, de la genética animal y también, como una nueva tendencia, se están haciendo –muchas veces de la mano de terceros países– con el control de mucha tierra productiva. Monsanto, Cargill, Carrefour, Archer Daniels Midland, Nestlé, Syngenta, entre otras, son los nombres que La Vía Campesina cita como señores de una agricultura globalizada responsable del tránsito de millones de agricultores y agricultoras de sus campos a los suburbios de las ciudades, de la autosuficiencia a engrosar las bolsas de la pobreza, mientras –con sus modelos intensivos– ahondan en la herida sobre la salud del planeta.
Así, La Vía Campesina y sus aliados centran todas sus acciones y reivindicaciones en señalar el inmenso daño que estas corporaciones ocasionan, rompiendo de paso el mito que suele situar en competencia a la agricultura de los países ricos con la agricultura de los países del Sur. Para reforzar las energías en la ofensiva contra las transnacionales y a favor de un mundo sin monsantos, La Vía Campesina recuerda algunas acciones que demuestran que las cosas se pueden cambiar y apunta hacia otras que se deben cambiar.
Frente al avance de los transgénicos como tecnología de dominación del campesinado y de pérdida de biodiversidad para la naturaleza, La Vía Campesina destaca cómo la presión de la sociedad civil de la India consiguió detener el pasado enero la aprobación de una berenjena transgénica de la que es copropietaria Monsanto. O cómo la ocupación que hicieron en 2006 de la sede de investigación de Syngenta en Brasil para alertar de que en Paraná esta transnacional estaba sembrando ilegalmente varias hectáreas de cultivos transgénicos ha llevado a finales del 2009 a conseguir que esos terrenos se hayan reconvertido en un centro para la enseñanza y la investigación de la agroecología. En Europa, junto a las reivindicaciones contra el reciente decreto de aprobación de nuevas variedades transgénicas, se están coordinando muchas actividades para desvelar el poder que sobre nuestra agricultura ejercen los grandes supermercados. Los datos que desvelan son muy significativos, a la vez que preocupantes: en este momento, los grandes supermercados han absorbido el 80% del mercado minorista en Europa. En Reino Unido, por ejemplo, una de cada siete libras que se gasta en el comercio se desembolsa en una sola gran superficie, en Tesco, que, como sus compañeros de pódium, aprovecha la desregulación del comercio internacional para comprar sus mercancías en los mercados mundiales a precios más bajos, ocultando en el precio de las etiquetas los costes sociales y ambientales. “Cuando un producto llega al mercado –explica Susan George–, ha perdido toda la memoria de los abusos de los cuales es la consecuencia, tanto en el plano humano como en el de la naturaleza”.
Con esta realidad, sin acceso a los recursos naturales, sin atención política, las opciones pasan por la movilización, y esa es seguramente una de las características insignia de La Vía Campesina desde su creación en 1993. Como la misma organización explica, barridos por el huracán de la globalización, sintieron la necesidad de recuperar con una voz propia y única su espacio de participación social. Sus propuestas, bajo la premisa de que la alimentación es un derecho, no una mercancía para las transnacionales, dibujan un paisaje posible, justo y hermoso.
Gustavo Duch Guillot es coordinador de la revista ‘Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas’. Autor de ‘Lo que hay que tragar’
Ilustración de Alberto Aragón
JUSTO ZAMBRANA
Hoy, economía y sociedad son una y la misma cosa. No siempre fue así, o mejor, nunca fue así. Casi todas las actividades humanas se han mercantilizado y el hombre es más homo aeconomicus que nunca. La actual crisis económica se ha incubado en un sistema de valores sociales cuya sustitución por otros será, como siempre, lenta, compleja y en gran medida imprevisible.
A finales de los sesenta, la extinción del sistema de Bretton Woods fue de la mano del desahucio de Keynes y el triunfo del monetarismo de Milton Friedman. Socialmente, las revueltas estudiantiles simbolizadas en el Mayo del 68 parisino abrieron paso a la sociedad post-industrial, en la que desde entonces nos hemos desenvuelto. En Mayo del 68, el reino del “aquí-ahora” levantó bandera contra las transcendencias históricas de progreso con las que la razón ilustrada había querido sustituir dos siglos antes las eternas trascendencias religiosas. Desde entonces, ya no se lucha por “el gran día”.
Aunque las clases bienpensantes así las etiquetaran, aquellas revueltas estudiantiles no fueron una revolución de izquierdas, sino la defunción de las mismas, la avanzadilla de unos nuevos modos de vida que iban a llegar de la mano, no de la política, sino del mercado. La incubadora de la “sociedad líquida” en la que hemos vivido hasta ayer no fue ninguna ideología de izquierdas, sino el mercado capitalista; algo que ni la izquierda ha visto aún claro, ni el conservadurismo y los obispos tienen ganas de aclarar. El auténtico disolvente de lazos sociales es el modo de vida de los mercados de consumo.
Desde los años setenta, en las sociedades ricas la exaltación del individuo ha coincidido con la afirmación del presente como único valor vigente. A la muerte de Dios siguió la muerte de las utopías históricas. Los consumos de bienes y experiencias han satisfecho los anhelos de plenitud, antes siempre pospuestos, y el shopping ha ejercido como fármaco contra la depresión. El ciudadano-consumidor, que Robert Putnam nos describe como “solo en la bolera”, sitúa su perfección en el coleccionismo de experiencias. Las expectativas de progreso social han sido sustituidas por las exigencias de cambio y sólo el crecimiento económico sirve de parámetro para medir la salud de las naciones. En estos imperios de lo efímero, el “todo nuevo-todo joven” ha arrasado como valor de referencia, mientras la felicidad, entendida como euforia, se convertía en la más exigente obligación de nuestros días. Dionisos es el dios de la civilización contemporánea.
Estos modos de vida, tan dispersos en sus perfiles que sólo se les define como “post” de algo, han sido largamente descritos y analizados. Lo que no se ha hecho tan a menudo es relacionarlos con el sistema económico que los sustentaba. Sociología y economía han ido cada una por su lado, olvidando que son las dos caras de la misma moneda. Sin embargo, ha sido el capitalismo financiero el que ha mantenido la feria abierta. Este mundo de vida cash ha sido una sociedad a crédito, que ha venido como anillo al dedo al capitalismo en su etapa financiera. Los economistas clásicos, incluso Marx, siempre tendieron a analizar las concentraciones de capital en su propia dialéctica: capital contra capital en el territorio de la inversión. Hoy, tras Keynes, sabemos que las acumulaciones de capital necesitan además otra salida; el consumo. Un consumo que, si es preciso, y lo es, se hace a crédito. Las sociedades postmodernas de las últimas décadas se han instalado en el consumo a crédito. A crédito, no sólo de las acumulaciones de capital presentes, lo que denota una injusta distribución de la renta; sino a crédito de las generaciones futuras si miramos el planeta Tierra.
Con el pesimismo antropológico que caracteriza a la derecha conservadora, Alan Greenspan decía, en una reciente entrevista a la BBC, que las crisis económicas volverían a repetirse porque la naturaleza humana no tiene arreglo; reincide una y otra vez en la codicia. Igual de luterano, el gobernador del BCE Trichet dijo, durante una visita al Banco de España, que esta crisis era de designio divino (sic). Ambos piensan, con Adam Smith, que tras la mano invisible está la mano de Dios, y que, por tanto, no merece la pena pretender cambiar el invento. Pero los hombres son dueños de corregir su historia.
La corrección que toca ahora tiene un aspecto económico y un aspecto social que, o van unidos, o no van. Tras dos años de crisis, los financieros se aprestan a volver a ganar dinero, y el común de los mortales, a consumir. Las causas de la catástrofe se pierden en la nebulosa de la nueva metafísica: los mercados. Rendidos ante el nuevo tótem, dejamos de plantearnos lo básico: ¿qué se produce y se consume? ¿En qué condiciones trabajamos? O, ¿por qué no se controlan las finanzas? Lo único claro es que los agujeros negros que había en el sector privado se han trasladado a las finanzas públicas. Serán los impuestos de todos los que cubran la mala gestión de unos y el enriquecimiento de otros muchos.
Es posible que, tanto la economía como la sociedad, necesiten una nueva cultura del límite. Límites en el laissez faire económico que tienen que venir de la intervención pública, recuperando los equilibrios entre mercado y Estado. Límites en la vida del individuo-consumidor que exigirán más sociabilidad y menos euforia consumista. A la postre, no hace tanto que el ideal de felicidad era el beatus ille de la vida sosegada. En lugar de Dionisos, Epicuro. Sobre ambas cosas cabe el optimismo. La sociedad posmoderna está dejando de serlo y se hace, cada vez más, sociedad informacional. Esta es mucho más social porque su esencia es la conectividad; y menos consumista porque desplaza el consumo de las cosas a las ideas. Como dijera Holderlin, donde surge el peligro allí está la salvación.
Justo Zambrana es economista
Ilustración de Enric Jardí
JAVIER RAMÍREZ BERASATEGUI
El 21 de marzo de 1960 fueron asesinadas 69 personas durante una manifestación pacífica en la Suráfrica del apartheid. Desde entonces, la ONU conmemora esa fecha como el día internacional contra el racismo. Es una excelente ocasión para fomentar un debate sereno y razonado sobre el racismo en España.
Los prejuicios existen y forman parte innata del ser humano; ello no se puede obviar. Un Estado democrático y de derecho que reconoce la igualdad de trato y de dignidad de todas las personas, así como el
acceso universal a los derechos fundamentales, debe tomar conciencia de esta lacra social y combatirla. La sociedad española necesita iniciar un debate maduro y sincero sobre el racismo y olvidar esa expresión de “yo no soy racista, pero…”. Sólo si se discute abiertamente sobre el fenómeno, se podrá combatirlo. El reciente informe del Observatorio Estatal contra el Racismo y la Xenofobia indica que casi la mitad (47%) de los ciudadanos tiene una imagen negativa de la inmigración.
La clave de la lucha contra el racismo no consiste en determinar si una sociedad es racista o no, sino más bien tener la capacidad de detectar los casos existentes y ofrecer a sus víctimas apoyo legal, social y psicológico. A día de hoy, estas desconocen la práctica totalidad de los derechos que les amparan en el caso de sufrir una agresión, sobre todo cuanto se encuentran en una situación administrativa irregular.
Las instituciones públicas no han brindado un apoyo a las víctimas y la Justicia no ha sido sensible a la motivación racista de muchos delitos. Cabe señalar en este sentido la escasa aplicación de la agravante penal por motivación racista, con apenas una veintena de precedentes desde 1995. En muchas ocasiones, desgraciadamente, las víctimas acababan desconfiando del sistema judicial y del apoyo de la policía cuando habían denunciado que un agente de ese cuerpo había violentado sus derechos y su dignidad. El Comité de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial señaló en su informe de 2004 su preocupación sobre este tema. Habrá que esperar su próximo informe para conocer su nueva valoración.
En este contexto, resulta difícil detectar los casos de racismo y poder así dimensionar las necesidades que estas víctimas necesitan. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa ha venido denunciando esta falta de datos. Al no existir una estadística oficial definitiva, es complicado elaborar una política eficaz que ampare a las víctimas de esta lacra social.
Las sucesivas leyes de extranjería han construido la estructura de una política pública, mediática y económica que ha negado derechos políticos y socio-económicos a los extranjeros. La economía española legitima la precariedad laboral de los extranjeros tanto en situación regular como irregular. La inmensa mayoría de los medios de comunicación y la clase política han creado una ficción por la que se puede negar la dignidad y los derechos a los ciudadanos por su nacionalidad y su situación administrativa. El Derecho y la Constitución han pasado a un segundo plano para los menores extranjeros no acompañados, los mujeres extranjeras víctimas de trata, las que trabajan en el servicio doméstico o educan a sus hijos solas, pero también los solicitantes de asilo y los refugiados.
De esta manera, la clase política y la mayor parte de los medios de comunicación criminalizan al ciudadano extranjero en lo que respecta a las redadas masivas y su internamiento en centros donde se desconocen garantías y derechos fundamentales. Por lo tanto, ante la sociedad, el extranjero no es sino un paria desprovisto de derechos, aun cuando la Constitución se los reconoce. Este claro racismo institucional ha venido imposibilitando la puesta en marcha de una verdadera política pública contra el racismo en nuestro país. La Ley de Extranjería monopolizó los debates referentes a los ciudadanos extranjeros en España sin contar en ningún momento con su opinión, al no ser reconocidos como actores políticos. No es por lo tanto posible iniciar un debate sobre las políticas contra el racismo por cuanto ni siquiera se les considera ciudadanos de una comunidad política.
El reconocimiento del derecho al voto sería un requisito indispensable para la lucha contra el racismo. En los precedentes de Vic y de Torrejón, los políticos y parte de la prensa legitimaron la violación de la normativa que garantiza el acceso universal a derechos fundamentales con un discurso basado en el miedo. Si bien el miedo es libre, una sociedad democrática no se puede fundamentar en el prejuicio sobre el otro, sino en la compleja identidad de todo ser humano único y genuino. El argumento del miedo no puede vencer al argumento jurídico en un Estado de derecho.
Todos los ciudadanos, sea cual sea su nacionalidad, son parte de los problemas y las soluciones de todo conflicto social en un país, una ciudad o un barrio. La sociedad no puede permitir que desde determinados medios de comunicación y grupos políticos se incite a la confrontación en razón de la nacionalidad u origen. No se puede permitir que los políticos intenten utilizar este asunto para justificar la demolición del Estado del bienestar, la privatización de los servicios públicos o la precariedad del mercado laboral. El racismo no puede seguir siendo un instrumento de poder y manipulación. La lucha contra el racismo es la reivindicación de lo genuino ante la uniformización y de la complejidad ante la simpleza.
Javier Ramírez Berasategui es presidente de la Federación SOS Racismo
Ilustración de Mikel Casal
EDUARDO SÁNCHEZ Y MARINA NAVARRO
El año 2010 es una fecha clave para la lucha contra la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), suscritos por todos los países miembros de la ONU. Este año entramos en los últimos cinco del plazo fijado para alcanzar el compromiso histórico de erradicar la pobreza extrema en el mundo para 2015.
La entrada en esta recta final coincide, no obstante, con un contexto de crisis económica y financiera que ha agravado la situación de los países más pobres, amenazando con frenar o incluso revertir muchos de los avances conseguidos hasta la fecha. Se estima que, en 2009, 90 millones de personas más han pasado a vivir en la pobreza y, por primera vez en la historia, la cifra de personas que pasan hambre en el mundo ha superado los 1.000 millones. De hecho, de no cambiar las tendencias actuales, los ODM no serán alcanzados para 2015.
Consciente de la trascendencia y gravedad del momento, Naciones Unidas tiene prevista una cumbre sobre los ODM que se celebrará en Nueva York en el marco de la Asamblea General durante el mes de septiembre, y que buscará que los gobiernos, de los países ricos y de los países empobrecidos, adopten medidas concretas para acelerar el cumplimiento de sus compromisos en la lucha contra la pobreza. Estrategias que, para ser realmente eficaces y legítimas, deben contar en su formulación con la participación activa de la sociedad civil.
En este sentido, los resultados de la reunión que mantendrán hoy y mañana los ministros de Exteriores y Desarrollo de la Unión Europea en La Granja (Segovia) son de vital importancia. Si la UE quiere contribuir definitivamente a la consecución de los ODM, debe llevar a Nueva York un plan de reactivación ambicioso que establezca plazos específicos, tanto individuales como colectivos, para cumplir con sus compromisos en materia de ayuda oficial al desarrollo, comercio y deuda. España, anfitriona del encuentro, tiene en su mano la oportunidad de ejercer su voluntad de liderazgo en materia de desarrollo y dirigir este proceso, convirtiéndolo en uno de sus objetivos prioritarios durante su presidencia.
Es evidente que alcanzar los ODM requerirá grandes esfuerzos, especialmente en un escenario de crisis, pero Europa no puede eludir su responsabilidad con las personas más pobres y vulnerables. Así lo apoya la mayoría de la ciudadanía europea, tal y como refleja el Eurobarómetro de 2009: a pesar de la situación económica, un 90% de los europeos piensan que la cooperación al desarrollo es importante, y un 72% quiere que su gobierno cumpla y vaya más allá de sus compromisos para ayudar a los países pobres.
El conjunto de los países de la Unión Europea es hoy el principal donante internacional, pero en 2008 la ayuda conjunta apenas alcanzó el 0,42% de la Renta Nacional Bruta (RNB) europea, lo que nos sitúa lejos del compromiso europeo de lograr el 0,56% para 2010 y avanzar hacia el 0,7% de la RNB para 2015.
Además, junto al cumplimiento de los compromisos relativos a la cantidad de recursos destinados a cooperación y desarrollo, es necesario avanzar firmemente en la eficacia de la ayuda para mejorar su impacto. Europa debe dar pasos en la aplicación del Código de Conducta para la Complementariedad y la División del Trabajo que garantice una mayor coordinación entre los donantes presentes en un mismo país y evite la duplicación de esfuerzos. Se evitarían así situaciones como las que atraviesan países como Camboya, que debe destinar buena parte de su funcionariado a responder a las demandas de la multiplicidad de donantes con presencia en su territorio en vez de destinar ese capital humano a atender las necesidades básicas de su ciudadanía. Un proceso que debería estar basado en las necesidades que los países socios hayan identificado.
Una ayuda más eficaz es también una ayuda más transparente y previsible en el tiempo. Difícilmente un gobierno podrá poner en marcha estrategias de aumento de su gasto público para mejorar sus servicios de salud o educación si no puede prever de antemano los recursos que recibirá por parte de los donantes en apoyo a esos sectores. Otra medida urgente es la eliminación de la ayuda ligada a los intereses económicos o geoestratégicos europeos. Por ejemplo, diversos estudios han demostrado que la ayuda ligada a la compra de bienes del donante encarece un 30% su precio, cantidad que podría destinarse directamente a desarrollo.
Por último, los esfuerzos en cooperación servirán de poco si Europa y sus estados miembros no avanzan en la puesta en marcha de políticas comerciales, financieras, agrícolas o migratorias coherentes también con esos objetivos internacionales de desarrollo. La ONU estima, por ejemplo, que África pierde al año 700 millones de dólares por condiciones de comercio desfavorables, diez veces más que la ayuda al desarrollo que recibe al año. La propia Comisión Europea ha reconocido que la coherencia de políticas es un elemento estrechamente vinculado a los ODM.
El futuro de los ODM pasa porque los estados miembros de la UE empiecen a trabajar desde este mismo momento en medidas concretas y vinculantes en todos estos ámbitos que hagan de la erradicación de la pobreza una realidad. Los progresos conseguidos hasta la fecha –los 40 millones de niños y niñas más que han tenido acceso a la escuela primaria o los más de 1.100 millones de personas que cuentan hoy con agua potable, entre otros– han sido precisamente resultado de la alianza efectiva entre los países del norte y del sur que los ODM promueven en la lucha contra la pobreza.
Eduardo Sánchez es presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España
Marina Navarro es coordinadora de la Campaña del Milenio de Naciones Unidas en España
Ilustración de Miguel Ordóñez
GUSTAVO DUCH
El actual modelo de agricultura y alimentación es completamente injusto, responsable de que 1.020 millones de seres humanos padezcan hambre (es decir, ingieran una cantidad insuficiente de calorías para su vida diaria); de que otros 1.000 millones de personas ingieran suficientes calorías pero estén malnutridos por una alimentación deficiente en micronutrientes; y de que además 1.300 millones de personas estén también malnutridas, esta vez con síntomas de obesidad y sobrepeso. Vamos, que la mitad del mundo no tiene una alimentación adecuada. Y después del fiasco (y negligencia) de Copenhague, parece ratificado formalmente el pasado 31 de enero, que alimentarse debidamente se volverá cada vez más complicado. Mientras pensamos en qué hacer con nuestros representantes políticos, ¿cómo nos adaptamos a los cambios climáticos? ¿Quién nos alimentará?
Es seguro que los cambios climáticos afectarán (ya sucede en algunas realidades concretas) la producción de alimentos. Tendremos, en general, un clima más caluroso y con menos lluvias, será más fácil la migración de plagas y se darán situaciones extremas (huracanes, lluvias torrenciales…). Según un informe coordinado por la organización Biodiversity International, en el África subsahariana las pérdidas de cosechas inducidas por la crisis climática podrían llegar a ser de hasta el 50% dentro de sólo diez años. Un dato que ilustra el mensaje que se ha venido repitiendo por parte de los movimientos sociales: el cambio climático afecta y afectará a todo el planeta, pero de forma más grave a las poblaciones que hoy ya sobreviven con muchas dificultades. En los países industrializados nos alimentamos en una parte muy significativa de cosechas, pesca, acuicultura o ganadería totalmente dependiente de combustibles fósiles, que sabemos cada vez más escaso y más caro. Así que la crisis alimentaria puede ser entonces global.
Mi tesis es simple: se pueden plantear cambios de adaptación a la próxima realidad climática que son los mismos que se requieren para corregir las desigualdades ya presentes. De entre todas estas medidas quiero destacar las que se refieren al uso de la tierra, de la tierra fértil: un bien finito. Ante la inseguridad futura no parecería sensato que, por ejemplo, los campos agrícolas del parque agrario del Llobregat, cercanos a Barcelona, fueran tragados por nuevos polígonos industriales, ¿verdad? Pues cosas parecidas están sucediendo, y todos conocemos casos a pequeña escala, pero también se dan a gran escala, como lo que ya se conoce como el “nuevo despojo de tierras” que se está llevando a cabo en el Sur global. Acaparar millones de hectáreas para cultivar en ellas productos para la exportación no sólo impide la alimentación local tan necesaria, sino que además desplaza cultivos tradicionales que han sabido adaptarse a condiciones extremas y que perderemos del stock global. Se desperdiciará material genético de regiones que, precisamente, con el paso de muchos años y la cuidadosa selección por parte de las campesinas y campesinos de la región, sería muy válido para cultivar en las condiciones climáticas futuras.
Muchas de estas hectáreas usurpadas, junto con grandes extensiones que ya están en manos de terratenientes, están siendo dedicadas a cultivos no alimenticios, a cultivos energéticos: los agrocombustibles. Lo que se señaló cómo una arriesgada tendencia es, después de Copenhague, una terrible insensatez. No se puede presionar –como se hará bajo el pretexto de la captura de CO², a los países africanos, latinoamericanos y asiáticos–,
para incrementar la producción de agrocombustibles que compiten directamente con el agua y los nutrientes del suelo que pueden, en cambio, producir comida. Ni tampoco con el argumento de usar “tierras ociosas”. Con esa denominación se quieren adquirir las tierras comunales entre bosques y selvas que tienen muchos usos (aunque no se contabilicen) para las comunidades rurales cercanas: son espacios para la pesca, caza, recolección de vegetales, frutos, hongos, etc. Como dice el ETC Group, “esta cosecha oculta no sólo proporciona nutrientes irremplazables en su dieta, sino que además, es esencial para la seguridad alimentaria”. Las comunidades campesinas de Borneo, por ejemplo, garantizan dos tercios de sus alimentos de estos espacios comunes, y las mujeres campesinas en Uttar Pradesh, India, obtienen casi la mitad de sus ingresos de la recolección de especies forestales. El cálculo global estima que hasta un 15% del abastecimiento de las familias campesinas de los países del Sur proviene de esas tierras, hoy en el punto de mira de las transnacionales.
En el uso actual de las tierras fértiles también hay una dedicación abusiva destinada a la alimentación de la ganadería industrial. El 40% del grano que hoy día se cosecha se dedica al engorde industrial al igual que 47 millones de hectáreas sembradas con pastos y forrajes. Si bien es cierto que la cría de animales a pequeña escala con alimentación local (muchas veces proveniente de suelos no aptos para la agricultura) es una fuente de alimentos sostenible, el uso de cereales para el engorde del ganado representa, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el equivalente de los requerimientos de consumo calórico de más de 3.500 millones de personas (media humanidad).
Si se adoptaran medidas para un uso correcto de los suelos (prohibir la especulación con las tierras, favorecer sus usos consuetudinarios, promover dietas menos cárnicas, una reforma agraria que elimine el latifundio, una moratoria a la expansión de los agrocombustibles, etc.) todos ganaríamos seguridad alimentaria: algunos para nuestro futuro, otros para su presente.
Gustavo Duch es editor de la revista ‘Soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas’
Ilustración de Javier Olivares
