La acelerada urbanización que tuvo lugar durante el siglo XIX, especialmente en las ciudades industrializadas de Europa y Norteamérica, supuso la consiguiente extensión de las redes de abastecimiento de agua y alcantarillado, que fueron ejecutadas y gestionadas tanto por gobiernos municipales como por empresas privadas; este último fue el caso de ciudades como Boston, Nueva York, Londres, París y Sevilla, cuyos sistemas de abastecimiento estaban especialmente destinados a suministrar agua a los barrios más pudientes, mientras que los pobres se abastecían de vendedores informales, fuentes públicas, pozos o tomas directas de los ríos.

El impulso del movimiento higienista y la incapacidad del sector privado de ampliar las coberturas a los barrios de rentas bajas, con los consiguientes impactos negativos en la salud pública y la higiene, fueron el detonante para que los gobiernos municipales asumieran la gestión del agua potable y el alcantarillado, de forma que, a mediados del siglo veinte, la mayoría de estos servicios estaban gestionados por los poderes públicos, que tenían como objetivo principal la universalización de los mismos a través del suministro domiciliario.

Simultáneamente en Europa y Norteamérica se propició la construcción de fuentes públicas de agua gratuita, inodoros y casas de baño, toda vez que eran la garantía de que los sectores sociales menos favorecidos que no contaban con conexiones domiciliarias, pudieran acceder a los servicios de agua, saneamiento e higiene. Estas instalaciones se configuraron como instrumentos eficaces que complementaban la distribución domiciliaria y reforzaban la accesibilidad y disponibilidad de agua y saneamiento en los espacios comunes, a la vez que garantizaban su calidad y seguridad al estar conectadas con las respectivas redes de distribución municipal. Además, al ser de acceso asequible, cuando no gratuito, cumplían una función social al permitir el uso de los sectores de la población más desfavorecidos y vulnerables. Era normal encontrar fuentes públicas en los parques, calles concurridas, instalaciones deportivas, instituciones educativas como institutos, colegios o facultades universitarias; también equipamientos sanitarios de acceso gratuito en instalaciones de transporte como aeropuertos, estaciones de tren o intercambiadores.

Sin embargo, a partir de las últimas décadas del siglo pasado las fuentes y las instalaciones higiénico-sanitarias empezaron a decaer en las ciudades fruto de la mercantilización de lo común, la consolidación del acceso domiciliario, y su degradación como consecuencia de la disminución de la financiación pública para su mantenimiento y renovación. Así, prácticamente desaparecieron del paisaje urbano fuentes de agua, retretes y casas de baño, y las instalaciones sanitarias en los espacios públicos como estaciones de trenes, otrora gratuitas, pasaron a ser gestionadas de forma privada.

El impulso del agua embotellada, se inscribe en este proceso de mercantilización, que cobró fuerza a partir de mediados de la década de 1980, dando lugar a un cambio radical en el consumo de agua en los espacios comunes; se pasó de acceder al agua en las fuentes públicas a la compra de agua embotellada, imponiéndose una forma de consumo mucho menos equitativa y asequible -1 litro de agua de grifo es entre 180 y 2.000 veces más barata que el agua embotellada-, con los consiguientes perjuicios medioambientales que implican, motivados por la generación de una cantidad ingente de plásticos que no se pueden tratar o reciclar.

Pero tanto en los países del norte desarrollado como del sur global, la conexión domiciliaria de los servicios de agua y saneamiento no ha permitido el acceso universal, sino que existe un número importante de personas que no dispone de las condiciones para ello: grupos sociales y personas que habitan en lugares distintos del hogar y es allí donde ejercen sus derechos, como son, por ejemplo, las que residen en esos entornos debido a la falta de vivienda, las que viven en la pobreza y que pueden carecer de acceso al agua y el saneamiento en sus hogares o cerca de ellos, y las que trabajan de manera formal o informal en espacios públicos de zonas urbanas. Se trata de ciento cincuenta millones de personas a nivel global, pero solo en India son casi un millón ochocientas mil, en Estados Unidos alcanzan las quinientas setenta mil personas y en España se estima que son cuarenta mil.

En este contexto, cobra especial relevancia la reivindicación de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, que fueron reconocidos en 2010 por la Asamblea General de Naciones Unidas y que, de acuerdo con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, son legalmente vinculantes para los Estados, como España, firmantes del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

La definición de los derechos al agua potable y al saneamiento que se concreta en la Observación General 15 y otros documentos de Naciones Unidas, se sustenta en los principios de universalidad, igualdad sustantiva, no discriminación, acceso a la información, participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad social, económica y medioambiental. También se apoya en los criterios normativos de accesibilidad, disponibilidad, calidad, aceptabilidad y asequibilidad.

A pesar de que en la Observación General 15 se enfatiza que ambos derechos son aplicables a todas las personas sin discriminación y en todos los ámbitos de la vida, la exigencia de su reconocimiento e implementación en España y en los países del norte desarrollado, se ha centrado especialmente en el ámbito de los hogares y, en mucho menor medida, en los espacios comunes. De hecho, los esfuerzos que se han llevado a cabo hasta ahora en la implementación de estos derechos humanos en el contexto internacional han incidido especialmente en el acceso (criterios normativos) en aras a paliar los descarnados déficit en las coberturas de abastecimiento que existen sobre todo en el sur global, mientras que en los países europeos, y concretamente en los más meridionales donde las políticas neoliberales han tenido mayores impactos sociales, se han focalizado especialmente en la lucha contra la pobreza hídrica (prohibición de cortes, mínimo vital).

Cuando se detectaban síntomas de una relativa recuperación de la crisis financiera de 2008, las consecuencias de la pandemia producida por el COVID-19 han ocasionado el aumento de la vulnerabilidad y pobreza en España, que podría ocasionar un aumento de más de un millón el número de personas pobres, afectando al 23% de la población. Consecuente con el derecho humano al agua, el gobierno actual, y no sin fuertes discusiones previas, configuró un escudo social a través de sendos reales decretos ley (RD-L 8, 11 y 37 de 2020) que garantizan el suministro de los servicios básicos de agua, luz y gas y prohíben los cortes en los hogares hasta mayo de este año. Sin embargo, no se ha previsto proteger a las personas que sobreviven en condiciones de especial vulnerabilidad en los espacios comunes.

En este contexto, es fundamental pasar de las medidas paliativas a regular los derechos; esto es lo que se pretende propiciar con la campaña ciudadana Agua y saneamiento, derechos humanos básicos para la vida, que más de una veintena de organizaciones sociales impulsarán en la Comunidad de Madrid, con los objetivos siguientes:

Reconocimiento de los derechos humanos al agua y al saneamiento.

• Avanzar en el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento en la Comunidad de Madrid mediante una ley que garantice la disponibilidad de un mínimo vital de agua y la prohibición de cortes de suministro para hogares en condiciones de vulnerabilidad económica y social.

Asegurar las necesidades personales y domésticas.

• Asegurar la cobertura universal de los servicios de agua y saneamiento en toda la Comunidad de Madrid, actuando en los asentamientos informales y garantizando la accesibilidad y disponibilidad de los servicios en casos de emergencia habitacional.
• Redactar un nuevo reglamento del abastecimiento y saneamiento del Canal de Isabel II que sea consecuente con los principios y criterios definitorios de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

Garantizar los derechos en los espacios públicos y comunes.

• Disponer de redes equitativas de instalaciones de agua potable, aseos y retretes públicos, y casas de baño, que cubran el ámbito urbano de los municipios, y que sean asequibles, aceptables, y garanticen la privacidad y la dignidad de las personas que las usen
• Promocionar el uso del agua de grifo frente al agua embotellada.

Concienciación e información ciudadana

• Impulsar actividades de concienciación e información ciudadana sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.

Gonzalo Marín Pacheco forma parte de la Red Agua Pública de Madrid, y Erika González Briz y Santiago Martín Barajas son miembros de Ecologistas en Acción. Ambas organizaciones apoyan la campaña Agua y Saneamiento, derechos humanos básicos para la vida.