Hace unos días se celebró un acto en memoria de los 3.000 republicanos fusilados por Franco ante la tapia del cementerio de La Almudena de Madrid, al que no acudió ningún representante del Gobierno que aprobó la Ley de Memoria Histórica. Se leyeron allí los nombres de la mitad de las víctimas, pero nadie del Gobierno quiso escucharlos, más sordo que la tapia donde todavía consta la huella de los disparos, como si la sensibilidad de la piedra fuera superior a la de nuestros gobernantes. El acto lo convocó la Plataforma contra la Impunidad y contó con la presencia de un único parlamentario, Gaspar Llamazares, que volvió a repetir lo que las voces de esos nombres exigen a un Estado democrático, más de treinta años después de su constitución: que el Estado exhume las víctimas enterradas sin seña en las fosas del olvido y que se declaren nulos los juicios sumarísimos aplicados por el franquismo.
Anteayer, la Plataforma contra Impunidad intentó reproducir en una de las salas del Congreso de los Diputados un vídeo en memoria de los represaliados por el franquismo, al que pusieron voz una serie de artistas, pero la Mesa del Congreso -gracias a las mayorías del PP (4 votos) y el PSOE (3)- denegó la autorización para tal acto. Alguien de esa Mesa alegó que la Cámara no se podía convertir en un Palacio de Congresos, como si el recuerdo de las víctimas de la dictadura fuera equiparable al de una feria o festival. Sería deseable que quien así pretendió justificar la prohibición no fuera del Partido Socialista, porque ¿con qué coherencia se puede decir eso cuando no hace mucho el PSOE celebró con un vídeo en el mismo escenario el centenario del escaño parlamentario conseguido por Pablo Iglesias?
El escaño de Pablo Iglesias dio inicio a los escaños que luego obtendría el Partido Socialista en las sucesivas convocatorias electorales, hasta que Franco acabó con las ideas y la palabra que sustentaban la democracia republicana. Esos escaños se deben a la voz libre de una parte de esos represaliados por la dictadura que permanecen enterrados sin nombre y a los que el Gobierno se niega a escuchar en las tapias de los cementerios y en las salas del Congreso.
¿Cómo se puede reivindicar la memoria de Pablo Iglesias haciendo leyes que no cumplen con la memoria y dignidad debidas a quienes por seguir a Pablo Iglesias y su partido fueron víctimas impunes de la represión franquista?
Si se suman los años de la dictadura franquista y los años de actividad terrorista de ETA, el total viene a ser similar, pero el balance de víctimas es obviamente mucho mayor a favor del régimen que represalió duramente a los vencidos en la Guerra Civil. Durante casi cuarenta años, la paz de Franco fue una guerra contra todos aquellos que se opusieron a su victoria y también contra todos aquellos que pretendieron enfrentarse a su dictadura. Lo que nunca llegamos a imaginar fue que, llegada la democracia y transcurridos más de treinta años desde su instauración, los hijos de las víctimas del franquismo enterradas sin nombre en fosas y cunetas a lo largo y ancho del país estarían pendientes de la reparación y dignidad debidas a sus muertos.
Acabamos de saber que un grupo de ocho presos históricos de ETA, distantes ahora de la organización terrorista, han suscrito una carta en la que plantean nuevos pasos para que sea posible un proceso de paz en el País Vasco que silencie para siempre las armas. Entre esos pasos no podía faltar la necesidad de reconocer y reparar los daños causados a las víctimas del terrorismo. Según el libro Vidas Rotas, presentado el pasado mes de febrero en Madrid, son 857 las víctimas mortales ocasionadas por la banda desde 1968.
Con toda seguridad, el criterio de esos presos no coincidirá con el de quienes al frente de ETA pretenden seguir manteniendo una lucha armada tan inútil como exangüe. No se dan cuenta de que el clima de violencia en que pretenden seguir dándose algún sentido ya no tiene caldo de cultivo posible en la sociedad vasca. Bastaría sólo un poco de inteligencia para que lo comprendiesen, pero ya sabemos que eso es difícil cuando lo que prima es el fanatismo y la irracionalidad.
A la vista de la vergonzosa suspensión cautelar del juez Baltasar Garzón por haber abierto la primera causa penal a los crímenes del franquismo y la radical oposición del Partido Popular a la Ley de Memoria Histórica, estoy por asegurar que este país nuestro sólo dará los pasos definitivos hacia una convivencia política en paz y concordia democrática cuando la Iglesia deje de tener bajo su cruz el sepulcro de Franco y el Estado dé sepultura como debe a las víctimas del dictador. Es muy difícil sostener una concordia cívica sobre un arsenal de muertos/desaparecidos sin paragón en el mundo e inimaginable en la Unión Europea.
+@Diario del Aire
Tanto los niños diseminados por los poblados más pobres de las sierras colombianas como los niños palestinos de Gaza y Cisjordania sufren desde hace muchos años las duras circunstancias de un conflicto cuyas consecuencias les han robado lo mejor de su edad: crecer en paz, con pan y escuela, y con el vuelo de una cometa que les haga creer en la necesidad y la diversión de los sueños más altos.
Lo de la cometa me lo recordó ayer el maestro Luis Soriano que anda por las montañas colombianas con una pareja de burros repartiendo lectura entre los chicos hambrientos de cultura. Los asnos se llaman Alfa y Beto y son el mejor medio de transporte para salvar trochas y quebradas. A Soriano lo vimos ayer en un telediario, muy resuelto y jubiloso de ánimo: Esto comenzó como una necesidad, luego llegó a ser una obligación, antes que una costumbre. Como muchos de sus clientes no saben leer, es el maestro quien lo hace al raso, sin aulas ni pupitres. Cuando se marcha, los niños le hacen siempre la misma pregunta, cuándo vuelve, pues han probado el nutritivo sabor a sueño de las historias.
Cuenta hoy este diario que un payaso gallego y su intérprete, una joven española de origen palestino, fueron expulsados de Israel cuando pretendían viajar a Cisjordania con objeto de organizar allí un festival internacional de payasos para el próximo mes de octubre. Todo fueron impedimentos desde el mismo momento de partir del aeropuerto de Barajas. La compañía aérea israelí El Al empezó por retener sus maletas en Madrid y una vez los viajeros llegaron al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv hubieron de soportar varias horas de interrogatorio, con el posterior encierro en un centro de detención de inmigrantes y en celdas separadas. Después, fueron expulsados del país y devueltos en un vuelo de regreso a España.
Iván Prado, el joven payaso gallego, ha sido muy preciso a la hora de valorar la experiencia y disponerse a tomar las medidas legales correspondientes ante semejante maltrato, merecedor sin duda de algo más que el tibio comentario de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores, que se ha limitado a mostrar su disponibilidad para recabar la cooperación de las autoridades israelíes. Ha dicho Prado, citando a su amigo Leo Bassi: Si los políticos empiezan a hacer el payaso, quizá los payasos tengamos que empezar a hacer política.
Así debe ser cuando se ponen trabas ya sea a quienes llevan libros a los niños de las selvas colombianas o espectáculo a los territorios palestinos, pues tanto las palabras como la risa son una cometa que vuela hasta el sol en los labios de los niños, según dice el maestro Soriano.
Y quienes pretendan cortar el hilo de esa cometa, sea donde sea, no tienen futuro porque están muertos, pues como tales se oponen a la vida y al sabor y a la altura de sus sueños.
+@Diario del Aire
Hasta hace bien poco se mantenía en la fachada del Teatro de La Comedia de Madrid una lápida conmemorativa del discurso que pronunció allí, el 29 de octubre de 1933, José Antonio Primo de Rivera. Tal arenga constituye la base ideológica fundacional de Falange Española, el partido que ha logrado sentar al juez Baltasar Garzón en el banquillo, acusado de prevaricación por pretender investigar los crímenes del franquismo.
Fue Garzón quien en agosto de 2002 suspendió las actividades de Batasuna en el marco de un proceso penal por asociación ilícita con fines terroristas. La competente actividad desarrollada por el juez, tanto contra los comandos y la dirección de ETA como contra su entorno social, ha sido decisiva para que la banda armada haya llegado a la situación de manifiesto declive en la que hoy se encuentra. Si ETA mata menos es en parte gracias a Garzón.
Se ha repetido hasta la saciedad que Batasuna sólo podrá ser legal cuando condene la violencia etarra o haga posible que la organización terrorista abandone definitivamente la lucha armada. Sin embargo, es legal Falange Española, cuyo fundador apeló a la violencia en el aludido discurso. Esto dijo José Antonio:
Queremos que España recobre resueltamente el sentido universal de su cultura y de su Historia. Y queremos, por último, que si esto ha de lograrse en algún caso por la violencia, no nos detengamos ante la violencia. Porque, ¿quién ha dicho al hablar de “todo menos la violencia” que la suprema jerarquía de los valores morales reside en la amabilidad? ¿Quién ha dicho que cuando insultan nuestros sentimientos, antes que reaccionar como hombres, estamos obligados a ser amables? Bien está, sí, la dialéctica como primer instrumento de comunicación. Pero no hay más dialéctica admisible que la dialéctica de los puños y de las pistolas cuando se ofende a la justicia o a la Patria. Esto es lo que pensamos nosotros del Estado futuro que hemos de afanarnos en edificar.
Ese Estado fue edificado y basó su origen y apuntalamiento en la violencia, durante y después de la Guerra Civil. Transcurridos treinta y cinco años desde la muerte de su artífice, ¿cómo es posible que Falange Española haya logrado que el Tribunal Supremo siente en el banquillo a quien, además de perseguir con éxito la violencia etarra, ha pretendido investigar también la franquista, justificada en el mensaje fundacional del citado partido, cuya legalidad ningún tribunal ha cuestionado?
La frase del titular responde a la impresión del reputado historiador Paul Preston a la vista de lo que el caso Garzón está dando de sí. Por eso Pedro Almodóvar dice que da miedo que en 2010 tengamos que seguir luchando contra Franco. Han pasado 35 años desde el óbito del dictador y más que miedo se siente vergüenza porque gracias a la TDT hemos descubierto la resurrección múltiple del Nodo en los canales de televisión de una derecha rancia y cerril, ajena a Europa y nostálgica del Servicio Nacional de Propaganda.
Mientras, los más prestigiosos medios extranjeros no dejan de alarmarse ante lo que el juicio a Baltasar Garzón comporta. Ayer mismo The Guardian, a través de su columnista Reed Brody, decía que sentar en el banquillo de los acusados a un juez por haber tomado una decisión controvertida (…) es un peligroso ataque a la independencia judicial. Que eso se haga además contra Garzón, por pretender investigar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista, siendo él un símbolo de la justicia para quienes han sido víctimas de similares atrocidades en otros países, hace que sea la justicia -según Brody- la que pueda convertirse en víctima en España.
Alertada la Sala Segunda del Tribunal Supremo por los nocivos efectos que las críticas de los medios internacionales pueden representar para el máximo órgano jurisdiccional, su gabinete técnico ha tenido la peregrina idea de convocar a la prensa extranjera con el propósito de dar a conocer los intríngulis procesales y jurídicos concurrentes en las tres causas abiertas contra el juez Baltasar Garzón. Mucho han debido influir los reproches provenientes de los periódicos extranjeros para que los responsables de tal decisión, posiblemente demasiado nerviosos, hayan acordado una cita tan improcedente. Si discriminar a los medios afincados en el país, cuando la noticia afecta sobre todo al país, resulta de todo punto inadmisible, pretender explicar a los periodistas extranjeros aspectos vinculados con el caso Garzón no parece lo más adecuado para el Tribunal Supremo, que debería atenerse como tal a lo descrito en sus autos y sentencias.
Por más que la derecha pretenda defender el auto por el que Garzón se sentará en el banquillo, está fuera de toda duda que además de los aspectos procesales que concurren en el caso, lo más oscuro y sintomático para los medios internacionales y para buena parte de la sociedad española es que la justicia en este país, ateniéndose a la jurisdicción universal sobre los delitos de lesa humanidad, no se aplique a identificar y exhumar a las víctimas del franquismo diseminadas por las fosas sin seña de España.
Que en lugar de eso se siente en el banquillo de los acusados a quien pretendió verificar esa tarea, va a seguir siendo muy difícil de entender. Pues hablamos de justicia, no se puede justificar lo injustificable. Puede que esto, gracias a la cita del TS, les quede ahora todavía más claro a muchos de los periodistas extranjeros convocados.
Dicho sea hoy, septuagésimo noveno aniversario de la proclamación de la Segunda República Española.
Ahora que ante la perplejidad y reprobación de los más cualificados medios de información internacionales tenemos al juez Baltasar Garzón camino del banquillo por haber intentado investigar los crímenes del franquismo, a requerimiento de los familiares de las víctimas enterradas sin sepultura en las fosas comunes y cunetas de España, es momento de recordar al magistrado del Tribunal Supremo Adolfo Prego Olvier, ponente del auto que admitió a trámite la querella de Falange Española contra el juez.
Sabemos, porque se publicó en su día, que Prego fue patrono de honor de la fundación ultraderechista Defensa de la Nación Española, que puso a caldo el Estatut de Cataluña y la política antiterrorista de Zapatero durante la primera legislatura. Que Prego firmó asimismo un manifiesto en contra de la Ley de Memoria Histórica, en consonancia con su criterio de que la Guerra Civil no la motivó la sublevación franquista sino la llamada Revolución de Octubre de 1934, por lo que el golpe franquista fue una contrarrevolución.
Pero lo que más nos debe llamar la atención, ahora que una inhabilitación de hasta veinte años puede pesar sobre Baltasar Garzón, son los artículos suscritos por don Adolfo en la revista Altar Mayor de la Hermandad del Valle de los Caídos, en cuyo faraónico escenario, construido por presidarios republicanos en durísimas jornadas de trabajo, están enterrados el general dictador y el máximo dirigente de Falange Española, José Antonio Primo de Rivera.
La Oficina para las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura cifra en 33.847 los restos documentados de víctimas del conflicto, todos pertenecientes al bando sublevado. Junto a ellos pueden hallarse entre 15.000 y 40.000 víctimas republicanas sin identificar, cuyos huesos fueron trasladados en los años sesenta a Cuelgamuros, sin permiso de sus familiares, después de haber sido desenterrados de las fosas comunes en que se encontraban.
Lo que el juez Baltasar Garzó ha pretendido, y por lo que se le va a sentar en el banquillo, es reparar la dignidad y la memoria de tantos muertos sin nombre, muchos de ellos víctimas de la vesania falangista, a quienes los vencedores propinaron como última y más grave ofensa la de ser enterrados junto a los máximos cabecillas de sus verdugos.
Sobre esa oscura memoria, insólita en el mundo, ¿cómo se puede pregonar, según reza el artículo primero de la Hermandad del Valle de los Caídos, que su fundación obedece al propósito de mantener vivo el mensaje de paz y reconciliación que pregona el grandioso símbolo cristiano erigido en Cuelgamuros? ¿Será porque visitó la basílica el cardenal Joseph Ratzinger en 1989?
Que la Hermandad Nacional de Excombatientes y la Hermandad Nacional de la División Azul hayan acordado celebrar un año más y sin ningún impedimento, mañana martes y en la Iglesia de los Jerónimos, el conocido como Día de la Victoria franquista (1 de abril de 1939), resultaría insultante para cualquier democracia que se precie.
Suele argüir con gran cinismo el clero que ampara estos actos, cuando en ese mismo recinto tiene lugar una misa funeral en torno al 20 de noviembre en memoria del fallecimiento de dictador, que tal ceremonia se da por razones estrictamente religiosas, a demanda de las entidades que así lo solicitan.
Eso no debería comportar, sin embargo, lo que tales actos representan en realidad, como quedó demostrado en anteriores ocasiones con la concurrencia militante de quienes rezan con el brazo alzado a la romana y entonan el Cara al sol. Bajo la fórmula de una ceremonia religiosa, que tanto respeto merece a los creyentes católicos, se programa un auténtico homenaje al viejo régimen -en contra de la vigente Ley de Memoria Histórica-, con la pública ostentación de la vieja bandera franquista, que el propio párroco de la iglesia, Julián Melero, no sólo no se arrepiente de besar sino que está dispuesto a hacerlo siempre que esa oportunidad se le presente, como dejó dicho hace un año con motivo de esa misma Misa de la Victoria.
Conviene insistir en el motivo de esta última celebración eucarística. A diferencia de la primera, que reviste la fórmula de funeral por el alma del difunto dictador, lo que se conmemora en la iglesia madrileña -ante la mirada de los múltiples y perplejos turistas que visitan cada día el vecino Museo del Prado- es la victoria de una España sobre otra, a la que los vencedores sometieron a la persecución, el encarcelamiento y la muerte una vez declarada su paz.
Fue también en la Iglesia de los Jerónimos -no lo olvidemos- donde el cardenal Enrique y Tarancón pronunció una histórica homilía, con motivo de la coronación del rey Juan Carlos I en noviembre de 1975, en la que abogó por la necesaria reconciliación de las dos Españas para dar paso a la transición política.
Publica Arturo Pérez Reverte una nueva novela, a la que es posible acompañe el éxito que suelen tener todas las suyas, y como el escenario es Cádiz en 1812, los periodistas le preguntaron sobre la Ley de Memoria Histórica, algo que don Arturo aprovechó para calificar de hijoputas a todos los españoles, vencedores y vencidos de la Guerra del 36, con lo cual ganó los titulares y publicidad que sus colegas le facilitaron.
Lo que no suponíamos es que por detrás de esas manifestaciones (puede que por delante), muy celebradas por la derecha montaraz en auge, estaba el fichaje del académico don Arturo por el Ayuntamiento de Cádiz, gobernado por el Partido Popular, como comisario de la exposición que conmemorará en un par de años el bicentenario de la Constitución de 1812.
La cifra de la ficha ha sorprendido a todos, máxime en unos tiempos en que el PP pregona la necesaria austeridad que ha de guiar a las administraciones públicas. Para el beneficiario, 150.000 euros es un contrato barato, aunque se avendría al sacrificio por el cariño que profesa a la ciudad. Según el Consejo de Críticos y Comisarios, el estipendio medio en esos casos no suele sobrepasar un diez por ciento de lo que se le ha ofrecido al académico.
Sabedores de la inteligencia mercantil de don Arturo, no sería aventurado pensar que el afamado novelista gestara su nueva novela en Cádiz con objeto de conseguir, además del buen rendimiento económico que suelen tener sus libros, el substancioso beneficio añadido que le reportará su cargo de comisario.
Puestos de campaña, bunkers, refugios, casamatas, fortines, polvorines y trincheras, todos los viejos escenarios de la Guerra Civil que subsisten en el entorno de la Cordillera Cantábrica y que se ubican en la provincia de León, pueden ser un itinerario turístico de gran atractivo para quienes se interesen por nuestra Memoria Histórica y quieran además disfrutar de los magníficos paisajes que se avistan por aquellas trochas.
José Luis Argüelles, un montañero asturiano, es el autor del inventario más completo sobre este tipo de fortificaciones, y el Ayuntamiento de La Pola de Gordón es también el primero que, a través de la concejalía de desarrollo, está empeñado en inventariar todos y cada uno de los enclaves de ese tipo que se dan en su municipio. Hasta ahora, según una reciente información facilitada por el Diario de León, se llevan registrados hasta nueve escenarios de la Guerra Civil, si bien sólo un itinerario está ya promocionado por el Ayuntamiento de la localidad. Se trata de la conocida como ruta de Fontañán, en la que se puede visitar una gran trinchera de hormigón de casi dos metros de altitud y una casamata. Además de estos vestigios se han descubiertos otras trincheras, refugios y parapetos en Cerro Pedroso, la cima de Amargones, Pico Altico y Peña Muezca, donde se ha dado con un túnel de 25 metros de longitud que comunica las dos laderas del monte. También en Peña Blanca hay un refugio antiaéreo excavado en la roca.
La Asociación para la Recuperación de la Arquitectura Militar Asturiana lamenta que mientras Europa defiende y difunde los escenarios de su última guerra como parte de su memoria histórica, el gran patrimonio militar repartido por las montañas astur-leonesas no se aproveche como recurso de gran valor histórico y turístico. Valorarlo sería fundamental para conservarlo. Promocionarlo, como pretende hacer el Ayuntamiento de La Pola de Gordón, sería muy beneficioso para el desarrollo de los municipios implicados.
Es significativo y sabido que el de los maestros fue uno de los colectivos más represaliados por el franquismo. Hace cinco años, cuando ya quedaban muy pocos en pie, el PSOE y la UGT rindieron a los maestros republicanos un tardío homenaje. No podíamos imaginar entonces que un lustro más tarde no sólo uno de ellos se encuentra entre nosotros, sino que sigue ejerciendo su oficio a la edad de 93 años en un colegio público de Murcia.
Se llama José Castaño. Estudió su carrera durante la República. En esos años se ganó los que pasó en la cárcel después de la victoria franquista. Cuando fue fusilado el poeta García Lorca en Granada, Castaño organizó una lectura pública de poemas en la citada ciudad. Finalizada la guerra, fue acusado de reafirmación marxista. Después de dos años y medio en prisión, José Castaño se dedicó a trabajos ajenos a la enseñanza.
Sólo volvió a la escuela una vez muerto Franco. En 1975 reconocieron la validez de mis estudios -dice-, aunque me obligaron a repetir una parte. Cuando llevaba nueve años trabajando, cumplí los 67 y me llegó la jubilación forzosa. Como lo de enseñar me estaba gustando mucho, pregunté si podía continuar y me dijeron que sí, pero sin firmar actas.
Comenta José Castaño que no podría vivir sin ir cada mañana a impartir sus clases. Quizá por la deuda que la historia tiene con él a lo largo de 36 años, ha querido prorrogar su actividad de un modo insólito hasta casi una edad centenaria. No sabemos lo que pensarán los alumnos de su anciano profesor, pero nuestra memoria democrática debería saber explicarles por qué está ahí y por qué la mayor satisfacción de su vida es precisamente ésa.
Quizá baste recordar para ello por qué un día de su lejana mocedad, cuando aprendía el oficio que sustenta la razón de su existencia, salió a la calle para recitar poemas de un poeta asesinado por quienes luego le dejaron sin escuela. No basta que el colegio de Murcia donde José sigue ejerciendo su oficio lleve su nombre. Los nombres hay que llenarlos de memoria: la de José Castaño y la de todos aquellos que, como él, fueron apartados de la profesión que constituyó su fe de vida.
