El Consejo General del Joder Pudicial se ha lucido en su defensa (que no condena) del juez Tirado, por cuya falta de diligencia la niña Mari Luz hoy está muerta. De esta manera ya tenemos dos problemas: un juez irresponsable (es decir, que no es responsable), dispuesto a seguir impartiendo justicia con su particular sentido de la profesionalidad, sin el menor arrepentimiento de las consecuencias de su desidia, y un órgano de defensa corporativa de los jueces construido sobre las ruinas de lo que algún día fue el garante de un sistema judicial limpio, diligente y justo.

El padre de la niña Mari Luz lo ha calificado de "vergüenza nacional"; para el ministro Bermejo, es una decisión "enormemente escasa"; y la fiscalía ha decidido recurrir la decisión del CGPJ en nombre de (casi) todos nosotros. Por suerte, el Gobierno anuncia que enviará al Parlamento una reforma del régimen disciplinario de los jueces para que "no vuelvan a repetirse" casos como éste. La reforma del CGPJ lo está pidiendo a gritos.

A pesar de que hay una muerte por medio, y que a todas luces una pena de 1.500 euros, por una falta grave de un juez, es un desatino, al parecer lo que más preocupaba a sus señorías era no dar la impresión de una sentencia ejemplarizante. Que un despiste ¡de dos años! haya desembocado en dejar suelto a un posible asesino es un caso de mala suerte, pero que lo que hay que juzgar es el hecho de un "retraso" y no las desgraciadas consecuencias.

En esa lucha titánica de siglos entre la judicatura y el sentido común, la falta de posar el dedo sobre el botón equivocado, podría desencadenar una guerra nuclear, con millones de muertos. Pero, para un juez del Joder Pudicial, una leve equivocación la tiene cualquiera.
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Continuando con la loca academia de la judicatura, también hemos sabido de la particular resolución del caso del juez Calamita. Nuevamente jueces juzgando a jueces. El tribunal que lo juzgó, el Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, le condenó a una multa de 6.000 euros y una inhabilitación de dos años y tres meses, después de ponerlo a caldo por haber demostrado "una auténtica compulsión homófoba", con el agravante "de desprecio a la orientación sexual de la adoptante".

Pero como perro no come perro, recordad, hasta que todo se le vuelvan pulgas, el tribunal considera que Calamita no prevaricó, según estimaba la acusación particular, por entender "que no existe en la mente del inculpado un plan preconcebido para privar de la patria potestad a la madre o para conseguir que la adopción no se produjese".

A ver si nos centramos: dilató durante años un proceso de adopción porque se trataba de dos lesbianas, y por la misma razón trató de privar a su madre de la patria potestad de la niña, pero sus altas señorías entienden que Calamita "no tenía un plan preconcebido" para esta fechoría. ¿Se puede cometer un delito continuado sin tener "un plan preconcebido"? ¿Qué diccionario utilizan en la loca academia de la Judicatura que jamás coincide con el mío?

Homófobo compulsivo y con una creencia religiosa que le inhabilita para hacer justicia imparcial en determinados casos que chocan con sus convicciones morales. Recuerdo que mi padre no podía examinar, por razones elementales, a ningún hijo suyo, por considerar las autoridades académicas que el juicio de un padre estaba viciado, contaminado de base, para valorar imparcialmente los conocimientos de sus hijos. ¿Cómo un ultra religioso que desprecia el matrimonio homosexual ("Los niños necesitan de un padre y una madre; un hombre y una mujer se complementan; dos mujeres no") puede continuar al frente de un juzgado de familia (nada menos) sin que nadie repare en que su juicio está contaminado de base?