GERARDO PISARELLO / JAUME ASENS
Al menos desde la Revolución Francesa, cuando se vulneran derechos generalizables y los canales institucionales permanecen bloqueados, la resistencia civil se convierte en la última garantía contra la arbitrariedad del poder y la degradación del principio democrático. Las movilizaciones contra los desahucios impulsadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en el conjunto del Estado, al calor del 15-M, reflejan claramente esta voluntad garantista. Y las respuestas represivas a las mismas –como ocurrió en Vic–, la impotencia de unas instituciones incapaces de tutelar derechos que están en la base de los ordenamientos legales que dicen defender.
Lejos de ser un fenómeno natural o un simple trámite jurídico, los desahucios por razones económicas entrañan una innegable dosis de violencia. Quienes los padecen, no sólo ven afectado su derecho a la vivienda. Al haber dedicado casi todos sus recursos a mantener un techo para sí y los suyos, quedan expuestos a vulneraciones severas de sus derechos a la integridad física y psíquica, a conservar o a buscar un empleo, a asegurar la educación de sus hijos. En casos como el español, esta situación es especialmente trágica, ya que el desahucio no comporta casi nunca el realojamiento digno exigido por Naciones Unidas.
En realidad, estos desahucios han estado en el centro de la gestación y estallido de la crisis. Durante el boom inmobiliario, cientos de familias fueron expulsadas de sus viviendas a resultas de operaciones urbanísticas especulativas. Otras tantas fueron objeto de acoso inmobiliario: una forma no disimulada de coacción, e incluso de matonismo, dirigida contra arrendatarios con alquileres bajos, considerados una rémora para la obtención de rentas mayores. Tras el estallido de la crisis, el fantasma del desalojo comenzó a planear sobre las familias con hipotecas impagables, muchas de ellas contraídas en condiciones leoninas. Entre 2007 y 2011, según el Consejo General del Poder Judicial, la cifra de ejecuciones hipotecarias supera las 300.000. Sólo en 2010 ya fueron 93.636. A este escenario deben sumarse, a medida que el paro se dispara, miles de desahucios por impago de alquileres con escasa o nula intervención de los servicios sociales.
La violencia que experimenta quien es desahuciado no cae del cielo. En la mayoría de los casos, es producida por entidades financieras, constructoras y grandes inmobiliarias para las que la vivienda no es un derecho, sino una simple mercancía de la que extraer la mayor renta posible. A menudo, esta violencia opera por vías abiertamente ilegales. Otras veces, cuenta con la cobertura de leyes y decisiones institucionales que la autorizan o que incluso la fomentan. Ni el sobreendeudamiento hipotecario, ni el llamado desalojo exprés, ni el apenas 2% de vivienda pública de alquiler, ni la fiebre especulativa que ha dejado tras de sí más de 3.500.000 inmuebles vacíos o infrautilizados, son el producto de espontáneas leyes de mercado. Reflejan intervenciones públicas explícitas, a menudo concertadas con agentes privados a los que deliberadamente se exime de toda responsabilidad social y jurídica.
Esta connivencia, en la que, con diferentes énfasis, coinciden los grandes partidos estatales y autonómicos, no se ha visto cuestionada por la agudización de la crisis. Propuestas razonables como la dación en pago o la movilización al alquiler social del parque habitacional en manos de la banca o de grandes propietarios, se han estrellado con la férrea oposición del PSOE, del PP y de las derechas autonómicas. Incluso los cuestionamientos al procedimiento de ejecución hipotecaria por vulneración del debido proceso y del derecho a la vivienda han sido descartados por el Tribunal Constitucional sin consideración alguna sobre la actual situación de emergencia habitacional.
Este bloqueo institucional contrasta con la actitud de otros países. En Francia, por ejemplo, existe una moratoria de desahucios durante el periodo invernal y ayuntamientos como el de Bobigny disponen de ordenanzas antidesalojos para proteger a las familias más vulnerables. En un contexto así, no sorprende que diferentes movimientos sociales y vecinales hayan emprendido movilizaciones en todo el Estado para dar apoyo a las familias afectadas y frenar los más de 200 desalojos que se practican diariamente. En los últimos meses, ya se han parado más de 60 gracias a la campaña “STOP desahucios”. Estas acciones de solidaridad constituyen una vía legítima de defensa, no de privilegios, sino de los derechos de todos, constantemente amenazados. Y suponen, además, la impugnación de normas y de decisiones judiciales e institucionales a menudo reñidas con la propia legalidad proclamada en constituciones y declaraciones de derechos humanos.
Esta desobediencia civil disruptiva pero no violenta, frente a la ilegalidad del poder que ha caracterizado la actuación del 15-M, es tal vez la última barrera garantista frente a un proceso acelerado de descomposición social. Pretender tratarla como una cuestión de orden público, practicando desahucios sin previo aviso, en horas inhábiles o con amplios
dispositivos policiales, es un gesto de impotencia que, lejos de eliminar el conflicto, ahondará el descrédito de las propias instituciones. Tener un techo digno y seguro es una necesidad básica para el desarrollo personal y para la vida en comunidad. Y el desahucio, la condena a la intemperie, una forma de violencia a la que, como muestran las acciones de protesta en curso, ninguna persona sensata y con fuerzas puede resignarse de brazos cruzados.
Los autores son juristas y miembros del Observatorio DESC
Carlos París
Filósofo y escritor. Presidente del Ateneo de Madrid
El mundo actual clama por la iluminación de un pensamiento que guíe la acción imprescindible para salir del abismo en que nos encontramos. Un abismo en que el despotismo del poder está sepultando las enormes posibilidades del actual desarrollo científico y técnico, capaz de crear una sociedad liberada de la miseria material y espiritual que ha lastrado nuestra historia. Adolfo Sánchez Vázquez aparece como un paradigma del pensamiento que necesitamos. Fue un pensador dedicado no ya a contemplar el mundo, sino a transformarlo, a levantarlo a la cúspide de las posibilidades humanas. Un pensador que, como afirmaba León Felipe de la poesía, y, en mi visión, debería aplicarse también a la filosofía viva, no parte del frío “pienso” ensimismado, sino del grito crispado ante el espectáculo social de nuestro mundo. Y analiza los senderos de la liberación. Hemos perdido recientemente la voz y la presencia física de Adolfo Sánchez Vázquez, tras una vida dedicada al desarrollo de la filosofía marxista y a la militancia por una sociedad sin explotación, pero permanece enteramente vivo su ejemplo.
Nos ha dejado Sánchez Vázquez en momentos en que la barbarie del capitalismo, en su desarrollo especulativo, impone sus dictados a gobiernos domesticados, aplasta a las masas empobrecidas y estas empiezan a expresar su creciente indignación. Sánchez Vázquez, en su marxismo ético, nada mecanicista, gustaba de repetir el dilema de Rosa Luxemburgo: “Socialismo o barbarie”, al cual, en tiempos de la Guerra Fría, de la confrontación nuclear, añadía la posibilidad de la aniquilación bélica de la humanidad.
Toda la vida de Adolfo Sánchez Vázquez fue una lucha contra la barbarie. Primero la barbarie del golpe contra la Segunda República, cuando muy joven, nacido en Málaga y estudiando en Madrid en la Facultad de Filosofía y Letras, cultivando la poesía y militando en el Partido Comunista, se entregó en el frente de combate a la defensa del Estado republicano, que iniciaba un prometedor futuro para los pueblos de España en un esfuerzo popular que cantó en su renovada poesía épica.
Tras el triunfo de la barbarie, hubo de desarrollar su obra en el exilio, como otros ilustres “trasterrados”, algunos –cual José Gaos, David García Bacca, Eduardo Nicol o Joaquín Xirau– que ya eran profesores, y otros más jóvenes, como Ferrater Mora. Era el despuntar de un renovador pensamiento hispano que hubo de trasladarse a fecundar las tierras iberoamericanas, mientras en España ensotanadas figuras los sustituían para imponer la más rígida escolástica medieval.
Tras sus estudios en México, Sánchez Vázquez desarrollará una dilatada obra que le sitúa entre los máximos filósofos marxistas y ejercerá una importante influencia no sólo en la cultura mexicana, sino en la reflexión internacional. Partiendo de la fundamentación de una estética y una ética marxistas, en su primeros trabajos, realizó después una profundización de la concepción marxista más general, entendiéndola como filosofía de la “praxis”, al modo de Gramsci, aunque con una entidad muy propia. Elaboró, así, un marxismo abierto, con acentos éticos, opuesto a las visiones deterministas y mecanicistas, como la de Althusser, que gozaba de una amplia difusión en Iberoamérica. El marxismo, en la obra de Sánchez Vázquez, se revela así pleno de actualidad. Una actualidad apremiante en momentos en que la indignación popular ante el imperio del capitalismo busca los caminos de una nueva sociedad.
Aunque su labor académica se desarrolló básicamente en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Adolfo Sánchez Vázquez mantuvo una estrecha relación con España, naturalmente no con la filosofía oficial propiciada por el franquismo, sino con la que se desarrollaba en la oposición. En sus múltiples viajes pronunció numerosas conferencias en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Fundación de Investigaciones Marxistas, en el Ateneo, del cual había sido ilustre socio, y fue nombrado, además, Doctor Honoris Causa por la UNED.
He tenido la gran fortuna de mantener una estrecha relación de profunda amistad e intercambio de ideas con Sánchez Vázquez durante casi 50 años. Nuestro primer encuentro tuvo lugar en el Congreso de México de 1963. Me felicitó por algunos escritos míos y pronto se estableció una profunda corriente de compenetración. A partir de aquel momento, nos enviamos nuestras publicaciones, me invitó a congresos realizados en México y a desarrollar un curso en la UNAM. Y fue ponente en el Congreso Internacional sobre mi obra, que se realizó con motivo de mi jubilación.
Siempre que venía a España o yo viajaba a México me llamaba y manteníamos un inolvidable diálogo, en los últimos 20 años en compañía de Lidia Falcón, a la que profesaba un gran afecto y con la que lamentamos la muerte de la compañera de Adolfo, cuando perdió a esta tras larga vida solidaria.
No querría terminar esta evocación de Adolfo Sánchez Vázquez sin traer a este homenaje el recuerdo de unas imágenes lúdicamente alegres, que nos dan idea de la personalidad más humana de Adolfo. Tras un Congreso de Filosofía, él y yo nos trasladamos con un grupo de alumnos y alumnas a un local de fiestas, y allí el gran maestro se puso a bailar con los estudiantes en una fraternidad y una solidaridad que no es fácil encontrar en otros pretenciosos profesores. Así era la rica humanidad del gran pensador cuyo legado vence a la caducidad de la muerte.
Nicole Thibon
Periodista
Uno de los fenómenos más desconcertantes del siglo XXI es la persistencia del hambre en el mundo. Esta reflexión, que no es sino banal, se basa en datos que lejos están de serlo. Por ejemplo, el Gobierno estadounidense publicó en mayo un sorprendente mapa de “desiertos alimenticios” en Estados Unidos. De él se desprende que hay millones de ciudadanos de ese país sin acceso a una nutrición aceptable. Tienen a su alcance patatas chips, donuts, golosinas industriales, algunas conservas y bebidas azucaradas, todo distribuido en las estaciones de servicio y demás drugstores. En los restaurantes baratos o las cantinas escolares pululan las chips, las palomitas, los mars, las pizzas y los pollos fritos con patatas, acompañados con Coca-Cola y pagados mediante bonos de alimentación. El resultado visible son esos chicos obesos, a menudo diabéticos desde su más tierna infancia.
Para encontrar algún producto fresco en esos desiertos alimenticios, habría que desplazarse al menos unos dos kilómetros en automóvil. En contra de lo que suele creerse, sólo el 50% de las familias estadounidenses están motorizadas. Según el mencionado mapa, los desiertos alimenticios no están todos en aglomeraciones perdidas en las vastas planicies y montañas del país, sino en zonas a menudo superpobladas en el corazón de las ciudades, porque los gigantescos supermercados en donde es posible hallar frutas y verduras están alejados –se encuentran en las afueras de las ciudades– y los mercados abiertos o de calle que surten la mayor parte de las ciudades europeas son prácticamente inexistentes en Estados Unidos.
En el extremo opuesto de la cadena, los niños no son obesos sino que están mal nutridos, con piernecitas flacas y vientres abombados. El Informe de la Organización para la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) publicado el mes pasado es casi de tipo visual: según las nuevas estimaciones, 925 millones de personas seguirán pasando hambre crónica este año, lo cual es desastroso comparado con los 850 millones de 2002, ¡pero claramente mejor que los 1.023 millones de 2009! Congratulándose por este bajón del 9,6%, la FAO considera que “el número de subalimentados en el mundo sigue estando en un nivel inaceptable”.
El hecho de que el 98% de los subalimentados provengan de países en desarrollo no sorprende a nadie, pero lleva a una conclusión luminosa: ¡esta desigualdad se debe a un problema estructural! Lo habíamos adivinado, sobre todo sabiendo que cuatro multinacionales se reparten el 90% del comercio mundial de cereales. También sabemos que el mapa de la subalimentación es casi exactamente un calco del de la escasez de agua potable, y que este grave déficit toca a más de mil millones de personas. A la espera de que la humanidad resuelva el difícil intríngulis de la repartición de los alimentos existentes, 24.000 personas se mueren de hambre cada día –es decir, un muerto cada cuatro segundos–. Y mientras tanto, nuestros científicos concentran gravemente su enjundia en el efecto de la mala alimentación de las madres en el cerebro de sus hijos recién nacidos.
Si en Estados Unidos sigue siendo un problema sin solución conseguir una alimentación sana en las proximidades de todo lugar habitado, parece también imposible enviar los vastos excedentes de cereales, productos lácteos o cárnicos a los sitios en que más falta hacen –a menudo dentro de un mismo país–.
Pero ¿no será económica la naturaleza del problema? Tal vez, si aceptamos que sea inevitable una inversión mundial de más de 3.000 millones de dólares anuales… ¡en armamentos! ¿O será más bien de naturaleza política? “Hay que quebrar el mito técnico del hambre y reconocer que este azote es, ante todo, el resultado de factores políticos”, dice en Le Nouvel Observateur Olivier de Schutter, redactor, por encargo de las Naciones Unidas, del informe sobre la alimentación mundial. Los alimentos no escasean en el plano global. Pero ¿por qué, tal como afirma De Schutter, “Mozambique importa el 60% del trigo consumido por su población, y Egipto el 50% de todas sus necesidades alimenticias”?
El problema es político, pero la dificultad parece ser la de enfocarlo democráticamente. Es decir, comenzar por la base. Las soluciones se conocen desde hace mucho tiempo: en lugar de volcar desde lo alto de la pirámide toneladas y toneladas de alimentos desperdiciados en el camino y que nunca son suficientes para las poblaciones en dificultades, habría que fomentar la producción local, construir las carreteras, vías de ferrocarriles y vías marítimas necesarias para transportar los alimentos y almacenarlos. Técnicamente, casi todo ha sido ya inventado: se sabe cómo producir un arroz de crecimiento rápido, cereales vitaminizados, plátanos más resistentes y maíz capaz de sobrevivir a la sequía, y los progresos son constantes. Sin embargo, las primeras víctimas del hambre son los campesinos, cuando una ayuda relativamente modesta a los productores locales podría crear una producción estable, dirigida hacia el consumo local. Se trataría también de ayudarles a defenderse. Para De Schutter, “tienen un poder de negociación demasiado restringido con respecto a los intermediarios… Se trata de factores políticos que reclaman soluciones políticas”.
Encolerizado, Jacques Diouf, director de la FAO, anuncia que en octubre propondrá “una petición mundial a los poderosos de la Tierra para decirles que estamos hartos de vivir en un mundo hambriento. Para llamarles la atención me haría falta un millón de firmas… Quiero ver vuestro nombre al pie de la petición 1billionhungry”.
MIQUEL ORTEGA CERDÁ Y GUSTAVO DUCH
Pescados contaminados en nuestras mesas y la población pesquera cada vez más diezmada. ¿En qué despachos, quién y cómo se gestionan estas calamidades? En el caso español hay muestras evidentes de que los representantes no actúan de la forma más adecuada. En el Parlamento Europeo se acusa a España de encubrir la pesca ilegal y fagocitar los recursos naturales (el 19% del pescado que llega a Europa proviene de flotas ilegales); pero cuando los pescadores protestan ante ellos por la grave situación por la que están pasado, los representantes españoles explican que en Bruselas nadie les entiende ni les respeta.
Tanto se lamentan que ciertamente pareciera que su trabajo está boicoteado o ninguneado. Sin embargo, entre mayo y junio de 2011 la Comisión Europea presentó tres informes demoledores para la gestión pesquera española.
El primero de ellos, el Informe anual económico de la flota europea de 2010, trata de evaluar la situación de la flota y su posible evolución para tomar las medidas adecuadas. Lamentablemente en él se denuncia que no puede evaluar la situación económica y perspectivas de España, pues los responsables de la Administración española no habían aportado ningún dato del año 2008 y sólo algunos parciales para el periodo 2002-2007. Con la información facilitada, los expertos simplemente fueron incapaces de dibujar cuál es el escenario actual y las perspectiva futuras.
El segundo de ellos, el Informe sobre las actividades realizadas por los Estados Miembros para conseguir un equilibrio sostenible entre la capacidad pesquera y las oportunidades pesqueras, trata de seguir, probablemente, el aspecto más importante para garantizar la viabilidad económica de la flota, su adaptación a los recursos pesqueros existentes. En él se hacía una evaluación cuantitativa de la calidad y cantidad de información facilitada a los servicios de evaluación y seguimiento de la Unión Europea para cada país. España era el país peor valorado en ambos aspectos.
El tercero de ellos, el informe sobre la Aplicación del programa de recuperación de la merluza europea y la cigala, trata de evaluar si se estaban aplicando correctamente los planes diseñados para gestionar ambas especies. En los dos casos España tiene un rol principal, pues dispone del 64% de la cuota de merluza y del 41% de la de cigala. El informe apunta a que posiblemente no existe un control adecuado de los desem-
barques por parte de España, y que probablemente hay un desajuste entre la potencia del motor de las embarcaciones registrada y la real. Ambos aspectos favorecen los desastrosos resultados que indican que las capturas de ambas especies han sido 2,4 y 2,8 veces superiores a las toneladas permitidas. En términos económicos la Comisión no deja lugar a dudas, el incumplimiento ha salido caro y saldrá muy caro: “la aplicación plena del programa de recuperación desde 2006 habría incrementado los beneficios netos actuales para todo el periodo”. Pero en cambio, ahora España, sin duda, será penalizada en la cuota correspondiente en los próximos años, con consecuencias dramáticas para la pesca artesanal, que tiene en algunos segmentos una dependencia muy alta de la merluza.
Si los exámenes en Bruselas tienen tan malos resultados, cuanto menos tan alarmante es la reciente información facilitada por la organización Oceana, donde demuestra que el Gobierno ha ocultado, durante siete años, un informe que, bajo la etiqueta de confidencial, advierte sobre los altos niveles de contaminación de algunos tiburones como el pez espada, el marrajo o la tintorera. Ha sido necesario acudir a los tribunales para disponer de un informe contratado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, pagado con recursos públicos y elaborado por el Instituto Español de Oceanografía, otra institución pública.
Y ahora, en pleno debate de la reforma de la Política Pesquera Común, las primeras propuestas de los representantes, desde nuestro punto de vista, van totalmente desencaminadas, defendiendo que es imposible hacer una buena política socio-económica si se prioriza la gestión ambiental. Por ello, desde muchas organizaciones sociales, agrupaciones pesqueras y organizaciones ecologistas se traslada la necesidad de una reacción rápida y contundente por parte de la Administración pública. Empezar aseando nuestro patio es el primer paso para ganar credibilidad y sumarse a posturas que apuntan a un modelo de pesca con futuro, es decir, que premie a las flotas más selectivas, con menos impactos ambientales, que más distribuyan la riqueza; que no privatice los recursos pesqueros; que priorice la pesca artesanal sostenible; que acabe con el incumplimiento legislativo; y que no se pesque más allá de los niveles que garantizan sostenibilidad. ¿Sabremos hacerlo? Nos va en ello el prestigio, el ecosistema marino y el sistema socioeconómico pesquero.
Miquel Ortega Cerdá es coordinador político en España de OCEAN 2012
Gustavo Duch es coordinador de la revista ‘Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas’
TONI RAMONEDA
Claude Guéant, ministro de Interior francés, publicaba el pasado 2 de junio un artículo en el diario Le Monde titulado: “¿Qué Francia para mañana? Escojamos una inmigración controlada” con el que pretendía dar consistencia política a una posición gubernamental que el propio ministro de Interior había resumido con una frase polémica a mediados de marzo: “A fuerza de inmigración descontrolada los franceses sienten, a veces, como si ya no estuvieran en su propia casa”.
En el mes de marzo, en plena vorágine informativa en torno a Marine Le Pen, se trataba de cortejar a los votantes de extrema derecha. Ahora, con este artículo, se trata de ofrecer argumentos a su electorado más ilustrado a partir de lo que el filósofo alemán Jürgen Habermas ha definido como la “integración republicana”. Según este filósofo, la sociedad cosmopolita (tradición francesa que se opone al comunitarismo anglosajón) es aquella que propone un espacio público regido tanto por normas legales como discursivas dentro del cual todo individuo puede ser reconocido como ciudadano gracias al ejercicio de la racionalidad. Esto es, mediante la comunicación. De este modo, las normas que rigen el Estado republicano tienen que ser legales (definir el marco dentro del cual se está participando en la vida pública y fuera del cual se está destruyendo lo público) y discursivas (definir el marco dentro del cual es posible entenderse y fuera del cual se está renunciando al diálogo).
Lo que propone el artículo de Guéant es una síntesis de las normas a partir de las cuales el Gobierno de Nicolas Sarkozy entiende esta integración republicana: “Francia debe ofrecer a quienes acoge con los brazos abiertos las condiciones para una integración, o incluso una asimilación, reales”. Desde un punto de vista filosófico, esto no debe entenderse como una relación directa entre integración y nación porque la integración republicana no tiene que ver con la nación, sino con la república como idea: “Francia, decía Michelet, es más que un país, es una idea”, nos recuerda el ministro. Sin embargo, para que esta idea posea la virtud integradora que se le pretende atribuir, tiene que ser comprensible por todos. Desde un punto de vista legal, las leyes relativas al laicismo constituyen un elemento claro y comprensible portador de integración: no respetar la neutralidad religiosa del Estado equivale a la no aceptación de una regla constitutiva de la vida pública republicana y, a su vez, todo ciudadano puede y debe exigir al Estado que respete esta neutralidad y le asegure la posibilidad de vivir libremente su propia creencia religiosa.
Desde un punto de vista discursivo, sin embargo, el Gobierno de Sarkozy ha roto el pacto republicano según el cual relacionar la inmigración con la violencia, la precariedad laboral o el desempleo quedaba reservado al populismo de extrema derecha y de ahí que Guéant explique en su artículo que: “Francia es un país abierto, pero su vocación no es la de acoger a extranjeros para convertirlos en parados”.
Así, cuando el ministro explica que su vocación “no es la de convertir a extranjeros en parados” está situando en el mismo nivel dos conceptos: “extranjero” y “parado”, que pertenecen a universos discursivos distintos. Uno tiene que ver con la identidad y el otro con la actividad. Situar en el mismo plano un elemento ontológico (todos somos extranjeros de alguien) y otro social (estar parado es un hecho social, en ningún caso una característica identitaria) y además convertirlos en elementos transitivos (“el extranjero se convierte en parado”) es una relectura del universalismo republicano según la cual los derechos humanos, en vez de permitir la transformación del individuo en ciudadano, permiten la selección, entre distintos individuos, de aquellos que van a ser ciudadanos.
En la teoría republicana clásica, lo colectivo es universal: el ciudadano reconoce en su Estado una idea además de una geografía y los estados-nación están utopicamente abocados a desaparecer. En la propuesta de Guéant, lo colectivo es nacional y el ciudadano reconoce en él el “nosotros” dentro del cual puede subvenir a sus necesidades. Pero esta misma respuesta la encontramos también en el discurso que hace del extranjero una fuente de riqueza, tanto económica (mano de obra, rejuvenecimiento de la población, consumo…) como cultural, puesto que su integración queda definida por su valor como individuo y no por sus derechos como tal. Así que el verdadero desafío de la integración republicana es el de construir un discurso a la vez integrador y exigente con los ciudadanos, sean o no extranjeros.
Una propuesta la ejemplifican los colectivos implicados en las acampadas de distintas ciudades españolas y europeas (entre los cuales hay, por cierto, un número importante de desempleados) y consiste en identificar ciudadanía con participación. En este caso (y las acampadas no son más que la parte visible de un movimiento mucho más amplio de participación ciudadana), el marco discursivo de la integración republicana no pasa por el reconocimiento de derechos y deberes, sino por el reconocimiento del “yo” como interlocutor racional y el “nosotros”, el bien colectivo al que nos integramos, deja de ser el resultado de una acción para convertirse en la acción en sí misma. Esto implica el fin de la política tal y como la hemos conocido en la modernidad porque desaparece la dialéctica entre “yo” y “nosotros” de la que el líder político es el mediador pero quizás sea, paradójicamente, el principio de una utopía posmoderna: la utopía del yo.
JUAN HDEZ. VIGUERAS
Miembro del Consejo científico de Attac
El Eurogrupo, con sus 17 actuales países y micropaíses, tiene pendiente el plan sobre el segundo rescate de Grecia y las condiciones de una renegociación de la deuda griega. Igual que la Alemania de los años veinte, que no podía pagar las indemnizaciones impuestas por los vencedores de la Primera Guerra Mundial, Grecia tampoco puede seguir pagando los altos intereses que exigen los mercados, es decir, la banca financiera. Es el resultado de la política de austeridad impuesta por la Alemania conservadora de Merkel y gobiernos asociados, con recortes sociales y privatizaciones de empresas públicas a pesar de las continuadas protestas sociales.
Y hay dos cuestiones de fondo a resolver, como son el círculo vicioso de la política económica neoliberal y el rompecabezas bancario. Porque está claro el fracaso de esta política europea que agrava el problema de Grecia como sucede con Portugal. “Bancos 1, Portugal 0”; “Otro país de la eurozona humillado por sus bancos”, decía el editorial del Financial Times el 6 de abril pasado, añadiendo que Lisboa había sacado la bandera blanca porque no podía pagar un interés de casi el 10% por sus bonos a cinco años. Cuatro días más tarde, el primer ministro portugués pedía la ayuda financiera europea que venía descartando para eludir la imposición de las duras condiciones que, tras las recientes elecciones generales, aplicará su sucesor, el nuevo Gobierno conservador.
En Grecia se está cumpliendo lo que anunciaban los economistas heterodoxos. Los préstamos europeos y del FMI con altos intereses que imponen recortes del gasto público para reducir el déficit (consolidación fiscal lo llaman) conducen a la disminución de la actividad económica, prolongan la recesión con un elevado desempleo que reduce las rentas y el consumo y, por consiguiente, reduce los ingresos públicos aumentando el déficit, porque el injusto sistema fiscal sigue intacto. Y ante ese deterioro, los bancos que compran los bonos griegos exigen mayor rentabilidad con tipos de interés más altos; lo que supone un mayor coste que a su vez incrementa el déficit público y la necesidad de más préstamos; lo cual aumenta el déficit y… Es el círculo vicioso de una política neoliberal ineficaz y sobre todo injusta y antidemocrática, que se verá alimentado por el nuevo préstamo para Grecia que se negocia de unos 95.000 millones de euros con cargo al FMI y al fondo europeo, pero con nuevas exigencias de recortes de gasto público y de privatizaciones.
Y el caso es que Grecia ahora no puede pagar lo que ya debe a los bancos. De ahí que por debajo de esas negociaciones y de las declaraciones de cualquier gobernante alemán, francés o quien sea, se esconda el rompecabezas a componer para salvar a la banca y la cara ante los electores. Son como mínimo cinco piezas a componer.
Primera pieza doble: la refinanciación de la deuda griega generada por el primer rescate (reducción
de tipos de interés o aplazamientos del vencimiento de los bonos soberanos) significa pérdidas directas para la banca que tiene bonos en euros; e indirectas porque su calificación crediticia bajaría según amenazan las agencias, disminuyendo su cotización.
Segunda pieza: la imprevisible volatilidad del mercado de los famosos CDS, los seguros de impago de la deuda que bancos han comprado o vendido; el precio o margen de riesgo se encarecerá con las consiguientes pérdidas importantes para alguna contraparte. Nadie puede prever nada porque este es el mundo opaco de la especulación financiera.
Tercera pieza: el mismo BCE es uno de los principales tenedores de deuda griega a través de los bancos a los que les prestó dinero con esos activos que compró (repos). Por tanto se suma a la oposición de los bancos privados contra la refinanciación de la deuda griega porque teme los efectos sobre el euro. Aunque, según los analistas del Financial Times (05-06-2011), terminará aceptando las pérdidas que le toquen, porque al final serán los contribuyentes del Eurogrupo los que paguen vía sus bancos centrales, si hubiera que recapitalizarlo. La realidad es que hay una falta de transparencia sobre cuáles serían los riesgos para el Eurosistema (conjunto del BCE más los bancos centrales).
Cuarta pieza: aseguran que la refinanciación de la deuda griega (la llaman reprofiling, reperfilar) podría desestabilizar a la banca europea con una exposición de más de 180.000 millones de dólares en deuda soberana de Grecia, Irlanda y Portugal repartida entre los bancos de esos mismos países, los bancos alemanes, franceses y Benelux; y con menor porcentaje otros países (España, 4,4%). Y está claro que ni los contribuyentes alemanes ni los demás europeos están dispuestos a aceptar nuevas ayudas públicas a la banca.
Quinta pieza: la presentación del acuerdo europeo debe hacer posible que el nuevo plan de “austeridad” sea aprobado por el Parlamento griego, que tendría que aceptar el despido de funcionarios, la venta de entes de servicio público y autorizar a funcionarios de Bruselas a que supervisen su aplicación. Lo que están gritando los ciudadanos griegos no cuenta: ya votaron en su día.
En conclusión, para mantener su negocio financiero, sin dar créditos a las empresas y al consumo, la banca rescatada y avalada por los gobiernos vive de la política económica neoliberal de estos gobiernos. De ahí que, con acampadas o sin ellas, al Movimiento 15-M haya que darle la razón.
ERIKA RODRÍGUEZ PINZÓN
Coordinadora América Latina de la Fundación Alternativas
Los resultados de las elecciones presidenciales de abril en Perú sorprendieron a propios y ajenos con una polarización entre dos opciones políticas que no era palpable en el ambiente preelectoral. Los candidatos de centro, que juntos habrían ganado la contienda, salieron de ella para dar lugar a una segunda vuelta de las elecciones, que se celebrará mañana, entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala, dos candidatos distantes en el espectro ideológico pero ligados en el estilo popular de sus campañas.
La expresión social de las urnas peruanas no difiere de la de otras sociedades. El descontento con los partidos de centro izquierda y centro derecha es campo abonado para candidatos de los extremos ideológicos, que recogen preocupaciones más cercanas a la vida cotidiana con discursos de fácil digestión, véase el ascenso de partidos europeos de extrema derecha.
La verdadera diferencia en el caso peruano es que, a la vista de los resultados de crecimiento económico, un 8% el último año, los ciudadanos no tendrían motivo para el descontento. Pero crecimiento no es igualdad. El indicador de desarrollo humano ajustado por desigualdad de Perú lo deja por debajo de su vecino Ecuador, que creció sólo un 3,6%. Más aún, su presión fiscal en 2009, principal herramienta de la redistribución, un 13,8%, está bajo el promedio latinoamericano. Una fiscalidad en la que además la minería –principal renglón exportador– goza de cláusulas de excepción tributaria que no permiten al Gobierno introducir reformas, es decir, que el sector minero sigue creciendo y aportando al PIB, pero no lo suficiente a las arcas estatales, algo que el próximo presidente tendrá problemas para cambiar.
En cuanto a los candidatos queda poco por decir; Keiko, conservadora, sobre la que recae la sospecha de que liberará a su padre, Alberto Fujimori. De Humala destaca la moderación que introdujo en su discurso tras distanciarse de Chávez , aunque sin despejar realmente las dudas.
A los dos candidatos les es común el afán por mostrar su afinidad con el brasileño Lula da Silva. Todo político que se precie de su carácter social en América Latina quiere parecerse a Lula. Pero Perú no es Brasil y, vistos los datos, hace falta más que nombrar a Lula en los discursos para imitar sus obras.
Fujimori, por su parte, fortalece su apuesta con el fichaje de figuras internacionales. En lo social, el economista Hernando de Soto, quien comparte su propuesta de “economía de mercado para que los pobres participen sin abandonar la economía global”; y en seguridad, Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York. Fujimori dice que quiere imitar los logros del expresidente de Colombia Álvaro Uribe en seguridad. Una combinación peligrosa: economía de mercado basada en el comercio de bienes primarios y política de seguridad de mano dura no son en América Latina sinónimos de democracia y Estado de Derecho.
El temor por la vulnerabilidad de las instituciones democráticas de ganar Fujimori lo aviva el Nobel Vargas Llosa, que alienta el voto por Humala no por afinidad, sino en función del “mal menor”. Desde luego, la apuesta de Vargas Llosa no es desdeñable viniendo de un liberal ex profeso, y sus temores tienen un sustento claro en el sesgo autoritario de la candidata y la convicción de que Humala, a pesar de su nacionalismo, no va a matar a la gallina de los huevos de oro cerrando las puertas a la inversión extranjera.
La agenda de Humala, de corte socialdemócrata y que además cuenta con los exasesores de Lula, encierra un rompecabezas difícil de resolver. Al igual que los demás gobiernos de corte nacionalista de la región, un posible Gobierno de Humala dependerá de los recursos primarios, como también lo haría el de Fujimori. El problema es que en la agenda de candidato nacionalista entran en conflicto los intereses de las empresas explotadoras con su agenda social, a pesar de querer potenciar ambas.
Tanto las empresas extractivas como las bases sociales son dos colectivos que, puestos en pie de lucha, pueden desestabilizar el Gobierno. De hecho, el mes de mayo se ha visto marcado por el bloqueo de la frontera entre Perú y Bolivia por parte de huelguistas que exigen que se emita una ordenanza que prohíba las concesiones mineras en su territorio. Como ya se apuntó, el futuro presidente de Perú tendrá grandes problemas para renegociar las condiciones de la explotación minera sin afectar el crecimiento.
Equilibrar crecimiento, con dependencia de los recursos primarios, e intentar mantener la gobernabilidad contentando las bases sociales, sin hablar de sostenibilidad ambiental, más que un programa de gobierno es un juego de equilibrismo que Perú, gane quien gane, tiene que enseñarle a jugar al resto del continente.
Thorbjørn Jagland
Secretario general del Consejo de Europa
Cada día, miles de mujeres sufren en Europa la violación de su derecho a vivir sin violencia. Puede tratarse de un desconocido en un callejón, aunque es más probable que se trate de su pareja, un familiar, amigo o colega, ya que son personas conocidas las que llevan a cabo la mayor parte de las agresiones.
Según las estadísticas criminales, una de cada cuatro mujeres ha sido agredida en algún momento de su vida y al menos el 15% de las mujeres europeas ha sufrido violencia doméstica en una relación después de los 16 años. Pero la violencia doméstica sigue siendo en gran parte un crimen oculto, y la cifra real es, sin duda, mayor. Otras formas de violencia –el acoso, el matrimonio forzado, el aborto forzado, la esterilización forzada, etc.– en gran medida no son detectadas.
Independientemente del tipo de violencia contra las mujeres de que se trate, el número de condenas es notoriamente bajo. Cuando la Policía se encarga de un caso, antes ya se han producido como media 35 incidentes violentos. Y las fuerzas del orden no siempre tienen la pericia necesaria para aportar pruebas que lleven a los agresores ante la Justicia. ¿Sorprende, entonces, que haya pocas condenas?
Los gobiernos europeos son conscientes del desafío, pero hasta hora su respuesta ha consistido en gran medida en poner parches. Algunos han creado refugios para mujeres víctimas de malos tratos, otros han decidido penalizar el acoso. Otros están recurriendo a las órdenes de alejamiento, servicios de apoyo y de mediación, o a expulsar al miembro violento del hogar familiar. Las prácticas difieren de un país a otro, sin ningún modelo legislativo claro, dejando a las mujeres europeas expuestas a un crimen que debería estar en los libros de historia hace ya tiempo.
El Consejo de Europa –que vela por los derechos humanos, y también por la igualdad entre hombres y mujeres– ha desarrollado un instrumento para que los estados europeos trabajen juntos en el rechazo de la violencia misógina. El pasado 11 de mayo, en una
reunión de ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Estambul, se abrió a la firma un convenio internacional para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica en general.
El tratado, el primero con ese fin específico, ayudará a los estados a tomar medidas en cuatro áreas clave: la prevención de la violencia, la protección de las víctimas, la persecución de los agresores y una política integrada, global y coordinada. Se basa en las mejores prácticas de toda Europa y las sitúa en un marco jurídico internacional.
Este acuerdo protegerá a las mujeres contra la violencia de género, en cualquier lugar y en cualquier momento: en lugares de ocio cuando salen con amigos, en el trabajo, en la escuela, en casa. Tanto si acaban de llegar a Europa como si han vivido aquí siempre; con más o menos recursos económicos, heterosexuales u homosexuales, tanto si son madres o mujeres sin hijos: todas tendrán el mismo nivel de protección en cualquiera de los 47 estados del Consejo de Europa.
Los estados que ratifiquen el tratado tendrán que tomar medidas inmediatas para tipificar como delito y perseguir ciertos actos que a menudo quedan impunes: la violación, la violencia doméstica, los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina, el acoso sexual, o la esterilización sexual y el aborto forzados. No se podrán ya esgrimir excusas alegando diferencias culturales, la tradición, la religión o el honor.
El convenio también invita a los estados a crear o financiar una amplia gama de servicios –refugios, líneas telefónicas de ayuda en funcionamiento día y noche, asistencia médica y jurídica, etc.–, que son esenciales para las mujeres víctimas de violencia, y que incluyen el apoyo necesario para llevar a los agresores ante la Justicia.
Uno de los puntos clave del nuevo convenio es que reconoce la necesidad de considerar la violencia contra la mujer en el contexto de la desigualdad entre mujeres y hombres. Existe la falsa creencia de que ya existe la igualdad de género; y de que la dominación de los hombres sobre las mujeres en la vida pública y en la esfera privada forma ya parte del pasado. Sin embargo, una de las razones principales para tomar medidas ahora es precisamente la brecha creciente entre la legislación y la realidad.
España se encuentra entre los 13 países que firmaron el tratado en Estambul. Confío en que pronto lo hagan el resto de estados europeos y que su entrada en vigor se produzca lo antes posible. Esta iniciativa no debe sólo servir para ayudar a millones de mujeres a salir de la trampa de la violencia, sino para poner la igualdad de nuevo en la agenda política. Estoy convencido de que muchos gobiernos lo firmarán y comenzarán a ponerlo en práctica por el bien de las mujeres europeas de hoy y de mañana.
FRANCISCO MICHAVILA
Catedrático de Matemática Aplicada y director de la Cátedra Unesco de Gestión y Política Universitaria de la Universidad Politécnica de Madrid
El actual curso académico no es uno cualquiera para la universidad. Ha sido visto en los años precedentes como un horizonte de esperanza para la culminación de cambios profundos en la educación superior. El proceso que empezó en Bolonia en 1999 debía cristalizar ahora con el establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior. Una universidad de mayor excelencia académica, con estudios renovados y comprometida con su entorno. O sea, por fin, una universidad protagonista del avance económico y ciudadano de los europeos, diseñado en la Estrategia de Lisboa. Atención a las demandas del mercado laboral, formación más práctica y relaciones más fluidas entre profesores y estudiantes, con nuevas tecnologías educativas, eran los objetivos buscados.
El curso para el cambio llegó, pero ¿en qué condiciones? Con un incremento del número de estudiantes (un 12% más de alumnos nuevos este curso y el anterior, en oposición a las predicciones demográficas de descenso continuado del decenio anterior). Con una bajada de los sueldos de los profesores con motivo de las dificultades económicas provocadas por la crisis financiera. Con la implantación completa de la nueva estructura de Grado, de modo que de 3.300 carreras en 2007 se ha pasado a 4.700 grados y másteres. Con presupuestos universitarios congelados o reducidos por parte de las comunidades autónomas, que, por ejemplo, en Madrid significa un recorte del 3,8% o en Galicia una reducción de la subvención del 5,8%. A su vez, ciertas noticias universitarias impactan en la opinión pública. Más que nunca, se habla ahora de las posiciones de las universidades españolas en los rankings internacionales, como Times o Shanghai, y se reitera que no hay ninguna entre las cien primeras y que tienen poco peso internacional. También preocupa, y se vincula con la formación superior, que España haya perdido nueve puestos; ahora ocupa el lugar 42 en el Informe de Competitividad Global 2010-2011 que publica el Foro Económico Mundial.
Con los vientos económicos que soplan, ¿es una osadía pretender mejoras universitarias sustanciales? Las iniciativas positivas en política universitaria son costosas; no se consolidan las que buscan únicamente un lavado de cara. Los programas de Campus de Excelencia o la creación de escuelas doctorales implican recursos adicionales. Además, y aunque sea de forma simbólica, en los ámbitos universitarios el proceso de Bolonia se relaciona con mayor trabajo para los profesores.
Ante un panorama tan poco ilusionante como el que algunos dibujan, quizá corresponda reaccionar y creer que el momento actual es adecuado para repensar la universidad. ¿Qué deben hacer los campus universitarios a la espera de épocas más boyantes? Una opción simple consideraría que el presente sólo permite verla como una institución de perfil bajo, ralentizada por falta de medios. Sin embargo, otra más atrevida consistiría en que, impelidos por el pragmatismo, los universitarios aprovechasen las circunstancias actuales para hacer aquellas modificaciones en su funcionamiento que en tiempos de bonanza no contarían con apoyos suficientes. Doing more with less. Este fue el título de la Conferencia de la OCDE sobre Educación Superior celebrada en París meses atrás.
¿Cuáles serían los actores de este cambio? Si el guion principal en este curso se ocupa de la renovación de los programas de estudio, cabe interrogarse por los actores y el escenario en que deben actuar. El tiempo de los discursos sobre la necesidad de cambios está ya superado. Ahora se trata de actuar para mejorar la educación activa de los estudiantes, actuar para motivar y formar al profesorado, y actuar en la adaptación de las estructuras a los nuevos tiempos.
El escenario lo determinan sustancialmente los recursos disponibles. La evolución del gasto por alumno fue satisfactoria en España desde 1995 hasta 2007 con un incremento de 49 puntos por encima del valor correspondiente medio europeo. Sin embargo, los sucesivos modelos de financiación universitaria española se han quedado en el limbo de los buenos deseos, en 1994, en 2007 y en 2010. La cuestión clave se halla en la captación de recursos adicionales. ¿Dónde encontrar el dinero que falta? En un estudio reciente de la European Universities Association se apunta la idea de la creación de empresas spin-off y parques científicos. También es una cuestión de liderazgo. Un dicho árabe, que recordaba
John Carlin hace poco, tiene validez en la política universitaria: “Un ejército de ovejas al mando de un león vencería a un ejército de leones al mando de una oveja”.
Los mejores profesores, dice Kent Bain de la Universidad de Nueva York, no aspiran meramente a que sus estudiantes hagan bien los exámenes sino a producir una influencia duradera e importante en la manera en que piensan y actúan. Movilidad internacional y concursos progresivamente más abiertos a docentes e investigadores provenientes de cualquier latitud son medios para conseguirlo. Si la edad media de los catedráticos en España es 56,2 años, la renovación de las plantillas debe estar fundada a corto plazo en estos principios.
Conseguir que la educación de los universitarios sea más activa tiene, con frecuencia, fundamentos sencillos. Pascarella y Terenzini han demostrado en sus investigaciones que la confianza y la relación informal entre los estudiantes y sus profesores son decisivas. Más que la ratio alumnos-profesor, según la cual España se encuentra en una posición favorable (11,6 alumnos universitarios por profesor, frente a los 16,1 de Francia o 15,0 de Estados Unidos, respectivamente, según datos actuales de la OCDE). También, el atrevimiento y la innovación son antídotos a la educación para la pasividad. En palabras recientes de Felipe González, “en nuestra cultura no se premia el mérito o la iniciativa con riesgo y se castiga con crueldad el fracaso”.
TONI RAMONEDA
La teoría democrática se encuentra cuestionada hoy en día. Sólo tenemos elecciones de tipo nacional cada dos años. En un mundo donde todo cambia con tanta rapidez como el de hoy es a menudo preferible conocer la voluntad del pueblo sobre las grandes cuestiones políticas públicas a intervalos más cortos”. Así se expresaba George Gallup
en 1939 en el libro Public Opinion in a Democracy para justificar lo que iba a ser uno de los inventos más influyentes del siglo XX en el ámbito político: los sondeos de opinión.
El 7 de marzo de 2011, el periódico francés Le Parisien publicaba un sondeo según el cual Marine Le Pen, candidata del Frente Nacional (el partido de extrema derecha francés) para las elecciones presidenciales de 2012, obtendría más votos en la primera vuelta de dichas elecciones que cualquier otro candidato, incluido el presidente Nicolas Sarkozy. Más allá de la calidad del sondeo (la encuesta fue realizada por internet y en ella se daban incentivos económicos a los encuestados, lo que pone en duda su representatividad) y de la deontología de la empresa que lo realiza (¿qué sentido tiene preguntar sobre una situación que se producirá dentro de un año y sobre la que sólo se sabe con certeza que Marine Le Pen será una de las candidatas?), vale la pena fijarse en una cuestión relacionada tanto con los medios de comunicación como con la teoría democrática que ya en los años treinta parecía cuestionada: el precio de la información.
Desde su invención, los sondeos vienen cumpliendo dos funciones sociales: la primera consiste en recabar la opinión de los ciudadanos sobre un tema concreto en un momento preciso. Esto es válido a condición de no olvidar que en toda pregunta hay siempre el germen de su respuesta: si preguntan a alguien a quién va a votar se presupone que la persona va a votar, que conoce a los candidatos por los que va a votar, que es capaz de dar una respuesta inmediata a la cuestión, etc. La segunda función de las encuestas consiste en crear lo que llamamos opinión pública: al presentar las intenciones o las preferencias de varios millones de personas en forma de porcentajes se consigue que cada una de estas personas se reconozca como integrante de uno de esos porcentajes a la vez que tiene la impresión de reconocer a sus vecinos, a sus familiares, a su jefe o a su peluquero en las otras cifras. Por eso, lo que comúnmente llamamos una fotografía de la sociedad es, de hecho, la construcción estadística de una cierta realidad social y, de este modo, lo más interesante de los sondeos de opinión no es tanto su capacidad predictiva como el tipo de realidad social que contribuyen a moldear. A partir de ahí ya se puede decir que un sondeo es un objeto informativo: da forma a la realidad.
Sabemos que una información es más valiosa cuánto más es capaz de reducir el grado de incertidumbre de la situación sobre la que nos informa. Así, decir que mañana saldrá el sol es muy poco valioso puesto que nadie, en su sano juicio, duda de que mañana será un día como los demás. Por el contrario, afirmar que maña-
na habrá un terremoto de 8,9 grados en Madrid es una información de gran valor por la que toda la sociedad estaría dispuesta a pagar un precio muy elevado. Ahora bien, predecir un terremoto no tiene incidencia alguna sobre la eventualidad del terremoto, mientras que predecir la victoria de tal o cual candidato puede incidir en el comportamiento final de los electores: puede modificar el acontecimiento mismo sobre el que se está informando. Esto lo saben tanto los profesionales de los sondeos, como los políticos, como los periodistas, y por eso con un sondeo se compra, también, un tipo de poder muy particular: la posibilidad de modificar la realidad social. O, dicho de otra manera, lo que se compra no es sólo información (moldear una realidad), sino también desinformación (participar en la modificación de esta misma realidad).
Así pues, cuando Le Parisien publica que el 25% de los ciudadanos estaría dispuesto a votar a Marine Le Pen está creando una realidad hipotética (nos sitúa en la situación futura, dentro de un año, de la contienda electoral) al mismo tiempo que nos invita a modificarla (se espera que este ejercicio ficticio incite a los votantes franceses a actuar de un modo distinto al de las elecciones de 2002, cuando Jean-Marie Le Pen consiguió acceder a la segunda vuelta gracias a la dispersión de votos entre los candidatos de izquierdas).
Mientras que George Gallup veía en crisis la teoría democrática por culpa del ascenso del fascismo, el uso de los sondeos para advertir del peligro de la extrema derecha en Francia es un síntoma de la crisis actual del sistema democrático: la contienda política se sitúa en el ámbito de la ficción, en un ámbito donde no se discute sobre las diferencias entre lo que acontece y lo que debería acontecer sino sobre las diferencias entre lo que puede acontecer y lo que debe acontecer. Las informaciones sobre la extrema derecha de Marine Le Pen tienden a olvidarse de la realidad de su programa político y se centran en sus hipotéticos éxitos electorales, y lo mismo ocurre con los demás partidos y candidatos potenciales a la elección y, de esta forma, el sistema democrático ofrece al populismo la brecha preciosa de la incertidumbre. El ámbito de la ficción es, por definición, incierto y, por lo tanto, fuente de angustia: el
terreno de predilección de la extrema derecha populista. Abonar este terreno es el precio que pagamos por la desinformación.
Toni Ramoneda es doctor en Ciencias de la Comunicación
