Hay muy buenas razones para enfatizar este lado fuera de lo común que el Acuerdo alcanzado este lunes en Bruselas tiene para el futuro de la UE. Es un acuerdo histórico porque estamos ante la primera ocasión en que la UE va a acudir como tal a los mercados de deuda para hacer frente a una situación social y económica sin precedentes provocada por una pandemia que no ha desaparecido todavía.

Es un acuerdo histórico porque pese a todos los elementos matizables y discutibles del mismo, y no son pocos, se trata de una ejercicio de solidaridad y compromiso colectivo sin precedentes que bien puede ser asociado al Plan Marshall después de la II Guerra Mundial. Se trata de una solidaridad que tiene en consideración, por supuesto, los efectos catastróficos que sobre la economía del conjunto de países de la UE tendría una quiebra social y económica en Italia, España o Francia.  

Y, aunque menos relevante para la vida cotidiana de millones de personas, es un acuerdo histórico porque generará una nueva dinámica entre las instituciones comunitarias con repercusiones en el propio proceso de integración y su futuro. Básicamente, todo indica que se consolida el papel dirigente del Consejo Europeo en un contexto de correlaciones de fuerza más dinámica, menos rígido y donde el papel central de Alemania y Francia, sigue siendo relevante pero ya no es determinante. Por otra parte, el papel de la Comisión en la gestión de esta crisis ha sido decisivo tanto para visibilizar, en los momentos más duros y caóticos de la pandemia, el valor añadido de la UE, como en la articulación de una propuesta solvente que ha sido la referencia de discusión en la gestión de la cumbre de estos días. Pero está por ver si se consolida la marcada tendencia, iniciada tras la crisis de 2008, de hacer de la Comisión una Secretaría de alto nivel del Consejo Europeo.

Sin duda, el mayor desafío, problema a día de hoy, en términos de legitimidad democrática tiene que ver con el papel del Parlamento. Salva la situación, parcialmente, la vinculación del Fondo de Rescate al Marco Financiero Plurianual lo que permitirá jugar un papel a la institución parlamentaria claramente posicionada, en este caso, a favor de la iniciativa de la Comisión Europea. Pero no es posible eludir un cierto ninguneo al Parlamento Europeo con serias implicaciones en términos de legitimidad democrática.

Hay que decir que, de manera mayoritaria, la ciudadanía europea comparte la idea de un papel más relevante de la Unión tanto en la lucha contra la pandemia como en un compromiso más intenso de salida de la crisis.

La reciente encuesta publicada por el Parlamento Europeo (Public Opinions in times of Covid19 -14 julio 2020) revelaba que el 68% de la ciudadanía de la Unión comparte la idea de atribuir más competencias a la UE en la gestión de crisis como la provocada por el covid-19. Y un 56% (frente a un 30%) comparte la idea de que la UE tenga más recursos para afrontar estas situaciones.

Para quienes gustan de valorar las cosas en función de un supuesto ideal normativo sobre cómo las cosas deberían haber sido, y sobre el que solo ellos/as tienen la llave y el decodificador, la cumbre ha podido resultar decepcionante. El gap entre lo que la Comisión proponía inicialmente, incluso considerando la propuesta intermedia de 10 de julio de Charles Michel, y el resultado final debería, sin duda, ayudar a moderar los calificativos que suelen emplearse para los acontecimientos históricos. El equilibrio inicial entre las ayudas 66% en la propuesta inicial y 52% en la final y préstamos, se ha desplazado claramente a favor de las ayudas condicionadas y sujetas a devolución. Aún cuando se mantiene un plazo de amortización y devolución enormemente generoso para los países deudores.

Pero sólo esto puede parecer suficiente a algunos para impugnar el acuerdo y arrojarlo a la hoguera donde se queman las vanidades de la solidaridad. O cómo una confirmación más de la condición inequívocamente neoliberal del proyecto europeo.

En mi opinión, el acuerdo pone de relieve precisamente lo contrario: la madeja de solidaridad e intereses creados en el proceso de integración y la condición de "arena política abierta" que la UE sigue siendo. Y, por último, la evidencia de que la pandemia nos ha puesto en una situación en la que se han hecho visibles las costuras rotas de la soberanía estatal y sus dificultades para gestionar crisis globales. Y ,con ello, la necesidad ineludible de proyectos supranacionales que ayuden a las sociedades a generar procesos de gobernanza multinivel y multinacional como condición de salidas inclusivas y más igualitarias a esas crisis globales.

Que sea una "arena política abierta" no quiere decir que el proceso no esté condicionado por las decisiones y dinámicas presentes, sin duda. O que no sea favorable a unas posiciones políticas más que a otras, por supuesto que no. Pero quiere decir que está lejos de ese mantra tan sencillo como equivocado de la "irreformabilidad" de la UE. Esta crisis debería ayudarnos a ver la UE como un espacio de oportunidades políticas sobre el que operar y sobre el que intervenir en una dirección de cambio social y democrático.

Precisamente, la asignación de los recursos y los elementos de condicionalidad establecidos en el acuerdo serán un territorio de debate político que puede ser una oportunidad para hablar del futuro de nuestro sistema productivo o de qué significa la convergencia en Europa o de una imprescindible reorientación de recursos en pro de sinergias económicas y sociales más virtuosas. Habida cuenta, además, de la centralidad de los recursos para la lucha contra el cambio climático o la transición digital en los presupuestos del Marco Financiero Plurianual para los próximos siete años, la cuestión de un "debate de país y europeo" sobre el modelo productivo se hace más acuciante y necesario que nunca. Y en este escenario las fuerzas del cambio, en el gobierno y fuera de él, pueden jugar un papel crucial a la hora de mover las cosas en una dirección más favorables a la mayoría.

Conviene, no obstante, limitar el impacto que las propuestas de condicionalidad en la asignación y uso de los fondos van a tener. Algunos interesados, en varias direcciones, ya han formulado aventuradas hipótesis sobre hasta qué punto este acuerdo ata las manos a un gobierno de izquierdas en nuestro país o impide políticas sociales universales o no permite modificar la legislación laboral existente.

Sin embargo, la letra del acuerdo es extremadamente vaga e inconcreta. Los Planes Nacionales que los estados deben presentar deben alinearse con los objetivos del Semestre Europeo, pero eso no es decir demasiado en términos de contenido. El artículo 19 del acuerdo del Consejo dice lo siguiente al respecto: "Los criterios relativos a la coherencia con las recomendaciones específicas por país así como al refuerzo del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social del Estado miembro deberán obtener la puntuación más alta de la evaluación. La contribución efectiva a la transición ecológica y digital también será condición indispensable para conseguir una evaluación positiva".

Al Comité Económico y Financiero, órgano consultivo conviene recordarlo, se le someterán las evaluaciones que la Comisión realice sobre el cumplimiento de los Planes nacionales. En realidad, lo relevante aquí es que se trata de un procedimiento que lleva directamente a una decisión política en el Consejo en caso de problemas, lo que por otra parte, hubiera sido inevitable aunque el documento no dijera nada al respecto.

Una vez más estamos ante una dinámica institucional en que los actores supranacionales y estatales buscan un procedimiento de armonización en el contexto del proceso de integración y de una salida "europea" al contexto de crisis social y económica.

El acuerdo, por finalizar, abre un nuevo escenario en la UE y un desafío para las fuerzas alternativas, transformadoras y de izquierdas. A condición de que nos confrontemos con la idea reaccionaria del repliegue nacional y de que tratemos de dar respuestas a cómo convertir este proceso supranacional de integración, con tantos problemas y agujeros, en un escenario más propicio para propuestas sociales y democráticas de cambio. Es un desafío intenso en su capacidad de reformas de profundidad y, vista la situación, se convertirá en el ser o no ser de la izquierda alternativa en los próximos años.