¿Tendrá futuro la UE?

El 6 de enero de 2021, Ayuso y García-Castellón

Protesta de partidarios del entonces presidente en funciones de EEUU, Donald Trump, frente al Capitolio, en Washington, el 6 de enero de 2021. REUTERS
Protesta de partidarios del entonces presidente en funciones de EEUU, Donald Trump, frente al Capitolio, en Washington, el 6 de enero de 2021. REUTERS

Casi todo el mundo recuerda qué ocurrió el 6 de enero del pasado año en el Capitolio. En el contexto de una manifestación convocada por el entonces todavía presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con el fin de "parar el robo" que, según él, se había perpetrado en las elecciones presidenciales, más de un millar de manifestantes entraron en la sede del Congreso con el fin de parar el proceso de nominación de Joe Biden. El presidente saliente había sido derrotado por más de 7 millones de sufragios en voto popular y por 74 representantes en el colegio electoral. Y a pesar de que todos los procesos puestos en marcha para conocer si hubo hechos fraudulentos dieron resultados negativos, el expresidente no ha dejado de afirmar que le robaron las elecciones. Lo que sí se ha demostrado han sido las presiones directas de Trump contra servidores públicos en diferentes estados con el fin de conseguir, como fuera, algunos miles de votos que modificaran, en su favor, el resultado de los comicios.

La audiencia que el Congreso de los Estados Unidos ha puesto en marcha con el fin de dilucidar qué es lo que realmente ocurrió y cuál fue la responsabilidad real del expresidente Trump, ha evidenciado lo que resultaba obvio, a todas luces: el 6 de enero fue un intento de golpe de Estado cuyo objetivo era modificar el resultado de las elecciones y mantener en el poder a Trump. Estas son las palabras que utilizó el presidente de la Comisión parlamentaria, Bennie Thompson, en la presentación de la Audiencia: "El 6 de enero fue la culminación de un intento de golpe, un intento descarado, (...), de derrocar al gobierno".

En particular, la audiencia del pasado 12 de julio puso de relieve que la movilización activa de algunos de los grupos armados de extrema derecha, entre ellos Oath Keepers y Proud Boys, tuvo que ver con los tuits del expresidente. El exportavoz del grupo Oath Keepers, Van Tatenhove, declaró que de los contactos con el expresidente y su entorno dedujeron que Trump intentaba montar una "revolución armada". Y a través del testimonio de una de sus principales asesoras, Cassidy Hutchinson, sabemos que Trump conocía la presencia de grupos armados en la protesta, estaba al tanto de la intención de dirigirse al Capitolio y de, eventualmente, "encargarse" de algunos congresistas. Y que Trump no hizo nada por impedirlo.

Que el asalto no era una broma ni una pacífica protesta, lo evidencia, en primer lugar, que durante el mismo murieron cinco personas y fueron heridos más de 140 agentes federales. O el testimonio del servicio de seguridad del exvicepresidente, Mike Pence, al que se aconsejó despedirse de su familia durante los hechos. Recordemos que él era uno de los objetivos de la turba al grito de "colguemos a Pence" por su traición a Trump al no haber impedido la elección de Biden. Podemos añadir, por último, que Van Tatenhove, el exportavoz antes citado, reconoció que tenían objetivos clave durante el asalto, entre ellos Hillary Clinton.

Y se sabe ahora, también, que Trump estuvo durante tres horas siguiendo lo que ocurría en el Capitolio a través del canal de extrema derecha Fox News y que sólo hizo una ambigua declaración a sus partidarios de retirarse, cuando supo que el intento de golpe de Estado no conseguiría sus resultados. Durante ese tiempo, desoyó los reiterados consejos de sus asesores, incluida su hija Ivanka, que le pedían parar el asalto.

Hasta aquí, hechos que ponen de manifiesto la responsabilidad criminal del expresidente. Lo llamativo es saber, también, que, a pesar de las evidencias, más de la mitad de los votantes republicanos siguen considerando que las elecciones presidenciales de 2020 fueron un robo y que Trump será el mejor candidato del partido republicano para las elecciones de 2024. Igualmente, conmueve saber que más del 60% de los votantes republicanos no están siguiendo las audiencias sobre el 6 de enero porque la consideran o un "amaño" o un "entretenimiento hollywoodiense". De este modo, las encuestas son muy poco concluyentes sobre el impacto que esta tarea de esclarecimiento sobre lo ocurrido tendrá sobre el proceso político y electoral. Los datos más optimistas invitan a pensar que, en el mejor de los casos, una parte de los votantes republicanos que no son, necesariamente, antiTrump, empiezan a considerar que la candidatura del exmandatario debilitaría las opciones del partido Republicano.

Y justo, en este punto, el problema se vuelve más sombrío y pone de relieve el estado real de la democracia estadounidense. En su declaración del pasado 6 de enero de 2022, un año después del intento de "golpe constitucional", el Old Party justifica lo que ocurrió y lo reduce a un problema de interpretación en el contexto de la libertad de opinión. Apenas dos republicanos forman parte del Comité del Congreso que dirige la Audiencia y, al menos hasta el momento, el partido se ha mantenido leal a Trump y con más o menos entusiasmo, sostiene la tesis del expresidente sobre el "robo electoral".

Esta situación es el resultado de décadas de "asalto a la democracia", como enuncia Wendy Brown, por parte de las elites políticas y económicas. Con la consecuencia de un debilitamiento sin precedentes de las instituciones democráticas, pero también con una polarización estimulada que está rompiendo los puentes que hacen posible un espacio público, condición básica para el funcionamiento de una democracia. Trump y lo que él representa sigue siendo el paradigma del candidato elegido para destruir el estado desde dentro y reducir al mínimo cualquier capacidad de regulación o intervención colectiva.

La incapacidad de Trump para aceptar su derrota electoral -con arrebato adolescente incluido, estampando una pizza en la sala de comer del despacho oval- no es sólo el resultado de un trastorno narcisista, es una estrategia funcional a los intereses de clase de los sectores dominantes. Orbán en Hungría, verdadero ejemplo a seguir por parte de esta nueva extrema derecha, ha realizado dos reformas electorales en su país con el fin de asegurarse que la oposición no volverá a gobernar en décadas. Los republicanos lo están haciendo ahora en Estados Unidos en algunos de los estados clave que le dieron la victoria a Biden, como Georgia o Arizona. Y Bolsonaro en Brasil, por ejemplo, lleva más de un año cuestionando el sistema de elección presidencial y ha otorgado poderes de fiscalización a los militares conocidos, como bien sabemos, por su compromiso y experiencia en procesos electorales democráticos.

¿Y qué pintan Ayuso y García Castellón en todo esto? El poder judicial, junto con una parte sustancial de la prensa, han sido responsables en Estados Unidos y otros lugares de complicidad abierta con esta estrategia de "golpe constitucional" que ha pasado por la criminalización de la disidencia, la participación en la difusión de rumores, bulos o mentiras que afectaban a dirigentes de la oposición. Sectores del poder judicial han hecho su parte propiciando el encausamiento, con apenas indicios en muchos casos o con testigos desautorizados por el propio poder judicial, de dirigentes y representantes de la oposición. Y esto se ha hecho con plena consciencia de que participaban en una estrategia deliberada de "ensuciar públicamente" con el fin de "matar políticamente" a los miembros de la oposición. Sin esta participación activa de los medios de comunicación y de la judicatura nunca se hubiera llegado tan lejos. No está de más recordar, ahora que sabemos de la connivencia política, periodística, judicial y policial contra Podemos, que en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos uno de los rumores con más éxito entre las filas republicanas, fue atribuir a Biden el liderazgo de una organización de pederastia internacional. Sugeriría que los abogados/as de Juan Carlos Monedero o Pablo Iglesias se fueran preparando para tal eventualidad.

EL papel de los jueces, particularmente de los Tribunales Constitucionales, Supremos o con competencias similares, es clave en esta estrategia de "limitación de las reglas del juego" y de paralización de las políticas de cambio. Las recientes sentencias del Tribunal Supremo de EEUU sobre el aborto; sobre la limitación de la capacidad de las agencias reguladoras en temas medioambientales; o sobre la prohibición de restricciones al uso de las armas de fuego en espacios públicos ponen de relieve no solo la deriva reaccionaria de la Corte Suprema, sino también su compromiso político. Hay que señalar que las tres sentencias han sido decididas por 6 votos conservadores contra 3 votos progresistas. Esta división es particularmente novedosa en el Tribunal y pone de relieve una polarización que se expresa en todas las capas de la sociedad.

Lo abracadabrante de la polarización promovida por las elites económico-políticas en Estados Unidos es que han convertido en enemigo al Partido Demócrata. Lo que nos advierte de cuáles son las reglas del juego a las que nos invitan las clases dirigentes y cuál es la correlación de fuerzas en la que nos encontramos. No aceptar esta situación es nuestro derecho y luchar para cambiarla, nuestra obligación. Pero no desconocer la evidencia es una necesidad.

Me parece importante resaltar que, en lo que hace a España, las similitudes evidentes entre ambos procesos se confunden si seguimos alimentando la idea del largo brazo del "régimen del 78". En todos los lugares, la extrema derecha se apoya en las culturas políticas preexistentes para intentar alcanzar sus objetivos. Pero lo que ocurre ante nuestros asombrados ojos es nuevo, considerada como estrategia de conjunto. Es decir, los vínculos de Villarejo, García Castellón o Ferreras con el pasado son evidentes, pero no es el pasado el que explica su proactividad y compromiso con la criminalización de Podemos, en este caso, o de cualquier discurso, no diré alternativo, simplemente diferente. Es una nueva coalición dominante con objetivos propios que se sirven de medios conocidos y novedosos. Parte del éxito de Trump y de otros portaestandartes de la nueva extrema derecha es haber sabido construir una nueva coalición sociopolítica ganadora con voluntad de imponer un nuevo contrato social. Esto es lo que convierte la situación en tan peligrosa y límite. Este aspecto me parece importante para no confundir a los adversarios y enemigos y para cuidar las relaciones de cercanía y complicidad con los aliados.

El 6 de enero es la consecuencia de la polarización artificiosa, de la criminalización del adversario (rojos, ecologistas, feministas), de la connivencia vergonzosa de una parte de la prensa y el poder judicial con la mentira, de la judicialización de la política. Pero el 6 de enero es el resultado, también, de la desigualdad creciente, del empobrecimiento masivo, de la crisis climática, del vaciamiento de los poderes públicos y del desprecio del neoliberalismo por la democracia. Es decir, las nuevas extremas derechas (independientemente de las siglas del partido) comparten similares estrategias y objetivos, adaptados a cada contexto, pero en ellos se repiten similares esquemas...y el 6 de enero es una posibilidad, si lo demás falla.

Por si quedaba alguna duda, el pasado 26 de julio, Donald Trump habló en la convención anual de la American First Policy Institut, un Instituto de investigación que tiene como lema "America primero, siempre" y que promueve la superioridad militar estadounidense en el mundo y otras cosas similares. Allí, sin destapar si se presentará o no a la reelección, desgranó algunas ideas de lo que debe ser un futuro gobierno republicano: poderes especiales para el presidente; guardia nacional bajo jurisdicción federal; capacidad del presidente para destituir gobernadores y algunas otras medidas similares. Y la necesidad que justificaría estos poderes especiales tiene que ver con que, según su diagnóstico, EEUU es un país destruido en el que se ha perdido la idea de ley y orden y donde la extrema izquierda es responsable de atarle las manos a la policía. ¿Les suena de algo?

En esta semana Víctor Orbán ha viajado a Dallas para participar en la CPAC (Conservative Political Action Conference), un encuentro de ultraconservadores de todo el mundo. En este evento, Orbán ha defendido la idea de la necesidad de encontrar aliados y amigos a ambos lados del Atlántico, "Debemos coordinar los movimientos de nuestras tropas porque nos enfrentamos al mismo desafío". Para Orbán las próximas elecciones en Estados Unidos y Europa ""definirán los dos frentes en la batalla que se libra por la civilización occidental".

Y, entonces, de Ayuso ¿qué? Pues eso