Hace algún tiempo que La Caixa optó por desprenderse de su notable cartera de participaciones industriales y por reforzar la vocación financiera del holding Criteria. También era de sobra conocida la pretensión de ACS de elevar del 12% al 20% su presencia en Iberdrola, para lo que le vendría de maravilla hacer caja. Por todo ello, la decisión de ISIDRE FAINÉ y de FLORENTINO PÉREZ de traspasar parte las acciones que tienen en Abertis (28,9 y 25,8%, respectivamente) no puede haber pillado de improviso a nadie.

El socio elegido, en cambio, sí constituye una auténtica sorpresa, a pesar de que CVC Capital Partners es un fondo de capital riesgo de origen británico muy activo en España. Durante los últimos 13 años, ha metido baza en importantes operaciones empresariales, aunque no siempre ha conseguido llevarse el gato al agua. Se hizo en su día con el control de Torraspapel, de Cortefiel  o del grupo de restauración Zena, pero Acciona le ganó la partida en la privatización de Transmediterránea e Imperial Tobacco le arrebató Altadis, la antigua Tabacalera. Su gran reto es ahora conseguir la financiación necesaria.

También resulta llamativo que la operación sobre Abertis se haya desvelado en vísperas del primer asalto del agrio y previsiblemente largo combate judicial que enfrenta a ACS e Iberdrola. Los abogados del bufete Clifford Chance, que asesora a la constructora, tendrán que argumentar  hoy ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao las medidas cautelares solicitadas contra algunos acuerdos de la última junta de la eléctrica. So pretexto de un supuesto conflicto de intereses, en ella se impidió que ACS, primer accionista de Iberdrola, obtuviera la plaza que le corresponde en el consejo.

El lunes 12 de julio, hay prevista una nueva cita, esta vez en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid, que tramita la impugnación presentada por Uría & Menéndez, en nombre de Iberdrola, contra las cuentas de ACS correspondientes a 2009. En una clara maniobra de distracción, la compañía que preside IGNACIO SÁNCHEZ GALÁN ha pedido que sean anuladas porque, a su modo de ver, presentan un beneficio de 405 millones cuando deberían reflejar unas pérdidas de 988, atendiendo "estrictamente a las normas internacionales de contabilidad".