Al menos hasta que se haga efectiva la venta de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) al Sabadell, el Estado seguirá siendo el tercer banquero de España. A día de hoy, bajo su órbita permanecen cinco entidades, cuyos activos rondan los 270.000 millones de euros. Un volumen sólo superado por los dos gigantes de nuestro sistema financiero: el Santander y el BBVA.

No obstante, esta situación es transitoria. La CAM fue adjudicada el miércoles al Sabadell, que se hará cargo de ella a finales de diciembre, con multimillonarias ayudas del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y del Estado. Novagalicia y Catalunyacaixa están buscando inversores privados dispuestos a rescatarlas, aunque no acaban de llegar pese a sus denodados esfuerzos. Y Unim, tarde o temprano, será subastada por el Banco de España, que ha encargado el diseño de la operación a Nomura.

La última entidad en quedar bajo la sombra del Estado ha sido el Banco de Valencia. La antigua filial de Bancaja, que como consecuencia de la fusión con Caja Madrid fue heredada por BFA (matriz de Bankia), tuvo que ser intervenida hace sólo un par de semanas, al negarse en redondo sus propietarios a poner el dinero necesario para recapitalizarla. El Banco de España le ha proporcionado ya una inyección de mil millones y ha puesto a su disposición otros dos mil para garantizar que no se queda sin liquidez.

Estas ayudas al Banco de Valencia representan, sin embargo, una parte muy pequeña de lo que España ha dedicado ya al saneamiento de su sistema financiero. Según los últimos datos facilitados hace diez días por MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ, el coste total equivale al 10% del PIB; es decir, más de cien mil millones de euros.
Desde algunos ámbitos de la izquierda se ha reprochado con insistencia al Gobierno de JOSÉ LUIS RODRÍGuEZ ZAPATERO que no aprovechara tan ingente esfuerzo para formar una potente banca pública, de la que España se quedó prácticamente huérfana a raíz de las privatizaciones de los noventa. Los partidarios de esta fórmula consideran que, en los tiempos que corren, se podría contribuir así al restablecimiento de la imprescindible fluidez del crédito.

Pero el problema no es tanto la titularidad de la banca como bajo qué condiciones se ofertan realmente los préstamos. Hay un dato muy revelador: el Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha consumido sólo un 20% de las líneas abiertas para pymes, autónomos y municipios (1.136 millones sobre 5.900). ¿Por qué? Sus destinatarios lo tienen claro: porque los intereses son demasiado altos y los requisitos no difieren mucho de los que exige cualquier banco privado.