Dominio público

Operación salvar la Fundación Felipe González. Los archivos presidenciales en la nueva Ley de Memoria Democrática

La tarde del martes del 15 de septiembre Twitter se llenó de la etiqueta #OrgulloDemocrático tras la presentación en el Consejo de Ministros del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Un cierto optimismo se visualizó entre los dirigentes de Unidas Podemos (con parte de razón) aunque con no pocas cautelas sabiendo que el proyecto resulta más que mejorable.

No pocas horas se han dedicado a avanzar en la consecución de fundamentales derechos para las víctimas del franquismo así como en la configuración de herramientas para luchar contra la impunidad. Pero los límites infranqueables del Partido Socialista, las lecturas divergentes sobre el pasado común y las diferentes velocidades entre el PSOE y Unidas Podemos en este como en otros asuntos, han quedado evidenciadas.

Más allá de los titulares correspondientes sobre los archivos poco o nada se ha dicho. Un clásico, a pesar de que "los archivos deben ser soporte de derechos y prestaciones o permitir a las personas protestar de forma efectiva cuando sus derechos son violados y han de ser firmemente gestionados desde sus inicios para asegurar que serán accesibles y fiables", en palabras del Consejo Internacional de Archivos en un documento del año 2016 en torno al papel de los archivos en la defensa de los Derechos Humanos. La propia Asamblea General de Naciones Unidas en la Resolución 68/165 del año 2013 sobre el Derecho a la Verdad alentó  "a los Estados" a establecer "una política archivística nacional que garantice la preservación y protección de todos los archivos que guarden relación con los derechos humanos".

Mientras tanto en España, y por segunda vez consecutiva, se ha aprovechado el anteproyecto de una Ley de Memoria para introducir artículos o propuestas que van en sentido contrario al descrito. El guion se repite: tanto en 2006 con el anteproyecto de Ley de Memoria Histórica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como catorce años después, en 2020, se han metido a última hora unas cuñas imprevistas sobre los archivos de una relevancia considerable.

En el primer anteproyecto de Ley, tal y como denunció en su día Antonio González Quintana en la revista Hispania Nova (2007), se coló un artículo 25.3 en donde se hacía "recaer sobre los archiveros [la responsabilidad] sobre la despersonalización de documentos de la represión de modo que no se pueda identificar a los responsables de la misma". En otras palabras, se pretendía (re)garantizar la ya conquistada impunidad a los planificadores, ejecutores, verdugos y demás colabores de la política de control, represión y exterminio del adversario político del régimen franquista –léanse, crímenes de lesa humanidad– mediante la despersonalización/anonimización –es decir, la censura de sus apellidos y nombres– que aparecieran en los expedientes respectivos. Un revival del "pacto de silencio" (versión mejorada) que ha dado forma y contenido al Modelo Español de Impunidad.

Todo un adelanto a su tiempo como se ha podido comprobar con el creciente peso que empieza a acaparar el "derecho al olvido", favorecido por el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Protección de Datos (2016/679). A modo de ejemplo: ya vimos lo que pasó con la publicación del nombre de  Antonio Luis Baena Tocón por parte del profesor de la Universidad de Alicante Juan Antonio Ríos Carratalá, quien ejercía como secretario en el tribunal que condenó a muerte a Miguel Hernández.

Aquella inmensa barbaridad del 2006 pensada y diseñada para asegurar la impunidad de los siempre –no cabe inocencia ninguna y menos de la mano de María Teresa Fernández de la Vega con la ayuda y la colaboración de "reputados historiadores" como Álvarez Junco– se frenó gracias a la presión de un amplio grupo de historiadores y de organizaciones profesionales como la asociación de Archiveros Españoles de la Función Pública (AEFP).  El error, posteriormente, se ocultó como se pudo ante el escándalo que se montó.

¿Quién no quiere la "paz en el mundo"? Valga esta metáfora para evidenciar los estrechos límites en que ha quedado enmarcada la cuestión del "derecho de acceso" a los archivos públicos y privados en el artículo 28 del actual anteproyecto. Ni para adelante ni para atrás: mantenimiento del statu quo. Evidenciándose, por enésima vez, la falta voluntad y valentía política en este campo. En este sentido, no se ha avanzado en el endurecimiento de las infracciones en caso de destrucción de documentos o denegaciones ilegales de acceso –Capítulo IV– lo que no es ninguna casualidad ni genera ya sorpresa alguna; e, igualmente, se ha vuelto a desistir de homogeneizar nuestra legislación con los principios del Derecho Internacional Humanitario y proporcionar, de este modo, una vía de acceso directa y gratuita a la documentación a las víctimas de crímenes de lesa humanidad por más que se nombre en vano a la UNESCO o el Consejo Internacional de Archivos. Y, ¿qué decir de la propuesta de modificación de la Ley de Secretos Oficiales –Disposición Final Sexta–? La cantinela resulta tan monótona como escuchada que no resulta creíble. Esperamos equivocarnos.

Pero la sorpresa –en formato de repetición del guion de 2006/2007– ha llegado en el último tramo del anteproyecto en donde se "ha colado" la Disposición Final Séptima: "Preservación y custodia de los archivos de los Presidentes de los Gobiernos constitucionales". Se prevé la creación de una "Fundación del Sector Público que tendrá como objeto el mantenimiento, preservación y custodia de los archivos de los Presidentes del Gobierno elegidos democráticamente […] para contribuir al conocimiento, difusión y promoción de la historia de la democracia en España a través de sus instituciones y las aportaciones de sus representantes".

¿Qué tiene que ver una Ley de Memoria con los archivos presidenciales? Nada. Hasta ahora. También en esta ocasión se ha pretendido innovar. Los archiveros, además, de nuestro escepticismo estructural en donde mucho pesa el tradicional maltrato político y presupuestario en este campo –algo de lo que ya hablamos en publico.es no hace mucho tiempo– tendemos a sospechar, por lo general, de casi cualquier iniciativa legislativa.

En política no existen las casualidades. Mientras que se siguen ignorando, de forma sistemática, las cada vez más frecuentes peticiones de avanzar hacia una Ley General de Archivos, que posibilite un enfoque integral y unificado de toda la legislación sobre el acceso de nuestro Patrimonio Documental; parece ser que con este anteproyecto se va a intentar subsanar el supuesto teórico "vacío legal" en el que se encuentran los archivos de los ex-Presidentes del Gobierno en España desde Adolfo Suárez. Todo ello a través de la constitución de una Fundación del Sector Público que, por la redacción dada, pudiera entrar en colisión con el propio Sistema de Archivos de la Administración General del Estado. Es decir, no parece que se vaya a seguir modelos de reconocido éxito como el norteamericano: NARA (National Archives and Records Administation) o los Archivos Nacionales franceses.

Especial mención merece la situación de manifiesta "ilegalidad" en la que se encuentra la Fundación Felipe González –bastante similar en términos técnicos y jurídicos a la Fundación Nacional Francisco Franco– sustentada en la extracción –expolio, es el término correcto– de documentación del Palacio de La Moncloa–y, por lo tanto, pública en base a Ley de Patrimonio Histórico Español– de la época como Presidente de Gobierno del propio Felipe González (1982-1996). Una operación culminada mediante un posterior proceso de privatización de una parte significativa del Patrimonio Documental, tal y como evidenciamos en un informe que presentamos este mismo año en Nuestra Historia y del que este medio se hizo eco a través de un artículo del mencionado Antonio González Quintana.

No hace falta ser mal pensados para intuir que esta Disposición está hecha a la medida de la Fundación Felipe González, ante la absoluta impunidad que ha caracterizado su gestión de parte del Patrimonio Documental Español (expoliado), con el consiguiente daño a la por sí mermada imagen del Sistema Español de Archivos.  Dos por uno:  Ley de Memoria y teórico arreglo de los archivos presidenciales sin que ni González ni el resto de ex-Presidentes tengan que afrontar potenciales consecuencias jurídicas y legales ante sus formas de actuar.

Así pues, nos preguntamos, ¿acaso se pretende llevar a cabo una especie de "proceso de amnistía documental" de los archivos presidenciales que, metódicamente, han sido sustraídos de forma no legal por parte de los mandatarios españoles tanto en tiempos de la dictadura como en la democracia? Se argumentará que es mejor que esté regulada esta espinosa cuestión. Falso argumento. Ya se encuentran contemplados este tipo de fondos documentales en los artículos 49.2 y 54.2 de la Ley de Patrimonio Histórico así como determinadas infracciones en el Código Penal (artículos 253, 254 o 413). Al lector medio –si es que ha aguantado hasta aquí– no le sonará pero en España tenemos un reglamento de archivos –RD 1708/2011– que entra en contradicción con esta disposición. Nada nuevo en este "negociado".

Probablemente con este nuevo "extra" a la de por sí amplia, contradictoria y enmarañada legislación sobre nuestro Patrimonio Documental, se incrementará la permanente inseguridad jurídica en la que nos movemos. Se corre, además, el serio riesgo de establecer un modelo de gestión documental dual dependiendo de la tipología documental: una auténtica barbaridad que pudiera llegar a cuestionar algunos principios archivísticos fundamentales –el de procedencia o el de la ruptura del ciclo documental– con graves y costosos problemas en un futuro inmediato.

En juego se encuentra gestionar, conservar y difundir correcta y democráticamente el legado documental de nuestra memoria democrática y social. No es menor lo apuntado. Más para un Gobierno progresista que si bien ha presentado un proyecto con claros avances con respecto a la Ley del 2007 en no pocos apartados, pudiera, en este terreno delineado, auspiciar prácticas contrarias a la tan pregonada transparencia y del derecho de acceso la Información Pública y al Patrimonio Documental, a la par que justificar determinadas "amnistías documentales".