Mientras en las izquierdas lamentamos la falta de unidad, la división de los discursos y los proyectos políticos entre puros radicales y melifluos contemporizadores; mientras examinamos al detalle -y bien que hacemos- las posiciones, manifestaciones y declaraciones de quienes pensamos que nos representan, las derechas se lanzan al abismo de la incoherencia sin pudor ni vergüenza. Y, al menos en apariencia, no les va del todo mal. Como dicen ahora algunos jóvenes, les renta.

Ayuso anuncia la creación de un Museo Judío después de visitar Auschwitz mientras reivindica a los Reyes Católicos y la División Azul sin sonrojarse. Ella, que se llena la boca de Madrid pero que no deja de hacer discursos en clave nacional contra el gobierno de Sánchez, puede defender la "Operación Cataluña" al tiempo que se presenta, igual que Alberto Núñez Feijóo, como paladín del Estado de derecho y del orden constitucional. Puede acusar a Cataluña de victimizarse mientras asegura que la acción del gobierno de coalición ataca los intereses de los madrileños a los que ella dice defender y tratar de salvar de las garras del sanchismo opresor frente al que realmente no hace otra cosa que aquello de lo que acusa a los demás, es decir, victimizarse.

Por su parte Feijóo, otrora gran defensor de la independencia de los gobiernos en las comunidades del Estado, hoy impone directrices a sus presidentes autonómicos para garantizarse algo así como un gobierno territorial de los populares que le haga sombra al central. El presidente del PP orquesta una ofensiva contra Sánchez sirviéndose de sus apoyos territoriales al tiempo que ejerce de portavoz de los presidentes autonómicos de su partido anunciando las medidas que adoptarán siguiendo sus instrucciones. La semana pasada Feijóo anunciaba una EBAU única en las comunidades que gobierna el Partido Popular. Al demonio la autonomía. Aquello forma parte de una época pretérita. El presente apremia, el futuro es de ellos pero para apoderarse plenamente de él, todavía quedan cabos sueltos que hay que atar.

Por eso el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial es también compatible, en los enjuagues discursivos del PP, con la defensa a golpe de viva España de la institucionalidad. Defensa en la que por lo visto también cabe denostar al Tribunal Constitucional al que González Pons calificó la pasada semana nada menos que de "cáncer del Estado de derecho", aunque luego se tuviera que disculpar.

Con relación a la violencia de género el PP ha incurrido en incoherencias que, sin embargo, sí parecieron pasarle factura entre las elecciones municipales y autonómicas del pasado mayo y las generales dos meses después. Entre unas y otras, a medida que se formaban los gobiernos de coalición con el partido ultraderechista VOX, el discurso negacionista se concretaba en políticas destinadas a suprimir consejerías de Igualdad, ayudas a las víctimas y cualquier manifestación de apoyo institucional a la erradicación de un tipo de violencia  que, según la ultraderecha, no tiene una base estructural y carece por tanto de toda especificidad.

Feijóo contradecía en junio unas declaraciones del número dos del partido de Abascal en Valencia en las que negaba la violencia de género, asegurando que su partido no daría marcha atrás ni renunciaría a sus principios "cueste lo que cueste", mientras firmaba acuerdos de gobierno en los que se daba carta de naturaleza a eso que la ultraderecha llama "violencia intrafamiliar". Esta incoherencia sí pudo tener una consecuencia electoral.

Lo mismo sucedió con la cultura, sometida a censura en diferentes municipios y autonomías del Estado en los que el PP gobierna desde entonces en alianza con VOX. Los anuncios de obras de teatro canceladas y espectáculos censurados no han dejado de sucederse desde la primavera y este es un asunto, junto con el de la violencia de género, en el que el PP  puede seguir perdiendo credibilidad. Por esa misma razón conviene -en medio de los debates a los que la actualidad nos emplaza- recordar que los ministerios de Igualdad y de Cultura tienen importantes batallas que dar.

La semana pasada, el ministro de Cultura Ernest Urtasun, compadeció a petición propia en la comisión de cultura del congreso para explicar las líneas maestras de su trabajo al frente del ministerio. Habló de adoptar una "postura firme contra cualquier forma de censura", de poner atención a la promoción de "condiciones dignas para el trabajo cultural", de dar "garantía a que todos los ciudadanos, independientemente de su origen, tengan acceso equitativo a los recursos y oportunidades culturales" y de "interconectar" educación y cultura. Nada de lo propuesto por el ministro suena mal. Urtasun se hace cargo de las particularidades del sector pero, también, de su posición estratégica para garantizar una visión integradora y democrática de España desde la que confrontar con la ultraderecha. Ya habrá tiempo de valorar si sus propuestas aterrizan en políticas concretas.

Por su parte, Ana Redondo, la ministra socialista de Igualdad, explicó el jueves hacia dónde quiere dirigir la acción de su ministerio y aseguró que se seguirá avanzando en el reconocimiento de derechos a personas LGTBI+, lo que contrasta con su decisión de incorporar a su equipo a Isabel García, a quien nombró directora del Instituto de las Mujeres, a pesar de su activismo antitrans. Hablando de incoherencias, esta es una que conviene subrayar porque no presagia nada bueno. Por lo demás, Redondo propuso la creación de subcomisiones parlamentarias para abordar un futuro pacto de Estado contra los delitos de odio al colectivo LGBTI+ y la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

La estabilidad del gobierno de coalición no pasa solo por la amnistía ni por apagar los muchos fuegos que las derechas van encendiendo según avanzan en sus incoherencias y en su retórica de confrontación. También dependerá en una medida importante de la capacidad de desarrollar políticas ambiciosas por parte de dos ministerios, Cultura e Igualdad, cuyas competencias y ámbitos de gestión, como se demostró en el último ciclo electoral, son estratégicos. La lucha contra la violencia de género y la defensa de una cultura sin censura generan amplios consensos en la sociedad. Los ministerios de Redondo y Urtasun deben trabajar para blindarlos y ensancharlos más.