EconoNuestra

Hacia un sistema fiscal aun más retrógrado 

José Antonio Nieto Solís 
Profesor titular de Economía en la UCM y miembro de econoNuestra

Hasta hace algunas décadas en España y en muchos países europeos estaba bien visto ser cura o militar. Los padres de familia, cuando podían,  fomentaban esas "vocaciones". Si sus hijos prosperaban, ayudarían a mantener el orden espiritual y material necesario para que los gobernantes siguieran amasando sus fortunas sin sobresaltos. Las niñas contaban poco: aunque alguna pudiera meterse a monja, su destino inicial era el matrimonio. Ellas también contribuían, y de forma importantísima, a mantener el orden social establecido; pero el papel de las mujeres estaba predestinado a quedar en un plano más oculto. El resto de la prole podía seguir los negocios familiares o buscarse la vida en otras actividades. El Estado era ciertamente primario: la cultura estaba bajo el control de la Iglesia, la seguridad en manos de los militares, y la autoridad política acuñaba monedas y cobraba impuestos para perpetuar sus privilegios. ¿Volveremos a algo similar, con un Estado desprovisto de políticas sociales?

En el "viejo" orden social solo una parte de la población activa llegaba a ejercer un trabajo aparentemente productivo. Los trabajadores vivían para trabajar: el trabajo era su vida. Aunque sus ingresos eran escasos, muchos lograban salir adelante por el bajo coste de la vida y el recurso a la auto-subsistencia. Aun así, el excedente que generaban permitía mantener a las clases ociosas e improductivas: políticos ajenos al buen gobierno, militares y asimilados que consumían una porción excesiva de la riqueza social generada, y curas y otros agentes encargados de expandir de manera interesada la cultura, evitando heterodoxias en el pensamiento y en los comportamientos y creencias. Era una sociedad estratificada, con un sencillo modelo de represión física e intelectual. Ni el trabajo ni el tiempo libre eran logros sociales. ¿Volveremos a vernos en una situación similar?

En apariencia, la situación actual ha cambiado radicalmente, pero las comparaciones no siempre son favorables si nos fijamos en las condiciones de vida de la mayoría de la población. En nuestros días, la población activa española y europea es más amplia, en gran medida por la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo "reconocido" o productivo. Pero no hay trabajo para todos ni para todas. Y resulta cada vez más difícil convertirse en siervo del Estado, es decir, en funcionario público… aunque no hay que descartar que vuelvan a florecer las vocaciones religiosas y militares.

No hay trabajo para todos y las condiciones de vida son cada vez más difíciles para la mayoría de la población, puesto que la economía de auto subsistencia ha perdido relevancia, los precios de los suministros básicos crecen, y es necesario tener dinero en cantidad suficiente para poder afrontar los gastos, a menudo desorbitados, que conlleva la propia existencia. Desde ese escenario tan simple y restrictivo, y sin embargo no muy distinto al que se utilizan para construir "algunos" de los modelos económicos más convencionales, emergen tres soluciones posibles: 1ª) Priorizar la creación de empleo (algo de lo todo el mundo habla, pero con la boca pequeña); 2ª) Reducir la población activa (forzando la emigración o fomentando, en el caso de las familias, que uno de los progenitores se quede en casa al cuidado de la prole o de la casa o de lo que pueda); 3ª) Utilizar la capacidad de acción del Estado para estimular la actividad y la creación de empleo, aunque no necesariamente toda la producción generada tenga que convertirse en producción material ni deba sancionarse en los mercados mediante los mecanismos habituales de fijación de precios.

El problema que plantea la tercera alternativa es que nos hemos dejado invadir por la moda neoliberal que primero sugiere y finalmente impone la reducción del tamaño del Estado como pretendido aunque falso remedio para el desarrollo económico y social. Eso implica la reducción de los recursos financieros que manejan los Estados, y una utilización cada vez más sesgada de esos recursos, con el fin de apoyar la acumulación privada de capital, lo que incluye mantener los mecanismos de represión necesarios para evitar que el orden social se vea alterado. A este paso nos quedará un Estado pelado, solo represivo, desprovisto de funciones sociales que lo legitimen ante los ciudadanos. Mientras tanto, los gestores de los Estados se dedican a pregonar bajadas de impuestos directos, aunque suba la presión fiscal. Suena muy bien y es funcional para asentar un modelo de sociedad que apuesta por la exclusión y por marginar cada vez a un número mayor de personas, como sucedía varias décadas atrás. Retrocedemos en demasiadas cosas, aunque haya mucho margen potencial para progresar.

Uno de los problemas centrales de España y de otros países europeos es que nos están desmantelando el Estado. Sin embargo, las dos grandes superpotencias mundiales mantienen bien fortalecido sus respectivos Estados, aunque digan lo contrario. Es cierto que en los Estados Unidos de Norteamérica el Sector Público es comparativamente mucho menor que en Europa, pero mantiene una enorme capacidad de incidencia interna y externa (gendarme mundial, regulador monetario internacional), y –sobre todo– controla y estimula los sectores clave de su economía, lo que sucede de manera paradigmática con el sector militar y armamentístico (esencial para su hegemonía mundial y para el modelo productivo en el que se basa).

En China el Estado es el todopoderoso controlador de la situación política y social (o mejor dicho, un reducido grupo de personas controlan esos resortes del Estado), mientras dejan aparente vía libre a la economía, al menos mientras siga creciendo e invadiendo el mundo, primero con sus mercancías y personas, y a continuación con sus excedentes de capital y con su aroma de capitalismo confuciano en el que la vida se confunde con el trabajo y el trabajo forma parte de la vida material y espiritual, como sucedía en Europa hace siglos. Aunque siempre ha habido clases ociosas –y su existencia ha contribuido a reducir la eficacia y la equidad de las políticas públicas–, parece que hoy día se quiere asociar el ocio con la ausencia de trabajo. A este paso, los ociosos seremos un ejército cada vez mayor y más desubicado. Pero los que de verdad disfrutarán de su tiempo de ocio serán cada vez menos, porque la riqueza se está concentrando y los poderes públicos, en lugar de evitarlo, contribuyen cada vez más a la desigualdad.

Tal vez lleguemos a una situación en la que no quedará tiempo aparente para el ocio, porque no será necesario ni habrá con qué sufragarlo. El Estado de Bienestar y las políticas sociales serán, si acaso, una referencia en los libros de historia: el recuerdo de una seña de identidad europea que no pudo sobrevivir frente a los modelos de vida norteamericano y asiático. Salvo que nuestros gobiernos actúen de otra forma y construyamos otro modelo de Estado, donde la dignidad de las personas vuelva a tenerse en cuenta. Otro modelo en el que tengan cabida las políticas en favor de la cohesión social. Pero eso requiere previamente una auténtica reforma fiscal destinada a aumentar los ingresos, recaudando más en los sectores de rentas más altas, para evitar que las políticas sociales de carácter público desaparezcan definitivamente, como perece estar sucediendo en Europa.

Aunque la doctrina neoliberal preconice lo contrario, el progreso de Europa se ha basado sobre la existencia de Estados fuertes, con políticas fiscales sólidas y dispuestas a actuar en favor de la reducción de las diferencias sociales. Si se aspira a continuar por esa vía no parece conveniente que toda la producción se convierta en producción material sancionable en los mercados con precios aparentemente competitivos: una parte de la actividad puede, e incluso debe, gestionarla el Estado, creando valor no estrictamente material, por ejemplo estimulando la cultura, la calidad de vida, la protección ambiental o la igualdad de oportunidades. Sin caer en una idea simplista y falaz de trabajo improductivo, ni dejarnos llevar por conceptos erróneos de competitividad y austeridad, ni sucumbir ante la falsedad de que el sector público es siempre menos eficiente que el privado, una parte de quienes trabajan para el Estado deberían dedicarse, por ejemplo, a potenciar la ciencia y la investigación, y a evitar la degradación de las condiciones de vida y del entorno natural. Para ello se requiere que el grueso del excedente económico generado por la sociedad no vaya a los bolsillos de los más poderosos y ricos, dado que su concepto de orden, de bienestar, de trabajo productivo e improductivo, y de igualdad, difícilmente coincidirá con el de la mayoría de la población. Y se requiere una reforma fiscal completamente opuesta a la que pregona, sin ir más lejos, el gobierno de España. También se necesita otra cultura del ocio, del trabajo y de la solidaridad, si bien todo eso es difícil de alcanzar sin políticas públicas.

Además de ayudar a generar actividad, empleo y bienestar solidario, la cultura del ocio tiene cabida en nuestra sociedad, salvo que la dejemos solo para las clases que siempre la han disfrutado de manera privilegiada. Para ello hace falta cambiar algunos conceptos hasta ahora poco cuestionados, como el crecimiento económico basado en la producción material y la destrucción del medio ambiente, además de fijar nuevos criterios para un reparto más equitativo de la riqueza (del stock o patrimonio y del flujo o renta), y también del trabajo y del tiempo libre. Sin embargo, una sociedad más equitativa y sostenible es difícil de imaginar sin contar con la capacidad reguladora, fiscal y planificadora del Estado. Eso sí, de un Estado y unas políticas públicas respetuosas con las libertades individuales. Lo contrario sería represión, volver atrás en la historia, cambiarnos de continente o no cuestionar la globalización que nos endosan, en la que parece que sobramos las personas y prevalece la "desigualdad" de oportunidades y la exclusión.

Repartir el trabajo, y por lo tanto el "tiempo libre", al igual que la riqueza generada y acumulada, puede ayudar a vivir mejor a la gran mayoría de las personas, y no solo a algunos privilegiados. Ese es un motivo más para rebatir las tesis que insisten en desmantelar los Estados y privarlos de una de sus herramientas esenciales: la política fiscal. Pero hay muchos políticos que tienen en mente la idea de un orden social basado en las desigualdades y apoyado en la Iglesia, la represión y la estratificación social. Hay demasiados políticos que piensan así en España y en el gobierno de España. Para colmo, se adornan de un halo de neoliberalismo funcional a sus intereses, y plantean ahora una "reforma" fiscal tan retrógrada, que en caso de prosperar nos sumirá en la más profunda miseria social, dejando el desempleo estructural como regalo envenenado para varias generaciones.

Cuando un sistema fiscal reduce su nivel de equidad, como propone el gobierno de España, los impuestos se convierten en una forma de caridad para los ricos y en un atentado a las condiciones de vida para la mayoría de la población. Si las políticas fiscales pierden su carácter redistributivo, ¿cuál puede ser el paso siguiente? ¿Quitarle al Estado su condición de garante de la libertad de expresión de las personas? ¿Volver a fomentar las vocaciones militares y religiosas, para mantener el orden social? No podemos tolerarlo. Está en juego nuestra forma de vida, pero también nuestra dignidad. Llevamos un largo periodo de retroceso fiscal, recortes de las políticas sociales, precarización laboral, desempleo, aumento de las desigualdades y estafas generalizadas en los ámbitos político, social y económico. Si queremos poner fin a esta tortura individual y colectiva es hora de unir fuerzas, en lugar de dividirnos; o los ataques no cesarán, como lo demuestra el hecho de que nos presenten ahora como reforma fiscal una mera modificación estética de una parte del sistema impositivo, que nada tiene que ver con el progreso social en democracia ni con la equidad.